1224/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1224/2022-S1 Sucre, 12 de octubre de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 43027-2021-87-AL Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 86/2021 de 21 de septiembre, cursante de fs. 42 a 47, pronunciada dentro la acción de libertad interpuesta por Francisco Fabián Puma Lozano contra Wilfredo Heredia Rodríguez, Juez Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2021, cursante a fs. 4 y vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El Juez Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de Oruro -autoridad ahora demandada-, mediante actos totalmente arbitrarios a las normas le privó de su libertad; por lo que, solicitó día y hora de audiencia de consideración de la presente acción de libertad, en la cual fundamentara de manera oral la lesión de su derecho a la libertad.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El impetrante de tutela, denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se emita inmediatamente mandamiento de libertad a su favor.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 21 de septiembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 36 a 41 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

I.2.4. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Consta Testimonio de Poder 109/2020 de 27 de febrero, otorgado por Alexander Fabián Puma Chambi en favor de Norka Eliana Chambi Guzmán -ahora tercera interesada- (fs. 33 a 34 vta.).

II.2. Cursa Mandamiento de apremio 133/2021 de 3 de septiembre, emitido por Wilfredo Heredia Rodríguez, Juez Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de Oruro -autoridad demandada-, contra Francisco Fabián Puma Lozano -ahora accionante-, hasta que cancele la suma de Bs19 347,66.- (diecinueve mil trescientos cuarenta y siete 66/100 bolivianos), que adeuda por concepto de asistencia familiar dentro del proceso de divorcio seguido en su contra, por la tercera interesada (fs. 10).

II.3. Mediante memorial presentado el 13 de septiembre de 2021, el impetrante de tutela solicitó al Juez demandado, se conmine al beneficiario -entiéndase su hijo Alexander Fabián Puma Chambi-, a objeto de que a la brevedad posible haga conocer el número de cuenta bancaria donde se efectuará el depósito de asistencia familiar, mereciendo decreto de la misma fecha, disponiendo que "...el beneficiario haga conocer número de cuenta para el depósito de asistencia familiar, sin perjuicio de que la parte impetrante pueda realizarlo mediante el Departamento Administrativo Financiero DAF..." (sic [fs. 13 y 14]).

II.4. Consta Informe de 16 de septiembre de 2021, Ruth Titicayo Nicacio, Auxiliar del Juzgado Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de Oruro, refirió que:

"...en fecha 16 de septiembre se apersono a este despacho judicial el Sr. FRANCISCO FABIAN PUMA LOZANO a objeto del registro en el sistema Salomón para el pago de asistencia familiar, y, cuando se procede a insertar la cedula de identidad 7327255 de propiedad del beneficiario según Testimonio Poder adjunto, el sistema registra el nombre de ALEXANDER CHRISTOPHE GALLIATH CHAMBI, nombre que no coincide con el beneficiario dentro el presente caso de autos, por lo que no se pudo registra en el sistema por lo señalado" (sic [fs. 17]).

II.5. Por memorial presentado el 16 de septiembre de 2021, el peticionante de tutela, manifestó que:

"...habiendo dispuesto la liberación de orden de apremio que cruza en fojas 993 a nombre de FRANCISCO FABIAN PUMA LOZANO liberada en fecha 3 de septiembre del 2021, en cuanto de mi persona se percató y se apersono al juzgado de origen donde tengo todos los actuados, siendo así señor juez quise realizar el depósito de la asistencia familiar en favor de mi hijo ALEXSANDER FABIAN PUMA CHAMBI con C.I. 7327255 Or. La cual al momento de realizar el registro para el depósito de asistencia familia es cuando me dan a conocer que en el sistema no encuentra el nombre correcto de mi hijo pero por lo cual en número de carnet 732755 Or de ALEXSANDER FABIAN PUMA CHAMBI. Sorpresivamente llega a pertenecer al nombre de ALEXANDER CHRISTOPHE GALLIATH CHAMBI" (sic).

Motivo por el cual, se encuentra imposibilitado de efectuar el depósito por concepto de asistencia familiar, razón por la cual solicitó se deje sin efecto el Mandamiento de apremio 133/2021 y se aclararen los datos del beneficiario ya que en el Sistema de Registro y Control de Depósitos Judiciales - Salomón se registran datos erróneos (fs. 18).

II.6. A través de decreto de 16 de septiembre de 2021, el Juez demandado señaló:

"...se tiene presente lo manifestado y tomando en cuenta el informe emitido por la auxiliar de este despacho, el mandamiento emitido dentro el presente caso, no existiendo número de cuneta para el depósito de asistencia familiar y sobre todo no existiendo impedimento para el registro en el sistema SALOMON para el depósito judicial que imposibilita el pago de asistencia familiar, se deja en SUSPENSO la ejecución del mandamiento de apremio emitido en fecha 03 de septiembre de 2021 cursante a fs. 993 y pueda hacerse efectivo el pago mediante número de cuenta o depósitos judiciales a cuyo efecto se dispone la notificación del beneficiario en su domicilio procesal" (sic).

Proveído notificado al accionante el 17 de septiembre de 2021 a horas 13:25, y a la tercera interesada en la misma fecha a horas 13:30 (fs. 19 a 21).

II.7. Cursa representación de 17 de septiembre de 2021, evacuada por Oscar Morales, funcionario policial, quien manifestó que:

"En la ciudad de Oruro en fecha viernes 17 de septiembre del 2021 a horas 13:10 pm. Aprox se procedió al mandamiento de apremio contra el Sr. Francisco Fabián Puma Lozano con CI. 3074775 Exp. Or. Mismo que fue encontrado por las calle Ayacucho y La Plata quien fue por orden del Mandamiento el Dr. Wilfredo Heredia Rodríguez, Juez Publico de Familia N° 3 en la capital 'Oruro - Bolivia' Mismo Señor mencionado arriba fue trasladado a dependencias cárcel La Merced" (sic [fs. 35 vta.]).

II.8. Mediante memorial presentado el 17 de septiembre de 2021, el accionante solicitó a la autoridad demandada, emita inmediatamente mandamiento de libertad a su favor; toda vez que:

"...a horas 12:30 FUE INDEBIDAMENTE APREHENDIDO con un MANDAMIENTO DE APREMIO que de conformidad a los señalado EN EL DECRETO DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 que cursa a fojas 1002 de obrados, SE DEJA EN SUSPENSO LA EJECUCION DEL MANDAMIENTO DE APREMIO Y TENIENDO conocimiento de este extremo la SEÑORA: NORKA LIANA CHAMBI GUZMAN aun así actuando de mala fe con dolo procedió a EJECUTAR DICHO MANDAMIENTO DE APREMIO a pesar de que mi hijo quien es el beneficiario procedió con la SUPRESION DEL APELLIDO PATERNO lo cual amerita que mi persona a perdido la FILIACION PARTENA por cuanto ya no corresponde la asistencia familiar" (sic).

Mereciendo decreto de idéntica fecha, que refiere:

"...se tiene presente lo manifestado y tomando en cuenta que el proveído de fs. 1002 de obrados que deja en suspenso el mandamiento de apremio fue notificado a la partes en la fecha: siendo el mismo susceptible de impugnación por la parte beneficiaria dentro el plazo establecido..." (sic [fs.23 a 24]).

II.9. Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2021, el impetrante de tutela formulo recurso de reposición contra el decreto de 17 del mismo mes y año; toda vez que, se encuentra detenido ilegalmente en el Centro Penitenciario de La Merced; en consecuencia, reitero su solicitud de emisión de mandamiento de libertad (fs. 27 y vta.).

II.10.Consta Auto de 20 de septiembre de 2021, emitido por el juez demandado, manifestado lo siguiente:

"...que de la revisión de antecedentes se desprende que se ha fijado asistencia familiar en el presente caso de autos para el beneficiario ALEXANDER FABIAN PUMA CHAMBI CON c.i. 7327255 y no habiendo el obligado cumplido con su obligación en forma oportuna, por auto de fs. 964 de fecha 29 de junio de 2021 se ha aprobado en la suma de Bs. 19.347.66 y ante cuya emergencia se ha expedido el mandamiento de apremio correspondiente.

Que del informe evacuado por la Auxiliar de este despacho judicial se establece que a momento de ingresar en el Sistema Salomón, se tiene que el carnet de identidad 7327255 pertenece al Sr. ALEXANDER CHRISTOPHE GALLIATH CHAMBI. datos extraidos del Testimonio Poder N° 109/2020 cursante a fs. 978-990 vita. De obrados; que es la misma persona ALEXANDER FABIAN PUMA CHAMBI CON c.i. 7327255.

Que con el mandamiento de apremio expedido por este órgano Jurisdiccional, la parte beneficiaria ha efectivizado dicho mandamiento por el monto señalado, motivo por el cual el Sr. FRANCISCO FABIAN PUMA LOZANO se encuentra detenido en el Penal de la Merced de esta ciudad.

