Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1233/2019-S1 Sucre, 16 de diciembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 30094-2019-61-AAC Departamento: Potosí
En revisión la Resolución 27/2019 de 22 de julio, cursante de fs. 83 a 93, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Javier Fernández Mamani contra Policarpio Acarapi Copa, Presidente; Alain Sánchez León, Director General Administrativo y Financiero; y, Rosmer Marcelo Pérez Ramírez, Encargado de Recursos Humanos todos de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memoriales presentados el 12 y 17 de julio de 2019, cursantes de fs. 22 a 43 y 47 a 48, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 13 de junio de 2018, fue designado en el cargo de Asesor Legal de la Comisión de Desarrollo Productivo de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, cargo asumido bajo la presidencia de la Asambleísta Segundina Guzmán Aguilar; por lo que, realizó los trámites para asegurarse en la Caja Nacional de Salud (CNS) y como dependiente beneficiaria a su esposa a quien lamentablemente le diagnosticaron cáncer de mama en octubre de 2018, por lo que tuvo que trasladarse junto a ella a la Unidad de Oncología del Hospital Obrero 2 de Cochabamba.
Ya enterados en el referido ente legislativo de la enfermedad de su esposa, el 28 de enero de 2019, solicitó ante la Dirección Administrativa y Financiera de esa entidad, una licencia especial para que pueda trasladarse a Cochabamba a la intervención quirúrgica de su esposa a realizarse al día siguiente, pues se requería su autorización para la misma; desde entonces a su esposa, le vienen realizando tratamientos de quimioterapia en el mencionado departamento.
En ese sentido, conociendo el delicado estado de salud de su esposa, la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, el 18 de junio de 2019, lo desvinculó laboralmente mediante Memorándum ALDP/R.HH./067/2019 de la referida fecha, por "reestructuración de personal e instrucciones superiores" (sic). En base a ello, el 24 de similar mes y año, a través de nota dirigida a la citada entidad solicitó la reincorporación a su fuente laboral, señalando los antecedentes de la enfermedad de su esposa, sobre la cual no existe respuesta alguna; posteriormente, realizó similar solicitud ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, instancia en la cual le indicaron que no se podría hacer nada por ser un funcionario de libre nombramiento.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El impetrante de tutela refirió la vulneración de su derecho al trabajo, a la vida, salud, a la seguridad social y a la dignidad por afectación a la estabilidad funcionaria, citando al efecto los arts. 46.II, 48.VI y 233 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo:
- a)Se le otorgue la inamovilidad y continuidad funcionaria por tener bajo su dependencia a su esposa con cáncer, la misma que goza del seguro social de la CNS; y,
- b)Se restablezcan sus derechos vulnerados.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública el 22 de julio de 2019, conforme se evidencia del acta cursante de fs. 71 a 83, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El peticionante de tutela por intermedio de su abogado, en audiencia ratificó íntegramente los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo expresó:
- 1)Lo más extraño de su desvinculación es que refieren que es por reestructuración del personal y por instrucciones superiores, aspectos que no existen en la Constitución Política del Estado, no habiendo ninguna otra causal, ni procedimiento interno previo o administrativo;
- 2)El art. 233 de la CPE, refiere quienes son los servidores públicos, los que forman parte de la carrera administrativa y los que desempeñan cargos electivos o de libre designación y quienes ejercen funciones de libre nombramiento;
- 3)Si se hace un razonamiento desde y conforme al bloque de constitucionalidad vamos a entender que se han vulnerado derechos y garantías constitucionales, uno de ellos es al trabajo;
- 4)Los principios que rigen en materia laboral de los cuales gozan los servidores públicos porque es su fuente de ingreso, están regidos por el art. 48 de la Norma Suprema, y del que se beneficia su persona, porque su esposa padece cáncer;
- 5)Existen derechos subyacentes vulnerados a partir de su desvinculación laboral ya que gozaba hasta el 18 de junio de 2019 del seguro de salud; el art. 233 de la CPE señala acerca de la clasificación de los funcionarios públicos, que se puede interpretar conforme la legalidad de la norma, pues estaríamos vulnerando valores y principios fundamentales que estructuran el entendimiento global del Estatuto del Funcionario Público; el art. 47 de la Norma Suprema, señala que se protegerá el trabajo en todas sus formas y en su art. 9, establece los fines y funciones esenciales del Estado; asimismo, su art. 109 refiere que los derechos y garantías son de aplicación directa; la Organización Internacional del Trabajo (OIT) protege el derecho al trabajo, no discrimina las fuentes de trabajo; porque se defiende la estabilidad laboral, debido a que su esposa depende del seguro personal que goza así como del derecho a la salud y a la vida; ya que su esposa no es servidora pública, no trabajaba y depende de los ingresos de su persona y ahora padece cáncer de mama;
- 6)El seguro social no es solo para uno mismo, sino también se amplía a la familia, por ello al desvincularlo se afecta el derecho que tenía su esposa a gozar del seguro, cuando esos derechos deberían interpretarse de manera no regresiva; el art. 13 de la CPE refiere que los derechos reconocidos en ella, son inviolables, universales, independientes, interdependientes; y,
- 7)Desde la visión constitucional y el art. 256 de la CPE se debe aplicar la favorabilidad que garantice la vigencia material del Estado Constitucional de Derecho, se debe aplicar el derecho favorable basándonos en principios de proporcionalidad porque al entender en su literalidad el art. 233 "a partir del 232", no existe en el Estado Constitucional de Derecho, un criterio restrictivo con relación a que su persona no goza de estabilidad laboral, la Constitución Política del Estado no ordena aquello y por primacía de la misma en su art. 410 debe aplicarse como norma de directa justiciabilidad por encima del Estatuto del Funcionario Público y el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa Plurinacional porque así lo ha diseñado la reingeniería constitucional desde el preámbulo hasta el bloque de constitucionalidad; por ello se ratifica en su petitorio.
I.2.2. Informe de la autoridad demandada
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