1222/2019-S1

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1.Contenido de la demanda Por memoriales presentados el 7 y 15 de marzo de 2019, cursante de fs. 130 a 138; y 143 a 147, la parte accionante manifestó: I.1.1. Hechos que motivan la acción El 19 de agosto de 2015, suscribieron con Zenobia Quispe Quispe documento privado de compra-venta de un lote de terreno ubicado en la avenida Julio Téllez esquina Cobija de la zona Alto Tacagua de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, acuerdo que fue complementado con otro documento de 4 de noviembre de igual año; sin embargo, la compradora incumplió su obligación al no haber efectivizado el pago de la deuda que aún tenía pendiente. Agregaron que, fueron sorprendidos con una denuncia interpuesta por la compradora por la presunta comisión del delito de estafa, quien alegó que el terreno objeto de la venta no existe y que se le habría vendido otro lote ubicado en zona roja y por lo mismo no podía construir. Hecho que fue investigado y del cual no se tiene prueba, pues el monto de dinero comprometido y no pagado, resulta el motivo para inventar un delito inexistente. Señalaron que, producto de un proceso preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas se inició un proceso monitorio por incumplimiento de pago que se tramita en el Juzgado Público Civil y Comercial Quinto del departamento de La Paz y que se encuentra en fase de resolución. Así también, que interpusieron acción de libertad ante las constantes amenazas de persecución y la parcialización del fiscal de materia y que en fase de conciliación entregaron $us10 000.- (diez mil dólares estadounidenses) a la denunciante, pues no hubo mala fe en la venta, más al contrario, la intención fue regularizar los trámites pendientes para perfeccionar la venta. Manifestaron que, el Fiscal de Materia Gustavo Reynaldo Balderrama Tola, a la conclusión de la etapa preparatoria y en cumplimiento al Auto de conminatoria 086/2018 de 15 de mayo, "DECRETÓ SOBRESEIMIENTO" a favor de la coimputada Pilar Machicado Osco, determinación que no es extensible para el coimputado Luis Feliciano Yujra Mariño, quien mereció acusación formal, determinación que omitió considerar el documento privado de 19 de agosto de 2015 y que no les fue notificada. Refirieron que, impugnado el requerimiento conclusivo de sobreseimiento por la parte denunciante, la autoridad ahora demandada, mediante Resolución FDLP/WEAL/S 15/2018 de 22 de noviembre, revocó dicho requerimiento conclusivo, ordenando que el Fiscal de Materia formalice acusación contra Pilar Machicado Osco dentro del término legal; por cuanto, no se habría cumplido a cabalidad la labor de investigación del hecho denunciado, a pesar que en el transcurso de la investigación se presentaron memoriales solicitando se colecten mayores elementos de convicción para llegar a la verdad material del ilícito investigado. Finalmente, manifestaron que el sobreseimiento emitido como acto conclusivo reviste calidad de cosa juzgada impidiendo la doble persecución penal por el mismo hecho; así también que el contrato suscrito por la venta del terreno corresponde que sea conocido y dilucidado en materia civil y la supuesta víctima ni siquiera sustentó la presunta inexistencia del lote de terreno objeto de controversia. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados La parte accionante alegó la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa; citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicitaron se "admita" la acción de amparo constitucional. I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías Celebrada la audiencia pública el 25 de marzo de 2019, según consta en el CD de audio cursante a fs. 177, se produjeron los siguientes actuados. I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La parte accionante ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional señalando que:

1. a)El requerimiento conclusivo de sobreseimiento que se emitió tenía calidad de cosa juzgada y por lo mismo no podía ser revocado; y,
2. b)El objeto en debate es de índole civil y no penal, pues converge en la trasferencia de un lote. I.2.2. Informe de la autoridad demandada Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscal Departamental de La Paz (en suplencia legal) presentó informe escrito de 25 de marzo de 2019, cursante de fs. 151 a 158, manifestando que:
3. 1)La determinación de revocar el requerimiento conclusivo de sobreseimiento no vulneró ni afectó los derechos constitucionales de la parte ahora accionante;
4. 2)La línea jurisprudencial emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció que la valoración de la prueba es propia de la jurisdicción ordinaria, por lo que, no se puede activar esta vía constitucional para revisar la actividad de los tribunales ordinarios;
5. 3)Respecto a las presuntas irregularidades alegadas por la parte impetrante de tutela (proceso sin contenido de investigación, ni diligencias de notificación), actos que constituirían actividad procesal defectuosa, correspondían que sean denunciado o se pongan en conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente;
6. 4)No es evidente que se haya omitido considerar el documento privado, pues lo mencionó y consideró en el "apartado II.3 Análisis del Caso Concreto" contenido en la Resolución FDLP/WEAL/S 15/2018 que se emitió;
7. 5)Tampoco es cierto que los ahora accionantes no hayan sido notificados con el requerimiento conclusivo de sobreseimiento de 25 de mayo de 2018, así lo demuestran los formularios de notificación que cursan en obrados;
8. 6)La invocación de los derechos presuntamente vulnerados carecen de fundamentación fáctica, pues no existe nexo de causalidad entre el hecho o acto lesivo y el derecho lesionado; y,
9. 7)Las salas constitucionales no tienen competencia para modificar la situación procesal de la parte accionante, debido a que en obrados cursa acusación formal. Por lo que pide se deniegue la tutela. I.2.3. Resolución La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 11/2019 de 25 de marzo, cursante de fs. 160 a 161 vta., denegó la tutela bajo los siguientes fundamentos:
10. i)La acción de amparo constitucional recae sobre actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos o particulares que restrinjan o amenacen con restringir o suprimir derechos fundamentales;
11. ii)Son tres los argumentos de la parte accionante en relación a la "impugnación a la Resolución del Fiscal -autoridad hoy accionada-" (sic), primero, que no se valoró las pruebas suficientemente razonables; segundo, que se habría desconocido que la controversia recae sobre materia civil; y, tercero, que el proceso se desarrolló con algunos actos procesales defectuosos y que inclusive se limitó el derecho a la defensa respecto a las notificaciones; sin embargo, el Ministerio Público rebatió todos esos argumentos;
12. iii)Se advirtió la existencia de un error de contenido, que recae en la identificación del hecho generador de la lesión, la causa y las circunstancias por las cuales aparentemente se afecta un derecho, la individualización e identificación del derecho que pese a que esa falencia fue observada y pudo ser subsanada en audiencia, tratándose inclusive de entender cuál fue el derecho vulnerado sin tener resultado al respecto; y,
13. iv)Los tribunales de garantías están impedidos de ingresar a la valoración de la prueba, si es que no se cumplen los presupuestos para efectuar esta labor y que se hallan descritos en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional. I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional