Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE Sucre, 16 de diciembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 27042-2019-48-AAC Departamento: Chuquisaca Partes: Oswaldo Fong Roca y Roddy Fernando Sapiencia Pommier en representación legal de Julio Baldiviezo; Marcelina Zenteno Velásquez de Baldiviezo; Martha Natividad Gareca Iñiguez vda. de Baldiviezo; Rosmery Dolores, Luis Miguel, Willy Ceferino y Roberto Ángel, estos últimos de apellido Baldiviezo Zenteno contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizú, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA
La suscrita Magistrada, no comparte la decisión adoptada en la , que resolvió REVOCAR en parte la Resolución 17/018 de 20 de diciembre de 2018, cursante de fs. 373 a 381 vta., pronunciada por el Juez Público de Familia Séptimo de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada.
Disiente en cuanto a los Fundamentos Jurídicos en función a los cuales se revoca y deniega la tutela, por cuanto, realiza un examen general respecto del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia denunciado por el accionante; por lo que, emite el presente Voto Disidente bajo los siguientes argumentos jurídico constitucionales.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
La parte accionante estima que los Magistrados demandados vulneraron la garantía, principio y derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, congruencia, defensa y valoración de la prueba; así como los principios de seguridad jurídica, legalidad, verdad material e igualdad de las partes; toda vez que, al emitir el , incurrieron en los siguientes actos ilegales:
- a)Al resolver el recurso de casación interpuesto por los co accionantes Marcelina Zenteno Velásquez de Baldiviezo; Martha Natividad Gareca Iñiguez vda. de Baldiviezo; Rosmery Dolores, Luis Miguel, Willy Ceferino y Roberto Ángel estos últimos de apellido Baldiviezo Zenteno:
- a.1)Lo hicieron sin la debida fundamentación ni congruencia, al no analizar ni valorar el documento privado de compromiso y sus efectos -sin considerar que el mismo solo fue suscrito por Julio Baldiviezo-, la prueba consistente en certificaciones de Catastro Urbano de Tarija, sustentando su decisión en un informe que no constituyó motivo del recurso siendo su consideración arbitraria y extra petita; alegando además que la no valoración de dicha prueba no afecta el fondo de la controversia, lo cual no es evidente, ya que el documento privado de compromiso y la demás documentación que tampoco fue valorada, se constituyó en la base para desestimar su pretensión, siendo sus efectos relevantes para el caso; además, de que Sasson Isaac Attie Katran no es el único propietario del bien dado en alquiler;
- a.2)No se estableció cómo fue resuelto el error de interpretación y aplicación indebida del art. 510 y ss del Código Civil (CC); ni se fundamentó adecuadamente la eficacia del documento privado de compromiso en cuanto al reconocimiento del derecho que hace Julio Baldiviezo y lo relacionado a su derecho de posesión; y,
- a.3)No se resolvió el cuestionamiento de la vigencia y eficacia del referido documento, en cuanto al incumplimiento del arrendador, debiéndose interpretado conforme el art. 518 de la ley sustantiva civil;
- b)Al resolver el recurso de casación de Julio Baldiviezo, las referidas autoridades señalaron que los reclamos alegados por éste en los "puntos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11" (sic), contienen argumentos similares a los expuestos por los otros recurrentes, lo cual no es evidente, siendo por ello que el Auto Supremo cuestionado es incongruente e infundado, pues su defensa se ejerció de manera individual, con observaciones, argumentos y fundamentos propios; asimismo, señalan que al resolverse el "punto 3" no se consideraron sus argumentos ni se identificó si lo que resolvió el Auto de Vista estuvo bien o mal; y sobre el "punto 5", indican que se incurrió en error, pues no se resolvió lo observado, sino otros aspectos; y
- c)Finalmente al resolver el recurso de casación de Sasson Isaac Attie Katran, incurrieron en falta de valoración del documento privado de compromiso, con el que se estableció que pasaron de poseedores a detentadores; omitiendo considerar que los co accionantes al responder la demanda reconvencional indicaron ser poseedores del inmueble, que no suscribieron ningún documento con el recurrente y que demandaron por derecho propio, respuesta que no fue valorada ni tampoco los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción aparejados fueron considerados.
