Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1227/2019-S1 Sucre, 16 de diciembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 25374-2018-51-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 03/2018 de 24 de agosto, cursante de fs. 394 a 403, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ventura Javier Ignacio Aguilar y Judith Murillo Campoverde de Ignacio contra Eleuterio Magne Veliz y Euclides Mamani Huayllani, ex y actual Jiliri Mallku; Mauro Quispe Chiri, Jilacata; Teófila Veliz de Quispe, Mama Th'alla Jilacata; Rubén Alanez Ignacio, Alcalde de Mando; Dalinda Janco Gutiérrez, Mama Th'alla Mando, Edwin Quispe López, Alcalde de Deslinde, Judencia Quispe López, Mama Th'alla de Deslinde, todos del Ayllu Huatari de la Marka Salinas de Garci Mendoza del departamento de Oruro y Julio Ignacio Bueno.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 29 de junio y 9 de julio ambos de 2018, cursantes de fs. 63 a 77 y 83 a 99 vta., los accionantes expresaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Poseyeron de forma tradicional y ancestral terrenos de la comunidad de Huaylluma para siembra de una serie de productos agrícolas, principalmente quinua y crianza de ganado camélido; sin embargo, el 2010 Nieves Ignacio Alavia, Betty Ignacio, Rosmery y Roxana ambas Ignacio Amurrio, perturbaron su posesión; por lo que, presentaron un interdicto de retener la posesión ante la jurisdicción agraria, que fue declarada probada a través de la Sentencia Agroambiental 01/2010 de 29 de abril, en razón a ello continuaron trabajando su tierra y cumpliendo la función social a pesar de que son personas de la tercera edad.
El 29 de diciembre de 2017, les notificaron directamente con la Resolución 02/2017 de 6 de noviembre que en la parte resolutiva dispone "...ha sido acaparado por un solo comunario VENTURA JAVIER IGNACIO AGUILAR, quien desocupo a los demás comunarios en su totalidad, acto anticonstitucional que fue denunciado desde hace unos 8 años a tras sin ningún resultado por lo que se ha visto retomar este asunto en esta gestión a pedido de los demás comunarios..." (sic), dicha Resolución fue emitida sin darles la oportunidad de asumir defensa material ni haber sido oídos, sentenciando a ellos y a su familia como responsables de desalojo, amenazas, malos tratos, considerando un grave delito haber acudido a la vía agroambiental, cuando ese extremo ya fue resuelto por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la , refiriendo que: "...Razones por la que corresponderá que las autoridades indígena originario campesina de la Marka Salinas, resuelvan dentro un plazo razonable, el conflicto de tierras y busquen recomponer la resolución ahora impugnada que dice 'Redistribución en forma equitativa de las tierras cultivables con vocación productiva entre los nuevos contribuyentes'..." (sic), disponiendo así el despojo de sus terrenos afectando su única fuente de ingresos económicos.
La Resolución precitada, arguye que de forma fraudulenta interpuso una denuncia penal en el Ministerio Público, por el recojo de quinua dispuesto por la Resolución "04/2012", por los delitos de robo agravado y amenazas; empero, al momento de la emisión de dicho fallo, la declinatoria de competencia se encontraba con recurso de apelación; es decir, que el fondo de la causa aún no se resolvió; además, mediante la , se dejó sin efecto el Auto de Vista 61/2016 de 29 de julio "LO QUE CONFORMA LA DECLINATORIA DEL JUEZ DE SALINAS..." (sic), ordenando que los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dicten una nueva resolución con la debida motivación, fundamentación y congruencia. Por lo detallado, las autoridades originarias demandadas obraron por encima de la citada Sentencia Constitucional Plurinacional.
Frente a tanta injusticia, una vez que conoció la Resolución 02/2017 mediante notificación de 29 de diciembre de 2017, presentaron una solicitud de reconsideración de la Resolución 02/2017 de reconstitución de la comunidad de Huaylluma de 3 de enero de 2018, antes de que se instale la reunión convocada para dar cumplimiento a ese fallo; sin embargo, no le dejaron participar ni asumir defensa, rechazando la petición realizada, reconstituyendo la comunidad incorporando de forma arbitraria a personas que nunca cumplieron la función social, no cuentan con vivienda en el lugar y mediante acta pretenden distribuirse sus terrenos que heredaron de sus antepasados, afectando su derecho al trabajo y paz social, el equilibrio y la convivencia pacífica.
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