1228/2022-S2

Solicitó se le conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar:

1. a)Su restitución inmediata, conforme lo estableció la Jefatura Regional de Trabajo de Guayaramerín del departamento de Beni, en la Conminatoria de Reincorporación JRTG-ERMC 01/2021 de 28 de septiembre;
2. b)El pago de los salarios en forma retroactiva, de los cuatro meses y ocho días, que asciende a Bs14 272.- (catorce mil doscientos setenta y dos bolivianos);
3. c)El pago de los aportes de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), por similar periodo en la suma de Bs1341.- (mil trescientos cuarenta y un bolivianos);
4. d)La cancelación del seguro social, por el mismo periodo que asciende a la suma de Bs1341.-; y,
5. e)El pago de costos y costas.

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que:

1. 1)CAPAG R.L., mediante los arts. 130 y 145 de su Reglamento Interno reguló las faltas y actos delictivos las faltas disciplinarias leves, graves y gravísimas, estableciendo la suspensión de las o los trabajadores remitiéndose los antecedentes a la autoridad sumariante; sin embargo, el 21 de julio de 2021, recibió memorándum de despido sin previo proceso disciplinario y resuelto por autoridad sumariante de dicha institución; por lo que, no le permitieron su derecho a la defensa o acudir a la vía disciplinaria e impugnar;
2. 2)Con el incumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación JRTG-ERMC 01/2021, la parte demandada vulneró sus derechos a la estabilidad laboral, a la vida y a la salud, considerando que contaba con seguro médico de la Caja Nacional de Salud (CNS) y al ser despedida perdió dicho seguro social;
3. 3)Respecto a la estabilidad laboral, los demandados no cumplieron con la citada Conminatoria;
4. 4)En lo correspondiente a la remuneración justa, dicha afectación se generó en la medida que no está percibiendo el ingreso mensual de Bs3351.- (tres mil trescientos cincuenta y un bolivianos); y,
5. 5)Respecto al derecho del debido proceso, relativo a una justicia pronta y sin dilaciones, no tuvo un proceso ante autoridad sumariante, como lo establece el Reglamento Interno de la mencionada Cooperativa.

