1202/2019-S1

A partir de la presentación de denuncia de 1 de abril de 2013 y del inicio de investigación en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, transcurrieron seis años de su procesamiento; por lo que, el 2 de abril de 2019, planteó ante la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando -al encontrarse el expediente en dicha instancia-, las excepciones de extinción de la acción penal por prescripción y por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, mismas que contenían una adecuada fundamentación, ofreciéndose documental cursante en el expediente, consistente en:

1. a)Carátula de inicio del proceso penal público, denuncia presentada e informe de inicio de investigación, que marcan el inicio de la investigación el 1 de abril de 2013; acusación formal de 6 de mayo de 2014 (cuyos supuestos eran homicidio culposo y lesiones gravísimas) documental que demostró el transcurso de un año y más de un mes, entre ambas actuaciones;
2. b)Resolución de 23 de junio de 2014, que dispone devolver tanto la acusación formal como la particular, por carecer de fundamentación, emitiéndose nuevo requerimiento conclusivo -acusación por la supuesta comisión del delito de homicidio culposo-, cuya radicatoria data de 12 de noviembre de indicado año;
3. c)Auto de Apertura de Juicio de 19 de diciembre de igual año, emitido después de más de un mes;
4. d)Señalamiento de audiencia de juicio para el 27 de enero de 2015, posterior a un mes;
5. e)Certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) de 24 de agosto de 2017, por el que, se establece que no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso;
6. f)Copia de la excepción "....de prescripción tramitada ante el TSJ en septiembre de 2017..." (sic);
7. g)Sentencia que acreditó hechos, fechas, supuestos delitos y otros que descartó lo establecido por el art. 32 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y,
8. h)Cuadro didáctico relativo a los actuados procesales y su indebida duración, que demostró que el caso no era complejo, no hubo ninguna actividad procesal por su parte para generar retardación, la conducta de las autoridades jurisdiccionales, la razonabilidad del plazo, favorabilidad y progresividad aplicable por orden constitucional.

Señala que, los Vocales ahora demandados emitieron la Resolución de 8 de mayo de 2019, resolviendo declarar infundadas las excepciones planteadas, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)Sobre la excepción de extinción de la acción penal por prescripción:
2. i)El art. 30 del CPP establece que la prescripción empieza a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación; sin embargo, no existe precisión de la fecha del inicio del proceso, debido a que no se contaría con los antecedentes de la etapa preparatoria, además que, en el cuadro didáctico cursante en el expediente se constató que el Informe de Inicio de Investigación es de 1 de abril de 2013, la denuncia data de 27 de mismo mes y año, y la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares es de 4 de septiembre de igual año -fechas diferentes de inicio-; y,
3. ii)La carga de la prueba es para quien oponga las excepciones o incidentes; por lo que, no solamente debe fundamentarse la excepción, sino que debe inexcusablemente ofrecerse prueba para acreditar la misma; además, en el caso, no se tienen pruebas idóneas y objetivas que permitan corroborar la inexistencia de causales de suspensión del cómputo -en cuanto a lo establecido por el art. 32 del CPP-; y,
4. 2)Respecto a la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso:
5. a)No todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley, vulnera la garantía de juzgamiento en término razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa; por lo que, quien planteó la excepción está obligado a indicar con precisión en qué partes del proceso se encuentra la dilación y demostrar que la misma es indebida; en el caso concreto, el Ministerio Público advirtió que el asunto es complejo, cuenta con pluralidad de imputados, y, sería la defensa la cual presentó recursos en todas las instancias -aspectos que contribuyeron a la dilatación-; y,
6. b)El art. 314 del CPP establece que excepcionalmente durante la etapa preparatoria y juicio oral, la o el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente; a tal efecto, debe tomarse en cuenta que la excepción ya fue desestimada durante el proceso mediante Auto Supremo(AS) 892/2017 de 10 de noviembre, presentándose nuevamente la misma con los mismos argumentos.

Agrega que, ante la emisión del Auto de 8 de mayo de 2019, se planteó aclaración, complementación y enmienda, que fue denegada por Auto de 7 de junio de 2019. Por todo lo expuesto, las autoridades ahora demandadas, en la fundamentación de las Resoluciones citadas precedentemente, incurrieron en una serie de consideraciones irrazonables, inequitativas; incidiendo además, en omisiones probatorias arbitrarias, debido a que:

1. 1)Con relación a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción:
2. i)El art. 30 del CPP dispone que el cómputo de la prescripción comienza desde la media noche en que se cometió el hecho o cesó su consumación, no así desde la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares ni de la denuncia o el informe del asignado al caso; en consecuencia, se produjo prueba (denuncia, formalización de querella, imputación, acusación, sentencia, autos de vista y autos supremos emitidos en el proceso), por los que se demostró que el hecho se habría producido el 5 de marzo de 2013; y,
3. ii)Con la prueba producida (acusaciones, sentencia y REJAP) se demostró que no concurren ninguno de los numerales del art. 32 del CPP, de lo contrario, no estaría en su conocimiento la apelación restringida de su sentencia;
4. 2)Respecto a la excepción de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso:
5. a)Se tuvo el cuidado de preparar cuadros didácticos, con la finalidad de demostrar con precisión en qué partes del proceso se encontraba la dilación y su naturaleza indebida, de ahí que; se señalaron varios ejemplos, entre ellos, la imputación formal que fue presentada cinco meses de iniciada la investigación; la primera acusación se realizó un año y un mes después; la segunda acusación que fue reformulada por error del Ministerio Público, al año y dos meses; la radicatoria del expediente por el Tribunal de Sentencia se realizó un año y siete meses luego, el Auto de apertura de juicio oral, otros dos meses después; el AS 134/2016 de 22 de febrero, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia fue notificado tres meses y diecisiete días después -transcurriendo tres años y diecisiete días desde su inicio, venciendo los tres años de máxima duración del proceso-; y, el AS 684/2018 de 17 de agosto, que ordenó emitir un nuevo Auto de Vista, fue notificado el 22 de marzo de 2019; es decir, cinco años once meses y diecisiete días desde el inicio del proceso. Por otra parte, el exigir la precisión de fechas que no tienen ninguna trascendencia para el cómputo, se constituye en una exigencia absurda o irrazonable, más aun al no estar prevista por ley; y,
6. b)"...se expidió en su AS No 892/2017 de 10 de noviembre de 2017, sobre la excepción de extinción de la acción por vencimiento de lapso máximo de duración del proceso y NO sobre la excepción de PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, que en ese momento, no les fue presentado, menos resolvieron (...) Pero además, incluso tratándose de la excepción de máxima duración del proceso, formulada ante los señores Vocales, ella obedece a un motivo diferente (...) pues incluso al día siguiente de promovida esta excepción, el motivo ya es diferente" (sic).