1245/2019-S1

Expuesta la problemática, la SCP 1245/2019-S1 de 19 de diciembre, en revisión, resolvió: CONFIRMAR la Resolución 20 de 3 de abril de 2019, cursante de fs. 504 a 506, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada; conforme a los siguientes argumentos: "La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de defensa, motivación de las decisiones judiciales y aplicación objetiva del ordenamiento jurídico; a la propiedad privada; y, al principio de verdad material; toda vez que, los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionados-, al haber emitido el AS 1107/2018²:

1. i)Vulneraron su derecho al debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa y a la motivación de las resoluciones judiciales; puesto que, aplicaron disposiciones legales sobre la modalidad de contratos de provisión de materia prima, desconociendo el procedimiento sustentado en usos y costumbres que son empleados en la actividad agroindustrial y que no fue objeto de controversia en la demanda ordinaria, desconociendo la naturaleza del referido recurso;
2. ii)Lesionaron su derecho a la defensa, porque no consideraron la prueba de descargo producida en el proceso y los fundamentos jurídicos expuestos para desvirtuar la pretensión de la demanda y le restaron eficacia probatoria al resultado de la inspección judicial, realizada en la Planta Industrial "Don Felipe", al haber señalado que "...solo sirve para observar y no para determinar el procedimiento de cobro..." (sic);
3. iii)Vulneraron su derecho al debido proceso en su componente de aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, al haber realizado una errónea comprensión del objeto del litigio, asumiendo la función de juez, pues crearon una hipótesis sobre la ineficacia del acto voluntario de cesión de los derechos de crédito, sustentando tal argumento en la incorrecta aplicación de los arts. 297, 298, 384 del CC y 512 del Ccom; toda vez que, no se consideró que el contrato para la provisión de los granos de soya fue verbal, al ser en el ámbito agroindustrial; no se tomó en cuenta que en los contratos comerciales rige la buena fe de las partes, operando lo pactado y la naturaleza del mismo y que según la costumbre opera tanto para la entrega de la materia prima como para su pago; no se puede invocar la falta de representación frente a terceros de buena fe, cuando la -hoy tercera interesada- cedió sus derechos de crédito autorizando a Carlos Antelo Suarez para que la represente en el cobro de la soya vendida, concurriendo el presupuesto para la cesión de crédito y la regulación sobre los títulos valores no se aplican a los documentos utilizados en los contratos comerciales, como ser boletos, fichas, contraseña o notas de recepción, porque sirven para identificar a quien tiene derecho para exigir la prestación correspondiente, pues quien tiene la nota de recepción puede utilizarla en el campo industrial con validez legal para cobrar el valor del producto o materia prima vendida; por lo que, debió aplicarse los arts. 787, 803, 807 y 819 del Ccom;
4. iv)No se pronunciaron de manera expresa, positiva y precisa sobre la errónea valoración de la prueba y la vulneración de los arts. 584, 636, 291, 297 y 298 del CC y 512 del CCom, que fueron denunciados en el recurso de casación por la ahora tercera interesada; y,
5. v)Al disponer que se efectué el pago de una obligación que ya fue cumplida, se vulneró el derecho a la propiedad privada en su elemento de patrimonio empresarial".