Junior Borches Egüez, Gerente General a.i. de CAPAG R.L., remitió informe escrito de 1 de diciembre de 2021, cursante de fs. 210 a 215 vta., mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. i)La accionante alegó que se la despidió sin previo proceso sumario o disciplinario administrativo interno, vulnerando sus derechos a la defensa, al principio de legalidad y a la seguridad jurídica, a la estabilidad laboral, que prohíbe el despido injustificado y el acoso laboral;
2. ii)Adujo que la señalada Conminatoria de Reincorporación no se cumplió;
3. iii)En el caso concreto no era necesario un previo proceso sumario administrativo para determinar el despido, ya que el art. 31 (DE LAS AUSENCIAS) del Reglamento Interno de CAPAG R.L., estableció lo siguiente: "Las ausencias por motivo de enfermedad del trabajador serán reconocidas cuando estén procesadas de conformidad a las disposiciones que al efecto establece el Código de Seguridad Social y las disposiciones legales conexas. Las ausencias fraudulentas con certificaciones médicas dolosas o cualquier otro documento, serán sancionados con el retiro intempestivo del trabajador sin perjuicio de la acción legal que corresponda contra quien expidió el documento o permitió su uso con fraude"; es así, que procedió en apego al art. 9 inc. h) de la Ley General del Trabajo (LGT) y su Decreto Reglamentario, conforme señaló el Memorándum de Despido G.G./C.I. 01/2021 y por ende no fue injustificado, ya que la normativa en cuestión no exige proceder conforme lo extraña la Jefatura Regional del Trabajo de Guayaramerín de departamento de Beni; dado que una conminatoria de reincorporación laboral no tendría carácter vinculante, ni sería de cumplimiento obligatorio, pues en una acción de amparo constitucional, el juez de garantías constitucionales no está obligado a seguir dicho lineamiento, criterio o directriz, por lo que la conminatoria no constituye una resolución definitiva, puesto que las autoridades judiciales son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral del trabajador como la del empleador, infiriéndose que no se vulneró derecho alguno con la desvinculación laboral, menos a la estabilidad laboral, ya que si bien la demandante de tutela hizo conocer que presentó denuncia de acoso laboral contra el Presidente del Consejo de Administración de CAPAG R.L. (Marcelo Matías Cardona Ibáñez), quien dispuso su despido fue su persona como Gerente General en uso de sus facultades previstas en el Estatuto Orgánico de dicha Cooperativa, conforme lo dispuesto en el Reglamento Interno, máxime si en dicho trámite administrativo no hubo una disposición que resuelva tal denuncia;
4. iv)El cargo de Secretaria, importa una delicada función de extrema responsabilidad, seriedad, confianza y compromiso de trabajo, por ser el filtro de las actividades que desempeña el funcionario ejecutivo de mayor jerarquía de la Cooperativa, como es el Gerente General, premisa bajo la cual, el despido de la impetrante de tutela, se dio por haberse valido de bajas o certificados de incapacidad temporal, obtenidos de forma irregular y con datos fraguados, según los informes de personeros de la CNS, entre ellos la baja médica emitida el 8 de febrero de 2021, por cinco días, del 8 al 12 de mes y año señalados, fue elaborada sin examinar o verificar el real estado de salud de la hoy denunciante de tutela (quien se encontraba ausente de la ciudad), pues la galena que la emitió, por contacto telefónico se vio presionada y obligada psicológicamente a emitirla por parte de la accionante; prueba de ello sería que la firma estampada (aparentemente de la funcionaria despedida) no coincidió con las otras que suscribió, lo que generó convicción que obtuvo documentación valiéndose de ella, traicionando la verdad de los hechos;
5. v)En el caso se registraron las siguientes bajas médicas: "Del 01-02-2021, por cinco días de incapacidad (...) Del 08-02-2021, por cinco días de incapacidad (...) Del 18-02-2021, por dos días de incapacidad (...) Del 02-03-2021, por tres días de incapacidad..." (sic); respecto de las cuales, se advirtieron serias irregularidades en su otorgación, pues de los informes médicos requeridos a objeto de verificar la autenticidad de tales documentos y en suma corroborar la veracidad del impedimento físico por salud, constataron que la firma de la asegurada estampada en el certificado de incapacidad temporal emitido el -8 de febrero de 2021- difiere y/o no coincide ni guarda similitud con las otras bajas médicas; de mismo modo, según el reclamo de los directivos del Consejo de Administración y Vigilancia de CAPAG R.L., la hoy accionante como trabajadora de la Cooperativa, casualmente el -3 de marzo de 2021- sin presentar razonablemente ningún tipo de enfermedad, fue vista con aglomeración de personas en evento público proselitista, contando con grabación audiovisual, presentada en la Jefatura Regional de Trabajo de Guayaramerín, que no fue valorado ni tomado en cuenta;
