1216/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1216/2022-S1 Sucre, 12 de octubre de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 42917-2021-86-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 14 de 10 de agosto de 2021, cursante de fs. 62 vta. a 66, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Francy Gambarte Cardona en suplencia legal de la Directora y Eufronia Villca Mamani, Defensora Pública, ambas del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de A.A. contra Yoany Karen Ojeda Gabriel, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera; José Orlando Rojas Baspineiro, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero, ambos de Cotoca; Walter Roberto Paredes Villarroel, Fiscal de Materia; y, Vaneza Quinteros Miranda, Funcionaria Policial, todos del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de agosto de 2021, cursante a fs. 10 a 14 vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 14 de junio de 2021, el Juez de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz, en audiencia de procedimiento abreviado emitió sentencia condenatoria en su contra; es así, que el 3 de agosto del señalado año, interpuso excepción de incompetencia, puesto que al momento del hecho denunciado el mismo contaba con 17 años de edad. Entonces, declarándose probada la referida excepción, se derivó el proceso ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de la misma localidad y departamento.

En consecuencia, se evidencia un acto lesivo en inicio respecto a la Investigadora Asignada al Caso, Vaneza Quinteros Miranda, esto en razón a que la misma en primera instancia ejecutó el mandamiento de aprehensión, sin considerar los alcances de la Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-. Además, el Fiscal de Materia ahora demandado no estuvo presente durante su declaración informativa, cuando dicho actuado debe ejecutarse de forma obligatoria en su presencia.

Respecto al Juez de Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca, cuando se planteó la excepción de incompetencia, se solicitó disponer la nulidad de todos los actos procesales hasta el vicio más antiguo y la emisión del correspondiente mandamiento de libertad. Sin embargo, incumpliendo con el art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no se declaró la nulidad de los actuados procesales y menos emitió el referido mandamiento, encontrándose por ello, ilegalmente privado de su libertad.

Finalmente con relación a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Cotoca del departamento de Santa Cruz, se observa que la misma ya habiendo tenido conocimiento del proceso, tampoco emitió mandamiento de libertad y de forma contraria, corrió en traslado al Ministerio Público para que dentro de las veinticuatro horas se pronuncie, consumando su detención ilegal e indebida durante más de seis días continuos.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela alega como vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 8.II; 22, 23.I; 115, 116.II; y, 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela solicitada y disponga la nulidad de todos los actos procesales hasta el vicio más antiguo, que es el acta de aprehensión del menor de edad y en consecuencia se ordene su libertad inmediata.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia virtual de la presente acción de defensa, se celebró el 10 de agosto de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 61 a 62 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Vaneza Quinteros Miranda, funcionaria policial, no presento informe escrito e ingresando a audiencia virtual no emitió ningún pronunciamiento.

I.2.3. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en el expediente, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1. Cursa Acta de Denuncia de 11 de junio de 2021, presentada ante la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) "Genoveva Ríos" del departamento de Santa Cruz, por Lucía Serrudo Vela, la cual refirió que:

"EN FECHA 11/06/2021 PERSONAL DEL COMANDO PROVINCIAL DE COTOCA A CARGO DEL SR. SOF. 2DO. ERNESTO CASTILLO CONDUJO EN CALIDAD DE APREHENDIDO AL SR. FERNANDO ZAMBRANA MENACHO POR EL PRESUNTO DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA, A DENUNCIA DE LA SRA. LUCÍA VELA SERRUDO, SIENDO VÍCTIMA LA SRA. SONIA HUAYLLAPA SERRUDO, ASIMISMO LA DENUNCIANTE REFIERE LO SIGUIENTE: Resulta que el día de ayer la ex pareja de mi hija se hizo presente en mi domicilio en estado de ebriedad en compañía de otro chico más de ahí del barrio, quienes se ingresaron a mi domicilio con un Machete y empezó amenazar ahora si me la basa pagar hija de puta y el dueño de casa y vecinos salieron de la casa por que alquilamos varios y empezó amenazar a todos y destrozó las ventanas mi hija se asustó y empezó a llorar y mis vecinos en salida de defensa de nosotros y mi hija fueron agredidos por este chico y su amigo que se dio a la fuga, es así que empezamos a hablarle con calma por que estaba drogado y no queríamos que haga más daño, toda la noche lo hemos tenido así a buenas llamamos a Radio Patrullas y nadie vino hasta esta mañana que se hizo presente la policía a las 08 en mi domicilio y lo detuvieron y mi hija se fue a trabajar porque ella trabaja en los pozos, asimismo quiero hacer conocer que no es la primera ves que la agrede a mi hija o nosotros el día domingo pasado igual la persiguió y le quitó su teléfono, ellos se separaron hace 3 meses porque la agredía mucho y el consume mucho bebidas alcohólicas y ella es la que trabaja y el le quitaba su dinero, por lo que pido se proceda conforme a ley" (sic [fs. 2]).

