Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1196/2019-S1 Sucre, 4 de diciembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 30011-2019-61-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 045/2019 de 10 de julio, cursante de fs. 114 a 119 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juana Selaya Medrano Vda. de Azuga contra Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i. del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR); y, Rossmery Arispe Rojas, Administradora Regional Cochabamba a.i. de la indicada institución.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 10 y 19 de junio ambos de 2019, cursantes de fs. 61 a 66; y, 69 a 73 vta., la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
A fin de solicitar su renta de viudedad, se apersonó a las oficinas del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) como derechohabiente y esposa supérstite de Jorge Azuga Valdivia conforme acredita su certificado de matrimonio.
Dentro del mencionado proceso, se observó que su difunto esposo contaba con doble partida de matrimonio; es decir, que se encontraba también casado con Adela Fernández Morales por lo que debido a dicha inconsistencia de forma directa se dictó la Resolución 00431 de 28 de febrero de 2018 que desestimó su solicitud, ejecutoriada mediante Auto 0001153 de 29 de mayo del citado año. A tal efecto, acompañando prueba idónea que demuestra que dicha partida de matrimonio fue cancelada mediante Sentencia de divorcio de 15 de abril de 1975; en aplicación del "art. 9" del Reglamento de Desarrollo Parcial a la -Ley 065 de 10 de diciembre de 2010- de Pensiones en materia de Prestaciones de Vejez, Prestaciones Solidarias de Vejez, Prestaciones por Riesgos, Pensiones por Muerte derivadas de estas y otros Beneficios -Decreto Supremo (DS) 0822 de 16 de marzo de 2011- que otorga el plazo de doce meses para acompañar documentos que regularizan las inconsistencias observadas, el 28 de agosto de 2018 presentó nueva solicitud de otorgación de renta de vivienda como derechohabiente acompañando documentación respaldatoria sin encontrar respuesta alguna sino hasta el 24 de abril de 2019, que mediante Nota CITE: SENASIR DGE/SG. 263/19 la autoridad demandada le refirió que ésta se encontraría ejecutoriada, sin fundamentar debidamente las razones de su rechazo por cuanto simplemente señaló que la normativa referida no sería aplicable al caso por pertenecer su esposo jubilado al Sistema de Reparto y no al Nuevo Sistema de Pensiones sin darle la posibilidad de impugnar la decisión al no haber sido resuelta por resolución administrativa pese a tener viabilidad de subsanar los defectos señalados conforme lo permite el DS 0822.
I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
La impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a recibir una renta de jubilación digna y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, infiriéndose asimismo de su pretensión la vulneración a la aplicación correcta de la ley, citando al efecto los arts. 45, 67, 68, 115 y 123 de la Constitución Política del Estado (CPE); 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; y, 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
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