6. vi)La primera baja médica aludió inicio de tratamiento con diagnóstico de dengue clásico IRA por COVID-19; empero, por informe de fecha 17 de igual mes y año, se indicó que "En mención a la certificación del documento que avale la baja médica del 08-02-2021 al 12-02-2021, no se encuentra reporte alguno en la historia clínica" (sic); asimismo, se cuenta con copia legalizada del informe médico de Angélica Freitas donde indicó que: "En fecha 08-02-2021 recibió una llamada de la paciente (Neusa A. Oniaba) la cual insistente refiere continuar con deposiciones líquidas con hemorragias por lo cual no puede estar presente en la consulta e insiste en su baja médica ya que le corresponde por el cuadro clínico que manifiesta y se hace entrega de baja médica a su familiar" (sic); en la que consta la firma fraguada, debido que la trabajadora se encontraba ausente; lo que podría ser objeto de investigación ante el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, falsedad material y uso de instrumento falsificado, constando al respecto el informe de 3 de marzo de 2021, emitido por Hernán Durán Ardaya, Jefe Médico de la CNS, quien indicó que el predicho certificado de incapacidad temporal no está reflejado en su historia clínica, concluyendo que "la Dra. (aludiendo a la médico que otorgó la cuestionada baja médica) NO puede emitir un CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL sin que el paciente esté en consulta o en otro lugar aunque lo amerite" (sic); tratándose así de un certificado médico otorgado de favor y/o más propiamente, bajo presión psicológica en la médico que lo otorgó, sin verificar y comprobar su estado de salud, por ende viciado de nulidad, no surtiendo efecto legal valedero que justifique su inasistencia al trabajo por el tiempo de cinco días, en los que prácticamente se ausentó de su fuente de trabajo;
7. vii)Lo propio ocurrió con el certificado de incapacidad temporal emitido por Frans Aliaga de 2 de marzo de 2021, por tres días de incapacidad, fechas en las que fue vista en una aglomeración de personas en acto proselitista, conforme señaló antes, tornándose en inconcebible, que una persona que padece COVID-19 estuviera en esos lugares, no sólo exponiendo su vida sino arriesgando y atentando contra la salud de las demás personas, pero sobre todo incumpliendo el reposo recomendado médicamente; todo ello demostró que la accionante, burló la buena fe de la autoridad médica de la CNS, lo que implicó incumplimiento de los términos de su contrato de trabajo, al que no asistió por ocho días de manera injustificada, según los informes médicos mencionados;
8. viii)Adjuntó la grabación audio visual, así como el informe de Recursos Humanos (RR.HH.), que dan cuenta que las bajas médicas no fueron visadas por la autoridad indicada y llamada por ley a refrendarlas, por lo que tales documentos no fueron convalidados para tenerlos como certeros o reales, a fin que gocen de eficacia probatoria en favor de la impetrante de tutela, acompañando también la Resolución de la parte empleadora que invalidó las bajas médicas en cuestión, por estar plagadas de irregularidades, cursa igualmente el informe evacuado por RR.HH. de CAPAG R.L., referido a sobrepasar el límite de llamadas de atención por faltas graves y superado lo permitido, en cuanto a la comisión de faltas leves, tal como reflejó el amplio prontuario de infracciones administrativas que se arrima al informe emitido por el Jefe de RR.HH. (el 1 de septiembre de 2020 fue sancionada con falta grave de dos días de suspensión sin goce de haberes por haber fraguado documentación de cobro de seguro mortuorio y a mediados de junio de 2021 en un acto de falta de honradez por administración irregular de caja chica);
9. ix)Tratándose, así de un despido justificado conforme lo establecido en el art. 31 (DE LAS AUSENCIAS) del Reglamento Interno de CAPAG RL., en relación con el art. 155 (causal de despido) incs. a), d), e), h), k) y o) del citado Reglamento, en relación con lo prescrito en el art. 4 de dicho cuerpo legal, concordantes con el art. 16 incs. d) y e) de la LGT y el art. 9 inc. e) de su Reglamento; añadiéndose a ello que sobrepasó el límite de llamadas de atención, según el art. 155 inc. h) del Reglamento Interno; razones por las cuales no aceptaron la Conminatoria de Reincorporación JRTG-ERMC 01-2021, emitida por la Jefatura Regional de Trabajo de Guayaramerín del departamento de Beni, disponiendo la reincorporación de Neusa Argene Oniaba Zúñiga al mismo puesto que ocupada al momento del despido, más el pago de salarios y demás derechos sociales que correspondan; vale decir, que resolvió de esa manera, al considerar y cuestionar que CAPAG R.L., aparentemente no hubiera cumplido con su propio Reglamento Interno, al no haber iniciado proceso administrativo o sumario a la trabajadora despedida;
10. x)En la prueba aportada por la Cooperativa se tiene un proceso sumario administrativo disciplinario, por el que fue sancionada con el retiro definitivo (Resolución 01/020 de 4 de agosto de 2020) decisión revocada en apelación (Resolución de 1 de septiembre de igual año) parcialmente, imponiéndole una sanción como falta grave de dos días de suspensión sin goce de haberes; antecedente por el que la señalada Jefatura de Trabajo consideró la vulneración a sus derechos a la estabilidad laboral y al debido proceso, de acuerdo a las normativas sociales vigentes, de ahí que la indicada autoridad valoró de forma parcial y sesgada los justificativos y fundamentos que sustentaron la decisión de despido adoptada;
11. xi)Recalcó que el memorándum de despido, según la prueba documental justificó el despido en cuestión, ya que la desvinculación laboral de Neusa Argene Oniaba Zúñiga, como Secretaria de Gerencia General de CAPAG RL., se ajustó a derecho; y,
12. xii)Pidió no tomar en cuenta la prenombrada Conminatoria de Reincorporación y en el fondo denegar la tutela, dando por válido el citado Memorándum de Despido, conforme a la prueba de descargo adjuntada, agregando que el cargo de Secretaria de Gerencia General es ocupado (con estabilidad y en consecuencia inamovilidad laboral por su estado de gestación) por la funcionaria Yeniar Neira Pinheiro, a quien se debió notificar como tercera interesada.