1189/2022-S2

Camila Paniagua Ferrufino, Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Santa Cruz, presentó el informe escrito de 18 de julio de 2022, cursante de fs. 247 a 250, mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. a)En el proceso sobre cumplimiento de contrato instaurado por Yunko Matayoshi Machida de Adachi contra la empresa "CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (SUCURSAL BOLIVIA)"; ante la solicitud reiterada de la demandante sobre aplicación de medidas cautelares, dictó el proveído de 27 de abril de 2018, determinando la retención de fondos de la Empresa demandada en el sistema financiero nacional. Constando, al respecto, que, la Empresa precitada impetró, el 23 de mayo de ese año, el cese o suspensión de dicha medida, en aplicación del art. 314.II del CPC; resolviéndose aquello mediante Auto Interlocutorio 501 de 15 de junio de 2018, rechazando el pedido de cesación referido, "...y para no causar mayores perjuicios una vez la parte ejecutante acredite bienes y una vez acreditados se dispone la sustitución y cese de la cautelar de retención de fondos" (sic);
2. b)Notificada la Empresa citada, con el anterior Auto Interlocutorio 501, precitado, planteó incidente de nulidad el 28 de junio de 2018; mismo que fue resuelto por Auto de 19 de julio de igual año, "...por la anulación del oficio de fecha 30 de abril 2018 de fs. 90, y ordena oficiar a la ASFI a objeto de dejar sin efecto la retención de fondos antes ordenada" (sic);
3. c)La demandante, adjuntó avalúo pericial en el proceso, sobre cálculo de la deuda de $us12 650 000.- (doce millones seiscientos mil cincuenta dólares estadounidenses), efectuado por Auditor independiente, requiriendo la aplicación de medidas cautelares, lo que defirió mediante Auto de 18 de febrero de 2022; decisión contra la que, la Empresa anotada no interpuso objeción alguna, menos planteó recurso de apelación incidental conforme a los arts. 315, 321 y 322 del CPC, quedando ejecutoriada según lo instituido en el art 228.2 del Código aludido; siendo la acción de defensa improcedente, en previsión del art. 53.I del Código Procesal Constitucional (CPCo);
4. d)El 8 de marzo de igual año, la Empresa indicada, recién solicitó la cesación de la medida cautelar de retención de fondos; lo que mereció el pronunciamiento del Auto Interlocutorio 209, ordenando la retención hasta la suma antes señalada, "...o su equivalente y una vez efectuada la misma, se liberen otras cautelares" (sic); fallo que no mereció ninguna aclaración, complementación y/o enmienda. Teniendo que, el 12 del mes y año prenombrados, la Empresa demandada, formuló incidente de nulidad de los Autos de 29 de marzo de "2021(2022)" y del de 8 de abril y su complementario; pidiendo, asimismo, cesar la medida cautelar ordenada, lo que fue negado a través de Auto de 3 de mayo del año mencionado, declarando ejecutoriado lo decidido;
5. e)Contra el último Auto referido, la Empresa demandada, planteó recurso de reposición con alternativa de apelación, encontrándose pendiente de resolución; a más de existir nueva solicitud de 20 de mayo de 2022, reiterando el cese de medidas cautelares;
6. f)El 13 de abril de igual año, la Empresa requirió audiencia de conciliación, convalidando todos los actos y fallos anteriores, "...pese de mencionarse de no consentir vicios de nulidad pendientes de resolución y sin renunciar a las solicitudes de su parte" (sic); acto procesal que fue desarrollado, "...sin el avenimiento de la parte solicitante" (sic);
7. g)El 30 de mayo de similar año, los hoy accionantes, en calidad de trabajadores de la Empresa demandada en el proceso, se apersonaron impetrando levantar la retención de fondos dispuesta por Auto Interlocutorio 209; respecto a lo que, dictó el proveído de 1 de junio de referido año, al no ser parte en el proceso, disponiendo estar a lo previsto en el art. 27 del CPC; ocurriendo igual situación ante el apersonamiento del "personero de la ABC" (sic);
8. h)No es cierto que los impetrantes de tutela se hubieran apersonado para tener información del proceso en el Juzgado que preside, siendo las personas que efectuaron aquello otras que alegaban ser trabajadores de la Empresa, quienes; empero, no se encuentran dentro de los nombres consignados como peticionantes de tutela en la acción de defensa; "...por lo que no pudieran alegar haberse reprimido su conocimiento del proceso a estos, así como no se ha restringido la publicidad de los actos procesales..." (sic);
9. i)Los demandantes de tutela carecen de interés legal según el art. 33.1 del CPCo, habiendo presentado únicamente sus cédulas de identidad, y no los contratos que acrediten su relación laboral con la Empresa demandada en el proceso ordinario; no pudiendo, por ende, efectuar abstracción del principio de subsidiariedad;
10. j)El Auto cuestionado en la demanda tutelar, no afecta de ningún modo "los aparentes derechos" de los peticionantes de tutela, por cuanto, la Empresa demandada, tiene un contrato de un valor aproximado de $us253 000 000.- (doscientos cincuenta y tres mil millones de dólares estadounidenses), según datos del proceso; por lo que, cualquier obligación social se encuentra ampliamente garantizada en el marco de lo regulado en el art. 48.IV de la CPE, que reconoce privilegios por salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales no pagados, cuya preferencia sobre cualquier otra acreencia correspondería ejercitarse a momento de pago alguno, bajo esta garantía y en vía de tercería de derecho preferente regulado en procedimiento; y,
11. k)En caso de concederse la acción de amparo constitucional planteada, se abriría un medio cuasi legal, mediante el que, ninguna acción judicial contra una empresa sería posible, "...cuando como es del presente caso, sus empleados o trabajadores impedirían toda medida precautoria desnaturalizando el objeto y finalidad de la medida cautelar, ejercitando anticipadamente el derecho y privilegio que les reconoce a estos la norma suprema, y la oportunidad en que deben hacerlo valer" (sic).

