1205/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo:

1. a)La nulidad del Proveído CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCT/PROV/5/2020; y en consecuencia, se otorgue nueva respuesta al memorial que presentó el 30 de noviembre de 2020; y,
2. b)Dejar sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1715/2020, ordenando la emisión de una nueva que ingrese al fondo de la causa, manteniendo subsistente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0692/2020.

La parte impetrante de tutela a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su acción de amparo constitucional, y ampliándolo indicó que:

1. 1)La acción de amparo constitucional se divide en las fases de admisibilidad, audiencia pública, decisión, revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y ejecución; habiendo precluído la primera, ya no era posible determinar su improcedencia o retrotraerla;
2. 2)El Gerente de GRACO La Paz del SIN, en el informe escrito que presentó, aludió que debía acudir previamente al proceso contencioso administrativo en observancia de la "SC 0705/2015³" -no señaló fecha-; sin embargo, el referido fallo constitucional analizó la concurrencia de hechos controvertidos a diferencia del suyo; además, la SCP "009/2018-S4" -no refirió fecha-, explicó que la instancia administrativa concluía con la resolución del recurso jerárquico;
3. 3)La Directora Ejecutiva General a.i. de la AGIT, en su informe, señaló que la acción tutelar que planteó carecía de la relación de causalidad entre los hechos y la lesión provocada; precisión, congruencia y contradicción; es decir, aludió aspectos formales para que no se resuelva el fondo de la problemática;
4. 4)Si bien el art. 201 del CTB prevé que los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo a dicho ordenamiento, y solo a falta de una disposición expresa se aplicará supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo, el citado Código no desarrolló el alcance de la resolución del recurso jerárquico; por lo que, correspondía su remisión al art. 68 de la indicada Ley;
5. 5)La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1715/2020, anuló obrados, y posteriormente la ARIT y la Administración Tributaria emitieron actos administrativos que no impugnó; toda vez que, de haberlo hecho hubiese incurrido en actos consentidos; y,
6. 6)No pudo activar el proceso contencioso administrativo, por lo expuesto en la presente acción tutelar.

Katia Mariana Rivera Gonzales, Directora Ejecutiva General a.i. de la AGIT, a través de sus representantes, por informe escrito presentado el 19 de julio de 2021, cursante de fs. 123 a 131; y en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela, señalando que:

1. i)La acción de amparo constitucional formulada, inobservó el art. 33.4 y 5 del Código Procesal Constitucional (CPCo); pues, se denotó la inexistencia de relación de causalidad entre los hechos y la lesión presuntamente causada, requisitos necesarios para su admisión de acuerdo al citado precepto y lo desglosado en los Autos Constitucionales 0056/2010-RCA, 0117/2010-RCA y 0212/2012-RCA y 0099/2012-RCA como también por la SC 1732/2011-R de 7 de noviembre y la SCP 0733/2014 de 15 de abril; por lo que, correspondía declarar su improcedencia -haber superado la etapa de admisión no implicó la convalidación de alguna causal que conlleve a ese efecto-, más aun tomando en cuenta que el peticionante de tutela se limitó a indicar hechos parciales y confusos, omitiendo mencionar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0081/2021 de 25 de enero -último acto administrativo pronunciado que adquirió firmeza al no haberse activado el recurso jerárquico-; por ello, su pretensión no poseía relevancia constitucional;
2. ii)La jurisdicción constitucional no es una instancia casacional; tampoco, le atinge la competencia de corregir errores, omisiones o ingresar al análisis de temas controvertidos; en consecuencia, la actividad interpretativa que desplegó al pronunciar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1715/2020, no podía ser objeto de revisión, afirmación concordante con lo indicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1559/2012, 0151/2015-S2 y 0437/2015-S3;
3. iii)No transgredió derechos ni garantías constitucionales; ya que, se sujetó al procedimiento previsto para la impugnación jerárquica, el impetrante de tutela en su recurso de alzada se limitó a reclamar de manera escueta que la administración tributaria omitió explicar el origen de la diferencia entre lo declarado y determinado; y en sustanciación, la ARIT no tomó en cuenta el contexto del argumento expresado; en su lugar, efectuó consideraciones relacionadas a los factores para el cálculo de los ingresos, cuando el contribuyente no reclamó respecto a que el precio de venta resultaba mayor a la cotización vigente; si no, que: "...el Sujeto Activo en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa no explicó el origen de la diferencia establecida" (sic); es decir, la indicada autoridad de manera incongruente analizó adicionalmente elementos y datos técnicos que no fueron aludidos como sustento de agravio, pronunciándose extra petita; ante ello, dispuso la nulidad del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0692/2020, para que dicha instancia procediera a emitir un nuevo fallo de manera fundamentada y motivada sobre todos los aspectos planteados por la empresa accionante de acuerdo a los arts. 211 y 212.I inc. c) del CTB;
4. iv)De la lectura del fallo que dictó, se denotó una adecuada fundamentación y motivación sobre todos los aspectos observados;
5. v)La parte solicitante de tutela pudo ofrecer, producir e introducir prueba, rebatir alegatos, controvertirlos e impugnar; en tal sentido, respetó sus derechos a la igualdad y no discriminación;
6. vi)La SC 1786/2011-R de 7 de noviembre, estableció que los principios no pueden ser tutelados mediante la acción de amparo constitucional; además, la aludida no individualizó la actuación con la que se omitió el principio de legalidad;
7. vii)La nombrada no agotó las vías recursivas previstas en el Código Tributario Boliviano;
8. viii)El procedimiento administrativo de impugnación tributaria posee especificidad que se vincula a la aplicación del art. 201 del referido Código, la supletoriedad solamente es posible a falta de disposición expresa, siendo inaplicable;
9. ix)Por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1715/2020, ordenó que se consideren los puntos impugnados de forma congruente y que se ingrese al fondo, determinación que fue cumplida a través de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0081/2021, notificada al impetrante de tutela el 27 de enero de 2021, quien no la cuestionó; y,
10. x)Desde el 21 de septiembre hasta el 23 de noviembre de 2020, procedió a la admisión del recurso jerárquico, estableció los plazos para prueba de reciente obtención, alegatos y emitió la respectiva resolución, tiempo en el cual el peticionante de tutela no presentó el reclamo relacionado a la admisión del recurso de alzada formulado por el SIN; por lo que, pretendió introducirlo mediante este mecanismo de defensa.

