1215/2019-S1

Expediente: 24544-2018-50-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 3/2018 de 27 de junio, cursante de fs. 638 a 647, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Pablo Luna Apaza, Ana Beatriz Tito Mamani y Lizbeth Arancibia Estrada en representación legal de Eugenia Beatriz Yuque Apaza, Directora Nacional a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) contra Ángela Sánchez Panozo y María Tereza Garrón Yucra, Magistradas de la Sala Primera; y, Elva Terceros Cuellar y Rufo Nivardo Vásquez Mercado, Magistrados de la Sala Segunda, todos del Tribunal Agroambiental. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memoriales presentados el 18 y 26 de abril de 2018, cursantes de fs. 51 a 80; y, 85 a 89, la accionante, a través de sus representantes legales, expresó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro la demanda contenciosa administrativa interpuesta en su contra por Olavo Joner -demandante-, el 16 de octubre de 2017, Juan Ricardo Soto Butrón y Bernardo Huarachi Tola, Magistrados de la Sala Primera y Segunda, respectivamente del Tribunal Agroambiental -ahora ex Magistrados-, emitieron la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 97/2017 de 16 de octubre, en la que declararon probada dicha demanda y anularon la Resolución Suprema (RS) 15154 de 22 de junio de 2015, la cual resolvió la declaración de ilegalidad de la posesión del demandante respecto del predio "Montesión" en la superficie de 2054.9997 ha, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 397 de la Constitución Política del Estado (CPE); 64 y 67.II.1 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-; 310, 341.II.2 y 346 del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007, que declaró tierra fiscal la superficie de 806.9178 ha, y dispuso su inscripción definitiva en el Registro de Derechos Reales (DD.RR.) a nombre del INRA en representación del Estado Plurinacional de Bolivia. Sin embargo, el demandante como fundamentos inequívocos en dicha demanda, alegó que:

1. a)Hubo ausencia del informe de diagnóstico y de "mosaicado" (sic) e identificación de expedientes agrarios; y por ello, se incumplió los arts. 291, 292 y 293 del DS 29215;
2. b)La Resolución de Inicio de Procedimiento DDSC-R.A.-AREA.G. 190/2010 de 7 de diciembre, dispuso la publicación de la misma por una radio emisora local, como mínimo en tres ocasiones con intervalos de un día y dos veces por día, situación que no se cumplió, pues no cursan las notificaciones en el expediente, es más, de igual forma ocurrió con la Resolución de Ampliación DDSC-JS-R.A. 180/2011 de 20 de junio, lo cual vulneró el debido proceso, afectando el derecho a la propiedad privada, porque desconocía que la brigada de campo del INRA, realizaría el saneamiento en la zona, teniendo conocimiento el mismo día en que el funcionario fue a levantar la información y le hizo firmar una serie de papeles, sin ser asesorado;
3. c)El ente ejecutor no cumplió con la debida anticipación -cinco días- para notificarle con la citación, notificándole el 29 de junio de 2011, donde se advierte la alteración de este actuado, porque no tuvo certeza con claridad que día fue notificado, constituyéndose como vicio de nulidad absoluta y vulneración al debido proceso;
4. d)La ficha catastral fue levantada el 26 de igual mes y año, a horas 10:00, empero estuvo fuera de plazo, porque en el informe de cierre, la brigada del INRA dio por finalizada la etapa de campo a horas 09:00;
5. e)El certificado de verificación de la Función Económico Social (FES), y la verificación de conteo de ganado, fueron levantadas en la citada fecha, pero fuera del plazo, pues fue cerrado el periodo de relevamiento de información en campo anteriormente; por ello, se tuvo que todas las etapas de campo se realizaron de forma extemporánea, siendo nulo de pleno derecho;
6. f)Al momento de realizarse la valoración de la FES, el INRA alegó que cumplió el mismo en un 100%; sin embargo, posteriormente señaló que no cumplió dicha valoración;
7. g)En el informe en conclusiones, se le cambió a nacionalidad canadiense, siendo incorrecto;
8. h)Hubo contradicción en el Informe Legal DDSC-COR.INF 1496/2014 de 7 de agosto, por cuanto señalaron que no se apersonó a la socialización de resultados; no obstante, apareció su firma en el informe de cierre, pero cabe aclarar que los funcionarios no llegaron al lugar de su predio; por lo que, se apersonó al INRA donde le hicieron firmar dicho informe;
9. i)Pretenden aplicar la Constitución Política del Estado de manera retroactiva, vulnerando el art. 123 del mismo cuerpo legal, por cuanto su derecho a la propiedad privada fue obtenido mediante transferencia en 1992; es decir, siendo anterior a la promulgación de la Ley 1715, de la nueva Constitución Política del Estado y de la Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-; y,
10. j)La incorrecta aplicación de la causal de nulidad de los títulos ejecutoriales, pues señalaron que existía sobreposición en el área de la Reserva Forestal Guarayos y que los procesos de titulación fueron posteriores a la creación de esta reserva; sin embargo, el art. 2 del DS 08660 de 19 de febrero de 1969, solamente prohibió el asentamiento de colonos, es decir, aquellas personas que no son del lugar. Sobre los aspectos enunciados, manifestó que:
11. 1)La Resolución Administrativa (RA) DDSC-JS-R.A. 180/2011 de 20 de junio, resolvió ampliar el plazo dispuesto en la Resolución de Inicio de Procedimiento DDSC-R.A.-AREA.G. 190/2010 de 7 de diciembre y la RA DDSC-JS-R.A. 109/2011 de 23 de mayo, para la ejecución de relevamiento de información en campo del polígono 101, desde el 22 de junio al 6 de julio de 2011; en ese sentido, el 23 de junio de igual año, se notificó al demandante, para que se presente en el lugar de su predio en las citadas fechas, con la finalidad de participar activamente durante el desarrollo de levantamiento de información en campo; posteriormente, el 26 del mismo mes y año, se procedió al mismo, respecto al llenado de datos de la ficha catastral, acta de apersonamiento, recepción de documentos, formulario de verificación de FES de campo, acta de conteo de ganado, y fotografía de mejoras; aspectos que fueron debidamente ejecutados conforme a la normativa agraria en vigencia, demostrando su conformidad el demandante; empero, si bien el acta de cierre de levantamiento de información en campo, se da por finalizado en relación al polígono 101, este no fue observado en su momento; por lo que, se encuentra precluido el plazo para realizar la impugnación;
12. 2)El demandante no puede alegar indefensión, pues todas las actividades del relevamiento fueron debidamente cumplidas y verificadas, no existiendo omisión en cuanto a su resultado, más aun, que el nombrado de forma voluntaria y sin presión alguna suscribió su firma en señal de conformidad;
13. 3)Sustanciadas las distintas etapas dispuestas para el levantamiento de información en campo, considerando las previsiones de su Reglamento aprobado por DS 29215, se identificó al interior del área de trabajo, la propiedad denominada "Montesión", con una superficie mensurada de 2054.9997 ha, estableciéndose ficha de cálculo de FES en un 100%; y asimismo, conforme la documentación presentada por el demandante durante dicho trabajo, se evidenció la tradición agraria respecto al título ejecutorial individual 12166, cuyo antecedente agrario corresponde al expediente 48408 denominado "San Luis", que cuenta con Sentencia de 26 de mayo de 1983, Auto de Vista de 28 de junio de 1984, y Resolución Suprema de la misma fecha, al margen de estos antecedentes, el demandante realizó su declaración jurada de posesión pacífica del predio, declarando tener la posesión pacífica, pública y continuada desde el 27 de agosto de 2003; bajo ese contexto, se emitió el Informe Técnico de Relevamiento de Expediente DDSC-COR-G-Ñ.CH.INF. 964/2014 de 27 de junio, por el cual se evidenció que el expediente agrario 48408 "San Luis", se encuentra sobrepuesto al polígono 101, predio "Montesión", correspondiendo su análisis legal, conforme establece la Ley 1715 modificada por la Ley de Reconducción Comunitaria de Reforma Agraria -Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006- y su Reglamento DS 29215;
14. 4)Conforme a procedimiento, se emitió Informe Técnico DDSC-COR-G-Ñ.CH.INF. 926/2014 de 27 de junio, en el que se advirtió que dicho predio se sobrepone en un 100% a la Reserva Forestal Guarayos, aspecto que define la situación legal de este predio; por tal sentido, el Informe en Conclusiones de 4 de junio de 2014, consideró como aspectos que estando el expediente agrario 48408 denominado "San Luis", sobrepuesto a la propiedad "Montesión", y esta a su vez se encuentra sobrepuesta en un 100% a la citada reserva, que fue declarada área protegida mediante DS 08660, se encuentra afectado con vicio de nulidad absoluta, porque fue tramitado con posterioridad a la creación de la misma, lo cual trasgredió los arts. 1 del DS 12268 de 28 de febrero de 1975 y 310 del DS 29215;
15. 5)Conforme a los datos de dicho expediente agrario, la posesión del demandante al aludido predio fue posterior a la promulgación DS 08660 que declaró reserva forestal;
16. 6)De acuerdo al documento de identidad presentado por el demandante durante el relevamiento de información en campo, y estando en vigencia la nueva Constitución Política del Estado, corresponde su adecuación constitucional del proceso de saneamiento del predio "Montesión" en aplicación del art. 396.II del mismo cuerpo legal, que establece que ninguna extranjera o extranjero, bajo ningún título, podrá adquirir tierras del Estado, siendo concordante con la disposición adicional primera de la Ley 477, cuyos aspectos fueron fundamentados en el informe en conclusiones, para declarar tierra fiscal el indicada propiedad agraria, respecto a la superficie de 2054.9997 ha, debiendo registrarse a nombre del INRA en representación del Estado Plurinacional de Bolivia;
17. 7)Emitido el informe en conclusiones, en cumplimiento del art. 305.1 del DS 29215, los resultados generales del proceso de saneamiento fueron registrados en el informe de cierre, documento que fue puesto a conocimiento del nombrado, quien firma en señal de constancia, empero no realizó ninguna observación o denuncia alguna;
18. 8)Respecto al Informe Legal DDSC-COR.INF 1496/2014 de 7 de agosto, que refiere que el demandante no se apersonó a la socialización de resultados, pero se le dio por notificado; sin embargo, cabe aclarar que el nombrado por propia declaración en su memorial de demanda, alegó haberse apersonado en forma posterior al INRA, donde procedió a la firma de conformidad con el resultado de su propiedad;
19. 9)El prenombrado entró en confusión en relación a la interpretación de la normativa agraria al referir que en una parte reconoce la FES en un 100% y líneas más abajo ya no, al decir que el Informe en Conclusiones cambia la nacionalidad de apersonado, cuando su documento expresó que existe contradicción en el informe de socialización cuando el resultado del mismo es claro;
20. 10)La Resolución Suprema anulada cumplió con lo establecido por el DS 29215, razón por la cual es totalmente falso lo aseverado por el demandante, más aún que el art. 429 del Código de Procedimiento Civil (CPCabrog) establece que, los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, podrán producirse en juicio originales o en copia certificada expedida por funcionarios competentes con arreglo a las leyes; y además, las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible, de estos instrumentos, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario;