Expuesta la problemática, la , resolvió REVOCAR en parte la Resolución 17/018 de 20 de diciembre de 2018, cursante de fs. 373 a 381 vta., pronunciada por el Juez Público de Familia Séptimo de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada.
Consiguientemente, para una mejor comprensión de los Fundamentos Jurídicos de la presente Disidencia, los ejes temáticos sobre los que se desarrollará la presente son los siguientes:
II.1. Del principio de congruencia y el debido proceso
Al respecto, la citando a la , señaló: "...la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(...)
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia". (Las negrillas son nuestras).
Asimismo, en relación al elemento congruencia la , señaló: "Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada."
En la mencionada, se establece también que: '...toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo - resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación" (las negrillas y el subrayado son nuestros).
II.2. La fundamentación y motivación como elementos del debido proceso
Sobre este punto, la , realizó una breve sistematización de la jurisprudencia sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones, señalando que: "En relación a la necesidad de motivar y fundamentar las resoluciones judiciales, la jurisprudencia constitucional expresó a través de la lo siguiente: '"...este Tribunal ha establecido en la , recogiendo lo señalado en la `que el derecho al debido proceso, en el ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión".
Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; máxime, cuando se trata de resolver recursos sobre excepciones, tienen carácter definitivo y por lo mismo, es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan ,los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho...'.
Asimismo, la , entre otras también señaló al respecto de la fundamentación y motivación en las resoluciones pronunciadas respecto de las impugnaciones efectuadas que: '...los tribunales de apelación, al igual que los jueces de primera instancia, deben garantizar el respeto al debido proceso en todas las etapas y actuados que sean de sus conocimiento, lo cual implica también el respeto a la igualdad, traducido en la emisión de sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, respondiendo a los agravios y impugnados por quien recurre en apelación, puesto que se trata de resoluciones que conocen y resuelven las decisiones asumidas por los tribunales de instancia. Cabe aclarar, no obstante, sino más bien la adecuación de los hechos a la norma jurídica, como consta y se expone en las resoluciones de las autoridades demandadas, por lo que la motivación no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino más bien, exige una estructura de forma y de fondo que permita a las partes conocer cuáles son las razones que llevaron al juzgador a tomar decisión'.
De igual forma, la de 8 noviembre, al respecto concluyó: '...constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su fallo; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que abunde en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar, pero con precisión y claridad, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, claro está con la justificación legal que respalda además esa situación'.
II.3. Lo resuelto por la
La Sentencia Constitucional Plurinacional referida, ahora objeto de esta Disidencia, en su Fundamento Jurídico III.2 relativo al análisis del caso concreto realizó el siguiente examen: "Así, los Magistrados demandados a través del , manifestaron que:
Sobre el recurso de casación de Marcelina Zenteno Velásquez de Baldiviezo; Rosmery Dolores, Luis Miguel, Willy Ceferino y Roberto Ángel, todos Baldiviezo Zenteno; y, Martha Natividad Gareca Iñiguez Vda. de Baldiviezo
- 1)Respecto a la valoración del documento privado de compromiso, el Tribunal de alzada realizó una correcta apreciación del mismo conforme a lo establecido en el punto III.1 del Auto Supremo analizado -referido a la valoración de la prueba-, asignándole toda fe probatoria de acuerdo a lo establecido en el art. 1297 del CC, siendo dicho elemento trascendental dentro del proceso, pues a partir de él se acreditó que Julio Baldiviezo cambió la calidad de poseedor al de detentador, debido a la relación contractual con el demandado de usucapión -hoy tercero interesado-, donde se le otorgó un derecho personal, en consecuencia el actor ejerció actos de dominio sobre el inmueble a nombre del referido demandado de usucapión, lo que no generó efectos jurídicos de acuerdo a lo expresado en el punto III.5 del referido fallo sobre la doctrina legal aplicable -de los actos de tolerancia y la tenencia-;