Yunko Matayoshi Machida de Adachi, participó en la audiencia tutelar impetrando se deniegue la tutela, conforme a los siguientes argumentos:

1. 1)Ninguno de los hoy impetrantes de tutela, se apersonaron al Juzgado de la autoridad judicial demandada, siendo personas totalmente diferentes quienes acudieron; por otro lado, la medida cautelar no fue impuesta contra ninguno de los trabajadores de la Empresa demandada en la causa ordinaria, siendo un proceso judicial entre particulares; existiendo una falta de nexo causal entre los derechos invocados como transgredidos y el acto denunciado como vulneratorio, no habiéndose acreditado de forma alguna que, "...la medida cautelar que se ha dictado en el proceso judicial, sea una imposibilidad para la empresa demandada, de cumplir con sus obligaciones patrimoniales..." (sic);
2. 2)No existe constancia objetiva de algún reclamo de la parte empleadora, a la empresa "CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (SUCURSAL BOLIVIA)", exigiendo el pago de sus salarios y derechos, limitándose a mencionar que, "...ha habido un aviso, no obstante no han acreditado que la empresa demandante carezca de los fondos, recursos para cubrir con esos derechos que les asisten..." (sic);
3. 3)Extrañó que, la Sala Constitucional, no hubiera convocado a la Empresa aludida para averiguar la verdad material; teniendo en todo caso, los trabajadores demandantes de tutela, la jurisdicción laboral para reclamar sus derechos, no siendo lógico que intervengan en un proceso judicial entre particulares;
4. 4)La Empresa referida, no interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 209, dando consentimiento a la medida cautelar dispuesta; pese a ello, en forma posterior, pidieron la cesación de la misma, lo que les fue negado, sin que tampoco hubieran impugnado aquello, demostrando su consentimiento; pese a ello, avisa a sus trabajadores que no tendrían "...para pagar su salario, situaciones contrarias y contradictorias que van en contra de sus propios actos" (sic); y,
5. 5)La Empresa referida, informó a sus trabajadores, hoy peticionantes de tutela, que no tendría para pagar sueldos conforme a planilla, pese a haber firmado un contrato de $us215 000 000.- (doscientos quince mil millones de dólares estadounidenses), siendo claro que, si se libera el monto retenido, desaparecerá; y, ante una eventual sentencia favorable en el futuro, no existirá forma de materializarla.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 71/22 de 18 de julio de 2022, cursante de fs. 256 a 261, concedió la tutela, respecto al derecho a la percepción de sueldos y salarios, previstos en los arts. 46.I.1 y 48.IV de la CPE; disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 209, a fin que la autoridad judicial demandada cumpla los lineamientos constitucionales sobre los que se sustentó dicho fallo. Y, denegó la tutela en cuanto al derecho al debido proceso en sus elementos a la motivación y fundamentación de las resoluciones. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos:

