Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1210/2010-R Sucre, 6 de septiembre de 2010
Expediente: 2007-16560-34-RAC Distrito: Oruro Magistrado Relator: Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés
En revisión la Resolución 234/2007 de 21 de agosto, cursante de fs. 65 a 69, pronunciada por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del recurso de amparo constitucional, ahora acción amparo constitucional, presentado por Demetrio Cleofe Choque Mamani contra Rosendo Gutiérrez Rojas, Juez Tercero de Instrucción en lo Penal y cautelar del mismo Distrito Judicial y Marina Portillo Llanque, Fiscal de Materia, denunciando la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso, previstos en los arts. 7 inc. a), y 16.II y IV de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido del recurso
Por memorial presentado el 17 de agosto de 2007, cursante de fs. 29 a 33 vta. de obrados, el recurrente sostiene:
I.1.1. Hechos que motivan el recurso
El 20 de marzo de 2007, la Fiscal recurrida formuló imputación en su contra por la supuesta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, solicitando la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; por lo que al ser dicha imputación imprecisa, ambigua, insuficiente e incongruente, planteó ante el Juez cautelar incidente de nulidad de la imputación formal por defecto absoluto; sin embargo, el Juez de Instrucción en lo Penal recurrido lo rechazó mediante Auto de 1 de agosto del mismo año.
Refiere que la imputación formal presentada en su contra no cumplió con los requisitos de contenido señalados por la , pues le impidió conocer con precisión en cuál de los tipos penales acusados se enmarcaba su conducta, ya que hubo una imprecisión en la subsunción del hecho al tipo penal, lo que supone un defecto absoluto de la imputación formal, debido a que no identificó con precisión en cuál de los hipotéticos penales se habría adecuado su comportamiento, ya que el tipo penal previsto en el art. 203 del Código Penal (CP), presupone la existencia de dos conductas punibles:
- 1)El que a sabiendas hizo uso de un documento falso y
- 2)El que a sabiendas hizo uso de un documento adulterado; de igual forma el tipo penal previsto en el art. 199 del CP, presupone dos conductas punibles:
- a)Insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas y
- b)Hacer insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas. El art. 198 del citado código, encierra seis hipótesis de conductas punibles: 1) Forjar en todo un documento público falso; 2) Forjar en parte un documento público falso;
- 3)Forjar en todo un documento público verdadero,
- 4)Forjar en parte un documento público verdadero;
- 5)Alterar en todo un documento público verdadero; y,
- 6)Alterar en parte un documento público verdadero.
Sostiene que el hecho de no haberse identificado en la imputación formal cuál fue su conducta considerada ilegal, le impidió realizar una defensa material objetiva, pues se trata de una imputación ambigua, general e imprecisa que desconoció el principio de “certeza de la imputación formal”. Los delitos que le fueron imputados tienen como elemento constitutivo el perjuicio; sin embargo, la imputación formal no precisa en qué consistió el perjuicio causado al querellante, toda vez que la escritura de transferencia 95/2004 -que se constituye en el elemento de la investigación- fue declarada nula y sin valor jurídico por el Juez Segundo de Instrucción en lo Civil del Distrito Judicial de Oruro, por ello no existía indicio alguno de daño causado al patrimonio del querellante.
Agrega que el Auto emitido por el Juez correcurrido que rechazó su incidente de nulidad de la imputación por defecto absoluto, resulta inmotivado e incongruente, toda vez que no ingresó al examen de fondo de los fundamentos de su incidente, limitándose a concluir que el Ministerio Público dio una correcta aplicación a los alcances del art. 302 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con lo que vulneró su garantía al debido proceso por ausencia de motivación en la Resolución que pronunció, vulneración que ha sido reconocida en las , y , ya que debió haber declarado la nulidad de la imputación formal. Por otro lado, el Juez recurrido se limitó a realizar una transcripción del contenido de la imputación formal, concluyendo que su persona actuó en forma dolosa y que con la participación de otras personas habría fraguado la minuta de 20 de enero y la escritura pública 95/2004, y que el hecho que la minuta de transferencia fuera anulada no excluía la responsabilidad penal, cuando dichas conclusiones sólo pueden ser arribadas y resueltas en sentencia por la autoridad competente; pues al tratarse de un Juez cautelar su competencia se limita al control de garantías constitucionales y no a establecer conclusiones sobre su culpabilidad o no en la comisión de los delitos imputados. Asimismo, en forma contradictoria concluyó que no podía ingresar a determinar la concurrencia del presunto perjuicio o dolo causado al querellante, porque implicaría inmiscuirse en actos de investigación.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El recurrente señala como vulnerados sus derechos a la seguridad jurídica, la defensa y al debido proceso, previstos en los arts. 7 inc. a), y 16.II y IV de la CPEabrg.
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