II.2. Consta Acta de Aprehensión por efectivos de la Policía de Cotoca, ejecutada el 11 de junio de 2021 a horas "11:30", donde se refiere que se procedió al arresto de AA -ahora accionante-, detallando los datos del mismo se describe:

"...C.I. No porta; Edad: 18 años; fecha de nacimiento: 07/04/2002; estado civil: soltero; ocupación: desocupado; domicilio: no tiene domicilio. Al estar en etapa de investigación preliminar por presunto delito de violencia familiar o doméstica, a efectos de que el presente caso pase a conocimiento del Ministerio Público" (sic).

Lleva las firmas del aprehendido y de la Sgto. 2do. Vaneza Quinteros Miranda, Investigadora FELCV de Santa Cruz (fs. 3).

II.3. Se evidencia Acta de lectura de Derechos y Garantías Constitucionales de 11 de junio de 2021, constando el nombre de "Vaneza Quinteros Miranda" pero firmado solamente por el denunciado, haciéndole conocer sus derechos y garantías constitucionales (fs. 4).

II.4. Cursa Acta de declaración informativa de 11 de junio de 2021, en la cual se identifica a AA de "18 años de edad", con fecha de nacimiento de 4 de abril de 2002, quien asistido por su abogada se abstuvo de declarar; dicho actuado se encuentra suscrito únicamente por el denunciado y su abogada (fs. 5).

II.5. El 12 de junio de 2021, Walter Roberto Paredes Villarroel, Fiscal de Materia -ahora demandado-, presentó inicio e imputación formal en contra de AA, nacido el 4 de abril de 2002 con 18 años de edad, siendo la víctima NN por el delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP) (fs. 28 a 30 vta.).

II.6. Mediante acuerdo legal de procedimiento abreviado de 14 de junio de 2021, suscrito entre el Fiscal Walter Roberto Paredes Villarroel, el abogado defensor y el imputado -ahora impetrante de tutela-, éste último admitiendo ser autor y partícipe del delito de violencia familiar o doméstica, acepto su sometimiento a la salida alternativa, el cual constituye un acto de libre voluntad, renunciando al juicio oral público continuo y contradictorio, acordando la pena de privación de libertad de tres años a cumplirse en el centro de rehabilitación de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz (fs. 36 y vta.).

II.7. A través de Acta de Audiencia de 14 de junio de 2021, efectuada en instalaciones del Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz, el imputado se declaró culpable, renunciando al juicio oral manifestando que su declaración seria libre, voluntaria y sin ninguna presión (fs. 37 y vta.).

II.8. Mediante Sentencia 32 de 14 de junio de 2021, emitida por José Orlando Rojas Baspineiro, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz, por la que se acepta el acuerdo legal de procedimiento abreviado de ejecución de idéntica fecha, suscrito entre el Ministerio Púbico, el acusado y su abogado, estableciendo como condena la pena de tres años de reclusión en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz "Palmasola", disponiendo elevarse copia de la sentencia y del mandamiento de condena al Juez de Ejecución Penal (fs. 38 a 40).

II.9. Por Mandamiento de Condena de 14 de junio de 2021, José Orlando Rojas Baspineiro, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz, ordenó al Director del Centro de rehabilitación Santa Cruz "Palmasola" la inmediata detención del condenado AA, quien no portaba su carnet de identidad (fs. 43).

II.10. Consta certificado de nacimiento emitido el 31 de julio de 2021, por el cual se evidencia la fecha de nacimiento de AA, signada el 4 de abril de 2004 (fs. 46).

II.11. Cursa memorial de excepción de incompetencia de 3 de agosto de 2021, por el que Eufronia Villca Mamani Defensora Pública del SEPDEP, en representación sin mandato de AA, solicita disponer la nulidad de todos los actos procesales hasta el vicio más antiguo como la declaración informativa del citado menor AA y en consecuencia se libre mandamiento de libertad y declinado competencia, remitiendo todos los actuados procesales a la autoridad competente (fs.47 a 48 vta.).