21. 11)Enmarcó su decisión en apegó a la Ley 1715 modificada por la Ley 3545, y su Reglamento DS 29215; por ello, sustanció el proceso de saneamiento cumpliendo todas las etapas y actividades previstas en la normativa agraria; y,
22. 12)El demandante solamente pretendió el perfeccionamiento de su derecho propietario en el predio "Montesión", pero transgrediendo el derecho a la propiedad, porque cuenta con una posesión ilegal, al recaer el mismo dentro del área de la Reserva Forestal de Guarayos; y además, fue ilegal al adquirir esa propiedad por tener nacionalidad extranjera. Alega que, las Salas Primera y Segunda del Tribunal Agroambiental, en el momento de la emisión de la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 97/2017 respecto a los indicados puntos que fueron la respuesta a la demanda contenciosa administrativa, no realizaron la debida fundamentación, motivación y congruencia, simplemente limitaron a repetir de manera similar todo el contenido de las observaciones de la parte demandante, ni valoraron la prueba recabada dentro del proceso de saneamiento, pues dicha Sentencia Agroambiental de forma escueta declaró probada la demanda contenciosa administrativa y anuló la RS 15154 -Resolución Final de Saneamiento-, sin considerar que la instancia del proceso contencioso administrativo ante el Tribunal Agroambiental es para que se realice un control judicial de legalidad del proceso de saneamiento ejecutado por el INRA, y cuyo objeto es garantizar la seguridad jurídica, la legalidad y la legitimidad de las Resoluciones dictadas en sede administrativa, debiendo ingresar al análisis de la demanda en relación a los puntos acusados en el mismo, los fundamentos de hecho y de derecho, del memorial de contestación, réplica y dúplica, y el examen del ámbito normativo; sin embargo, aquellos aspectos no se encontraron inmersos en la nombrada Sentencia. Agrega que, anteriormente la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 85/2016 de 16 de septiembre, fue impugnada por el demandante a través de la interposición de otra acción de amparo constitucional, misma que mereció la Resolución de 10 de marzo de 2017, la cual concedió la tutela; posteriormente, se elevó en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que emitió la SCP 549/2017-S3 de 19 de junio, en la que confirmaron en parte la tutela, pero únicamente respecto al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y defensa, en virtud que en la citada Sentencia impugnada no hubo la identificación de un pronunciamiento concreto sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad del DS 11615 de 2 de julio de 1974 al caso -modificatorio al DS 08660-; sin embargo, en la Sentencia ahora cuestionada tampoco hizo mención a la falta del citado pronunciamiento concreto sobre dicha aplicabilidad. I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados La parte accionante, alegó la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa, a la valoración de la prueba, y al principio de seguridad jurídica, sin citar norma constitucional alguna. I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se anule la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 97/2017 de 16 de octubre, y dispongan que la Sala Primera del Tribunal Agroambiental dicte una nueva Sentencia conforme a derecho con la fundamentación y motivación respectiva, y con la valoración de la prueba recabada en el proceso de saneamiento, sin la anulación de obrados ni de la RS 15154 de 22 de junio de 2015, y otros actos administrativos emitidos por el INRA, dándose por válidos todos los actuados realizados respecto al proceso de saneamiento del predio denominado "MONTESION-TIERRA FISCAL". I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías Celebrada la audiencia pública el 27 de junio de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 625 a 637 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La parte impetrante de tutela, ratificó el contenido de su acción de amparo constitucional y ampliándola señaló que:
23. i)En relación a la legitimación activa, adjunto su credencial que demuestra que es funcionaria del INRA, y conforme a los arts. 129 de la CPE y 52 del Código Procesal Constitucional (CPCo) interpuso esta acción de amparo constitucional; y,
24. ii)El demandante alegó que no existe informe respecto a la sobreposición de la Reserva Forestal Guarayos; sin embargo, cursa el Informe Técnico DDSC-COR-G-Ñ.CH.INF 926/2014 de 27 de junio, en el cual claramente de advierte que el predio del nombrado se encuentra sobrepuesto a dicha reserva en un 100%. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas Ángela Sánchez Panozo y María Tereza Garrón Yucra, Magistradas de la Sala Primera; y, Elva Terceros Cuellar, Magistrada de la Sala Segunda, todas del Tribunal Agroambiental, por informe escrito de 26 de junio de 2018, cursante de fs. 512 a 516 vta., refirieron que: a) La legitimación pasiva constituye una carga procesal para el accionante, quien tiene la obligación de identificar a la autoridad judicial a quien se le atribuye la vulneración de derechos y garantías constitucionales, como también se establece en una obligación de los Jueces y Tribunales de garantías verificar y exigir su cumplimiento en la etapa de admisión de la acción de amparo constitucional y en caso de omitirse su ejecución en dicha etapa, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional denegar la citada acción sin ingresar al análisis del fondo de la problemática planteada, por cuanto una acción de defensa no podrá ser resuelta soslayando los derechos de las otras partes, en este caso