1. i)El Auto de 18 de febrero de igual año, fue dejado sin efecto a través del Auto 195 de 28 de marzo de ese año, cuestión reflejada en el Auto Interlocutorio 209; por lo que, no corresponde mayor consideración al respecto;
2. ii)El AC 0123/2022-RCA de 28 de junio, estableció que correspondía la admisión de la presente acción de defensa, al estar los derechos invocados como vulnerados relacionados a la falta de pago de salarios, compeliendo efectuar excepción al principio de subsidiariedad, ante su conexitud con el derecho a la vida y a los medios de subsistencia; habiéndose dejado sin efecto de igual forma, la medida cautelar dispuesta, por la necesidad que se resuelva lo denunciado, en el fondo;
3. iii)En relación a la falta de legitimación de los impetrantes de tutela, por no haber acudido ante la jurisdicción ordinaria; el Auto Constitucional precitado, dispuso, se reitera, la admisión de la acción tutelar respecto a quienes suscribieron la misma;
4. iv)En lo inherente al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, aquello no puede ser analizado de forma aislada, sino vinculado al derecho a la percepción del salario; constriñendo aquello a verificar plenamente el derecho a la percepción de sueldos y salarios, instituido en los arts. 46.I y 48.IV de la CPE;
5. v)El Auto Interlocutorio 209, dispuso como medida cautelar, dos cuestiones: Primero, la retención de fondos de la empresa "CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (SUCURSAL BOLIVIA)", hasta cubrir la suma de $us12 650 000.-; y, segundo, ordenar a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la prohibición de efectuar pago alguno a dicha Empresa, en igual monto; dando curso, por ende, a dos de las cuatro medidas requeridas por la hoy tercera interesada;
6. vi)Las medidas cautelares revisten una naturaleza eminentemente provisional, instrumental y por tanto modificable, buscando asegurar un eventual resultado en caso de ser favorable el pedido de la parte demandante en un proceso ordinario; sin embargo, en virtud a los principios de favorabilidad y al in dubio pro actione, constando la afectación de los derechos a los trabajadores, corresponde que, el tema medular del proceso ordinario civil sea resuelto en este, no así mediante la imposición de una medida cautelar, evitando la afectación de los derechos de los impetrantes de tutela; y,
7. vii)Lo indicado no conlleva limitación a la jurisdicción ordinaria respecto a las facultades privativas que por ley ejerce, "...sino que en cuento a lo medular y el derecho al salario en su percepción con los cinco principios ya ampliamente fundados, son una cuestión que el tribunal ordinario, la jurisdicción ordinaria, no puede de ninguna manera limitar y mucho menos cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional dispone que no puede ser resuelto mediante un auto interlocutorio de medidas cautelares, sino mediante la resolución y sustanciación del fondo del mismo" (sic).

II.1. A través de Auto Interlocutorio 209 de 8 de abril de 2022, emitido en el proceso sobre cumplimiento de contrato instaurado por Yunko Matayoshi Machida de Adachi contra la empresa "CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (SUCURSAL BOLIVIA)"; Camila Paniagua Ferrufino, Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Santa Cruz, ahora demandada, admitió la petición de la parte demandante, disponiendo la aplicación de las siguientes medidas cautelares:

1. a)Retención de fondos que la Empresa pudiera tener en los bancos del sistema financiero nacional, hasta cubrir la suma de $us12 650 000.-, o su equivalente en moneda nacional, a cuyo efecto, dispuso librar oficio a la ASFI; y,
2. b)Ordenar a la ABC, la prohibición de efectuar pago alguno a favor de la Empresa demandada, por el Contrato Administrativo ABC 728/15 GNT-SCT-OBR de 18 de septiembre de 2015, suscrito entre la Administración y Empresa, precitadas, referente a la "Construcción y Control de Calidad de la Carretera 'EL ESPINO - CHARAGUA - BOYUIBE'" (sic); debiendo proceder a la retención hasta igual monto antes señalado. Aclarándose que, las medidas cautelares tenían como límite la suma mencionada, o su equivalente en moneda nacional; por lo que, retenido el mismo, procedía la liberación de cualquier otra medida impuesta (fs. 91 a 96).