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TCP

1230/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
16 de octubre de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Voto Disidente 1230/2019-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

VOTO DISIDENTE Sucre, 16 de octubre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 30266-2019-61-AAC Departamento: Santa Cruz Partes: Walter Eduardo Martínez Bello contra Darwin Vargas Vargas y Janeth Fernanda Quiroga Aparicio, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES

La suscrita Magistrada, si bien comparte la decisión adoptada en la , que resolvió: "...CONFIRMAR en parte la Resolución 62/2019 de 6 de junio, cursante de fs. 384 a 390 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en su componente de fundamentación, motivación y omisión en la valoración de la prueba, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 141/2018 de 28 de agosto, ordenando que los Vocales demandados, emitan una nueva resolución conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela, con relación al derecho al juez natural, al debido proceso en su vertiente de congruencia; y, a la defensa. 3°Exhortar a Carolina Tania Cabrera Tapia y Aldo Ismael Quezada Cerruti, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo constitucional"; disiente en cuanto a los fundamentos jurídicos, en función de los cuales la resolución aludida, denegó la tutela; por lo que, emite el presente voto disidente, bajo los siguientes argumentos jurídico constitucionales.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA

De los hechos que motivaron la interposición de la presente acción, que se constituye en la causa para solicitar el resguardo de los derechos invocados por el accionante, se identifica como problema jurídico a resolver el siguiente:

El impetrante tutela denuncia la vulneración de sus derechos al juez natural, a la defensa, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, y omisión en la valoración de la prueba; por cuanto, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy accionados-, incurrieron en las siguientes ilegalidades:

  1. a)Carecían de competencia, puesto que en caso de resolver la causa sobre un monto mayor al previsto en el contrato, se debió acudir a la vía arbitral;
  2. b)Incurrieron en omisión en la valoración de la prueba de descargo, estableciendo únicamente la existencia de pagos a cuenta, sin efectuar ninguna cuantificación;
  3. c)El Auto de Vista 141/2018 de 28 de agosto, carece de fundamentación, motivación y congruencia, al no existir coherencia entre el monto dispuesto en el título ejecutivo, el monto demandado, el auto intimatorio de pago y el Auto de Vista; ni sustentar fáctica y legalmente cómo es que se determinó la suma líquida, sin la existencia de contrato modificatorio; y, sin desvirtuar el monto establecido en la Sentencia; y,
  4. d)Debieron ejercer la facultad de declarar la nulidad de oficio del proceso ejecutivo ante la falta de fuerza ejecutiva del título, en razón que se amplió la demanda en fase de recurso de apelación, sobre montos y material que no se demandaron ni consignaron en el auto intimatorio de pago.

Expuesta la problemática, la que resolvió: "...CONFIRMAR en parte la Resolución 62/2019 de 6 de junio, cursante de fs. 384 a 390 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en su componente de fundamentación, motivación y omisión en la valoración de la prueba, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 141/2018 de 28 de agosto, ordenando que los Vocales demandados, emitan una nueva resolución conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela, con relación al derecho al juez natural, al debido proceso en su vertiente de congruencia; y, a la defensa. 3°Exhortar a Carolina Tania Cabrera Tapia y Aldo Ismael Quezada Cerruti, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo constitucional"; argumentando que:

  1. 1)Con relación a la primera problemática, existió inobservancia de los presupuestos desarrollados por la jurisprudencia constitucional en cuanto a la necesaria carga argumentativa que hubiese posibilitado el establecimiento de la vinculación entre la actividad jurisdiccional desarrollada -presuntamente sin competencia- por el Tribunal de alzada con la alegada vulneración al derecho al juez natural, lo que imposibilita ingresar a la análisis de fondo del problema jurídico-constitucional planteado, correspondiendo denegar la tutela impetrada;
  2. 2)Respecto a la segunda problemática, se determinó que no existió valoración de la prueba de descargo, puesto que, no fueron consignados en el Auto de Vista, el análisis y su respectiva valoración respecto a que existieron amortizaciones realizadas por el deudor, y la cuantificación de las sumas pagadas más su respectiva imputación a capital o intereses, todo de acuerdo a la normativa que sea aplicable a la materia, por lo que, se dio ha lugar a la tutela demandada;
  3. 3)Sobre la tercera problemática, lo argumentado por los Vocales accionados respecto a todo el desglose que realizaron de las normas referidas al contrato y su cumplimiento contenidas en el Código Civil, no puede considerarse como un fundamento de la decisión asumida, por cuanto la transcripción de las mismas, que los nombrados utilizaron a fin de fundamentar su resolución -sin que evidentemente lo hayan hecho- no implica que hayan aplicado con la necesaria claridad la hipótesis normativa enunciada; y tampoco efectuaron un razonamiento intelectivo que permita conocer los motivos para determinar el monto debido como obligación pecuniaria, omitiendo efectuar consideraciones precisas y suficientes sobre el contenido mismo de las liquidaciones anotadas y las amortizaciones efectuadas, no pudiendo llegar a comprenderse de donde emergió la suma de dinero considerada como deuda líquida y exigible; incurriendo de este modo en la falta de fundamentación y motivación. Así también, respecto a la presunta falta de congruencia denunciada, porque, supuestamente no existiría coherencia entre el monto previsto en el título ejecutivo, el monto demandado, el Auto intimatorio de pago y el Auto de Vista -ahora impugnado-; a partir del marco de reclamación constitucional formulado en la presente acción en realidad, la pretensión es que la jurisdicción constitucional revise la actividad jurisdiccional desarrollada por los Vocales demandados, aspecto que resulta inviable toda vez que el prenombrado no cumplió con carga argumentativa; incumpliéndose con la exigencia de auto restricción de la labor de este Tribunal, correspondiendo denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática planteada;
  4. 4)En cuanto a la cuarta problemática; habiéndose otorgado de tutela respecto a la falta de fundamentación y motivación, el Tribunal de alzada, al emitir una nueva resolución, que puede ser pronunciada en cualquiera de las formas establecidas por la ley corresponde denegar la tutela, sin ingresar a su examen de fondo; y,
  5. 5)Finalmente, sobre la supuesta vulneración al derecho a la defensa, no se advierte que el mismo haya sido transgredido; por cuanto, el accionante conforme a los antecedentes del caso, activó todos los medios que tenía a su alcance para hacer valer sus derechos conforme lo consideró pertinente; razón por la cual, respecto al mismo simplemente resta denegar la tutela solicitada.

La suscrita Magistrada si bien comparte la decisión adoptada, disiente de los fundamentos jurídicos que sustentan en función de los cuales se denegó la tutela respecto al derecho al juez natural y del debido proceso en su vertiente congruencia, toda vez que, los mismos deberían versar sobre lo siguiente:

II.1. El arbitraje como medio alternativo de solución de controversias y normativa que lo regula

Sobre el tema, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la , citada en la , estableció que: "El arbitraje en la legislación boliviana se funda en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes para resolver las controversias o diferencias que surgen o pueden surgir, en general, de las relaciones comerciales, con un carácter contractual y privada, donde una vez suscrito el contrato de compromiso entre las partes y la controversia sometida a arbitraje, entran a pugnar cada uno en busca de su pretensión, que es sustanciada y resuelta por un Tribunal Arbitral, que va a decidir sobre la contienda emitiendo el Laudo Arbitral correspondiente, disposición que es obligatoria para las partes que intervinieron, toda vez que la misma es equivalente a una sentencia".

En la misma línea la , señaló: "El arbitraje ha sido instituido como un mecanismo alternativo para la solución de controversias, al que en forma libre y voluntaria pueden acudir las partes antes de someterlas a los tribunales ordinarios e inclusive estando en trámite un proceso judicial.

Según la previsión contenida en el art. 3 de la LAC, en principio, pueden someterse al arbitraje, las controversias surgidas o que puedan surgir de las relaciones jurídicas contractuales o extracontractuales de las partes, mediante el ejercicio de su libre arbitrio sobre derechos disponibles y que no afecten al orden público, antes, durante o después de intentado un proceso judicial, cualquiera que fuere el estado de éste, extinguiéndolo o evitando el que podría promoverse. Sin embargo, conforme prevé el art. 6.I.1 de la LAC, no pueden ser objeto de arbitraje las cuestiones sobre las que pesara una resolución judicial firme y definitiva, excepto si se trata de aspectos que surjan de la ejecución de la resolución judicial.

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