el derecho a la defensa de la autoridad que presuntamente causó la lesión que motivó la misma; b) La Sentencia Agroambiental Nacional S1a 97/2017, no fue emitida por las nombradas; c) Anteriormente fue dictada la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 85/2016, misma que fue recurrida a través de la interposición de otra acción de amparo constitucional, en la que se emite y se confirma en parte mediante la SCP 0549/2017-S3, constituyéndose por ello en cosa juzgada constitucional; razón por la que, no corresponde la admisión de esta acción y deberá ser declarada improcedente en mérito a los arts. 16, 17 y 53 del CPCo; d) Los argumentos de la demanda de dicha acción carecen de sustento jurídico, por cuanto las observaciones al proceso de saneamiento que dio lugar a la Sentencia cuestionada, fueron cabalmente resueltas en cumplimiento a la SCP 0549/2017-S3; e) El peticionante de tutela no precisó donde radica la falta de motivación y fundamentación, por ello, omitió expresar que la Sentencia cuestionada cumplió a cabalidad lo dispuesto por la citado fallo constitucional, razón por la cual no fue evidente el reclamó que de manera forzada extrayendo algunas partes de la Sentencia cuestionada intentó vincular a derechos y garantías supuestamente vulnerados; por tal razón, los ex Magistrados que emitieron la mencionada Resolución en ningún momento lesionaron derechos y garantías constitucionales, más al contrario, en merito a su labor de impartir justicia, realizaron un análisis claro respecto a la demanda contenciosa administrativa y en estricta aplicación de la normativa legal vigente, en ese sentido, resolvieron de manera fundamentada, motivada y congruente garantizando el debido proceso; por lo que, no se apartaron de los marcos de objetividad y razonabilidad; ante ello, declararon probada dicha demanda, conforme a los elementos del proceso, razón por la cual no hubo falta de valoración de prueba; y además, en relación al derecho a la defensa no se manifestó de qué forma o como se habría quebrantado ese derecho; f) Conforme a los elementos del proceso de saneamiento, las ex autoridades advirtieron que en la sustanciación del mismo existió irregularidades que no se ajustaron a la norma en vigencia, por cuanto la información cursante en el proceso no ha sido generada en el marco que establece la ley, hecho que conllevó a que la jurisdicción agroambiental disponga la emisión de un nuevo informe en conclusiones, en virtud que el INRA no procedió en apego a las normas señaladas para declarar tierra fiscal la totalidad de la superficie del predio "Montesión"; toda vez que, el beneficiario Olavo Joner, cambio de subadquirente a poseedor legal y que al ser el beneficiario un simple poseedor extranjero, no implica la supuesta ilegalidad de su posesión, entendiéndose que el citado beneficiario, como comprador de buena fe del alegado predio, debió ser considerado poseedor legal conforme lo reconoce la Ley Fundamental y la normativa agraria; y, g) La parte accionante no acudió ante el entonces Juez Público Civil, Mixto de Partido y Sentencia Penal Segundo de Concepción del departamento de Santa Cruz, que sustanció la acción de amparo constitucional, misma que concedió la tutela, y que fue confirmada en parte por la SCP 0549/2017-S3, a efectos de activar el recurso de queja conforme establece los arts. 16 y 17 del CPCo, para que sea tratada y considerada en el ámbito constitucional. Rufo Nivardo Vásquez Mercado, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, pese a su citación a fs. 505, no compareció a la audiencia ni elevó informe alguno. I.2.3. Informe de los terceros interesados Adolfo León Rejas, Secretario Ejecutivo; Demetrio Zeballos García, Secretario General; Héctor Huanca Marca, Secretario de Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; y, Erick Fuentes Fernández, Secretario de la Comisión Tierra y Territorio y Medio Ambiente, todos del Comité Ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (FSUTC) del departamento de Santa Cruz, por memorial escrito de 14 de junio de 2018, cursante de fs. 494 a 497, refirieron que: 1) El predio "Montesión" no cumplió la FES, y perjudicó al interés colectivo; por ello se emitió la RS 15154, en función a sus atribuciones legales y a las normas positivas declaró tierra fiscal dicha propiedad agraria, tierra que es trabajada pacíficamente por la Comunidad Campesina "16 de Julio II", quienes si realizaron la función social conforme establece el art. 2 de la Ley 1715, modificada por la Ley 3545 y art. 37 de la CPE; 2) En el citado predio se encuentran asentadas cuarenta y seis familias campesinas, donde tienen sus viviendas, diversidad de productos y ganados, sustentado las necesidades básicas de sus familias de manera pacífica y sin afectar ningún derecho; 3) Conforme establece el art. 180.I de la CPE, Fabio Roberto Joner, presunto propietario no tiene derecho legítimo, pues no existe normativa para hacer respetar su derecho, más aun que la tierra de la mencionada propiedad agraria se encuentra dentro la Reserva Forestal Guarayos; 4) Este ciudadano mediante una supuesta transferencia, adquirió un título ejecutorial el 16 de septiembre de 1991, pero en franca vulneración a la creación de la Reserva Forestal Guarayos en 1969, porque a través de "Decreto Ley 7779 de 3 de agosto de 1966" (sic), quedó prohibido el asentamiento en toda el área de la citada reserva; y, 5) El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la emisión de la SCP 0549/2017-S3, concedió en parte la acción de amparo constitucional interpuesta por el citado supuesto propietario; siendo aquello, en relación al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y defensa; sin embargo, los ex Magistrados del Tribunal Agroambiental