1181/2022-S4

Dando respuesta a las preguntas formuladas por la Sala Constitucional, el abogado de los impetrantes de tutela manifestó lo que sigue:

1. a)El Auto de Vista objeto de la acción de amparo constitucional, emerge de la apelación formulada contra la Sentencia definitiva;
2. b)La apelación diferida en un proceso coactivo se encuentra prevista en el art. 259.3 del Código Procesal Civil (CPC), resultando aplicable el aforismo jurídico de las reglas del proceso ordinario se aplican a casos especiales y procesos no legislados, además que el art. 14.4 de la CPE, determina que todo lo que no está prohibido está permitido;
3. c)Se formuló excepción de falta de fuerza coactiva, no habiéndose valorado la confesión judicial espontánea, cursante a fs. 36 del proceso, limitándose la Sentencia a señalar que dicha prueba no fue valorada, siendo que de haber sido analizada, se hubiera declarado improbada la demanda;
4. d)Considera que la prueba de confesión espontánea destinada a la inhabilitación del título dentro de un proceso coactivo, no constituye un medio correcto, siendo que en caso concreto, el Juez de la causa, basó su decisión en la confesión del coactivante, al establecer que los coactivados recibieron el dinero, independientemente si dicha recepción material y efectiva no hubiera sido de manera personal o directa, aspecto que no resultaría cuestionable en procesos de esa naturaleza y que tampoco los liberaba de la obligación de restituir del dineros por los que se constituyeron en deudores; máxime si en el proceso coactiva no se demanda el cumplimiento de la obligación, sino directamente la ejecución de la garantía otorgada; criterio el antes señalado en el que se fundó la decisión del Juez a quo que incurrió en incongruencia al manifestar inicialmente que no se le generó convicción y posteriormente, extractar los hechos de aquella prueba para declarar probada la demanda de los ejecutantes;
5. e)La cláusula primera del documento de préstamo, establece que el plazo correrá a partir de la entrega del dinero con el interés convencional del 3% y no existe prueba alguna que demuestre que se procedió a la entrega del dinero, de ahí que el juzgador se salió del marco normativo contractual y sustentó su decisión en afirmaciones del coactivante;
6. f)Si bien el art. 260.III de la norma adjetiva civil, determina qué las resoluciones son recurribles en el efecto diferido, no existe norma alguna que determine que dicho efecto solamente es aplicable al proceso ordinario;
7. g)No comparte el criterio de la Sala Constitucional de que dadas las características del caso y siendo que lo que reclama en sí es la valoración de prueba y que por ende correspondería la ordinarización del proceso;
8. h)Para la procedencia de un proceso coactivo se requiere de dos requisitos: la liquidez y la exigibilidad; en el caso, "l" de acuerdo a la Cláusula Primera del documento de préstamo, la exigibilidad se hallaba sujeta a que se entregue el dinero en mano propia, lo que enmarca el segundo presupuesto de la acción coactiva referido a que no se encuentre sujeto a ninguna condición ni término, siendo que en la especie existía una condición traducida en la entrega del dinero;
9. i)Si bien el documento de préstamo determina que el plazo para su pago empezará correr desde la entrega del dinero, la misma no se perfeccionó en manos de los coactivados a quienes no se les depositó monto alguno que pudiera demostrarse mediante recibo, siendo que, cuando se pacta una deuda, no resulta imperativa la entrega inmediata del dinero, lo que ocurre por ejemplo respecto a las líneas de crédito bancarias o de contrario en algunos casos, se estipula en el mismo contrato que la recepción del dinero se realiza el día de la suscripción del mismo; y,
10. j)El CD mencionado por el tercero interesado refiere que no se realizó la entrega de dinero a la "ejecutada" y que los recibos de pago que se aluden, no cuentan con la firma de los coactivados, correspondiendo a Humberto Bravo Anagua y su esposa Fátima Vargas Carballo; terceras personas.