- 2)Con relación a que los recurrentes -ahora impetrantes de tutela- no participaron de la firma del mencionado documento privado de compromiso, puesto que demostraron que se encuentran en el inmueble en calidad de poseedores por más de veinticinco años antes de la suscripción de dicho documento, el Tribunal de alzada estableció que su posesión fue interrumpida por el reconocimiento expreso del derecho de propiedad que realizó Julio Baldiviezo -también peticionante de tutela-, cambiando su calidad de poseedores por la de detentadores; por lo que, esa aparente posesión no fue útil al ser ejercida por detentadores, respuesta que estuvo enmarcada dentro de la pretensión establecida por los demandantes en su recurso de apelación;
- 3)Respecto al error de hecho al dar valor probatorio pleno a los documentos por los que la autoridad a quo dio por probado que los demandados de usucapión son propietarios de una superficie de 16 ha con 9 951 m2, cuando no se acreditó que se trate del mismo inmueble o de la fracción objeto de usucapión, puesto que los nombrados apenas tienen inscrito en Catastro Urbano 6 000 m2; igualmente indica que de la revisión de obrados se establece que las pruebas señaladas se constituyen en documentos públicos que tienen plena fe probatoria; sin embargo, no son trascendentales para evidenciar que el bien inmueble del cual se pretende la usucapión y la acción reivindicatoria sea el mismo, correspondiendo remitirse al informe cursante de 'fs. 148 a 151' adjunto por los demandantes de reivindicación en el que se basaron y subsanaron su demanda, el cual manifiesta que el terreno se encuentra en sobreposición con la poligonal de Sasson Isaac Attie Katran, acreditándose que el bien inmueble en cuestión es el mismo;
- 4)Con relación a la indebida aplicación de los arts. 1502, 1503 y 1505 del CC por parte del Tribunal de alzada, puesto que los efectos jurídicos de esos artículos no podrían afectar a todos los codemandados -se entiende de reivindicación- porque solo Julio Baldiviezo suscribió el documento privado de compromiso; de los antecedentes se tiene que el prenombrado firmó un contrato de arrendamiento con Sasson Isaac Attie Katran, por el cual este último le da en alquiler el inmueble objeto del proceso para que el demandante de usucapión realice plantaciones agrícolas, por el monto de Bs100.- (cien bolivianos) anual, documento que evidencia que este último confiesa que no le asiste ningún tipo de derecho sobre el terreno, además que el mismo cuenta con reconocimiento de firmas y rúbricas registrado ante Notario de Fe Pública el 19 de septiembre de 2003, cambiando su condición de poseedor a detentador, en consecuencia, siendo que dicho demandante de usucapión vive con toda su familia en el referido bien inmueble se puede establecer que ellos -también demandantes- habitan en la citada propiedad en calidad de tolerados de su padre -Julio Baldiviezo-, y de acuerdo al apartado III.5 del Auto Supremo analizado, un acto de tolerancia no constituye posesión y por ende tampoco puede generar que quien se encuentra en calidad de tenedor o tolerado adquiera el bien inmueble en razón a la prescripción adquisitiva o usucapión;
- 5)En cuanto al error de hecho y de derecho respecto a la valoración de la prueba de cargo y de descargo, por las cuales se evidencia que los demandados -se entiende de usucapión- no pagaron impuestos por varios años, como el informe de DD.RR. que expresa que la superficie del demandante en el proceso en cuestión es de 0 m2; no corresponde ingresar a revisar dichas pruebas, ya que de analizarlas no afectan al fondo del proceso, porque los demandantes de usucapión no ostentan la calidad de poseedores a diferencia del demandante reconvencional que exhibe un título propietario;
