Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1200/2019-S1 Sucre, 5 de diciembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad
Expediente: 24673-2018-50-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 12/2018 de 29 de junio, cursante de fs. 44 a 46 vta. pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo por sí y en representación sin mandato de su hija menor AA contra William Eduard Alave Laura y Adan Willy Arias Aguilar, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 28 de junio de 2018, cursante de fs. 17 a 23, la parte accionante, manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia del Consejo de la Magistratura contra su persona y otros, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y otros, el 8 de mayo de 2018 fue aprehendida, llevándose posteriormente a cabo la audiencia de medidas cautelares el 10 de igual mes y año, en la cual su defensa técnica realizó una fundamentación doctrinal como jurisprudencial en base a dos puntos importantes: la falta de adecuación de su conducta a los delitos atribuidos, que se realizó en base a la línea jurisprudencial sentada sobre el principio de certeza que debe tener la imputación formal, por la cual se deben establecer claramente los hechos y circunstancias de forma, modo y tiempo de comisión; y, que la conducta se inserte en la descrita por los delitos imputados y a momento de la valoración para la presentación de la imputación formal y la solicitud de medidas cautelares, hizo constar que con la otra coimputada tienen igual estado ya que la nombrada se encuentra en periodo de gestación y además es madre de una menor lactante de tres meses; es decir, que ambas menores tanto la que está en gestación como la menor AA tienen los mismos derechos y deben ser protegidas en su derecho a la vida.
Asimismo, como segundo punto refiere que es una madre de cinco menores de edad de nueve, siete, cinco y un año, así como de la menor AA de tres meses, la cual a la fecha -entiéndase de interposición de esta acción de defensa- es lactante; sin embargo, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz -hoy codemandado-, a través de la Resolución 173/2018 de 10 de mayo, en su parte dispositiva -con relación a su persona-, resolvió disponer su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes del citado departamento, sin realizar la valoración de la prueba presentada con relación a la familia, cuando hizo referencia a los cinco menores que tiene a su cargo y que la última se encuentra en periodo de lactancia, citando al efecto el art. 232 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Determinación que no consideró que la detención preventiva es una medida extrema, y que se encontraba en igual condición que la otra coimputada; empero, el Juez codemandado en una actitud arbitraria y olvidando su condición de madre, profesional y mujer, resolvió otorgar medidas sustitutivas para la otra coimputada, siendo esta acción discriminatoria por el principio de igualdad de partes y más aún cuando se encuentran en la misma condición, siendo llevada al Centro de Orientación Femenina de Obrajes del departamento de La Paz, el mismo día que se dispuso su detención preventiva, y que por necesidad de alimentación que tiene su hija lactante también fue remitida a dicho Centro de reclusión, estando a su cuidado; sin embargo, no es un lugar para brindarle todo lo que su hija necesita.
Reitera que, el Juez codemandado emitió la injusta Resolución de su detención preventiva sin tomar en cuenta el derecho a la vida y a la salud de su hija de tres meses de edad, conociendo que en el Centro de Orientación Femenina de obrajes, las condiciones de higiene y salud son pésimas como la existencia innegable de hacinamiento que sufren todas las cárceles del país; no obstante ello, sin importarle ninguna de estas circunstancias determinó enviar también a su hija menor AA al referido Centro, donde todos los días su vida corre peligro, en especial por el tema de salud, conforme se desarrolla a continuación:
- a)Desde el día de su llegada al Recinto Penitenciario, por haber ostentado la calidad de Jueza, fue amenazada, amedrentada y golpeada, sin importarles a las internas que se encontraba en brazos de una menor que en ese momento tenía dos meses de edad, aspecto que es tan cierto que la primera semana no tenía donde dormir al no tener derecho a un "toldo" al ser nueva, siendo una regla impuesta por las propias internas; razón por la cual, no se le otorgó ningún espacio para poder dormir con su hija, teniendo que dormir en los pasillos, en la cocina y otros ambientes obviamente inadecuados para una recién nacida, que no generó las defensas suficientes para ataques de virus y enfermedades, teniendo que soportar el frío y todas las adversidades del clima, siendo este el primer elemento que demuestra que la ilegal determinación asumida por el Juez codemandado atenta contra el derecho a la vida de su hija menor AA;
- b)Posteriormente, una interna apiadándose de su persona le ofreció parte de su toldo, que medía "2x2", debiendo dormir en el piso con su hija, el cual es de cemento y no tiene ninguna cerámica menos parquet, siendo este el segundo atentado con el derecho a la vida y a la salud de su hija;
- c)Asimismo, las condiciones de higiene son mínimas, no obstante de ello obligada por las internas tuvo que limpiar los baños y cocina entregando a su hija en ese lapso a una de la internas para que la cuidara; obviamente para realizar ese trabajo no se le proporcionó ningún tipo de protector de manos y menos de boca, "por lo que realicé el trabajo con mi mano" (sic), de lo cual no se queja porque es obligatorio realizar esos trabajos; sin embargo, efectuar los mismos han generado que su hija menor AA contraiga varias enfermedades, "...ya que inclusive en el momento donde realizó el trabajo de limpieza se llevan a mi hija y desconozco si la están cuidando correctamente, si está llorando y si simplemente han que cambiarle su pañal, por lo que en todo momento me encuentro susceptible que le pueda pasar cualquier cosa, es decir aparezca muerta y nadie quiera hacerse responsable..." (sic), siendo este el tercer atentado contra el derecho a la vida de su hija;