Jhonny Daniel Plata Arispe, Gerente de GRACO La Paz del SIN, por informe escrito presentado el 19 de julio de 2021, cursante de fs. 540 a 547 vta., y en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela, indicando que:

1. a)En una anterior oportunidad presentó denuncia ante la instancia disciplinaria del Consejo de la Magistratura contra René Oscar Delgado Ecos -ahora Vocal de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz-; por cuya razón, la mencionada autoridad judicial debió formular su excusa del conocimiento del caso;
2. b)El auto de admisión de la presente acción de amparo constitucional fue suscrito solo por un Vocal miembro de la enunciada Sala Constitucional, en inobservancia del art. 5 de la Ley 1104 de 28 de septiembre de 2018; vale decir, no existió el quorum necesario para ese efecto;
3. c)En cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1715/2020, la ARIT emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0081/2021, resolviendo revocar parcialmente la Resolución Determinativa 171929002550, fallo que mereció el Auto de Declaratoria de Firmeza de 18 de febrero de 2021; en virtud a que, ninguna de las partes interpuso recurso jerárquico dentro del término previsto por el art. 144 del CTB; aspecto que, el impetrante de tutela omitió exponer deliberadamente al momento de formular esta acción tutelar; tal hecho demostró que tuvo los recursos legales para impugnar la citada Resolución de alzada; empero, no lo hizo en los plazos establecidos;
4. d)De acuerdo a los arts. 108.3 del CTB y 4 del DS 27874, se anunció a la parte accionante que se daría inicio a la ejecución tributaria a partir del tercer día hábil siguiente de su notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 332129000956 de 17 de marzo de 2021, que fue puesto a su conocimiento el 23 de igual mes y año, y al no haberse efectuado el pago dentro del plazo establecido, la Administración Tributaria ejerció las facultades conferidas por ley;
5. e)En torno al anuncio de proceso contencioso y pedido de suspensión de ejecución de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1715/2020, el Proveido CITE:SIN/GGLPZ/DJCC/UCT/PROV/5/2020, estableció correctamente y de manera fundamentada, motivada y congruente que la referida Resolución no podía ni correspondía ser ejecutada por el ente fiscal; toda vez, que los antecedentes fueron remitidos a la ARIT La Paz para que emita nuevo fallo de alzada; vale decir, no dependía de la Administración Tributaria la suspensión de la Resolución jerárquica, al no contar con la jurisdicción ni competencia respecto al proceso sometido a la vía de impugnación ante la ARIT La Paz; además, no era susceptible de ejecución al ser anulatorio e inexistir deuda tributaria líquida, exigible y firme a ser ejecutada por el fisco; entendimiento que se encontraba en armonía con las SSCC 0446/2010-R de 28 de junio y 1290/2010-R de 13 de septiembre y la SCP 1892/2013 de 29 de octubre; por lo que, debería determinarse la improcedencia de esta acción de defensa, al no haberse utilizado oportunamente los recursos que el accionante tenía a su alcance para resguardar sus derechos en cumplimiento de los arts. 53.3 y 54.I del CPCo; la SC 0374/2002-R de 2 de abril y la SCP 0705/2015-S1 de 3 de julio;
6. f)Pretender que se suspendiera la ejecución del título de ejecución tributaria -constituido en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0081/2021, que no fue impugnado por la parte solicitante de tutela otorgando su pleno consentimiento a tal decisión- no era posible, habiendo precluido su derecho, concurriendo por tanto carácter de cosa juzgada; en consecuencia, las actuaciones realizadas por la administración tributaria en torno a esa ejecución se ajustaron al principio de legalidad como cimiento de la seguridad jurídica; y,
7. g)La parte accionante solicitó de manera verbal una reunión informativa; toda vez que, ya tenía conocimiento de la precitada Resolución de alzada, misma que se llevó a cabo el 24 de mayo del enunciado año; en ese acto, se le dio a conocer la liquidación de la deuda y las facilidades de pago a las que podía acogerse; ante lo cual, el aludido indicó que se comunicaría con el oficial de cobro.

