1213/2022-S4

El impetrante de tutela a través de su representante legal, ratificó su pretensión y ampliándola en audiencia, manifestó que:

1. a)Si bien es cierto que se le informó sobre el hecho que el inmueble comprado, estaba ocupado por los anteriores propietarios; es decir, la familia Quevedo, quienes vendieron la propiedad a Daniel Aranibar Talavera; éste último, le aseguró que los aludidos desocuparían el mismo, en el plazo máximo de veinte días;
2. b)Al momento de apersonarse al departamento, incluso conversó con la citada familia, escuchando su propuesta de pagarle por concepto de alquiler, si llegaran a retrasarse en la salida; señalándole que máximo sería en treinta días; sin embargo de ello, ya transcurrieron casi dos años, que los señalados de encuentran habitando la vivienda; sin tener documento alguno, que avale su permanencia;
3. c)La compra venta realizada entre él y Daniel Aranibar Talavera, se encuentra debidamente registrada en Derechos Reales; constituyendo por ello, título público oponible a terceros; y,
4. d)La familia aludida inició un proceso civil en contra de Daniel Aranibar Talavera, pretendiendo discutir un mejor derecho; sin embargo, dicho aspecto no les otorga derecho alguno de mantenerse ocupando un lugar que ahora le pertenece; más, si aún no existe sentencia ejecutoriada que rebata su derecho propietario.

Bernardo Marcos Quevedo Araoz, María del Carmen Araoz Mendoza y Carlos Marcelo Quevedo Araoz, a través de su abogado, en audiencia manifestaron que:

1. 1)No existe relación fáctica que establezca, cuál es el acto ilegal ocasionado, tampoco refieren cuál sería el agravio denunciado;
2. 2)Debe tomarse en cuenta que la Sala Constitucional Cuarta, dictó el "Auto 35/2020" dentro de una primera acción de amparo constitucional impetrada por el ahora solicitante de tutela, que fue declarada improcedente y no fue impugnada; dicha demanda, exponía los mismos hechos y derechos que ahora se pretenden sean analizados;
3. 3)El Folio Real presentado por el accionante, presenta gravámenes y restricciones en el asiento 4 emitidas por autoridad jurisdiccional competente, a raíz de un proceso instaurado en contra de Daniel Aranibar Talavera; en el cual, incluso se convocó a audiencia; en la que, participó el ahora impetrante de tutela; y,
4. 4)Respecto a Carlos Marcelo Quevedo Araoz, éste nunca vivió en el departamento que reclama; por tanto, no podría ser demandado en la presente acción de defensa.

Así mismo, Bernardo Marcos Quevedo Araoz, mediante informe presentado el 21 de julio de 2021, cursante de fs. 79 a 81 vta., señaló que:

1. i)Es propietario del bien inmueble consistente en un departamento con registro en DDRR, bajo la matrícula computarizada 2.01.0.99.0179141, ubicado en el edificio Torre Royal, calle Adolfo Gonzales 8149, zona Calacoto, con la denominación "B" PB2 Planta Baja, con una superficie de 145.84 m²; en tal calidad y con absoluta buena fe, otorgó un poder en favor de Daniel Aranibar Talavera, para que transfiera dicho inmueble en favor de terceros o de sí mismo;
2. ii)El indicado, sin cancelarme un solo centavo, se hizo transferir el inmueble a sí mismo y luego efectuó el registro en DDRR, para posteriormente transferirlo al ahora accionante; razón por la que, formuló demanda civil que radica ante el Juzgado Público Civil y Comercial Primero del departamento de La Paz, contra ambos sujetos; por ello, mientras se resuelva dicha causa, no procede ningún tipo de acción constitucional;
3. iii)La problemática que ahora plantea el impetrante de tutela, ya fue resuelta mediante el Resolución Constitucional 35/2020 de 14 de febrero, por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declarando la improcedencia de la misma; por lo tanto, lo resuelto, al no haber sido impugnado, cobró ejecutoria y el valor de cosa juzgada constitucional; y,
4. iv)El solicitante de tutela planteó excusa contra la Sala que resolvió la causa antes señalada, dando pie a que un nuevo Tribunal se manifieste sobre la causa, la cual ni siquiera debió ser admitida.

Finalmente, Daniel Aranibar Talavera, en audiencia manifestó que:

1. a)El 2018, Bernardo Marcos Quevedo Araoz, acudió a su oficina para solicitar un préstamo de $us100 000.- (cien mil dólares estadounidenses), dando en garantía el departamento ya referido, situación documentada a través de Escritura Pública 421/2018 (no indica fecha), de reconocimiento de deuda y forma de pago y garantía; al ser un documento coactivo, ejerció su derecho de anotar preventivamente el bien inmueble;
2. b)Cuando el aludido no pudo devolver el dinero ni cancelar los intereses acumulados, decidió transferir la vivienda otorgándole un poder especial, amplio y suficiente para poder presentarse ante las instancias pertinentes que permitan regularizar el derecho propietario, ya sea, por venta a tercero o a su persona;
3. c)Ejecutada la transferencia a su nombre, debía cancelar los gastos atinentes a catastro e impuestos; razón que motivó, al señalado, a otorgarle un cheque con cierto monto económico, que supuestamente cubriría dichos gastos; empero, el cheque no tenía fondos; de tal forma que, siempre supo de la transferencia realizada; y,
4. d)Una vez vendida la propiedad al ahora accionante, Bernardo Marcos Quevedo Araoz le abrió la puerta, enseñándole las instalaciones y le refirió que en treinta días desocuparía el mismo, pero el tiempo pasó y nunca salieron, bajo el pretexto de que su madre, ahora codemandada, se encontraba muy delicada de salud.