1225/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1225/2019-S1 Sucre, 16 de diciembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 27846-2019-56-AAC Departamento: Beni

En revisión la Resolución 1/2019 de 13 de febrero, cursante de fs. 41 a 47, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alejandro Yuja Rodríguez en representación de legal Alex Ferrier Abidar, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni contra Algebra Regina Siles Álvarez, Ángel Franz Cordero Ayoroa y Lenar Amilcar Tiñini Calle, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del mencionado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de febrero de 2019, cursante de fs. 17 a 23; el accionante a través de su representante legal, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La Secretaría Departamental de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Departamental de Beni y la Sub Gobernación de la provincia Vaca Diez del mismo departamento, presentaron denuncia penal sobre la licitación del proyecto de Construcción de la Terminal Aeroportuaria de Guayaramerín Fase I y II adjudicado a la empresa constructora "RIMAC" representada legalmente por Sergio Suarez Ojopi, cuya supervisión y fiscalización recayó en Julio Cesar Arza Shiriqui, incorporado al prenombrado proyecto, mediante contrato de consultoría.

En ejecución de obras civiles, tuvieron lugar las órdenes de cambio de contrato modificatorio y luego de diversos retrasos se concluyeron las labores inherentes a la Fase I que atañe específicamente a la aludida Terminal Aeroportuaria; empero, la Secretaría referida supra, por intermedio de Ana María Zapata Lecaro, Ingeniera Civil, emitió un informe técnico en el cual se estableció, la existencia de un desfase o incongruencia entre el avance financiero y el físico del proyecto; es decir, que se habría "sobre planillado" ítems y volúmenes presuntamente ejecutados pero en realidad no existían; por lo cual, lógicamente se comprendió que la empresa constructora "RIMAC", realizó cobros y percibió recursos económicos en demasía por el monto de Bs2 380 358.84.- (dos millones trescientos ochenta mil trescientos cincuenta y ocho 84/100 bolivianos), entre saldos, anticipos y volúmenes no aprobados. Es de conocimiento general que la Terminal citada supra llegó a colapsar y como resultado de los actos investigativos efectuados en la etapa preparatoria, se logró establecer, que los obstáculos y retrasos que existieron en la ejecución de obras civiles, se debieron al manejo irregular de los fondos monetarios erogados por el Estado por concepto de pago a la empresa constructora "RIMAC", cuyos progresos expresados en las planillas de avance emitidas por la prenombrada empresa, eran aprobadas y certificadas por el supervisor y el fiscal de obras.

Producto de esa investigación, el 14 de diciembre de 2017, el Fiscal de Materia formuló acusación formal contra Sergio Suarez Ojopi, Carmelo Lenz Fredericksen y Mauricio Lenz Fredericksen, por la presunta comisión de los delitos de "INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, CONDUCTA ANTIECONOMICA, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, FALSEDAD IDEOLOGICA Y OTROS" (sic), previstos y sancionados por los arts. 154, 224, 222 y 199 del Código Penal (CP), ampliándose de oficio a los arts. 172 bis y 185 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-.

Es así que, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del departamento de Beni, mediante Auto Interlocutorio 35/2018 de 16 de febrero, radicó la causa y ordenó que el Ministerio Público presente pruebas dentro del plazo de veinticuatro horas; asimismo, dispuso se libren los respectivos exhortos suplicatorios a los Tribunales Departamentales de Justicia de Beni y La Paz, para que vía cooperación se gestione el diligenciamiento de las notificaciones al Secretario Departamental de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, al Sub Gobernador de la provincia Vaca Diez del mismo departamento, a la Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y a la Dirección Departamental de Beni de la Procuraduría General del Estado; y, en cuanto al Fiscal de Materia, se encomendó el diligenciamiento de las notificaciones al Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del aludido departamento; omitiendo, la notificación a la MAE del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, representante legal de la entidad, conforme los arts. 11, 12 y 163.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en calidad de víctima, para hacer uso de sus derechos constitucionales.

El Secretario Departamental de Transparencia de la citada entidad edil; notificado con el Auto Interlocutorio 35/2018, presentó memorial de 12 de abril de 2018 refiriendo que, a efectos de notificaciones con el requerimiento conclusivo de acusación formal emitido por el Ministerio Público, se proceda a notificar al Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni; empero, el Tribunal supra referido no cumplió con tal obligación, dando lugar con esa actitud a lo establecido por el art. 154 de CP.

Asimismo, el 9 de enero de 2019, instalada la audiencia de juicio oral, público y contradictorio, Silvana Rojas Panoso en representación del Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, según Testimonio de Poder 97/2018 de 21 de diciembre, solicitó vía saneamiento procesal y para que se lleve a cabo la audiencia respetando los derechos constitucionales de las partes y evitar nulidades, se proceda a notificar a tal autoridad en su calidad de víctima, debiendo otorgarle diez días para responder, conforme lo establece el art. 11 y 340 del CPP, mereciendo que el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del mencionado departamento, refiera que dicho saneamiento procesal, será considerado en su debido momento de acuerdo a lo previsto en el art. 345 del mismo cuerpo legal.

Reinstalada la audiencia de 4 de febrero de 2019 y pese haber recordado al aludido Tribunal, la solicitud de saneamiento procesal, el segundo día de juicio oral en horas de la mañana, -se entiende de la primera audiencia- se obtuvo una respuesta negativa, limitando ilegalmente la participación de la defensa técnica activa en favor del Estado (Gobernación), sólo como víctima; ya en horas de la tarde, refirió que el apoderado legal de la MAE del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, solicitó ser escuchado para fundamentar y hacer notar el error en el que incurrieron respeto a la falta de notificación a dicha institución con el Auto Interlocutorio 35/2018, a objeto de que tenga el derecho de presentar la acusación particular; empero, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Guayaramerin del nombrado departamento, sin fundamentación negó la petición señalando que el hecho de escuchar significaría retrotraer el proceso, no obstante de la insistencia, la misma fue denegada.