de manera parcializada, extralimitando sus atribuciones y competencias emitieron la Sentencia cuestionada, en contra de los intereses y derechos del Estado, con el fin de beneficiar al nombrado respecto a la tierra fiscal. Los integrantes del Comité Ejecutivo de la FSUTC del departamento de Santa Cruz, por memorial complementario de 27 de junio de 2018, cursante de fs. 618 a 624, refirieron que: i) En relación al último considerando de la citada Sentencia Agroambiental cuestionada que hace mención a la aplicación del art. 396.II de la CPE, no estuvo debidamente fundamentado, como también hubo incongruencia y contradicción en el punto 4 del mismo; ii) Referente a la realización de las pericias de campo fuera de plazo, en la parte resolutiva de la nombrada Sentencia se determinó que la subsanación sea hasta el Informe en Conclusiones, lo cual vulneró el debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia, así como la "mala valoración de la legalidad ordinaria" (sic) establecido en el art. 115.II de la CPE;
25. iii)Los arts. 320.I, 321.I inc. c) del DS 29215 debieron ser tomados en cuenta por la indicada Sentencia Agroambiental;
26. iv)Respecto al último considerando en los puntos 8 y 9 de la nombrada Resolución, se constató que si bien señala que el Informe Técnico DDSC-COR-G-Ñ.CH.INF. 926/2014, refiere que el predio "Montesión" se encuentra sobrepuesto en un 100% a la Reserva Forestal Guarayos, así como el Informe en Conclusiones de 4 de junio de 2014; empero, en base al Informe Técnico Complementario DDSC-COR.G-Ñ.CH.INF. 925/2014 de 27 de junio, se estableció que ante el incumplimiento del art. 1 de la Ley de 6 de noviembre de 1958 y del DS 08660 que crea la citada reserva, precisa que el expediente agrario 48408 contiene vicios de nulidad absoluta, por cuanto se encuentra sobrepuesto a la señalada reserva; por ello, sugirió que se dicte Resolución Suprema Anulatoria del Título Ejecutorial y del aludido expediente del predio "Montesión" en cumplimiento del art. 396.II de la CPE y la Ley 477 que establece la ilegalidad de la posesión del demandante por ser extranjero, ante ello, se declare tierra fiscal a dicho predio; sin embargo, las autoridades judiciales demandadas, apoyándose en Sentencias Constitucionales Plurinacionales, concluyeron valorando en la mencionada Sentencia que la titulación de la nombrada propiedad agraria dentro de esta reserva ha sido por culpa del "Juez Agrario de Santa Cruz" (sic) que sustanció el proceso de dotación del mismo; es decir, no sería atribuible al administrado sino a la administración pública, dado que la posesión de las personas extranjeras en el este predio que fue adquirido de buena fe tendrían derecho al saneamiento, pero no fundamentaron, motivaron y valoraron que el INRA en virtud del art. 320.I del DS 29215 anuló el Titulo Ejecutorial de la citada propiedad agraria así como su antecedente agrario 48408, en mérito a que se identificó un vicio de nulidad absoluta porque la misma se encontraba sobrepuesta dentro de una área protegida, en este caso de dicha reserva; en ese sentido, el INRA lo único que hizo fue cumplir el "art. 321, parágrafo I" (sic) que señala son vicios de nulidad absoluta: inciso c) "Las dotaciones o adjudicaciones que se hubieran realizado en áreas de conservación o protegidas", lo que significa que la entidad administrativa obró conforme a derecho, anulando el referido expediente agrario, declarando tierra fiscal el predio "Montesión"; además, declaró ilegal la posesión de la misma, en relación a personas que no nacieron en territorio boliviano, en cumplimiento estricto del art. 396.II de la CPE que establece: "Las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título podrán adquirir tierras del estado", norma que concuerda con lo previsto por el art. 46.II de la Ley 1715 que dispone que: "Las personas extranjeras naturales y jurídicas no podrán ser dotadas ni adjudicadas de tierras fiscales en el territorio nacional", lo que significa que la aludida Sentencia cuestionada al margen de no valorar dichas normativas, también vulneró las mismas; por cuanto otorgó derechos a personas extranjeras sobre este predio que fue declarado tierra fiscal por el INRA en el proceso de saneamiento ejecutado;
27. v)Si bien las autoridades judiciales demandadas hicieron cita del art. 396.II de la CPE en la nombrada Sentencia; sin embargo, no fundamentaron ni valoraron los arts. 46.II de la Ley 1715; 320.I y 321.I inc. c) del DS 29215;
28. vi)Respecto al art. 410 de la CPE, dichas autoridades en los puntos 8 y 9 del ultimo considerando de la citada Resolución, si bien se enmarcaron en la invocación de Sentencias Constitucionales Plurinacionales para la otorgación de derechos a personas extranjeras sobre el predio "Montesión" refiriendo que se habrían contravenido los arts. 13 con relación al 393 y 410 de la mencionada norma; y además, la normativa supranacional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; empero, no efectuaron una debida interpretación de los arts. 13.IV y 410.II de la CPE; en ese mérito, las aludidas autoridades no solamente trasgredieron el debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia establecidos en el art. 115.II de la Norma Fundamental, sino también la errónea interpretación de la legalidad ordinaria, en materia agraria -hoy agroambiental- de los arts. 13, 393.I y 410 de la CPE;
