1231/2022-S1

Alejandro Gamboa Mendoza, Fiscal de Materia de La Paz, no presentó informe escrito; empero, en audiencia de acción de libertad, refirió que:

1. a)Mediante Resolución 19/2020 de 30 de octubre, ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ya se interpuso una acción de libertad en su contra, donde como primer agravio se señaló que se vulneró los derechos y garantías constitucionales del ahora accionante, ya que fue notificado el 25 de septiembre de 2020, con la resolución de aprehensión a objeto de que presente su declaración informativa, notificación que fue practicada por Mike Iturralde Estrella, quien no era el investigador del caso, y el hecho de que del 25 al 28 de septiembre del señalado año tenía menos de veinticuatro horas para constituirse en la ciudad de La Paz; como segundo agravio y que se redunda ahora, es por qué el "Fiscal Dr. Fernando Atanasio" hizo una ampliación de investigación por otro delito, resultado de esa ampliación, la resolución de aprehensión; como tercer punto de agravio refiere que la resolución de aprehensión no se encontraba cargada dentro del sistema de justicia libre;
2. b)Los actuados investigativos denunciados fueron resueltos en una primera instancia por Resolución de la referida Sala Penal, y se hizo una mezcla de la primera acción de libertad con la presente acción de defensa dirigida en su contra;
3. c)No se advirtió que la vida del ahora impetrante de tutela esté en peligro, o que se encuentre ilegalmente perseguido o privado de libertad;
4. d)El Juzgado que dictó la primera acción de libertad hizo referencia a la "SCP 0140/2013", donde se establece que en el caso de autos el Juzgado de Instrucción tenía un Juez de garantías y no se dio el principio de subsidiariedad; es así que, bajo el principio de subsidiariedad se negó la tutela;
5. e)Existe una primera ampliación del término de investigación de la etapa preliminar y un auto de control jurisdiccional de 6 de marzo de 2020, donde el Juez de Instrucción realizó la conminatoria al entonces Fiscal, a objeto de que éste emita requerimiento conclusivo de etapa preliminar, ya que la imputación formal data del 13 de marzo de 2020 y la ampliación supera ese auto de control;
6. f)Al primer ilícito penal (legitimación de ganancias ilícitas) el aludido "Fiscal" emitió requerimiento conclusivo, que en ese momento, no fue causal para la presentación de la acción de libertad en su contra y hubo una ampliación por otro delito, y una tercera, por falsedad en declaraciones de renta y obstrucción de justicia;
7. g)En relación a la subsidiariedad, hace referencia a las fotocopias que se ha extraído del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, y que se cumplió con el referido principio; sin embargo, cuando el Ministerio Público presentó la ampliación de investigaciones, el abogado en su memorial no solicitó la corrección en aplicación del "artículo 168", ni uso el recurso de reposición, y no emitió ningún pronunciamiento al respecto, aspecto por los que considera que no se habría cumplido con la referida subsidiariedad; y,
8. h)En la primera acción tutelar interpuesta no se demostró conforme al art. 125 de la CPE como estaría en peligro su vida, si esta indebidamente procesado o quiere corrección de procedimiento, y asimismo no se ha demostrado qué derecho o garantía se habría vulnerado, porque en definitiva se señala y se aclara que solo quiere que se cumpla un auto de control; por lo que, el ahora peticionante de tutela tenía la vía expedita ante el Juzgado de Instrucción, pretendiendo hacer incurrir en error; toda vez que, existe una dualidad de pronunciamiento del juez natural y ahora del Juez constitucional.

El Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 25/2020 de 26 de noviembre, cursante de fs. 68 a 71, denegó la tutela impetrada por el ahora accionante, con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)Respecto a los actos ilegales cometidos por el Ministerio Público y la Policía Nacional, la jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0202/2020-S3, 0695/2019-S3 y 0869/2019-S4 entre otras, señalaron que "toda persona que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de sus formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor. Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos donde ya cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación" (sic);
2. 2)De la referida jurisprudencia constitucional, se tiene que todas las supuestas irregularidades denunciadas en esta acción de libertad, como por ejemplo:
3. a)El hecho de que el Fiscal Fernando Atanacio después de haber transcurrido catorce días haya emitido irregularmente una resolución de aprehensión;
4. b)Pese a la conminatoria para que concluya la investigación preliminar, contrariamente se dispuso la ampliación de la investigación por tipos penales y no por hechos;
5. c)Se dictó una resolución de rechazo a favor de Ana Mónica Coral Paiva Camacho y no así a favor del impetrante de tutela;
6. d)La ampliación irregular de la investigación por los tipos penales de falsedad de declaración jurada de bienes y rentas y obstrucción de justicia; y,
7. e)Hasta el presente se pretende seguir alargando la investigación, todos esos extremos debían ser puestos en conocimiento del juez cautelar; toda vez que, por mandato del art. 54.I del CPP, el juez cautelar es el que ejerce control de la etapa investigativa o preparatoria, en consecuencia un "juez de acción de libertad" no puede superponerse o suplir la actuación de jueces cautelares;
8. 3)De ninguna manera puede interponerse una acción de libertad con los mismos o parecidos argumentos de otra acción de libertad, al respecto la jurisprudencia constitucional señaló que cuando se da una identidad parcial de sujeto, objeto o causa con otra acción de libertad, es causal de denegatoria; es así que, de la lectura de la resolución de acción de libertad pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se tiene que, el objeto de esa acción es el mismo que se pretendió en la presente acción tutelar, es decir, que cesen los actos ilegales y que se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión librado por el Ministerio Público;
9. 4)En relación a que se estaría vulnerando el principio de presunción de inocencia, el art. 116 de la CPE establece que toda persona sometida a una investigación penal goza de la presunción de inocencia, de lo que se entiende que, Gustavo Prieto Marañón es y será inocente mientras no exista en su contra sentencia ejecutoriada; y,
10. 5)No se agotó los mecanismos intraprocesales que establece el procedimiento y no se dio cumplimiento a la jurisprudencia desarrollada por el "Tribunal Constitucional".

