1191/2022-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1191/2022-S3 Sucre, 15 de septiembre de 2022

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 43890-2021-88-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 97/2021 de 5 de mayo, cursante de fs. 241 a 243, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Freddy Máximo Barra Chacolla contra Juan Pablo Calvo Cuellar, representante legal de la Empresa de Telecomunicaciones Nuevatel PCS de Bolivia Sociedad Anónima (S.A.).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 19 de marzo y 9 de abril, ambos de 2021, cursantes de fs. 181 a 192; y, 195 a 200 vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ingresó a trabajar a la Empresa de Telecomunicaciones Nuevatel PCS de Bolivia S.A. -ahora accionada-, mediante la suscripción de un Contrato de Trabajo "INDEFINIDO", a partir del 27 de abril de 2007, desempeñando funciones desde diciembre de 2019, en el cargo de Desarrollador de Redes, siendo un trabajador que se prestó su servicio con eficiencia, lealtad, absoluta responsabilidad y según las instrucciones impartidas por sus superiores, hasta que el 28 de octubre de 2020, de manera sorpresiva, se le entregó un Memorándum NT-RH 387/2020 "Memo", emitido por Tatiana Bustillos Patón, Administradora de Personal de la aludida empresa, a través del cual se le comunicó su desvinculación laboral por supresión de cargo; situación que lesiona sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, por cuanto no existen causales legalmente establecidas para haberse procedido con el despido de su fuente laboral, de forma directa e intempestiva; ya que, dicho puesto tampoco fue sometido a ningún proceso que pueda establecer responsabilidad en su contra, por alguna causal prevista en los arts. 16 de Ley General del trabajo (LGT) y 9 de su Decreto Reglamentario.

Ante ello, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, denunciando su despido injustificado, instancia que luego de emitir la citación única a la empresa accionada el 12 de noviembre de 2020 y del trámite respectivo, pronunció la Conminatoria J.D.T.L.P.//D.S.0495/145/2020 de 4 de diciembre, por la cual dispuso la reincorporación a su fuente laboral, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido, más el pago de los salarios devengados y derechos sociales; sin embargo, la mencionada Resolución no fue cumplida por la parte empleadora, de acuerdo al Informe VR-131/2020 de 23 de diciembre, de verificación de cumplimiento de conminatoria; más al contrario, una vez que fue notificada con la Conminatoria aludida, la empresa accionada impugnó la misma a través del recurso de revocatoria, que conllevó a la emisión de la Resolución Administrativa (RA) 018-21 de 19 de enero de 2021, que rechazó dicho recurso.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, sin citar norma constitucional alguna; sin embargo, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, invocó los arts. 46 y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se ordene a que la empresa accionada proceda a dar cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.L.P.//D.S. 0495/145/2020, disponiendo la inmediata reincorporación a su fuente laboral, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido como Desarrollador de Redes, más el pago de salarios devengados y demás derechos que injustamente se le privó y que le corresponden, como ser el seguro de corto y largo plazo desde 28 de octubre de 2020.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de mayo de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 236 a 240 vta., en presencia del peticionante de tutela asistido de su abogado patrocinante y la parte accionada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional; y, en audiencia refirió que las circunstancias de fuerza mayor alegadas por la empresa accionada no fueron demostradas documentalmente; asimismo, en cuanto al pago de finiquitos que fueron depositados en forma unilateral, los mismos no pueden ser considerados como beneficios sociales, al no haberse aceptado, tampoco se demostró que los finiquitos hubieren sido de conocimiento oportuno de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz; por ello el fundamento de que tales beneficios se depositaron a las cuentas del trabajador, no corresponde, pues al no estar visado por la referida entidad, no resulta ser algo legal, más aún cuando la misma no fue firmada en señal de conformidad.

A la pregunta de la Sala Constitucional Primera, respecto a que si los beneficios sociales fueron cobrados y cómo acredita ese extremo; la parte accionante refirió que tales beneficios fueron depositados a su cuenta bancaria de manera unilateral y arbitraria, y que hasta la fecha no se le facilitó el número de cuenta bancaria de la empresa, a fin de proceder a la devolución de ese monto; además, en audiencia de reincorporación laboral realizada en la referida Jefatura Departamental de Trabajo, se acreditó este hecho con un comprobante de su cuenta bancaria que da cuenta de que su persona no hizo uso de ese dinero.

I.2.2. Informe de la parte accionada

La Empresa de Telecomunicaciones Nuevatel PCS de Bolivia S.A., a través de su representante legal, por memorial cursante a fs. 235 y vta., y en audiencia, solicitó que se deniegue la tutela solicitada mencionando que, de acuerdo a la documentación que adjunta, concretamente en el Memorándum NT-RH 387/2020 "Memo", se señaló la finalización de la relación laboral por supresión de cargo; además que la terminación objetiva de la relación laboral fue por razones de fuerza mayor; ya que, a partir de marzo de 2020, la empresa afrontó diversos problemas en sus actividades a raíz de la pandemia del Coronavirus (COVID-19); situación que fue comunicada mediante carta notariada al peticionante de tutela, informándole que se canceló sus beneficios sociales a su cuenta personal que tiene en el Banco Bisa S.A., tal como se demuestra con el comprobante de pago de "Bs.137.790,32.-", realizado el 28 de octubre de 2020, cumpliendo de esa forma la obligación que tiene con respecto a su trabajador, extremo que también fue confirmado por el accionante en la presente audiencia; empero, no comprende la actitud pasiva y ambigua que tiene el mismo, con relación al cobro de beneficios sociales, puesto que tampoco fue devuelto "en arcas" de la empresa, si no estaba consolidando su interés de continuar la relación laboral.

A la consulta del Vocal de la Sala Constitucional Primera, si cumplió o no con lo dispuesto en la Conminatoria J.D.T.L.P.//D.S. 0495/145/2020; la parte accionada señalo que no, puesto que contra dicha disposición interpuso el recurso de revocatoria al considerar que la misma es injusta.

I.2.3. Resolución

En vía de complementación, aclaración y enmienda, la parte accionada solicitó se otorgue un plazo razonable, a fin de poder cumplir lo ordenado. Ante dicha petición, la mencionada Sala Constitucional concedió el plazo de setenta y dos horas, a objeto del cumplimiento de la Resolución pronunciada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Se tiene Contrato de Trabajo de 26 de abril de 2007; por el cual, la Empresa de Telecomunicaciones Nuevatel PCS de Bolivia S.A. -ahora accionada-, contrató los servicios de Freddy Máximo Barra Chacholla, -hoy accionante- en el puesto de Ingeniero de Radiobase y transmisión en la ciudad de La Paz, con plazo indefinido, a partir de la suscripción del mismo, con una remuneración mensual de Bs4 400.- (cuatro mil cuatrocientos bolivianos [fs. 142 a 143]).

II.2. Mediante Memorándum NT-RH 387/2020 "Memo" de 28 de octubre, Tatiana Bustillos Patón, Administradora de Personal de la empresa accionada, comunicó al impetrante de tutela, la finalización de la relación contractual por supresión de cargo, manifestando que: "...al tenor del Art. 13 de la Ley General del trabajo, nos vemos en la penosa necesidad de comunicarle que prescindimos de sus servicios a partir de la fecha, haciéndole notar por nuestra parte procederemos en tiempo y forma oportuna al pago de la totalidad de beneficios sociales que así le corresponden incluyendo el desahucio, agradeciéndole igualmente que proceda a realizar la entrega ordenada de todo el material y equipo de trabajo que se le hubiera confiado" (sic) constando la fecha de recibo, de igual data (fs. 39 a 40).

II.3. Cursa Carta Notariada NT/RH-117/2020 de 28 de octubre, a través de la cual la Administradora de Personal de la empresa accionada, comunicó al peticionante de tutela que "En relación a la conclusión de la relación laboral que operó el 28 de Octubre de 2020, como consecuencia del Memo NT-RH 387/2020 que contiene la Finalización de Relación Contractual por Supresión de Cargo, por medio de la presente tenemos a bien informarle que se ha procedido a efectuar el abono en su cuenta N° 1213544019 del Banco Bisa S.A., la suma global de Bs. 137.790,32.- (Ciento treinta y siete mil setecientos noventa 32/100 Bolivianos), que permite cubrir el monto total que por concepto de beneficios y derechos sociales le corresponden en el marco de la ley, conforme se acredita del comprobante del depósito y el finiquito adjunto" (sic), misma que el trabajador -ahora accionante- se rehusó a recibir y firmar, adjuntando formulario de finiquito a nombre del prenombrado -sin que se exista constancia de su firma- (fs. 41 a 44).

II.4. Consta Nota presentada el 4 de noviembre de 2020, en la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz dependiente del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante la cual el impetrante de tutela denunció despido ilegal e injustificado, que no consideró que su madre es beneficiaria del seguro social de corto plazo, por su edad avanzada de ochenta años y su situación delicada de salud; por lo que, con su desvinculación, la misma se encuentra en un estado de vulnerabilidad (fs. 136).

II.5. Se tiene Única Citación de 12 de noviembre de 2020, emitida por el Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, dirigida a la parte accionada, para hacerse presente a la audiencia programada para el 19 del citado mes y año, a fin de justificar la desvinculación laboral del peticionante de tutela (fs. 137).