29. vii)En el punto 4 del ultimo considerando de la indicada Sentencia que hizo mención a la realización de las pericias de campo fuera de plazo, si bien observa que la etapa de relevamiento de información en campo fue realizada de manera posterior al cierre de este periodo y por ello consideraron que el ente administrativo hubiera vulnerado el debido proceso, porque las señaladas autoridades identificaron diferentes fechas, días y horas ha momento de realizarse el trabajo del señalado levantamiento, ello significa que las nombradas debieron haber dispuesto que la subsanación sea hasta la actividad de las pericias de campo, pero contradiciéndose disponen que la subsanación sea hasta la actividad del informe de conclusiones, lo que demuestra que la aludida Sentencia emitida ha sido incongruente y contradictoria, por cuanto no existe relación y coherencia entre lo manifestado en el indicado punto con la parte resolutiva de dicha sentencia ahora cuestionada; y,
30. viii)El art. 128 de la CPE establece que la acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, en mérito a ello, la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 97/2017 no tuvo la debida fundamentación, motivación, congruencia, así como también se constató la falta de pronunciamiento y errónea interpretación de normas agrarias y constitucionales, situaciones por las cuales deberá quedar sin efecto la misma. En audiencia de 27 de junio de 2018, el abogado de la FSUTC, alegó que: a) La Sentencia Agroambiental Nacional S1a 97/2017, que ahora es cuestión de esta acción de amparo constitucional, vulneró el derecho al debido proceso inmerso en el art. 115.2 de la CPE en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; y además, hubo defectuosa valoración de la legalidad ordinaria, en este caso de la Ley 1715, porque el art. 396.2 de la CPE, establece que las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título podrán adquirir tierras del Estado; b) En dicha Sentencia cuestionada, en el primer considerando respecto a los puntos 8, 9 y 10, Resli Gengnagel, Cristiano, Odair Fabricio y Fabio Roberto Joner, ahora terceros interesados demandaron que se hubiera vulnerado el art. 123 de CPE, alegando que se aplicó retroactivamente el art. 396.II de la CPE, y también el DS 08660, que ha creado la Reserva Forestal Guarayos; sin embargo, los ex Magistrados analizaron las citadas cuestiones en relación a los puntos 8 y 9; empero, en el último considerando de esta Sentencia, no se refieren a estos dos puntos, solamente hicieron referencia de la irretroactividad del art. 123 de la CPE, pero no fundamentaron, solamente indicaron que la posesión de los ahora terceros interesados, actuaron de buena fe, cuyo extremo lo definieron a través de Sentencias Constitucionales Plurinacionales que hacen mención al pacto de San José de Costa Rica; c) La Ley 1715 establece dos modalidades de distribución de tierras, siendo la dotación y la adjudicación, la primera a favor de comunidades indígenas originarias campesinas y la segunda a favor de poseedores, pero en estas dos modalidades, el dueño de esas tierras es el Estado, y también los que tienen derecho propietario de la Reforma Agraria de 1953 en adelante, que no tuvieron ningún vicio de nulidad; por ello, se les reconoce el derecho propietario; sin embargo, ya no hubo distribución, dotación ni adjudicación, en este caso del predio "Montesión"; es decir, el INRA cuando realizó el proceso de saneamiento verificó que evidentemente este predio tuvo título de antecedente agrario, razón por la que conforme establece el art. 320.I del DS 29215, el INRA tiene la facultad a través de un proceso de saneamiento para revisar si estos títulos o antecedentes agrarios tendrían vicios de nulidad absoluta o relativa y el art 321.I inc. c) de este decreto, señala que, es vicio de nulidad absoluta aquellos predios o antecedentes agrarios que estén sobrepuestos a un área protegida y en este caso la aludida propiedad agraria se encontraba dentro de la Reserva Forestal Guarayos, establecida por DS 08660; es decir, cuando se tramitó el proceso agrario del mismo, mediante este decreto no debió haberse titulado el mismo porque estaba dentro de una reserva forestal; por ello, el INRA verificó el proceso de saneamiento en base a estos artículos, en el que observó vicio de nulidad absoluta y ante ello anulo los antecedentes agrarios de título, y esa tierra volvió a poder del Estado, en cumplimiento del art. 396.II de la CPE que establece que, los extranjeros y las extranjeras no pueden adquirir bajo ningún título tierra del Estado, pero este artículo no fue cumplido en la Sentencia ahora cuestionada; d) La Constitución Política del Estado fue promulgada el año 2009 y la Ley 1715 el 28 de octubre de 1996; de tal modo, el art. 396.II ya estuvo reglamentado en el año 1996; sin embargo, los ex Magistrados no respondieron aquello vulnerando el debido proceso por falta de motivación, fundamentación y congruencia porque no dieron respuesta a lo pedido por el INRA en el proceso contencioso administrativo, incluso hubo defectuosa valoración de la legalidad ordinaria en relación a la Constitución Política del Estado, porque las ex autoridades alegaron que al ser poseedor de buena fe, deberá aplicarse los tratados internacionales, el pacto de San José de Costa Rica y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, en virtud al art. 410 de la CPE, en relación al art. 13 del mismo cuerpo legal; sin embargo, no hicieron un análisis ni tampoco dieron respuesta correcta a lo solicitado; e) El art. 410 de la CPE, establece que la Constitución Política del Estado se encuentra por encima de los tratados y convenios internacionales; sin embargo, aquello no fue fundamentado en la cuestionada Sentencia; y, f) Se debió respetar el artículo 396.II de la CPE, por cuanto los extranjeros no pueden ser sujetos a adjudicación ni dotación en tierras fiscales, mediante aquello, no se pretende alegar que no tengan derechos los supuestos propietarios, pero hubo requisitos para adquirir la nacionalidad boliviana, la cual debieron haber previsto en su momento para la adjudicación de tierras.