Julio César Sandi Ustarez y Hugo Córdova Eguez, Vocales de la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito cursante de fs. 195 a 197 vta., expusieron lo siguiente:

1. 1)Mediante la presente acción tutelar, a través de la interpretación de la legalidad ordinaria, se pretende cuestionar el fondo de lo decidido en el proceso coactivo; es decir, la presunta falta de fuerza ejecutiva del título base de dicho proceso y no simples errores formales en su tramitación; n obstante, dicha revisión únicamente resulta viable en los términos establecidos en el art. 386.I del CPC, que dispone que lo decidido en proceso ejecutivo, podrá ser modificado en proceso ordinario posterior cuando la acción tenga por objeto el derecho material y de ninguna manera el procedimiento;
2. 2)La accionante pretende que la justicia constitucional revea su caso y revierta lo decidido en el coactivo civil con respecto a la falta de fuerza ejecutiva del documento, en base a una supuesta falta de entrega de los dineros, siendo que la jurisdicción constitucional no resulta ser sustitutiva de los recursos y medios legales ordinarios que la impetrante de tutela se halla obligada a activar y, al no haberlo hecho, inobservó el principio de subsidiariedad que rige a esta acción de defensa, en el marco de lo dispuesto por el art. 53.3 del Código procesal Constitucional (CPCo), correspondiendo en consecuencia declarar su improcedencia;
3. 3)Aduce la solicitante de tutela, que el Auto de Vista objeto de la acción de defensa, hubiera incurrido en falsedades e incongruencias al señalar que no existe apelación en efecto diferido y luego resolverla; al respecto, dicho extremo no es evidente, toda vez que el fallo cuestionado, establece claramente y de manera fundamentada que lo que no existe es la resolución (auto) que haya sido objeto de tal recurso, conforme lo reconoce expresamente la accionante en su memorial de apelación y demanda tutelar; pues si bien objetó la prueba ofrecida de contrario en el proceso civil, dicha objeción fue rechazada en audiencia por el Juez a quo, mediante providencia expresa que, en el marco del art. 253 del adjetivo civil, debió ser cuestionada a través del recurso de reposición y no activar la apelación contra la sentencia definitiva que nada resuelve sobre la antedicha objeción probatoria sino, únicamente con referencia a la excepción de falta de fuerza ejecutiva del título;
4. 4)La decisión asumida no incurre en la incongruencia de afirmar que no procede la apelación diferida; por el contrario, lo que se afirma en el fallo judicial, es que en los procesos coactivos o de ejecución, no se admite la tramitación de una apelación diferida al resolverse excepciones; esto, en virtud a que en dicho proceso, en el caso específico, la excepción de falta de fuerza ejecutiva, planteada por la hoy accionante, se resuelve en Sentencia definitiva que solamente es apelable en el efecto devolutivo, conforme dispone taxativamente el art. 385 del CPC, emergiendo de dicha normativa el impedimento legal de formularse contra la sentencia definitiva emitida en procesos monitorios, un recurso de apelación en efecto diferido, como pretende la impetrante de tutela;
5. 5)Con referencia a la denunciada lesión al debido proceso en sus elementos de una resolución debidamente fundamentada, por motivación arbitraria y sustentarse en una falsedad, conforme ya se expresó anteriormente, el Auto de Vista 279/2021, no cuestionó la interposición del recurso de apelación en efecto diferido, sino que no existía un auto o resolución que se estuviera apelando a través de dicho recurso, siendo que la accionante -en su momento apelante-, reconoció que el a quo al rechazar su objeción a la prueba de contrario, no dictó auto alguno, impidiéndole impugnar tal decisión; aspecto que, como se advierte del Auto de Vista señalado, se le explicó que el juzgador sí había emitido una decisión judicial en forma de providencia y que la misma, pudo ser objeto de reposición, lo que no ocurrió;
6. 6)La determinación asumida, no padece de incongruencia interna ni externa con relación a las pruebas de fs. 32, 33 y 34 así como con referencia a que el juzgador se manifestó sobre la prueba de fs. 56 en relación a un CD y su reproducción. Sobre la omisión de consideración de dicha prueba en la compulsa, no se estableció la pertinencia o relevancia para cambiar radicalmente lo dispuesto en fallo objeto de la demanda tutelar, siendo que la prueba madre y sustancial que considera la accionante demuestra la excepción formulada de su parte, resulta ser la confesión espontánea del coactivante, de que no se entregó el dinero en la fecha de firma del documento base del proceso; defecto que carece de relevancia constitucional;
7. 7)Respecto a la lesión del debido proceso, el principio de legalidad y el derecho a la doble instancia, debido a que el juzgador no se pronunció mediante auto motivado sobre la objeción a la prueba de contrario, de la verificación del Auto de Vista, se evidencia que aquel supuesto error no es evidente, estableciéndose en dicho fallo claramente y de manera fundamentada, que lo que no existe es la resolución objeto del recurso y que, ante la objeción el a quo dictó un proveído rechazándola, mismo que debió ser impugnado en los términos del art. 253 del CPC, y no interponerse apelación contra la sentencia definitiva que no se pronuncia sobre dicho extremo sino únicamente con referencia a la falta de fuerza ejecutiva del título base del proceso; evidenciándose en consecuencia, que la hoy impetrante de tutela, formuló recurso de apelación en el efecto diferido contra un auto inexistente y contra la sentencia definitiva que no resuelve la objeción a la prueba, habiéndose afirmado en el Auto de Vista 279/2021 -objeto de la acción tutelar-, que en los procesos coactivos o de ejecución, no se admite la tramitación de una apelación diferida al resolverse excepciones, dado que -reiteran- la excepción de falta de fuerza ejecutiva se resuelve en sentencia definitiva que, tal como prevé el art. 385 del adjetivo civil, solamente es apelable en el efecto devolutivo. De ahí que, contrariamente a lo denunciado por la accionante, se respetó y resguardo el principio de legalidad y sobre todo la seguridad jurídica, como elementos del debido proceso y por ende, no se coartó el derecho a la impugnación, siendo que fue la impetrante de tutela quien formuló una apelación contra una resolución que no fue dictada, conforme ella misma reconoce;
8. 8)Sobre la presunta falsedad en que hubieran incurrido con referencia a la valoración de la prueba testifical por parte del a quo, de la revisión de la demanda constitucional se advierte que la accionante ingresa en incongruencia, estableciendo que lo reclamado era que el juzgador asumió en su fuero interno una convicción plena de situaciones irreales en base a las declaraciones, pues nunca las fundamentó ni mencionó en sentencia; en tales circunstancias, se evidenció que Juez de la causa se refirió a las testificales, estableciéndose además, que las mismas no habían sido determinantes para adoptar su decisión, la que se sustentó en el análisis del título base del proceso coactivo; por lo que, dicho reclamo, no resulta evidente y no corresponde ser tutelado;
9. 9)En cuanto a la infracción del derecho a la defensa y aplicación restrictiva del art. 14.IV de la CPE, debido a que en el proceso de origen únicamente sería válido el título base y ningún otro elemento de juicio, del Auto de Vista 279/2021, no se advierte ningún pronunciamiento o argumento limitativo que impida ofrecer y/o producir prueba a la accionante, sino que, dada la naturaleza de la excepción de falta de fuerza ejecutiva, el juzgador, debía analizar en el mismo título el presunto defecto, no habiendo referido ni por asomo, que para acreditar o no dicha excepción, no sea admisible ninguna otra prueba y menos la confesión; por lo que dicho cargo tampoco es evidente y no amerita tutela constitucional; y,
10. 10)El Auto de Vista que se cuestiona a través de la acción de amparo constitucional, otorga respuesta a todos y cada uno de los reclamos propugnados en el recurso de apelación, por todo lo antes descrito, solicitaron se deniegue la tutela impetrada.