II.7. Mediante Resolución 19/2020 de 30 de octubre, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, dentro de la acción de libertad planteada por el ahora impetrante de tutela contra Alejandro Gamboa Mendoza, Fiscal de Materia, resolvió denegar la tutela impetrada, en la cual describió como actos vulneratorios denunciados por el ahora accionante lo siguiente:

1. i)Dentro de la investigación por la supuesta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, el 13 de marzo de 2020, el Ministerio Público emitió imputación formal en su contra, sin que hubiera sido notificado personalmente con la misma de manera irregular;
2. ii)El Fiscal "Luis Fernando Atanacio" amplió la investigación en su contra, por enriquecimiento ilícito en beneficio de particulares, vulnerando la Circular Interna 002/2019 de 7 de enero que determina que los Fiscales no pueden utilizar la figura de ampliación de la investigación contra el imputado y nuevos imputados, por otros delitos como mecanismo dilatorio o renovación del plazo;
3. iii)Fue notificado el 25 de septiembre de 2020 por un funcionario policial que no está asignado al caso, para prestar otra declaración informativa el 28 de igual mes y año, en calidad de sindicado sobre el mismo hecho, pero por otros delitos, sin darle ni siquiera veinticuatro horas para preparar su defensa y pedir permiso de la institución policial donde pertenece para trasladarse de la ciudad de Cochabamba a La Paz; y,
4. iv)Debido a la notificación tardía señalada anteriormente, recién le notificaron con el permiso solicitado el 28 de mismos mes y año; por lo que, no pudo asistir a prestar su declaración ese día, aspecto que se encuentra justificado; sin embargo, el Ministerio Público emitió mandamiento de aprehensión en su contra, el cual no fue cargado al portafolio digital del mismo para su conocimiento, enterándose de dicho mandamiento porque miembros de la División de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) lo pusieron a conocimiento del Comando General de la Policía Boliviana para su ejecución, razón por la cual su libertad se encuentra en riesgo.

De acuerdo al Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal Constitucional Plurinacional, la Resolución señalada precedentemente, ya fue objeto de revisión por parte esta instancia constitucional, emitiéndose la SCP 0735/2021-S2 de 3 de noviembre, en la cual se tiene como sujetos de la acción de libertad a Gustavo Prieto Marañón y como demandado a Alejandro Gamboa Mendoza, Fiscal de Materia; asimismo, como causa de la referida acción tutelar, el accionante denunció la "...vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de defensa; alegando que, "extraoficialmente" habría tomado conocimiento que la autoridad demandada emitió una orden de aprehensión en su contra al no haberse presentado a objeto de prestar su declaración informativa, sin haber tomado en cuenta el memorial, ni los descargos que presentó justificando su inasistencia; de igual modo, observa que dicha actuación y otras realizadas con carácter posterior al 28 de septiembre de 2020 no se encuentran cargadas al sistema de portafolio digital de la Fiscalía" (sic); y dentro del objeto de su demanda pidió:

1. a)Cese la persecución indebida y se restablezcan las formalidades de ley; es decir, que se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión de 16 de octubre de 2020, debiendo ser el Ministerio Público quien lo cite, otorgándole el plazo necesario para preparar su defensa; y,
2. b)El Fiscal demandado actualice el sistema portafolio digital e incluya los actuados procesales posteriores al 28 de septiembre del precitado año; por consiguiente, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, resolvió confirmar dicha Resolución y denegar la tutela impetrada, aplicando la subsidiariedad excepcional y por ende no ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada1 (fs. 58 a 61).

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y la presunción de inocencia, vinculado a la libertad y garantías constitucionales; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, arguye estar indebidamente perseguido en razón a que:

1. 1)El 25 de septiembre de 2020, por instrucciones del Fiscal ahora demandado, un funcionario policial, sin ser el investigador asignado al caso, le notificó con una citación para que se haga presente en la ciudad de La Paz el 28 de igual mes y año; sin que se le otorgue el plazo razonable para asumir defensa;
2. 2)Después de catorce días de habérsele convocado a su declaración, de forma ilegal recién pronunció Resolución de aprehensión instruyendo su ejecución al Comando General de la Policía;
3. 3)Emitió una imputación irregular en su contra y resolución de rechazo sólo en favor de la otra coimputada; y,
4. 4)Pese a que la autoridad jurisdiccional, le conminó a formular un acto conclusivo, se limitó a presentar un memorial solicitando la ampliación de la detención preventiva y en el fondo pidió aplicar la investigación por nuevos tipos penales.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. i)La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y,
2. ii)Análisis del caso concreto.