- 6)Sobre la errónea interpretación e indebida aplicación de los arts. 510 y 523 del CC denunciados a partir de que el Tribunal de alzada no habría analizado el contexto en el que se firmó el documento de compromiso, y que la autoridad a quo solo interpretó la intención común de las partes sin tomar en cuenta los verdaderos hechos contenidos en dicho documento y que el mismo no afecta a terceros sino solo a los suscribientes; conforme al punto III.4 del Auto Supremo en cuestión -interpretación de los contratos-, en relación al art. 510 del citado Código, existen reglas básicas de interpretación de los contratos, entre ellas está la subjetiva que radica en averiguar cuál fue la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras, aplicable al caso presente, pues ambos suscribientes consintieron y estuvieron de acuerdo en el contrato de arrendamiento del inmueble en el cual Julio Baldiviezo confesó que no tiene ningún tipo de derecho sobre el bien y que estaba siendo beneficiado por el propietario para explotar agrícolamente el predio con un monto mínimo de alquiler, documento que cambió su calidad de poseedor a detentador, debiéndose tener presente que de acuerdo al art. 524 del CC se establece que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos o causahabientes, a menos que lo contrario sea expresado o resulte de la naturaleza del contrato; por lo que, se puede evidenciar que en el transcurso del proceso no se demostró que la posesión por parte de los codemandantes de usucapión haya sido independiente, al contrario su 'posesión aparente' deriva del referido contrato de arrendamiento suscrito por su padre -Julio Baldiviezo-; y,
- 7)Respecto a la aplicación indebida por parte del Tribunal de alzada del art. 518 del CC, pues el documento privado de compromiso debió ser interpretado a favor de Julio Baldiviezo considerando que no existe prueba de descargo que denote que el mismo haya entrado en vigencia y surtido algún efecto entre partes; cabe evidenciar que el contrato surte efectos desde su suscripción por ser una manifestación de voluntad, mediante el cual reconoce el dominio o titularidad ajena, ya que es desde ese momento que cambia la calidad de los demandantes de usucapión sin importar la otra contraprestación, porque si cumplió o no, no es motivo de la Litis.
Sobre el recurso de casación de Julio Baldiviezo
- i)Del análisis minucioso de su recurso de casación se desprende que los puntos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 todos contienen en lo esencial los mismos argumentos o puntos de controversia presentados por los otros codemandantes de usucapión en su recurso de casación; por lo que, a efectos de evitar un dispendio de argumentación jurídica que resultaría repetitiva e innecesaria, debiéndose ratificar en lo fundamentado supra;
- ii)Respecto al punto 3 relativo al error de hecho y de derecho en el que el Tribunal de alzada incurrió al interpretar el documento privado de compromiso, pues no consideró que el demandado de usucapión incumplió con lo acordado al no efectivizar la entrega del terreno según el supuesto contrato; de la revisión del mismo se establece que al ser un documento privado reconocido tiene la misma fe que uno de carácter público, donde se evidencia la manifestación de la voluntad de ambas partes, en el caso de autos, el reconocimiento de la titularidad ajena; es decir, la aceptación que realiza Julio Baldiviezo del derecho propietario que le asiste a Sasson Isaac Attie Katran sobre el predio en cuestión, acto que se cumplió, en una contraprestación que es irrelevante analizar por no ser motivo de Litis; toda vez que, el presente proceso se enmarca dentro de una acción real y no así en una acción personal; y,
- iii)En cuanto al punto 5, el mismo está enfocado a observar que en el documento de compromiso no existe ninguna descripción del inmueble en cuestión en cuanto a sus límites y colindancias, evidenciándose que el objeto del contrato privado se refería a una propiedad que el recurrente no ocupaba ni sembraba, motivo por el cual en su cláusula tercera se estableció que la administradora debía señalar el objeto de dicho documento y al no haberlo hecho no existe posibilidad de conocer el predio; al respecto, conforme a lo desarrollado en el proceso, por informe y plano cursante de 'fs. 148 a 151"' la parte actora amplía la misma en contra de Isaac Sasson Attie Katran, admitiendo de tal manera que el bien inmueble el cual pretendían usucapir es de propiedad de los demandados máxime si consideramos el informe emitido por la Dirección de Ordenamiento Territorial de GAM de Tarija y el Informe Técnico 07/ C.Y./284-057/2011 que establece que 'el terreno se encuentra en sobreposición con la poligonal de Sr. Sasson Isaac Atie Katran' (sic), en concordancia con el informe emitido por DD.RR. del departamento de Tarija, sobre la partida 203 y folio 392 del primer anotador, informes que coinciden plenamente con el documento privado de compromiso; por lo que, no resulta evidente su reclamo.
Sobre el recurso de casación de Sasson Isaac Attie Katran
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