Julio César Sandi Ustarez, Vocal de la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por informe escrito cursante a fs. 198 y vta., manifestó lo siguiente:

1. i)El art. 409 del CPC, establece que "en ese tipo de proceso", no se admitirán incidentes, oposiciones u otras formas de cuestionamiento procesal; motivo por el cual en el Auto de Vista objeto de la acción tutelar, se estableció que lo actuado por el inferior, estaba dentro de lo correcto; aspecto que no vulnera los derechos o garantías constitucionales de la impetrante de tutela;
2. ii)Cuando el a quo rechazó lo impetrado por la hoy peticionaria de tutela, no existió recurso alguno de apelación diferida; por lo que, mal puede ahora señalar que se vulneró el debido proceso, cuando en su momento no interpuso el recurso de apelación diferida para, recién luego, fundamentarla al momento de plantear apelación contra la sentencia definitiva;
3. iii)En los procesos ordinarios es permisible la interposición de la apelación en efecto diferido contra las resoluciones que resuelven excepciones, conforme prevé el art. 367.II del adjetivo civil; y, ix) La acción de amparo constitucional no cuenta con el sustento debido que logre viabilizar el conocimiento de un recurso de apelación en efecto diferido que no fue opuesto jamás en audiencia, solicitó se deniegue la tutela solicitada.

Huangsheng Ou, en audiencia a través de su abogado, manifestó que:

1. a)Ante el incumplimiento de pago de intereses y capital de un préstamo de dinero entablado con los ahora accionantes, interpuso demanda coactiva civil en su contra, en el marco de lo previsto por el art. 404 de la "Ley 610", que exige como requisito la existencia de un título que acredite la garantía hipotecaria y la renuncia expresa de forma voluntaria al proceso ejecutivo; extremos que fueron cumplidos en el testimonio de 7 de enero de 2019, de préstamo de dinero e hipoteca inscrita en el folio real cursante en obrados; cumpliéndose en consecuencia las previsiones establecidas en el Código Procesal Civil; a) El art. 1360 del Código Civil (CC), dispone que la hipoteca constituida sobre bienes del deudor o de un tercero, como garantía de una deuda, otorga al acreedor los derechos de persecución y preferencia, que le permiten embargar la cosa o derecho en poder de cualquiera; situación que ocurrió en el presente caso, debido a que el título coactivo reúne y cumple los requisitos de un título coactivo; c) Los impetrante de tutela consideran que el testimonio no se constituye en coactivo y que no se habría entregado el dinero; no obstante, dicho aspecto fue reconocido por el Juez de la causa a través de Sentencia definitiva de 11 de agosto de 2021, en cuyo Considerando Segundo, estableció en la tercera parte, que la sola constitución del contrato de préstamo de dinero y consiguiente suscripción en dos oportunidades: a tiempo de suscripción de la minuta y posteriormente con la priorización del documento como escritura pública con intermediación de Notario de Fe Pública que le otorgó el valor del art. 1269.1 del sustantivo civil, demuestra que los entonces demandados -hoy accionantes-, se constituyeron en deudores; estableciendo el juzgador de esta forma que la Sentencia antes mencionado reconoció el documento como un título coactivo; fallo contra el cual la parte demandada formuló incidente de falta de fuerza ejecutiva que fue declarado improbado y ante la existencia de renuncia expresa (se entiende al proceso ejecutivo), se procedió a la hipoteca del bien dado en garantía, no existiendo lugar por tanto a la excepción plantead; decisión que fue impugnada por los coactivados mediante recurso de apelación, resuelto por los Vocales demandados en la presente acción tutelar;
2. 4)El recurso de apelación antes referido, establece en la suma que se activa dicho mecanismo contra la Sentencia "ejecutiva" (sic) por error de procedimiento y juicio, activándose el indicado mecanismo de objeción en efecto diferido; es decir, que de manera expresa formulación apelación diferida contra el fallo del inferior que se pronuncia y resuelve una excepción;
3. 5)El adjetivo civil en su art. 410, sobre las excepciones en el proceso coactivo, determina que la resolución que las rechace y las que se dicten en los casos previstos en parágrafo II del artículo precedente, son apelables en el efecto devolutivo; por lo que, los entonces demandados, al haber interpuesto el recurso en el efecto diferido, erraron el procedimiento; consecuentemente y de manera correcta, fue declarado inadmisible, siendo además que el a quo, en la parte final del fallo que dictó ya estableció que, se salva los derechos de la parte perdidosa y plazos previstos en el art. 410.II del CPC, lo que implica que aquellos, de no encontrarse conformes con lo decidido debían aplicar el contenido normativo del citado art. 410, referido a las formas en las cuales apelar las resoluciones emitidas como resultado de las excepciones en un proceso coactivo civil, es decir, en el efecto devolutivo; demostrándose en tal sentido que los ahora accionantes se equivocaron el camino. Por consiguiente, la declaratoria de inadmisibilidad de la apelación en efecto diferido y la confirmación de la Sentencia de primera instancia, que resolvió la excepción de falta de fuerza ejecutiva, se enmarca en lo legal y no vulnera ni restringe ninguno de los derechos aducidos por los impetrantes de tutela, siendo que la negligencia o el desconocimiento en la tramitación de un juicio coactivo, no pueden ser suplidos a través de una acción de amparo constitucional;
