1231/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1231/2019-S1 Sucre, 16 de diciembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 26226-2018-53-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 18 de octubre de 2018, cursante de fs. 344 a 351 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Ludvick Benito Huanca contra Nancy Janeth Álvarez Claros y Oscar Ivens Vera Espinoza, ex y actual Fiscal Departamental de Cochabamba; Vilma Chileno Sánchez, Silvia Roxana Guzmán Berbetty y Samuel Vargas Siles, Fiscales de Materia; todos del referido departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 29 de diciembre de 2017, 29 de marzo 2018 y 11 de julio del mismo año, cursantes de fs. 151 a 159, 162 a 163 y, 168 y vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por querella de 24 de octubre de 2016, Pedro Javier León Maldonado inició acción penal en su contra, por los supuestos delitos de falsedad material e ideológica, supresión o destrucción de documentos y uso de instrumento falsificado, tipificados en los arts. 198, 199, 202 y 203 del Código Penal (CP).

En mérito a los argumentos expuestos en dicha denuncia, la autoridad fiscal asignada al caso, de forma totalmente coherente y legal, emitió la Resolución de desestimación de la querella de 27 de octubre de 2016, que fue objeto de impugnación, por parte del querellante mediante escrito de 11 de noviembre del mismo año; señalando que los actos supuestamente cometidos, se subsumían al delito de supresión o destrucción de documentos, acusándolo además, del ilícito de falsedad material e ideológica.

Como efecto de dicha impugnación presentada, la Fiscalía Departamental de Cochabamba, pronunció la Resolución Jerárquica FDC-NJAC OR-ODN 90/16 de 28 de noviembre de 2016, determinando en su numeral 3 lo siguiente: "Del análisis de los hechos expuestos en la Querella presentada por el Sr. Pedro Javier León Maldonado, así como de la filmación y las capturas impresas acompañadas a la misma se advierte que el accionar de los querellados, como participes y testigos de la diligencia de notificación practicada pone en tela de juicio el derecho de las partes a conocer los fallos judiciales y recurrir de ellos en tiempo hábil y oportuno, circunstancia que amerita ser investigado a efectos de establecer el accionar preciso y circunstanciado de cada uno de los partícipes, así como su responsabilidad penal frente a los hechos debiendo considerarse además las obligaciones a las que está supeditada como oficial de diligencias" (sic); sin embargo, se incumplió las disposiciones contenidas en el art. 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), omitiendo expresar criterio de forma precisa sobre el recurso de impugnación y prescindiendo valorar de forma íntegra el contenido de las actuaciones, siendo además que la referida decisión resulta por demás desproporcionada e incongruente; toda vez que, se refiere a la Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, quien no es sujeto procesal.

Del mismo modo indica que la citada Resolución Jerárquica carece de fundamento fáctico legal, por cuanto no explica cómo las supuestas conductas atribuidas a su persona se adecuan a un tipo penal; decantándose por la revocatoria de la resolución de desestimación, ingresando supuestamente al fondo, con el pretexto de ser la causa de puro derecho, para finalmente, resolver la misma sin fundamento alguno, sin determinar ni señalar cuál fue el hecho ilícito a ser investigado.

Precisa que es el punto II de la referida Resolución Jerárquica donde la autoridad ahora demandada extrañamente señaló que "...tratándose de una cuestión de puro derecho no se requiere en la presente causa de argumentación probatoria, en tal razón se ingresa al fondo..." (sic); es decir que, la misma autoridad jerárquica se deslindó de argumentar o fundamentar sobre toda la prueba cursante en el cuaderno de investigaciones; que, contrariamente al fundamento de la resolución de desestimación donde uno de los argumentos de rechazo fue precisamente que el ahora "accionado" tenía todas las vías expeditas para reparar las posibles vulneraciones sufridas con los supuestos actos que le fueron atribuidos, situación que fue debidamente valorada por la Fiscal de Materia; empero, tal situación no fue estimada por la autoridad jerárquica, mucho menos se refirió para tomar la decisión de revocar la desestimación, apartándose de los marcos de razonabilidad y equidad.

La autoridad jerárquica vulneró también su derecho a la igualdad, al haber fundamentado su Resolución sobre criterios personales, privilegiando requisitos formales que no pueden invalidar la verdad material, sin brindar ninguna motivación razonada para revocar la resolución de desestimación.

Añadió que al ser el derecho a la defensa una exigencia del principio de justicia, conlleva una serie de derechos, entre ellos el de ser notificado, participar del proceso, acceder al expediente, ser oído, recurrir y recibir una respuesta pronta, oportuna y coherente.