1245/2019-S1

Expediente: 28390-2019-57-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 20 de 3 de abril de 2019, cursante de fs. 504 a 506, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cynthia Carmiña Valencia Canedo, Walter Salazar Villarroel, Juan Pablo Serrate Saucedo y María Paula Antelo Aguirre en representación legal de Industrias de Aceite Sociedad Anónima (S.A.) contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 25 de marzo de 2019, cursante de fs. 449 a 464, la parte accionante expresó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción En virtud a la venta de 276 toneladas de granos de soya (materia prima para la producción de aceite comestible) efectuada por parte de Inés Turpo de Mamani -ahora tercera interesada-, se entregó a la misma notas de recepción (que constituirían documentos de crédito válido, pagadero al portador) 10717, 10763, 10793, 10843, 11928, 11043 y 11956 (que registraban la cantidad y calidad del producto), para que con ellas efectué el cobro respectivo; sin embargo, debido a que el cheque no se encontraba listo, la prenombrada decidió coordinar o contratar los servicios de una tercera persona (Carlos Antelo Suarez) para que éste aparentemente agilice el pago y pueda cobrar en su nombre; en consecuencia, la hoy tercera interesada hubiese entregado los originales de las siete notas de recepción o boletas de entrega de granos de soya referidas, más un papel en blanco firmado para que el aludido pueda agilizar el cobro; a tal efecto, por voluntad propia, procedió a ceder su derecho de crédito mediante carta de 11 de mayo de 2012, dirigida a la Empresa, solicitando el cambio de su nombre de las notas de recepción por el de Carlos Antelo Suarez, adjuntando para el efecto una fotocopia de su cédula de identidad con su firma estampada; apersonándose el prenombrado a Industrias de Aceite S.A., adjuntando dicha documentación más las notas de recepción; por lo que, el Departamento de Contabilidad de la Empresa le entregó la respectiva liquidación y a contra partida Carlos Antelo Suarez emitió la respectiva factura por el monto liquidado; razón por la cual, la representante legal de la empresa el 15 de mayo de 2012 le dio el Cheque 0040900-3, mismo que posteriormente fue cobrado por el nombrado. Posteriormente, debido a problemas surgidos entre Inés Turpo de Mamani y Carlos Antelo Suarez, la aludida le inició a este último una acción penal por abuso de firma en blanco y otros, la que concluyó con resolución de rechazo por falta de elementos probatorios; de lo que se demuestra que la prenombrada tenía conocimiento del pago efectuado por el suministro de producto; sin embargo, pese a que el proceso penal no prosperó, Inés Turpo de Mamani, por carta de 21 de octubre de 2013, se apersonó a la Empresa que representa, y reclamó el pago de los productos entregados, sabiendo que el mismo fue efectuado a Carlos Antelo Suarez. Ante la negativa del pago, el 26 de marzo de 2014, Inés Turpo de Mamani interpuso demanda de cumplimiento de obligación de pago y resarcimiento de daños y perjuicios contra Industrias de Aceite S.A., representada por su persona, exigiendo la cancelación del importe total de $us115 920.- (ciento quince mil novecientos veinte dólares estadounidenses), proceso en el que, la Jueza Pública Civil y Comercial Decimacuarta del departamento de Santa Cruz, mediante Sentencia 58/16 de 30 de noviembre de 2016, declaró improbada la demanda planteada por Inés Turpo de Mamani; en consecuencia, la demandante -ahora tercera interesada- planteó recurso de apelación, siendo confirmada totalmente por Auto de Vista 367 de 30 de octubre de 2017, emitido por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Inconforme con el resultado del recurso de apelación, la ahora tercera interesada el 4 de diciembre de 2017, plateó recurso de casación contra el Auto de Vista 367; ante lo cual, los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionados- emitieron el Auto Supremo (AS) 1107/2018 de 1 de noviembre, declarando probada la demanda de cumplimiento de obligación de pago ordenando el pago de $us115 920.- a favor de la referida, incurriendo en acciones, omisiones y determinaciones ilegales, debido a que:

1. a)Aplicaron disposiciones legales que no se ajustan a la modalidad de contratos de provisión de materia prima; desconociendo el procedimiento sustentado en usos y costumbres empleados en la actividad agroindustrial (tema que no fue objeto de controversia en la demanda ordinaria), pues por voluntad de las partes, la nota de recepción es un documento con valor jurídico, su efecto es de un título valor empleado en el ámbito comercial, que a su vez acredita el cumplimiento de la obligación de entrega de materia prima por parte del vendedor y se constituye en obligación para el comprador de pagar el precio respectivo de la entrega, aspectos que al no haber sido considerados al momento de ingresar a dilucidar la problemática planteada en la demanda, como si se tratara de un Tribunal de instancia, desconocieron los alcances del recurso de casación, emitiendo una Resolución que no admite recurso ulterior, vulnerando su derecho a la defensa;