María Esperanza Oporto Torrez, Directora Ejecutiva Regional a.i. de la ARIT La Paz, a través de sus representantes, por informe escrito presentado el 15 de julio de 2021, cursante de fs. 404 a 406, indicó que:

1. 1)En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1715/2020, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0081/2021, resolviendo revocar parcialmente la Resolución Determinativa, 171929002550, acto administrativo notificado a la parte solicitante de tutela el "27 de enero de 2021"; y,
2. 2)El anunciado fallo no fue objeto de recurso jerárquico dentro del término establecido por el art 144 del CTB; lo que, originó que por Auto de 18 de febrero del mismo año, se declare su firmeza -aspecto que fue notificado a la parte aludida el 24 de igual mes y año, en secretaría de la ARIT, conforme el art. 205 del CTB-; y, la devolución de antecedentes a la administración tributaria por Nota ARIT-SC-DEV-0052/2021 de 2 de marzo; sin embargo, no consta su participación en audiencia de garantías; no obstante, haberse indicado su presencia.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 222/2021 de 5 de noviembre, cursante de fs. 584 a 588 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:

1. i)La SC 0002/2012 de 13 de marzo, señaló que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional eficaz de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; debiendo interponerse siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los mismos; de igual modo, la SCP 0705/2015-S1 de 3 de julio, indicó que "...los litigios entre el Fisco y el contribuyente, que den lugar a los procesos administrativos cuyas resoluciones sean el resultado de hechos tributarios controvertidos, el que se considere afectado debe acudir previamente al proceso contencioso administrativo, tomando en cuenta que esa vía especializada jurisdiccional, es la que debe pronunciarse en resguardo de la imparcialidad en los fallos; la acción de amparo constitucional, no puede sustituir a la jurisdicción contenciosa administrativa, en el conocimiento de hechos controvertidos o situaciones que requieren de revalorización de la prueba...";
2. ii)Por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1715/2020, se anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0692/2020, a objeto que la ARIT La Paz emita un nuevo fallo, de manera fundamentada y motivada sobre los aspectos planteados por la parte peticionante de tutela en su recurso de alzada conforme los arts. 211 y 212.I del CTB; en consecuencia, la indicada Autoridad pronunció el Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0081/2021, mediante el cual revocó parcialmente la Resolución Determinativa 171929002550; ante ello, la prenombrada no presentó recurso jerárquico en el marco del art. 144 del referido Código; por lo que, dicha instancia dictó el Auto de Declaratoria de Firmeza de 18 de febrero de 2021; y,
3. iii)La parte accionante tampoco formuló demanda contenciosa administrativa en resguardo de sus derechos.

La parte accionante denuncia la transgresión de sus derechos a la petición, al debido proceso en sus componentes a la defensa, tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, motivación, fundamentación y congruencia; y, de los principios de seguridad jurídica y legalidad; toda vez que, dentro del proceso de fiscalización seguido en su contra:

1. a)El Gerente GRACO La Paz del SIN -codemandado-, no otorgó respuesta conforme al principio de pertinencia, respecto al memorial que presentó el 30 de noviembre de 2020, a través del cual anunció demanda contenciosa administrativa; de igual manera, pidió la suspensión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1715/2020 de 23 de noviembre, y ofreció constituir garantía bajo la modalidad de documento bancario dentro del plazo de noventa días; y,
2. b)La Directora Ejecutiva General a.i. de la AGIT -demandada- mediante el precitado fallo, anuló la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0692/2020 de 27 de agosto, no obstante la prohibición contenida en el art. 68 de la LPA; por otra parte, al admitir el recurso de alzada formulado por el señalado Gerente codemandado, no exigió el cumplimiento del art. 30 inc. f) del DS 27350.