Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1198/2002 - R Sucre, 4 de octubre de 2002
Expediente: 2002-5093-10-RHC Distrito : Santa Cruz Magistrado Relator: Dr. Rolando Roca Aguilera
En revisión, la Resolución pronunciada el 20 de agosto de 2002 (fs. 49 a 51), por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el recurso de hábeas corpus interpuesto por René Sauciri Choque en representación sin mandato de Ramón Chávez Salvatierra y Bernarda Salvatierra Vda. de Chávez, contra Genaro Céspedes Velez y Adolfo Rueda Artunduaga, Jueces Octavo de Instrucción y Tercero de Partido en lo Penal Liquidador, respectivamente, alegando la conculcación de los derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido del recurso.
I.1.1 Hechos que motivan el recurso.
En la demanda presentada el 19 de agosto (fs. 24 a 27), el recurrente expresa que como consecuencia de la tramitación de un proceso penal en el que se ha violado la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa, se ha privado de libertad a su representada Bernarda Salvatierra Vda. de Chávez y se ha expedido mandamiento de aprehensión contra Ramón Chávez Salvatierra.
Alega que los Jueces recurridos han actuado ilegalmente y sin revisar el proceso para advertir que existen vicios de nulidad y anular el mismo, habiéndose aprehendido a su representada el 10 de enero de este año, y conducida a la Cárcel de Palmasola en virtud de un decreto que no está autorizado por la Secretaria del Juzgado, además que el “apremio” fue dispuesto en un juicio en el que existe fraude procesal y sin cumplir las “funciones esenciales para su libramiento”, pues las citaciones de comparendo con la denuncia se las practicó en una sola hoja a ambos denunciados, el requerimiento es anterior a las investigaciones, “o por lo menos antes del informe final del asignado al caso. El Auto Inicial de la Instrucción fue emitido el 19 de julio de 2001, en vigencia plena del nuevo Código de Procedimiento Penal, contraviniendo las disposiciones finales de la Ley 1970 y el art. 31 de la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que “el expediente nunca debió ser admitido por el Juez Octavo de Instrucción”, quien sin embargo, dictó el Auto de procesamiento por estelionato, pese a que en los Considerandos se establece que ninguna de las partes presentó ningún tipo de pruebas.
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