4. 6)Los entonces recurrentes -hoy peticionarios de tutela-, incurren en contradicción en incongruencia al señalar que los Vocales ahora demandaos, hubieran admitido conceptualmente la voluntad del recurso de apelación en el efecto diferido en los procesos coactivos para su correspondiente tramitación, pese a que -se reitera- no se interpuso ninguna apelación en ese sentido, pretendiendo con aquella afirmación interpretar que se abre la posibilidad de interponer el recurso en efecto diferido, equivocando y malinterpretando las expresiones del Tribunal de apelación; y si bien, el criterio de dichas autoridades pudiera llevar a varias interpretaciones, es imprescindible que se refiera a una sentencia que no resuelva una excepción, conforme ocurre en el caso analizado;
5. 7)En la lógica de los accionantes, su persona podría presentar un recurso de casación ante un recurso coactivo, y la "Sala" que determine que no conoce un proceso, abriría la posibilidad de presenta apelación en un proceso coactivo, cuando la norma expresamente lo prohíbe;
6. 8)La demanda tutelar establece, bajo la teoría positiva, pretende establecer inducir a considerar que al no existir una resolución sobre una sentencia diferida en el proceso coactivo civil, hace procedente una eventual apelación en efecto diferido contra una resolución que resuelve una excepción;
7. 9)La parte solicitante de tutela, cita gran cantidad de jurisprudencia y teoría sobre la afirmación positiva y negativa, así como respecto a la vulneración de derechos constitucionales; sin embargo, ninguna de las Sentencias Constitucionales se refiere exclusivamente a un proceso coactivo;
8. 10)Tal como señaló el abogado impetrante de los accionantes, no se trata de un proceso ordinario, por lo que no pueden considerarse las citas de jurisprudencia efectuadas, al no referirse estas a un proceso específico como que la origina la acción tutelar;
9. 11)Se desconoce el proceso sumario que caracteriza al coactivo civil, en el que no existen autos interlocutorios y en el que, por mandato del art. 416 del CC, la apelación al auto que rechace las excepciones, tiene efecto devolutivo; consecuentemente, es improcedente una apelación en efecto diferido a efectos de revocar una sentencia definitiva que resolvió una excepción planteada; en el caso particular, una excepción de falta de fuerza coactiva, interpuesta por los coactivados;
10. 12)en el marco de los argumentos expresados previamente, al no existir vulneración al debido proceso en su vertiente de legalidad, congruencia y al derecho a la prueba, al haberse actuado conforme a la ley al no admitirse la apelación en el efecto diferido al no ser el medio legal viable para impugnar una sentencia que resolvió una excepción, los Vocales ahora demandados, obraron de acuerdo a ley, sin lesionar derecho alguno;
11. 13)Una vez incoada la excepción de falta de fuerza coactivo, se presentaron como prueba un CD cuyo audio revela que los entonces demandados recogieron el dinero y cancelaban mensualmente los intereses, así como los recibos de pago no solo por Bs50 000.-, sino también de pago de intereses; documentos que fueron adjuntados a la respuesta a la excepción interpuesta por los contrarios;
12. 14)Los recibos a los que alude, establecen la existencia de la deuda de Bs300 000.-; y,
13. 15)Se pretende desacreditar el título coactivo base del proceso y sobre el cual se pronunció el Juez de instancia; por lo que, cabe preguntarse es si una persona que no recibió dinero alguno firmaría un contrato de préstamo, presentándose además ante Notario de Fe Pública a suscribir la minuta y haciendo entrega al acreedor de los documentos de bien hipotecado en garantía para su inscripción del crédito en Derechos Reales (DD.RR.), dicha situación se asemejaría al hecho de que una persona que asume la calidad de garante, en cuyo caso no recibiría ni vería el dinero objeto de préstamo, y de todas forma acepta esa calidad, ante el impago del deudor, le corre el cargo al garante.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a través de la Resolución 180/2021 de 15 de diciembre, cursante de fs. 221 a 224 vta., denegó la tutela impetrada; basando su decisión en los siguientes fundamentos:

1. i)Los Vocales ahora demandados, efectuaron una explicación precisa de las razones por las cuales correspondía confirmar la Sentencia Definitiva, citando a dicho efecto los art. 404 y 409 del CPC, respecto a la naturaleza del proceso coactivo y las excepciones aplicable en el mismo, estableciendo que la excepción de falta de fuerza coactiva, debe sustentarse en la cualidad del documento base de la de la demanda, ya que las condiciones para que adquiera fuerza coactiva estarían regladas; por ello, la falta de fuerza ejecutiva deviene necesariamente de la falta de aquellos requisitos y no se encuentran libradas a los criterios interpretativos de las partes, como ocurre en el presente caso, en el que se pretende sustentar dicha excepción bajo el argumento de que no se hizo entrega del dinero directamente a los entonces demandados, sino a terceras personas; aspectos que indudablemente, constituyen cuestiones de hecho que, en el contexto normativo del art. 410.II del adjetivo civil, deben ser discutidas o controvertidas en un proceso ordinario, siendo que la Sentencia salvó dicha posibilidad;
2. ii)Si bien los aspectos reclamados a través de la acción de amparo constitucional, se refieren a la inexistencia de una debida fundamentación, motivación y congruencia del Auto de Vista emitido por los ahora demandados, lo que se pretende en el fondo, es cuestionar la falta de fuerza coactiva del título que originó la demanda en la jurisdicción ordinaria, alegando que no se entregó el dinero que figura como préstamo a los accionantes sino a terceros; extremo que hubiera sido admitido por el propio coactivante; no obstante, dada la naturaleza del proceso coactivo civil, la liquidez, la fuerza coactiva y la exigibilidad de suma adeudada, deben emerger del título coactivo, salvo la existencia de otros documentos fehacientes que demuestren la modificación del plazo o que hubiera establecido un término diferente; de ahí que las lesiones denunciadas sobre fundamentación motivación y congruencia, se hallan orientadas a atacar en lo sustancial el título coactivo; aspecto que no puede ser analizado en la vía constitucional; y,
3. iii)Ante una eventual concesión de tutela a efectos de que se emita nuevo fallo que contenga un mejor pronunciamiento sobre los agravios planteados en apelación, no se obtendría un resultado diferente y tampoco se resolvería el fondo de lo pretendido; es decir, que se declare la falta de fuerza coactiva del documento al haberse entregado el dinero a terceras personas; asuntos que deben ser objeto de análisis en un proceso ordinario que no pueden resolverse en el proceso coactivo.

En armonía con los entendimientos expresados previamente, la jurisprudencia constitucional estableció reglas y subreglas al principio de subsidiariedad, al señalar que el amparo constitucional será improcedente cuando: "1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así:

1. a)cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y
2. b)cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución" (SC 1337/2003-R de 15 de septiembre)" (las negrillas son nuestras).