2. b)Restaron eficacia probatoria al resultado de la inspección judicial, realizada en la Planta Industrial "Don Felipe", en el que la Jueza de la causa constató el procedimiento aplicado para la recepción de materia prima, argumentando que "...solo sirve para observar y no para determinar el procedimiento de cobro..." (sic), sin exponer las razones jurídicas que justifiquen de manera razonable dicha determinación;
3. c)Realizaron una errónea comprensión del objeto del litigio, asumiendo la función de Juez, al haber creado una hipótesis sobre la ineficacia del acto voluntario de cesión de los derechos de crédito -que asumió la vendedora (ahora tercera interesada)-, esgrimiendo argumentos contradictorios e imprecisos que se sustentan en una incorrecta o errónea aplicación de disposiciones legales, previstas en los arts. 297, 298 y 384 del Código Civil (CC), y 512 del Código de Comercio (Ccom); cuando lo correcto era la aplicación de los arts. 787, 803, 807 y 819 del citado Código, vulnerando su derecho al debido proceso en su componente de aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, pues de acuerdo a la primera disposición referida el contrato para la provisión de los granos de soya fue verbal, al tratarse de la provisión de materia prima en el ámbito agroindustrial; en relación a la segunda norma, en los contratos comerciales rige la buena fe de las partes, operando lo pactado y la naturaleza del mencionado contrato según la costumbre o equidad tanto para la entrega de la materia prima y el pago; en cuanto a la tercera disposición, respecto a la prohibición de invocar la falta de representación frente a terceros de buena fe, la ahora tercera interesada asumió actos positivos para hacer concluir que cedió sus derechos de crédito autorizando a Carlos Antelo Suarez para que le represente en el cobro de la soya vendida; sobre la última disposición, concurrió el presupuesto para la cesión de crédito y por otro lado respecto al art. 512 del Ccom; en el presente caso, la regulación sobre los títulos valores no se aplican a los documentos utilizados en los contratos comerciales, como ser boletos, fichas, contraseña u otros documentos (notas de recepción), porque no están destinados a circular, puesto que sirven exclusivamente para identificar a quien tiene derecho para exigir la prestación correspondiente; por lo que, quien tiene la nota de recepción que se utiliza en el campo industrial tiene toda la validez legal para cobrar el valor del producto o materia prima vendida;
4. d)No se pronunciaron de manera expresa, positiva y precisa sobre la errónea valoración de la prueba y la vulneración de los arts. 291, 297, 298, 584 y 636 del CC y 512 del CCom, que fueron denunciados en el recurso de casación por la hoy tercera interesada;
5. e)Al disponer que se efectué el pago de una obligación que ya fue cumplida se vulneró el derecho a la propiedad privada en su elemento patrimonio empresarial; y,
6. f)Omitieron valorar la abundante prueba presentada a través de la cual demostraron que la prenombrada realizó la cesión de sus derechos de crédito, puesto que la referida envió una carta solicitando el cambio de nombre en las notas de recepción a favor de Carlos Antelo Suarez, lo cual acreditaría el derecho para que este exija el pago por los granos de soya; por lo que, la ahora tercera interesada es la responsable para que se haya efectuado el pago de la venta al referido, desconociendo de esta forma las autoridades hoy accionadas el principio de verdad material, que debieron aplicar en sus funciones y no inventar formalidades para justificar la determinación de casar el Auto de Vista. I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de defensa, motivación de las decisiones judiciales y aplicación objetiva del ordenamiento jurídico; a la propiedad privada; y, al principio de verdad material, citando al efecto los arts. 56 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). I.1.3. Petitorio Solicita se le conceda la tutela impetrada, disponiendo se deje sin efecto el AS 1107/2018², debiendo emitirse uno nuevo sobre la base de una revisión y consideración objetiva de todos los antecedentes del caso y aplicando las normas correspondientes del Código de Comercio; y, se condene con costas procesales. I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías Celebrada la audiencia pública el 3 de abril de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 500 a 504, se encuentran en audiencia tanto la parte accionante asistido por su abogado, las autoridades accionadas y ausente la tercera interesada, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La parte peticionante de tutela, ratificó de manera íntegra lo expresado en el memorial de acción de amparo constitucional y en audiencia ampliando la misma, manifestaron que:
7. 1)La adquisición de materia prima se la realiza en el marco de contrato comercial consensual sujeto a normas previstas en el Código de Comercio, así como a los usos y costumbres que rigen la actividad agroindustrial;
8. 2)Las notas de recepción (en las que se registra la cantidad y calidad del producto) dadas a la conclusión del procedimiento de entrega del producto se encuentran reguladas por el art. 512 del CCom;
9. 3)Los Magistrados hoy accionados se apartaron de los usos, procedimientos y de la normativa del Código de Comercio que regula los contratos comerciales consensuales que son verbales, no escritos; y,
10. 4)Las referidas autoridades casaron el Auto de Vista 367 y declararon probada la demanda, disponiendo que se pague una deuda que ya fue cancelada sin pronunciarse expresamente sobre los hechos ilegales denunciados por la ahora tercera interesada en el recurso de casación, modificando el planteamiento de la problemática referente a la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 180 de la CPE; 291, 297.I y II, 298, 584 y 636 del CC; y, 512 del Ccom; y, establecen como punto neurálgico de dicho recurso, el destino del pago por la entrega de soya que debería efectuar a la prenombrada; por lo que, reiteran el petitorio planteado en la presente acción tutelar. I.2.2. Informe de las autoridades accionadas Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito cursante de fs. 496 a 499, manifestaron que:
11. i)Con relación a la lesión del derecho a la defensa denunciado por la parte accionante, el AS 1107/2018², precisó que "...el punto neurálgico de la presente causa es referente al destino del pago por la entrega de soya que debía efectuar la Sociedad Comercial Industrias de Aceite FINO S.A." (sic), precisión que fue establecida debido a que el debate se circunscribía al pago por la entrega de soya, siendo la posición de la parte impetrante de tutela que Inés Turpo de Mamani -hoy tercera interesada- hubiese cedido su derecho a un tercero para el cobro de la acreencia por el pago de la venta de granos de soya; por lo que, se consideró los argumentos de defensa; y,
12. ii)Respecto a la supuesta falta de aplicación objetiva del ordenamiento jurídico en el caso concreto, se hizo análisis de los arts. 297 y 298 del CC, sobre quienes pueden recibir el pago y en relación al pago al acreedor aparente; por cuanto, no fue necesario ingresar a considerar las normas aparentemente infringidas; en consecuencia, el debate se enfocó solo en establecer si la cesión fue idónea para que se determine la eficacia del pago realizado por Industrias de Aceite S.A.; por lo expuesto, solicitan se deniegue la tutela impetrada. I.2.3. Intervención de la tercera interesada Inés Turpo de Mamani, no asistió a la audiencia ni remitió escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 494. I.2.4. Resolución La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 20 de 3 de abril de 2019, cursante de fs. 504 a 506, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: a) La parte peticionante de tutela pretende que se ingrese a valorar hechos referidos a la aplicación de normas, respecto a la cesión de derechos y para ello en su acción de amparo constitucional hacen referencia a la errónea interpretación que hubiesen realizado los Magistrados ahora accionados para definir una cesión de derechos; en mérito a ello, conforme el principio de equidad y de acuerdo a la definición de las obligaciones, se evidenció que la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia no se apartó de la justicia, pues la parte accionante debió verificar quien era la persona a la que estaban pagando, en el entendido, que previamente debieron ser notificados con tal cesión o asegurarse de la existencia de un reconocimiento de firmas para cumplir con la formalidad de dicha cesión; asimismo, el proceso tiene carácter civil; por lo que, no existe una interpretación arbitraria y tampoco vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de aplicación objetiva de la Ley; b) En cuanto a que no existiría pronunciamiento sobre los puntos impugnados en el recurso de casación planteado por la recurrente ?-ahora tercera interesada- es ella la que debió cuestionar ese hecho; ante ello, no existe lesión al derecho enunciado; y, c) Respecto al derecho a la propiedad no existe lesión, pues la parte impetrante de tutela debió asegurarse quien es la persona a la cual se hubiese efectuado el pago. I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Por Decreto Constitucional de 9 de septiembre de 2019, se suspendió el cómputo del plazo por solicitud de documentación, reanudándose el mismo por Decreto Constitucional de 17 de diciembre de 2019. Asimismo, no habiendo encontrado consenso en Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del término legal establecido por el Código Procesal Constitucional.