- d)Recientemente a su hija le empezaron a salir una ronchas en sus labios y brazos; razón por la cual, de inmediato intentó que un médico la atendiera; sin embargo, le dijeron que para ser atendida debía mandar una nota y esperar la respuesta que podía demorar entre dos a tres días; no obstante solicitó al servicio de salud la valorara, cuyo personal se negó a realizar dicho acto y menos entregarle un certificado del estado de salud de su hija menor AA, señalándosele que debía esperar a los médicos del Hospital Arco Iris, los cuales acuden dos veces al mes; aspecto que no se puede tolerar, porque el dolor no espera y menos la fiebre con la que se encontraba la menor; por ello, prácticamente es imposible que la nombrada sea valorada ya que para solicitar el permiso o autorización necesita contar con la valoración de la misma, la cual nadie quiere realizar, aspecto que mediante nota puso a conocimiento de la "...Mayor Leticia Zapana del COF..." (sic), siendo la cuarta vulneración de los derechos a la vida y a la salud de su hija, los cuales no pueden ser limitados por ningún motivo menos por informalismos innecesarios;
- e)Ante la impotencia que sintió, toda vez que su hija se estaba muriendo en el "recinto penitenciario", solicitó a sus familiares que llevaran un médico para la valoración de la menor, habiéndose constituido el médico Jorge Martín Melgarejo Pizarroso, el 29 de mayo de 2018, quien al realizar la valoración correspondiente diagnosticó: '"Por lo expuesto, luego de la valoración se determina: 1. Hongos en cavidad oral; Erupción causa infecciosa a evaluar; Disfunción cadera derecha; Se indica ALEJAR A LA MENOR DE LUGARES CONTAMINADOS, ASINAMIENTO A FIN DE EVITAR INFECCIONES..."' (sic); evidenciándose que su hija menor AA está cumpliendo una condena privándosela de su libertad, del derecho a la vida y a la salud; demostrándose que si continúa con detención preventiva, la mencionada contraerá más enfermedades que pueden afectar severamente su salud, repercutiendo en su normal desarrollo e incluso pudiéndole provocar la muerte, situación que como madre procura evitar que suceda; sin embargo, es complicado porque cada día recibe amenazas, insultos y empujones, llegando incluso a hacerle caer con su bebe; y,
- f)También fue víctima de arbitrariedades por parte de funcionarios del Centro de Orientación Femenina de Obrajes, por cuanto el 24 de mayo de 2018 a horas 20:55, personal de seguridad se apersonó e indicó que el 25 de igual mes y año "...NO PODÍA LLEVAR A MI HIJA A LA AUDIENCIA..." (sic), situación que vulnera el derecho de su hija a la alimentación, seguridad, estabilidad emocional, como el derecho de estar con su madre; al día siguiente le indicaron que podía sacarla pero que era la última vez que se le permitiría y que no se hacían responsables de la seguridad de la misma, aspecto que también fue denunciado mediante nota ante la "Mayor".
Estos extremos demuestran la tortura, el calvario y la injusticia que su hija menor AA está sufriendo en el recinto penitenciario, en el cual el tiempo que se encuentra detenida preventivamente la prenombrada contrajo enfermedades infecciosas.
Señala que, se vulneró el derecho a la igualdad de las partes, por cuanto el Juez codemandado, en la ilegal Resolución que dispuso su detención preventiva no fundamentó por qué el bebe gestante -entiéndase de la coimputada- tiene más derechos que su hija menor AA de tres meses de edad, cuando tenía la obligación de motivar y explicar el por qué en su caso es inviable la aplicación del art. 232 del CPP y que no existía la posibilidad de aplicar otra medida alternativa, dejándosele en una incertidumbre.
Continua refiriendo que, el aspecto denunciado en grado de apelación también fue ignorado por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandados-, quienes con una motivación inentendible establecieron que la Resolución dictada por el Juez codemandado tenía un fundamento claro al establecer la necesidad de la imposición de la detención preventiva; sin embargo, no explicaron, fundamentaron ni motivaron por qué la referida necesidad de su detención preventiva y cómo otras medidas no podían sustituir dicha medida extrema, "...MÁXIME CUANDO NO REALIZAN UNA VALORACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES IGUALES DENTRO DEL PROCESO, DEJANDO A MI HIJA EN UN ESTADO DE PELIGRO EN CUANTO A SU VIDA YA QUE CONFORME A TRATADOS INTERNACIONALES Y NORMATIVA NACIONAL, EL BIEN SUPERIOR QUE DEBE SER PROTEGIDO POR EL ESTADO ES LA FAMILIA, Y ENTRE ESOS SE ENCUENTRA EL DERECHO A LA VIDA DE MI HIJA QUIEN A LA FECHA DE MI DETENCIÓN PREVENTIVA ERA MENOR DE 3 MESES, por lo que los vocales ahora demandados no han hecho alusión al derecho a la vida que tiene mi hija y que a la fecha corre peligro por la detención en la que me encuentro" (sic); asimismo, indica que en la audiencia de apelación de medidas cautelares celebrada en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -cuyos integrantes son ahora demandados-, argumentó que la Resolución emitida por el Juez a quo, se encuentra fundada en cuanto a la necesidad de su detención preventiva señalando que "...LA MENOR DEBE GUARDAR DETENCIÓN PREVENTIVA EN COMPAÑÍA DE LA MADRE, únicamente indicando que se debe cuidar y respetar el derecho a la vida, sin embargo de aquello no protegen la misma al establecer que una menor de 1 año, permanezca recluida en un centro penitenciario" (sic).
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