II.12. Por Resolución 66 de 4 de agosto de 2021, emitido por José Orlando Rojas Baspineiro, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz, declara probada la excepción formulada por Eufronia Villca Mamani, Defensora Pública del SEPDEP en representación sin mandato de AA, ordenando en la vía declinatoria remitir actuaciones procesales ante el Juez competente, siendo el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Cotoca del mismo departamento, a efectos de que tome conocimiento del mismo y asuma las determinaciones que correspondan (fs. 49 a 50 vta.).

II.13. Cursa Oficio 510/2021 de 5 de agosto, emitido por José Orlando Rojas Baspineiro, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz; por el cual se procede a la remisión de expediente, siendo recibido por el Juzgado Público Mixto Civil, Comercial, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Cotoca en la misma fecha (fs. 52 vta.).

II.14. Mediante Auto 05/21 de 5 de agosto de 2021, emitido por Yoany Karen Ojeda Gabriel, Jueza Público Mixto Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Cotoca del departamento de Santa Cruz, por el que determina anular obrados hasta fs. 1 y ordena que el representante del Ministerio Público en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas readecue su imputación, y a posterior se procederá a celebrar audiencia para su inmediata resolución (fs. 53 vta. a 55).

II.15. Se evidencia notificación de 9 de agosto de 2021, realizada a Walter Roberto Paredes Villarroel, Fiscal de Materia, con Oficio de remisión 05/21 y Auto de 5 de agosto de 2021 (fs. 55 vta.).

II.16. Se verifica Imputación Formal y solicitud de salida alternativa de terminación anticipada de 10 de agosto de 2021, presentado ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz, por el que Walter Roberto Paredes Villarroel, Fiscal de Materia, requiere resolver lo solicitado en contra del adolescente AA, y se fije día y hora de audiencia. (fs. 57 vta., a 60).

II.17. Por Proveído de 10 de agosto de 2021, Yoany Karen Ojeda Gabriel, Jueza Público Mixto Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Cotoca del departamento de Santa Cruz, señala audiencia pública de medidas cautelares a considerarse el 11 de igual mes y año a horas 8:30 a.m. (fs. 60 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre la abstracción del principio de subsidiariedad en la acción de libertad respecto a grupos vulnerables

Al respecto, la jurisprudencia constitucional, mediante la SC 0160/2005-R de 23 de febrero1, estableció lineamientos sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, señalando que en los supuestos en los que la norma prevea medios idóneos de defensa; es decir, cuando existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través del habeas corpus -ahora acción de libertad-.

De igual manera, la SC 0589/2011-R de 3 mayo se pronunció respecto a la subsidiariedad excepcional, no obstante, estableció la inaplicabilidad de ese instituto procesal cuando se trate de la tutela del derecho a la vida; en tal sentido precisó:

El art. 18 de la CPE abrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional (las negrillas son nuestras).

Por su parte, la SC 0255/2011-R de 16 de marzo, se pronunció sobre la inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional con relación al grado de vulnerabilidad del agraviado y/o peticionante de tutela, desarrollando lo siguiente:

No obstante, como se indicó, la subsidiariedad es una excepción y no la regla, por tanto y como ya se estableció en las sentencias indicadas, dados los derechos tutelados por la acción de libertad, en los casos de que inclusive existan medios procesales idóneos dentro del proceso ordinario, si los mismos resultan ineficaces para la tutela dada las circunstancias del caso, como por ejemplo tratándose de medidas cautelares aplicadas a menores de edad, mujeres embarazadas o con hijos lactantes, a personas de la tercera edad, enfermos graves, o que tengan la vida en situación de peligro, dada su situación de riesgo por esa situación natural; no les es aplicable la subsidiariedad excepcional; pues al merecer protección especial del Estado por su condición que los coloca en desventaja frente al resto de la población, esos derechos se trasladan al ámbito proceso penal y conlleva a la aplicación de la regla y no así de la excepción (el resaltado es nuestro).

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado constantemente fallos que en congruencia y en armonía entre sí, promueven la protección de los grupos que se encuentran en vulnerabilidad, de modo que, dichas Sentencias Constitucionales son aplicables a todos los tipos de acciones tutelares, como es el caso de la acción de libertad -más aun por el principio de informalidad que goza- ya que es el medio de defensa idóneo para garantizar, proteger y/o tutelar los derechos a la vida, la integridad física, la libertad personal y de locomoción; consecuentemente, no es posible exigir el agotamiento de los mecanismos procesales ordinarios inmediatos para su activación cuando se tratare de personas integrantes de grupos vulnerables, quienes tienen atención prioritaria, tal como la SCP 0998/2014 de 5 de junio2 se pronunció sobre la abstracción del principio de subsidiariedad al tratarse de adultos mayores, mujeres embarazadas trabajadoras, niños -entre otros-, pese que no se hubieran agotado los medios de impugnación previstos por la norma por corresponder estos a grupos de atención prioritaria; reflexión constitucional, que a su vez fue secundado por la SCP 0140/2018-S4 de 16 de abril.