Tomando en cuenta de estos antecedentes y a objeto de viabilizar la libertad del obligado Sr. FRANCISCO FABIAN PUMA LOZANO, toda vez de que el mismo en su debida oportunidad no realizo objeción alguna al mandamiento de apremio expedido en su contra, y siendo deseo del obligado de cancelar dicho monto adeudado conforme se apersonó a este despacho judicial para solicitar la boleta de depósito judicial y por lo anotado no se le dio curso, SE ORDENA la notificación del Director del Departamento Administrativo Financiero de este Tribunal Departamental de Justicia para que reciba en calidad de depósito por la sección que corresponda la suma de Bs. 19.347,66 por concepto de asistencia familiar a favor de ALEXANDER FABIAN PUMA CHAMBI, y una vez que este acredite su verdad identidad se determinara lo que en derecho corresponda, toda vez que una persona que quiere pagar su asistencia familiar no se le puede negar dicha solicitud, mucho más si se encuentra detenido y a objeto de evitar acciones en contra del Suscrito Juzgador, debiendo ser el mismo en el día con noticia de partes y demás formalidades de ley, en cuyo mérito se dispone la notificación procesal de las partes. Alternativamente estando el obligado sujeto a detención se deja sin efecto la providencia de fs. 1002 de fecha 16 de septiembre de 2021 respecto a la suspensión de la ejecución del mandamiento de apremio expedido en contra de FRANCISCO FABIAN PUMA LOZANO y decretándose al mismo TRASLADO, en lo demás se deja incólume" (sic [fs. 28]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El art. 8.II de la CPE, se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad -arts. 178 y 180.I de la Ley Fundamental-, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Norma Suprema.

Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma que en una interpretación evolutiva del artículo 125 de la CPE1 de parte del entonces Tribunal Constitucional como máximo guardián de la Ley Fundamental, fue incorporando las tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa.

En tal sentido, la SC 0044/2010-R de 20 de abril2, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad.

En esa misma línea, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad de contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que:

"Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales".

A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, la aludida SCP 0465/2010-R, refirió que:

"Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril)."

En este mismo sentido, la citada Sentencia Constitucional, reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:

"...en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad."

III.1.1. Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho

De lo desarrollado y explicado precedentemente se llega a la comprensión de que la jurisprudencia fue uniforme en asumir que la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual también deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Bajo ese razonamiento el entonces Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia fue conociendo casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; es por ello, que ante la evidencia de dichas demoras este Tribunal fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, por lo que exige a los administradores de justicia a su observancia.

En tal sentido, la jurisprudencia a través de los años fue estableciendo supuestos de procedencia para la activación de este tipo de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, generando sub reglas para la consideración de distintos actos dilatorios, entre ellos, sobre la consideración de aplicación de medidas cautelares, lo inherente a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, entre otros; por lo que, para conocer esta evolución dinámica de la jurisprudencia constitucional en relación a estos casos donde se ve involucrada la celeridad, y por los que se puede activar a la justicia constitucional, se hace necesario citar a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que efectuó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad, siendo estos:

La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas:

"a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

Ahora bien, posterior a la indicada SC 0078/2010-R, la SC 0384/2011-R de 7 de abril3, incluyó otro supuesto de procedencia, referido al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que:

"d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley".

Asimismo, la SCP 0110/2012 de 27 de abril4, siguiendo el entendimiento de que en las solicitudes de cesación de la detención preventiva, las autoridades están obligadas a tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, moduló la subregla establecida en el inc. b) de la mencionada SC 0078/2010-R, señalando que al estar expresamente fijado el plazo para señalar audiencia en el art. 132.1 del CPP al tratarse de un actuado de mero trámite, estableciendo que dicho señalamiento deberá ser providenciando en el plazo de veinticuatro horas, bajo el siguiente texto:

"...ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento".

Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de igual año, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación5, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del citado Código, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de 24 horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de cuarenta y ocho horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6- plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva.

Por otro lado, de manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio6, advierte que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, debiendo ser resuelta por el tribunal de alzada en el plazo improrrogable de setenta y dos horas, de no hacerlo dentro del plazo señalado significa dilación indebida en el proceso, vulnerando así los derechos a la libertad, vida y otros, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la señalada resolución.

De la misma forma, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero7, entienden que es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, de manera excepcional, es decir, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, vencido dicho plazo la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que también puede ser denunciado ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

En el mismo sentido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, afirma que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual, se computa el plazo previsto en el art. 251 del referido Código.

Con similar entendimiento, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las sub reglas señaladas anteriormente de la forma siguiente:

"i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.