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TCP

1239/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de diciembre de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Voto Disidente 1239/2019-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 20 de diciembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 29282-2019-59-AAC Departamento: Oruro

Partes: Germán Mamani Taquichiri y Paola Andrea Gutiérrez Mamani contra Mario Mamani Gómez, Director Distrital de Educación de Turco; Gladys Irma Ajata Flores, Magno Canqui Ala, Octavio Calani Huarachi, Elena Atahuichi Choque, Fabio Luna Gómez Cabita, Sofía Delfina Choque Carrizo, Víctor Blanco Mollo, Filimón Cecilio Capu Apaza, Virginia Catalina Mamani Quenaya, Virginia Santos Nicolás, Jimmy Canqui Alá, Augusto Paz Mamani Chaquilla, todos profesores de la Unidad Educativa "Turco", Dionicio Mollo Flores, Presidente; Gregorio López Cahuana, Secretario de Actas; Cleta Moller Mamani, Secretaria de Hacienda; Germán Gómez Blanco, Secretario de Bienes; y, Arsenia Veliz Mollo, Vocal, todos de la Junta Escolar de la Unidad Educativa "Turco".

I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA

La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la , que resolvió CONFIRMAR la Resolución 57/2019 de 3 de mayo, cursante de fs. 1836 a 1841, pronunciado por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al fondo.

En todo caso, considera que se debió ingresar al análisis de fondo y REVOCAR en parte la Resolución 57/2019 emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada respecto a Mario Mamani Gómez, Director Distrital de Educación de Turco y DENEGAR la tutela solicitada respecto a los profesores y la Junta Escolar de la Unidad Educativa "Turco", en atención a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente disidencia.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA

En la acción de amparo constitucional, los impetrantes de tutela denuncian la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la dignidad, a la presunción de inocencia, y a la seguridad personal, pretendiendo el control de constitucionalidad de las presuntas medidas de hecho contra los accionantes, traducidos en los actos desplegados por:

  1. a)El Director Distrital de Educación de Turco, que en total desconocimiento de la Constitución Política del Estado, la norma educativa y sin previo proceso público justo, mediante los Memorandos con Cites MDDET 12/2018 y MDDET 13/2018, ambos de 10 de octubre, ejecutó la Resolución 02/2018 de 10 de octubre, emanada por la Junta de Autoridades Originarias de Turco, que dispuso su retiro y expulsión inmediata de sus cargos de Director y Profesora, ambos de la Unidad Educativa "Turco", consintiendo y permitiendo que se viertan amenazas en su contra; y,
  2. b)Los profesores y la Junta Escolar de la aludida Unidad Educativa, mediante las Notas de 2 y 3 de febrero de 2019, pretenden bajo amenaza, la ejecución de la referida Resolución 02/2018, impidiéndoles el ingreso a la indicada Unidad Educativa, incluso a la inauguración del año escolar de la gestión 2019.

II.1. De las contradicciones de la Sentencia Constitucional Plurinacional objeto de disidencia

En la que se disiente, la DENEGATORIA de la tutela solicitada se fundó en el incumplimiento del principio de subsidiariedad, puesto que, los accionantes contaban con las vías legales para impugnar las determinaciones del Director Distrital de Educación de Turno, pues "...si consideraban que estas determinaciones afectaban de forma alguna sus derechos, podían interponer los recursos correspondientes en la misma vía administrativa..." (sic) contra Memorandos con Cites MDDET 12/2018 y MDDET 13/2018, ambos de 10 de octubre; es decir, la denegatoria de tutela se encuentra sustentada en una cuestión procesal, como es el incumplimiento del agotamiento de recursos (de revocatorio y jerárquico) en sede administrativa, resaltando que no se ingresó en el fondo.

No obstante, el fundamento de la Sentencia Constitucional Plurinacional objeto de esta disidencia, de manera contradictoria ingresó a efectuar consideraciones de fondo concernientes a la Resolución 02/2018 que dispuso su retiro y expulsión inmediata de sus cargos de Director y Profesora de la Unidad Educativa "Turco"-ahora accionantes-, expresando que el conflicto debe ser visto de forma integral, y que el Director Distrital de Educación de Turco -ahora demandado- solo cumplió con la Resolución 02/2018 -que determinó la obediencia de las autoridades de Educación en el nivel Distrital, Departamental y Ministerio de Educación-, que el Director Distrital de Educación demandado, solo cumplió y que los accionantes consideran medidas de hecho.

