1209/2022-S2

El 15 de enero de 2018, la mencionada firma comercial contestó de forma negativa, aduciendo que:

1. a)La demanda fue incongruente porque no se individualizó al infractor;
2. b)En dicha acción se indicó que los locales eran de Giovana Fernández Aravire y el acta de inspección de verificación de 23 de noviembre de 2017, señaló que la misma fue realizada en la calle 131 (lugar donde adquirió el producto), que no tiene asignado el número 1040; por tanto, no se relacionaba con la mencionada empresa, afirmando que la inspección fue para comprobar los actos cometidos por la prenombrada; y,
3. c)La actividad de la sociedad comercial, tercera interesada, consiste en la venta de globos y llantas según el Certificado de Registro de Comercio, aduciendo que no existe infracción alguna, por dedicarse a una actividad diferente.

El 28 de junio de 2019, la Directora de Asuntos Jurídicos del SENAPI, por medio de la Resolución Administrativa (RA) IF- 145/2019 de 28 de junio, declaró improbada la demanda de infracción, porque no se demostró que MARINTHON S.R.L., haya cometido la infracción denunciada; lo cual, dio lugar a la interposición del recurso de revocatoria, que fue rechazado a través de la RA IF-REV-016/2019 de 5 de septiembre, siendo la última objeto de recurso jerárquico y, a solicitud del recurrente se aperturó término probatorio de diez días, proponiendo por memorial de 26 de febrero de 2020, la declaración testifical de Ernesto Flores Ayala, ex Responsable de Infracciones del SENAPI, mereció decreto de 2 de marzo de ese año, y fue notificado a Emilio Surco Surco el 9 de noviembre de igual año; empero, mediante escrito de 18 del mismo mes y año, se apersonó e hizo conocer que era la nueva titular de la marca BABYÑOÑO y que los trámites de la transferencia se encontraban en la oficina del SENAPI desde el 12 de octubre del indicado año; sin embargo, el Director General Ejecutivo de aquella institución, coartando su derecho a producir prueba, la declaró no ha lugar; ya que, su persona no era parte del proceso, emitiendo la RA DGE/INF/J- 104/2020 de 31 de diciembre, resolvió rechazar el recurso jerárquico, y confirmando la determinación de primera instancia, bajo los argumentos:

1. 1)No se demostró que la infracción a derechos de propiedad industrial fuera cometida por MARINTHON S.R.L.;
2. 2)El CD que se adjuntó mostró como domicilio de la prenombrada en la av. Tihuanaku, calle 1140, villa Bolívar D, de la ciudad de El Alto;
3. 3)Según el Registro de Comercio, prestaba servicios de importación y exportación a nivel nacional e internacional y venta al por menor de otros productos, como ser globos, llantas, papel de regalo;
4. 4)El informe del ex Responsable de Infracciones del SENAPI no estableció que la tienda en la que realizó esa actividad era de dicha empresa; y,
5. 5)Respecto a que el propio representante de esa firma comercial reconoció que el local le pertenecía y coincidía tanto el NIT como la Matrícula de Comercio, según Reglamento Interno de Infracciones no era admisible la confesión de las partes; por lo que, no se demostró la infracción de los derechos de propiedad industrial.

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo:

1. i)Dejar sin efecto la RA DGE/INF/J- 104/2020 y el Auto aclaratorio de 5 de febrero de 2021, emitidos dentro de la acción de infracción a los derechos de propiedad industrial, expediente IF-93/2017, por Wenceslao Húmerez Tiñini y Gregorio Mamani Quispe, ex y actual Director General Ejecutivo del SENAPI, debiendo el último dictar un nuevo fallo acorde a las pretensiones de las partes, efectuando una correcta valoración probatoria, y sea en el marco de la Decisión 486 de la CAN, la Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamento; así como, del Reglamento de Procedimiento Interno de Acciones de Infracciones del SENAPI; y,
2. ii)Se declare la expresa condenación en costas, daños y perjuicios.

La solicitante de tutela a través de sus abogados, ratificó in extenso el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo señaló que:

1. a)El régimen de propiedad industrial se rige por la Decisión 486 de la CAN, el proceso de acción de infracción a los derechos de propiedad industrial, consiste en que cuando una persona logra obtener el registro de una marca de producto, tiene el derecho de prohibir a un tercero identificarse con el mismo signo distintivo o marca;
2. b)Isabel Aravire Aranibar fue la que atendió al momento de la inspección y vendió el producto a los funcionarios en aquel entonces, luego un "hombre" -quien resultó ser Mario Fernández Caqueo, representante de la empresa-, indicó que el establecimiento comercial pertenecía a MARINTHON S.R.L. y no a Giovana Fernández Aravire, exhibiendo documentación que lo acreditaba; por tal razón, habiéndose practicado la notificación y realizado la verificación; ante esos nuevos datos Emilio Surco Surco, pidió la nulidad de aquel actuado y sea diligenciada a dicha firma comercial, quedando subsistente el acta de verificación porque se constató que el pañal BABYNIÑO estaba en el mercado;
3. c)Hubieron suficientes elementos de prueba que mostraron la existencia de los actos infractores; empero, el SENAPI consideró que no fue así confirmando en revocatoria y jerárquico la Resolución Administrativa IF-145/2019, negándose a recepcionar la declaración testifical del "técnico Ernesto Flores", debido a que su persona no era parte del proceso, pese a que en materia administrativa la prueba tiene carácter de flexibilización vulnerando así el principio de verdad material; y,
4. d)También se lesionó el principio dispositivo que delimita la decisión a lo planteado y argumentado por las partes; pues, aspectos que no cuestionó la aludida empresa en su contestación, fueron forzados por el SENAPI, tales como el tema de la ubicación del local comercial, sito en la calle 131, entre calles Tiwanaku y Enrique Martínez 1040, donde la misma empresa afirmó que fue notificada; entonces, cuando la autoridad administrativa emitió la primera decisión omitió considerar prueba como el CD proporcionado por FUNDEMPRESA, del que pudo observar la solicitud de actualización de matrícula de comercio, siendo la propia empresa quien a través de un croquis especificó la calle 131 número 1040, realizando el SENAPI solo la valoración de la prueba que consideró conveniente, sin fundamentar su determinación, concluyó que la dirección de la aludida firma comercial era diferente a la del registro de comercio, sin tomar en cuenta las facturas con la dirección del local comercial en la calle 131 número 1040 -considerándolos el SENAPI como indicios-.

Gregorio Mamani Quispe, Director General Ejecutivo del SENAPI, a través de su representante, en la audiencia de garantías, señaló que:

1. 1)La acción de infracción fue admitida por medio del decreto de 20 de septiembre de 2017, inicialmente contra Giovana Fernández Aravire, por supuestos actos infractores de los derechos de Emilio Surco Surco, titular de la marca BABYÑOÑO; verificación realizada por Ernesto Flores Ayala, funcionario de la indicada institución pública;
2. 2)Mediante memorial de 29 de noviembre de ese año, Emilio Surco Surco solicitó la nulidad de la notificación de la antes nombrada practicada en el "domicilio N° 1040", y en observancia del principio dispositivo referido por la parte accionante, por decreto de 6 de diciembre del indicado año, se resolvió anular dicha diligencia;
3. 3)El prenombrado transfirió su registro a Pamela Mamani Surco; no obstante, ambos solicitaron la aludida nulidad; sosteniendo que el SENAPI, efectuó una valoración arbitraria, omitiendo considerar prueba aportada por Emilio Surco Surco; al respecto, el Reglamento de Procedimiento Interno de Infracción, estableció que una vez aperturado el término de prueba, aquel debió referirse a nuevos hechos, con documentos de reciente obtención; y,
4. 4)El supra mencionado presentó un CD y documentación concerniente al registro de comercio de la empresa MARINTHON S.R.L., impetrando la notificación de la última; empero, de la valoración de la prueba contenida en el expediente no advirtió literal idónea la cual hubiese acreditado que esa firma comercial haya cometido las acciones de infracción aducidas por la peticionante de tutela; por lo que, el SENAPI respetó plazos y el procedimiento previstos en el mencionado Reglamento.

La empresa MARINTHON S.R.L., a través de su representante, en audiencia de garantías sostuvo que:

1. i)No tuvo ninguna relación con la supuesta infracción, pues no se demostró que fuera el actual titular de BABYNIÑO y tampoco que sea fabricante directo de los pañales de esa marca;
2. ii)Según registros del SENAPI, los actuales titulares de las marcas en tendencia eran Emilio Surco Surco de BABYÑOÑO y Giovana Fernández Arivare de BABYNIÑO; además, el término Baby era de uso común, existiendo las marcas Babybebé, Babylu, Babysec, siendo que la marca BABYÑOÑO era débil en el mercado, pudiendo registrarse ambas, al ser distintivas en el comercio; por ende, no hubo la supuesta infracción;
3. iii)El Reglamento Interno de Acción de Infracción, estableció que, la misma está destinada a ser interpuesta contra cualquier persona -legitimación pasiva- que con sus actos infrinja los derechos de propiedad industrial;
4. iv)En la tienda comercial de la empresa MARINTHON S.R.L. "...no se estaba comercializando el pañal Babyñoño (...), cuyo registro evidentemente corresponde a la ahora accionante (...) se está vendiendo el pañal Babyniño..." (sic), que pertenecía a Giovana Fernández Arivare, quien era socia de la mencionada firma comercial, pero sus actos individuales no debieron ser atribuidos a una persona jurídica; y,
5. v)La marca BABYNIÑO fue legalmente registrada en el SENAPI por la prenombrada; empero, el 21 de diciembre de 2018, aquella fue declarada nula en instancia jerárquica, iniciando proceso contencioso administrativo contra tal decisión; por lo que, pidió que la acción tutelar sea rechazada.