Roberto Carlos Avilés Corcuy, en representación legal de Resli Gengnagel, Cristiano, Odair Fabricio y Fabio Roberto Joner, en audiencia de 27 de junio de 2018, señaló que:

1. 1)Fundamentó su contestación a través de tres aspectos, siendo el primero relacionado a la falta de legitimación activa por incumplimiento de los requisitos legales de representación en la persona que ha planteado esta acción tutelar; segundo, la falta de exposición clara de los derechos y garantías que se habrían vulnerado; y tercero, la ausencia de causalidad entre las alegaciones de legalidad ordinaria con relación a los derechos constitucionales;
2. i)Respecto al primer punto referente a la legitimación activa, se tuvo el acta de posesión de Eugenia Beatriz Yuque Apaza, con el cargo de Directora Nacional a.i. del INRA, además existe fotocopia simple de la Resolución Suprema que hace mención al nombramiento de dicha Directora, quien a través de un poder especial bastante e insuficiente otorga a favor de Juan Pablo Luna Apaza, Ana Beatriz Tito Mamani y Lisbeth Arancibia Estrada, abogados, y la ultima es quien firma la demanda y la subsanación de la citada acción; sin embargo, de la lectura del contenido del poder se estableció que la referida Directora otorgó el mismo con base a un instructivo y en ella se transcribió la resolución en la cual se la nombro como Directora del INRA, pero la mencionada abogada está actuando en representación y en ejercicio de una funcionarla pública, y no se encuentra actuando como persona de derecho privado si no público, debiendo sujetarse al art. 50 de la Ley 1715 que hace mención a la delegación en el ejercicio de las atribuciones a los inferiores, la cual será a través del acto de delegación, mediante la cual se notificara al delegado y a las partes interesadas; es decir, a su persona mediante edicto o personalmente, pero no existió notificación ni publicación porque no hubo una resolución administrativa de delegación de funciones; por ello, el INRA no puede actuar en esta acción de defensa, por cuanto inobservo la formalidad de legitimación activa, en virtud que dicha abogada debió presentar la resolución administrativa que le delegó para representar al INRA en esta acción de amparo constitucional, siendo aquella también alegada en la SCP 1331/2015-S2; de tal modo, el citado poder no fue suficiente; es más, en relación a la falta de legitimación activa, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que quien debe reclamar el derecho vulnerado deberá ser la persona afectada, pues de acuerdo a la exposición deficiente del accionante, como también de los terceros interesados, quienes alegaron que se habría vulnerado el deber de fundamentación, sobre ese aspecto cabe aclarar que su persona demando el proceso contencioso administrativo porque se aplicó de forma retroactiva la Constitución Política del Estado y el Tribunal Agroambiental no respondió directamente ese aspecto cuando dictó su Sentencia; por ello, quien tiene legitimación activa para reclamar este aspecto es su persona, pero no lo hizo porque la Sentencia cuestionada estaba fundamentada y motivada;
3. ii)En relación al segundo punto, que no fue fundamentado adecuadamente la vulneración de derechos y garantías constitucionales, resulta que el abogado de la FSUTC alegó que, la sentencia cuestionada no estuvo debidamente motivada; sobre ello como primer punto el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la 0SCP 0221/2012 de 8 de noviembre y complementado por la SCP "0100/2013", establece que la finalidad implícita del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o motivada conlleva a resolver un conflicto o una pretensión; bajo ese razonamiento, es que fue resuelto un conflicto respecto al derecho propietario, referente a la vulneración de procedimientos que originó la anulación de ese derecho, por el cual se protegió a la persona individual frente a la acción de una entidad del Estado que procedió de manera incorrecta en la vulneración de ese derecho; y como segundo punto la resolución deberá brindar el convencimiento a las partes, mediante aquello, la Sentencia cuestionada no fue arbitraria, más bien observo el valor justicia, el principio de razonabilidad y congruencia, amparándose en normas legales y en la interpretación de la ley; y,
4. iii)Respecto al tercer punto, relacionado a la causalidad, deberá existir una clara vulneración de derechos y garantías constitucionales de manera transcendente para que la acción de amparo constitucional sea procedente, siendo aquello inobservado en el presente caso, para cambiar la decisión de la Sentencia cuestionada, en la que más bien se dio a conocer que no hubo el informe técnico de diagnóstico y ante ello, la adquisición de ese predio no podrá ser considerado de mala fe, más aun que a Olavo Joner no le dotó el Estado el predio agrario, sino lo compró a través de un crédito bancario que le fue otorgado;
5. 2)Resulta que el proceso de saneamiento exige la realización de un informe técnico legal de diagnóstico, ese es el primer paso antes de ingresar al campo, razón por la que, la entidad accionante deberá realizar este informe para una visión general de lo que se va a sanear en el campo y así establecer cuáles son los derechos propietarios que se encuentran dentro de un polígono, pues es una forma geométrica, mediante la cual se va establecer el saneamiento, en el que se verificara cuáles son las áreas afectadas por la reserva forestal y otro tipo de observaciones, cuya inexistencia de este informe técnico legal, conlleva a que las personas no puedan conocer si su derecho propietario se encuentra o no sobre una reserva forestal; por ello, el Tribunal Agroambiental se ha percatado que en este proceso no consta el informe técnico legal de diagnóstico; de tal modo, no habiendo ese informe Olavo Joner tenía la posibilidad de presentar sus títulos propietarios y así asumir defensa real y efectiva de su derecho propietario, pero no tuvo conocimiento de este saneamiento, por cuanto se le notificó el "28 de junio" (sic) con una resolución que data como "fecha 29 de junio" (sic); es decir, un día antes de que la resolución exista, también hizo mención a que las pericias terminaron el "6 de julio" (sic) y el conteo de ganado se realizó fuera de ese plazo establecido para las pericias, las cuales fueron reclamados en la demanda contenciosa administrativa, pero como respuesta recibió que no es suficiente para declarar la nulidad; y,