El conflicto debe ser visto de forma integral, en el marco de la interpretación intercultural, el principio comunitario de interrelacionalidad, puesto que, se constituye en una forma de resolución de conflictos por la Jurisdicción Indigena Originaria Campesina en temas que tenían incidencia en su población, por lo que, de ninguna manera puede ser entendida como medida de hecho. Además, las medidas de hecho deben ser debidamente acreditadas por los accionantes, que en la especie, no se presentaron elementos probatorios de tales medidas. Estas consideraciones de fondo, contradicen las decisión y los fundamentos adoptados por la Sentencia Constitucional Plurinacional objeto de esta disidencia.

En el marco de los razonamientos precedentes que denotan contradicciones en la , la suscrita Magistrada en líneas que siguen desarrolla los fundamentos jurídicos y análisis del caso concreto que sustentan la disidencia. En consecuencia, correspondía analizar, en revisión, si tales argumentos fueron evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto debía analizarse los siguientes temas:

  1. 1)Presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional ante denuncia de medidas o vías de hecho;
  2. 2)El régimen constitucional de protección al trabajo y el deber del Estado de protegerlo en todas sus formas;
  3. 3)De la inamovilidad laboral docente del magisterio en tanto no se imponga una sanción administrativa disciplinaria ejecutoriada previo proceso;
  4. 4)El derecho a ser oído parte sustancial del derecho a la defensa;
  5. 5)La presunción de inocencia y su vinculación con la garantía general del debido proceso; y,
  6. 6)Análisis del caso concreto.

II.2. Presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional ante denuncia de medidas o vías de hecho

Frente a las acciones provenientes de medidas de hecho, corresponde considerar la , la cual, refirió otras sentencias constitucionales, y se basó en ellas, así como también, procedió a modular la línea jurisprudencial desarrollada hasta ese momento; entonces, entendiendo que es preciso tener conocimiento del contexto jurisprudencial en el que emergió dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, es menester señalar aspectos importantes que son parte del razonamiento de la misma, a ese fin, se tiene a bien citar la 1, la cual que estableció los siguientes aspectos en cuanto al alcance de las medidas de hecho, indicando que ellas prescinden de las instancias legales a fin de realizar una "justicia" directa, cuando resultan ilegítimas, precisamente por no estar respaldadas legalmente y, además, que por el daño ocasionado y la gravedad del mismo, merecen una tutela inmediata; sobre esa base, la , si bien entendió la necesidad de actuar con prontitud y efectividad frente a medidas de hecho, también vio la necesidad de establecer las condiciones precisas en las que se podía activar la vía constitucional de forma directa, para lo cual señaló:

No obstante, se deja presente que existen requisitos para considerar la situación como medida de hecho y hacer abstracción de las exigencias procesales, como ser:

  1. 1)Debe existir una debida fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho o justicia a mano propia, donde el agraviado o accionante se encuentre ante una situación de desprotección o desventaja frente al demandado, o agresor, sea autoridad, funcionario o particular o grupo de personas, por la desproporcionalidad de los medios o acción; la presentación de la acción de amparo constitucional debe ser de manera oportuna e inmediata, haciendo abstracción de la subsidiariedad. De lo contrario no justificaría la premura ni gravedad y deberá agotar las instancias jurisdiccionales o administrativas pertinentes según sea el caso, y agotadas las mismas, acudir a la jurisdicción constitucional.
  1. 2)Necesariamente se debe estar ante un inminente daño irreversible o irreparable, ya sea agravando la lesión ya consumada, o que ello provoque la amenaza de restricción o supresión a otros derechos fundamentales. Situaciones que deben ser fundamentadas y acreditadas.
  1. 3)El o los derechos cuya tutela se pide, deben estar acreditados en su titularidad; es decir, no se puede invocar derechos controvertidos o que estén en disputa, atendiendo claro está, a la naturaleza de los mismos.
  1. 4)En los casos en que a través de medios objetivos se ponga en evidencia que existió consentimiento de los actos denunciados y acusados como medidas de hecho, no corresponde ingresar al análisis de la problemática, por cuanto esta acción de defensa no puede estar a merced del cambio o volatilidad de los intereses del accionante. Sin embargo, cuando el agraviado o accionante señale que existen actos de aparente aceptación, pero que son producto de la presión o violencia que vició su voluntad, ésta situación debe ser fundamentada y acreditada de manera objetiva, en ese caso, será considerada una prueba de la presión o medida de hecho, inclusive.

Ahora bien, habiendo ya señalado de manera muy sucinta el contexto en el que emergió la , se pasa a indicar las condiciones establecidas por esta -modulando entre ellas algunas señaladas por la , ya que, se entiende, vio por conveniente superarlas- para solicitar la tutela constitucional frente a la presencia de medidas de hecho:

  1. i)La excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, es decir, que el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias, de forma directa, sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa2.

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