1244/2022-S3

Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 23 de noviembre de 2021, cursante de fs. 278 a 281, manifestó que:

1. a)El Tribunal o Juez de garantías está impedido de revisar o sustituir a la jurisdicción común por cuanto la interpretación de la legalidad ordinaria es realizada por la jurisdicción ordinaria;
2. b)La presente acción tutelar no cumplió con los presupuestos de activación del control de constitucionalidad; por cuanto, omitió exponer el nexo de causalidad entre los derechos denunciados y las presuntas conductas vulneradoras de ellos, y tampoco explicaron de manera precisa y concreta cómo se vulneraron los derechos alegados; y,
3. c)De la revisión del Auto de Vista de 29 de abril de 2021 hoy cuestionado se advierte que la ex Vocal de esa Sala emitió el mismo aplicando las normas procesales así como la jurisprudencia vinculante al caso, respetando en todo momento los derechos y garantías de los sujetos procesales. Al no existir vulneración alguna de derechos y garantías constitucionales solicitó denegar la tutela solicitada.

Sofia Jhenny Almanza Camacho, Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 22 de noviembre de 2021, cursante de fs. 344 a 348, manifestó que:

1. 1)Los accionantes ya interpusieron otra acción tutelar bajo los mismos fundamentos y buscando el mismo efecto; puesto que, conforme la documentación acompañada, el 27 de mayo de 2021 se resolvió una acción de libertad donde también se alegó vulneración de derechos fundamentales con relación al Auto de Ampliación de Medidas de Protección de 9 de abril del citado año, y al Auto de Vista de 29 de abril de igual año, que resolvió el recurso de apelación interpuesta;
2. 2)La referida acción tutelar fue resuelta por el Juez de garantías que denegó la tutela ingresando al análisis de fondo y remitida para su revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, pudiendo advertirse que se trata del mismo hecho denunciado, existiendo por ello identidad de sujetos, objeto y causa;
3. 3)En cuanto a al Auto de 9 de abril de 2021 por el cual amplió las medidas de protección, la misma fue objeto de recurso de apelación y remitida ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, siendo ante quienes debieron realizar sus reclamos en cuanto a la fundamentación y errónea valoración;
4. 4)Con la finalidad de no incurrir en omisión de denuncia, ordenó la remisión de antecedentes al Ministerio Público para fines investigativos; empero, no por los mismos hechos del caso en concreto, sino por hechos nuevos que no fueron considerados en el Auto de Ampliación de Medidas de Protección de 9 de abril de 2021;
5. 5)En el referido Auto, se advirtió que los procesados son padres que tienen dos hijos menores de edad AA y BB -ahora accionantes-; por lo que, se dispuso la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), para que se vele por el respeto de sus derechos;
6. 6)En audiencia de consideración de la acción de libertad se estableció que si bien desocuparon el inmueble, no tienen restringido su ingreso; puesto que, justamente el menor de edad AA pasa sus clases virtuales allí, por contar -el domicilio- con servicio de internet; y,
7. 7)En el caso se estableció que quien requiere tutela reforzada es la víctima adulta mayor y no los procesados. Solicitó se deniegue la tutela solicitada.

Margarita Gutiérrez de Quiroga a través de su representante -hijo-, mediante memorial presentado el 22 de noviembre de 2021, cursante de fs. 507 a 511 vta. manifestó que:

1. i)Con relación a la legitimación activa, la "accionante" dirige su acción de amparo constitucional contra una autoridad que no emitió ningún tipo de resolución en el presente caso;
2. ii)En el caso ya se emitió Sentencia condenatoria contra Roxana Doris Laime Paco y Willy Eduardo Quiroga Gutiérrez;
3. iii)No se dispuso el "desalojo" sino la "desocupación" porque no se encuentran en un proceso civil sino penal, y ante el conocimiento de la existencia de menores de edad -involucrados- se dispuso la intervención de la DNA; y,
4. iv)Las autoridades ahora accionadas cumplieron a cabalidad con el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, precautelando sus derechos como adulta mayor así como los derechos de los dos menores de edad AA y BB -accionantes-.

Willy Eduardo Quiroga Gutiérrez, mediante memorial presentado el 19 de noviembre de 2021, cursante de fs. 513 y vta., manifestó que:

1. a)Se quebrantó uno de los pilares de la sociedad cual es la familia, ya que por la determinación ilegal de las autoridades hoy accionadas, se vulneró los derechos fundamentales de dos menores de edad -accionantes-;
2. b)La Jueza ahora coaccionada declaró probada la solicitud de Ampliación de Medidas de Protección, determinando el desalojo del domicilio conyugal de su persona y de Roxana Doris Laime Paco -su esposa- y sus dos hijos menores de edad AA y BB -accionantes-; sin embargo, su esposa e hijos no son concubinos de la presunta víctima;
3. c)En el Auto de Vista de 29 de abril de 2021, la ex Vocal, erróneamente realizó su fundamentación con base a un recurso de apelación de medidas cautelares vulnerando el debido proceso; y,
4. d)La Jueza de primera instancia debió sancionar a su persona con la detención de tres a seis días por el supuesto incumplimiento de medidas de protección, tal cual lo establece el art. 389 quinquies del Código de Procedimiento (CPP). Solicitó se conceda la tutela.