6. 3)La entidad accionante señaló que el DS 08660 creó la Reserva Forestal Guarayos, pero aquel fue modificado por el DS 22407, mismo que amplió las áreas de colonización y ha reducido dicha reserva; sin embargo, no se tomó en cuenta esta disminución en el momento de valorar los títulos propietarios de Olavo Joner; por ello, el Tribunal Agroambiental estableció que la falta de consideración de ese Decreto Supremo fue atentatorio a los derechos, porque quedó viciada de nulidad la resolución final de saneamiento y el informe en conclusiones del mismo, en virtud que no fue considerado dicho decreto. Marcelo Cerón, pese a su notificación a fs. 327, no compareció a la audiencia ni elevó informe alguno. Juan Francisco Cruz, pese a su notificación mediante comisión instruida de fs. 529 a 541, no compareció a la audiencia ni remitió memorial alguno. Eladio Uraeza Abacai, pese a su notificación a través de comisión instruida de fs. 544 a 553, no se apersonó a la audiencia ni presentó informe alguno. I.2.4. Resolución La Jueza Pública Civil y Comercial Décima Tercera -en suplencia legal del Juzgado Público Civil y Comercial Décimo Segundo- del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2018 de 27 de junio, cursante de fs. 638 a 647, concedió en parte la tutela solicitada, con relación del derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, disponiendo que las autoridades demandadas emitan nueva resolución, tomando en cuenta las consideraciones asumidas, con base a los siguientes fundamentos:
7. i)Conforme a los antecedentes de la presente acción de amparo constitucional y contrastada con la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 97/2017 de 17 de octubre -siendo lo correcto 16-, se establece que tiene como principal fundamento el art. 396 de la CPE, que señala: I. El Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en superficies mayores a las reconocidas por la ley, así como su división en superficies menores a la establecida para la pequeña propiedad; y, II. Las extranjeras y extranjeros bajo ningún título podrán adquirir tierras del Estado; bajo ese contexto, la Sentencia Agroambiental cuestionada refiere que la totalidad del predio "Montesión" fue declarado tierra fiscal por el hecho de que Olavo Joner era extranjero; por ello, no le sería aplicable el art. 396.II de la CPE de acuerdo a lo establecido en las disposiciones adicionales, segundo párrafo IV de la Ley 477, el cual señala que se debe de garantizar los derechos de propiedad agraria de los poseedores nacionales; sin embargo, si bien en dicha Sentencia se citaron varias Sentencias Constitucionales Plurinacionales relacionadas al derecho a la propiedad privada, pero no dan razones de la decisión asumida con la debida fundamentación, misma que se constituye en un elemento intelectual de contenido crítico, valorativo y lógico que consiste en el conjunto de razonamientos de hechos y derechos en los cuales el órgano jurisdiccional apoya su decisión; y,
8. ii)En relación a la falta de fundamentación y motivación de la citada Sentencia ahora cuestionada, la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, establece que, la motivación no implicara la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo; además, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; en sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas, que en el caso de autos se encuentran ausentes, ya que toda decisión debe estar debidamente fundamentada y motivada, con el debido respaldo y justificativo, debiendo tomarse en cuenta al efecto las normas legales y/o administrativas aplicables al caso en cuestión, teniendo además que existir una correspondencia cabal entre lo fundamentado y lo decidido, teniendo como base los antecedentes de la problemática planteada; bajo ese razonamiento y dada la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, corresponde conceder en parte la tutela invocada, conforme la línea jurisprudencial establecida. En vía de complementación y enmienda, el representante legal de los terceros interesados, señaló que:
9. a)La Jueza de garantías deberá fundamentar su resolución de conformidad a los elementos que fueron formulados en audiencia, por cuanto se tuvo que dio lectura de su fallo, pero que fue preparado antes de esta audiencia de acción amparo constitucional; y,
10. b)Se pronuncie en relación a la personería del INRA, como también sobre la legitimación activa y los elementos de relación de causalidad. En vista de ello, la Jueza de garantías, indicó que: 1) El art. 36.8 del CPCo establece que, la resolución que conceda o deniegue respectivamente la tutela solicitada, será emitida oralmente en la audiencia e inmediatamente ejecutada, su lectura implicará la notificación a las partes que también la recibirán por escrito, mediante copia legalizada; por lo que, cumplió dicho artículo, por cuanto comunicó su fallo de forma oral; y, 2) Se admitió la demanda de esta acción de defensa previa verificación de la legitimación activa y personería de la entidad accionante conforme establece el Código Procesal Constitucional; y por ello, se señaló la audiencia respectiva por la titular de este Juzgado, porque su persona solamente actuó bajo suplencia legal; y respecto a la relación de causalidad, expuso los derechos y garantías que supuestamente fueron vulnerados por la citada Sentencia cuestionada. I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional Mediante decreto de 18 de diciembre de 2018, cursante a fs. 1035, se dispuso la suspensión del plazo a objeto de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo por decreto de 5 de diciembre de 2019, (fs. 1095), por lo que la presente Resolución es pronunciada dentro de plazo establecido. Al no existir consenso en la Sala, de conformidad con el art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se convocó al Presidente de éste Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis. II. CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. A través de la RS 15154 de 22 de junio de 2015, emitida dentro del proceso de saneamiento de tierras comunitarias de origen (SAN TCO GUARAYOS), polígono 101, entre otros aspectos dispone: 3º Declarar la ilegalidad de la posesión de Olavo Joner respecto al predio denominado Montesión en la superficie de 2054.9997 ha, ubicado en el municipio de Ascensión de Guarayos, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz; asimismo, como disposición 4º declara tierra fiscal dicha superficie, conforme a especificaciones geográficas y demás antecedentes (fs. 870 a 874).