Ante las preguntas de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestó que:

1. a)El proceso contencioso administrativo fue contra la Resolución Jerárquica DGE/NUL/J -0367/2018 de 21 de diciembre, que declaró la nulidad del registro de BABYNIÑO; y,
2. b)La acción por infracción no era procedente vía acción de amparo constitucional, porque a la fecha de interposición de este mecanismo de defensa la marca BABYNIÑO aún se encontraba vigente.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la Resolución 199/2021 de 10 de septiembre, cursante de fs. 467 a 476, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la RA DGE/INF/J- 104/2020, y que el Director General Ejecutivo del SENAPI emita una nueva, en un plazo no mayor de setenta y dos horas, a partir de la notificación con el referido fallo constitucional; con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)El impetrante de tutela cuestionó que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de esa entidad, al no revocar la Resolución recurrida, omitió considerar que las determinaciones de la autoridad inferior en grado fueron ultra petita, pues MARINTHON S.R.L., en su escrito de contestación, no opuso excepción alguna de las contenidas en el art. 61 del Reglamento Interno de Infracciones, ni incidentó la nulidad como prevé el art. 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), sino aludió a la incongruencia de la demanda, la producción de una inspección de verificación como medio probatorio y que su actividad consistía en la venta de globos y llantas; empero, la autoridad administrativa concluyó que esos hechos mostraban que dicha empresa no cometió la lesión a los derechos a la propiedad industrial del solicitante de tutela, aspecto que la referida Sala Constitucional encontró íntimamente ligado con la valoración de la prueba;
2. 2)Existía un acto ilegal entre BABYÑOÑO y BABYNIÑO, inicialmente un procedimiento de nulidad en el que intervino Giovana Fernández Aravire, quien formaba parte de la constitución de MARINTHON S.R.L.;
3. 3)La Decisión 486 de la CAN respecto a los sujetos pasivos señaló que, aquel que infrinja el derecho de propiedad industrial, la comercialización de bienes que tuvieran un trazo de identidad con aquellos que hubiesen sido tramitados en otra vía, debían haber sido enervados y no solo mencionar la prueba, sino considerarla individualmente, precisando el valor otorgado por la autoridad administrativa a los documentos otorgados por FUNDEMPRESA, a los miembros de esa firma comercial que respondieron a un registro público, del que advirtió que Giovana Fernández Aravire era hija de Mario Fernández Caqueo, representante legal de MARINTHON S.R.L.;
4. 4)El SENAPI omitió valorar algunos medios probatorios trascendentales para el caso, apartándose de los marcos de razonabilidad y equidad, emitiendo un fallo sin motivación ni fundamentación; sustentando su decisión en criterios superficiales, como un aspecto numérico;
5. 5)Era deber de la entidad demandada identificar el medio probatorio pertinente para el caso, pues el registro en FUNDEMPRESA mostró la existencia de una persona jurídica que se dedicaba al comercio, documento al que no se le otorgó el suficiente valor probatorio por la autoridad administrativa en revocatoria y jerárquico; ya que, una debida fundamentación y motivación no estaba librada a la voluntad de la autoridad, sino debió ser sustentada en la valoración de medios probatorios; y,
6. 6)La aludida Sala Constitucional advirtió que la valoración de la prueba realizada por el SENAPI en sus diferentes instancias, se apartó de los márgenes de razonabilidad y equidad lo que generó relevancia constitucional.

II.1. Cursan Acta Circunstanciada 34/2017 de 23 de noviembre, labrada por Notario de Fe Pública; e, Informe INF/SNP/DGE/DAJ 0084/2017 SNP/2017-09164 de 28 de noviembre, suscrito por José Antonio Guamán Deheza, Director de Asuntos Jurídicos; y, Ernesto Flores Ayala, Responsable de Infracciones, ambos del SENAPI, por el cual ese último informó al mencionado Director sobre la audiencia de inspección de verificación exp IF-93/2017, señalando que: "El día 23 de noviembre de 2017 nos constituimos con el Dr. Isidoro Placido Callizaya casas, Notario de Fe Pública No. 40 y con el Sr. EMILIO SURCO SURCO acompañado de su abogado el Dr. MARCELO ESCOBAR GABRIEL a los locales comerciales objeto de la inspección, que se encuentran ubicados (...) en:

1. 1)Calle N° 131 N° 1040 entre las calles Tiwanacu y Enrique Ramírez, zona Villa Bolívar 'D' y
2. 2)Avenida Rodolfo Palenque N° 40 61, zona 12 de Octubre, ambos de la ciudad de El Alto - Bolivia" (sic); asimismo, en la segunda dirección indicó que:"...existe un local comercial el cual se dedica a la comercialización de distintos productos entre los que están: papel higiénico, toallas higiénicas, pañales, detergentes, servilletas, etc., y entre los pañales se observó que se exhibían muchos de distintas marcas y entre los que se encontraban los de la marca BABYNIÑO..." (sic [fs. 120 a 123]).

Así, las señaladas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, concluyeron que las finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: "1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad;

1. 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia;
2. 3)Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación;
3. 4)Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad" (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, "...5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos..." (SCP 0100/2013 de 17 de enero²).

1. b.2)Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una "motivación arbitraria". Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) "Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales".

1. b.3)De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una 'motivación insuficiente"'.