De igual forma la SCP 1323/2016-S2 de 6 de diciembre, señaló que:

Sobre este tópico, la SCP 1564/2014 de 1 de agosto, desarrolló el siguiente entendimiento: ?La amplia jurisprudencia constitucional, ha establecido excepciones, en consideración a la vulneración de derechos fundamentales, vinculados a personas que requieren de una protección inmediata, abstrayendo exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, los instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional, ha denominado como grupos vulnerables, que comprende a los niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad, personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, que requieren de una protección inmediata, por ello en estos casos inclusive se hace abstracción del principio de subsidiariedad en las acciones de defensa, las que pueden ser presentadas de manera directa, no obstante de existir los medios en la vía ordinaria o administrativa" (el resaltado nos pertenece).

Bajo el mismo criterio la SCP 0832/2019-S1 de 4 de septiembre3 hizo hincapié en la abstracción a las exigencias procesales ante la protección reforzada que existe a los denominados grupos vulnerables, como son: los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, las minorías étnicas o raciales; y, los adultos de la tercera edad; personas que, por su vulnerabilidad gozan de protección inmediata por parte del Estado en todas sus instancias, e incluso de la abstracción del principio de subsidiariedad en las acciones de defensa para poder interponerlas de manera directa, a pesar de existir los medio de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico.

Consecuentemente, es posible concluir en que, es pertinente la abstracción del principio de subsidiariedad cuando se denuncie la transgresión de derechos y garantías constitucionales al tratarse de personas en condiciones de vulnerabilidad por pertenecer a un grupo de protección especial por el Estado.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El art. 8.II de la Constitución Política del Estado, se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad -arts. 178 y 180.I de la CPE-, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema.

Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma en una interpretación evolutiva del artículo 125 de la CPE4 de parte del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando las tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa.

En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril5, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad.

En esa misma línea, la SCP 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que:

"Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales."

A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, esta misma SCP 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que:

"Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril)."

En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional citada, reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:

"...en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad"

III.1. Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho

De lo desarrollado y explicado precedentemente se llega a la comprensión de que la jurisprudencia fue uniforme en asumir que la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual también deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Bajo ese razonamiento el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia fue conociendo casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; es por ello, que ante la evidencia de dichas demoras este Tribunal fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, por lo que exige a los administradores de justicia a su observancia.

En tal sentido, la jurisprudencia a través de los años fue estableciendo supuestos de procedencia para la activación de este tipo de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, generando sub reglas para la consideración de distintos actos dilatorios, entre ellos, sobre la consideración de aplicación de medidas cautelares, lo inherente a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, entre otros; por lo que, para conocer esta evolución dinámica de la jurisprudencia constitucional en relación a estos casos donde se ve involucrada la celeridad, y por los que se puede activar a la justicia constitucional, se hace necesario citar a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que efectuó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad, siendo estos:

La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas:

Ahora bien, posterior a la SCP 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril6, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que:

"d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley. "

Asimismo, la SCP 0110/2012 de 27 de abril7, siguiendo el entendimiento de que en las solicitudes de cesación de la detención preventiva, las autoridades están obligadas a tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, moduló la sub regla establecida en el inc. b) de la SC 0078/2010-R, señalando que al estar expresamente fijado el plazo para señalar audiencia en el art. 132.1 del CPP al tratarse de un actuado de mero trámite, estableciendo que dicho señalamiento deberá ser providenciando en el plazo de 24 horas, bajo el siguiente texto:

"...ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento."

Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación8, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de 24 horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de 48 horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva; es decir, el señalamiento de audiencia y resolución de la solicitud debe ser dentro las 48 horas.

Por otro lado, de manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio9, advierte que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, debiendo ser resuelta por el tribunal de alzada en el pazo improrrogable de setenta y dos horas, de no hacerlo dentro del plazo señalado significa dilación indebida en el proceso, vulnerando así los derechos a la libertad, vida y otros, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la señalada resolución.

De la misma forma, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero10, entienden que es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, de manera excepcional, es decir, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, vencido dicho plazo la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que también puede ser denunciado ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

En el mismo sentido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre afirma que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual, se computa el plazo previsto en el art. 251 del referido Código.

Con similar entendimiento, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente de la forma siguiente:

"i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.