La resolución señalada, ahora objeto de esta disidencia, en el análisis del caso concreto, expresó lo siguiente:" Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes expuestos en las conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que la parte accionante fue demandada en la vía civil ordinaria por cumplimiento de obligación de pago y resarcimiento de daños y perjuicios por Inés Turpo de Mamani -hoy tercera interesada- en virtud a la venta de 276 t de granos de soya; por lo que, se le extendió las Notas de Recepción 10717, 10763, 10793, 10843, 11928, 11043 y 11956 a nombre de la referida por un valor de $us115 920.-, que fue declarada improbada por Sentencia 58/16, emitida por la Jueza Pública Civil y Comercial Décima Cuarta del departamento de Santa Cruz; por lo que, la nombrada interpuso recurso de apelación que a su vez fue confirmada a través de Auto de Vista 367 de 30 de octubre de 2017, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Consecuentemente, la tercera interesada interpuso recurso de casación en virtud del cual las autoridades ahora accionadas mediante AS 1107/2018² casó el Auto de Vista 367 y declara en el fondo probada la demanda de cumplimiento de obligación de pago y resarcimiento de daños y perjuicios planteada por la prenombrada, disponiendo que la parte hoy impetrante de tutela cancele la suma de $us115 920.-. III.4.1. Primera Problemática La parte peticionante de tutela denuncia que las autoridades accionadas vulneraron su derecho al debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa y a la motivación de las resoluciones judiciales; puesto que, aplicaron disposiciones legales sobre la modalidad de contratos de provisión de materia prima, desconociendo el procedimiento sustentado en usos y costumbres que son empleados en la actividad agroindustrial y que no fue objeto de controversia en la demanda ordinaria, desconociendo la naturaleza del referido recurso. Ahora bien, de acuerdo a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la motivación como elemento del derecho al debido proceso implica la exposición de razones que contengan una estructura de forma y de fondo, debiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, a fin de cumplir con el derecho al debido proceso. En este contexto, no es evidente que los Magistrados accionados lesionaron el derecho al debido proceso en su elemento de motivación de la parte accionante; toda vez que, de acuerdo a la Conclusión II.8, numeral 1) no se evidencia que dichas autoridades en el AS 1107/2018² hubiesen aplicado disposiciones legales sobre otra modalidad de contratos de provisión de materia prima, ni tampoco desconocieron el procedimiento sustentado en usos y costumbres que son empleados en la actividad agroindustrial, tal como denunció la parte impetrante de tutela; ya que, las referidas autoridades judiciales en el citado Auto Supremo, se refirieron específicamente a la cesión de derechos de crédito, señalando que la misma fue efectuada por la ahora tercera interesada para el cobro de la deuda a la parte hoy peticionante de tutela y que conforme los arts. 297 y 298 del CC, el cambio de nombre de la notas de recepción efectuadas en favor de Carlos Antelo Suarez para dicho cobro, resultaría ser ambigua, considerando que no consta el monto de $us115 920.- a ser cobrado; por lo que, el deudor tenía la obligación de cumplir ante el cesionario que esta cesión de derechos fuera notificado de forma escrita por el cedente, con expresa individualización del crédito, al ser la notificación defectuosa; el deudor no se libera pagando al mismo sino hasta su completa seguridad sobre la cesión; por consiguiente, Industrias de Aceite S.A. debió exigir el reconocimiento de firmas de la nota de cambio de las notas de recepción o en su caso que la misma tenga intervención notarial. En consecuencia, las autoridades judiciales demandadas dentro de su sustento de motivación analizaron la cesión de derechos y sus implicancias jurídicas señaladas precedentemente, que fue objeto de examen en el Auto de Vista recurrido y al que se refirió el recurso de casación planteado por la hoy tercera interesada, pues durante el proceso se analizó tal figura jurídica y sobre la cual a su vez también la Sentencia de primera instancia basó su decisión, considerando que la demanda presentada sobre el cumplimiento de obligación de pago y resarcimiento de daños y perjuicios fue interpuesta porque cuando la nombrada reclamó ante la parte accionante el pago por la venta de soya, le comunicaron que el importe de la referida venta ya se le hubiera cancelado a Carlos Antelo Suarez en virtud a una nota a través de la cual aparentemente hubiera autorizado el cambio de las notas de recepción a nombre del referido; razón por la que, se le hubiera cancelado al mismo el valor de la venta del producto mencionado, y que para ese efecto no se hubiese exhibido un documento válido jurídicamente, demanda que fue respondida por el representante de Industrias de Aceite S.A., señalando que la demandante efectuó una cesión de los derechos de crédito al solicitar tal cambio de nombre, por cuanto de acuerdo al precitado Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, las autoridades demandadas realizaron la exposición de razones que contienen una estructura de forma y de fondo, tomando en cuenta que expusieron los hechos fácticos de la decisión. Así también, de conformidad con lo señalado en el precitado Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que el derecho a la defensa se constituye en un elemento estructural del debido proceso, que permite al justiciable acceder de manera jurídica y material a su derecho de estar presente en el proceso, a ser informado de manera real, objetiva y efectiva, a ser juzgado o procesado sin dilaciones injustificadas, a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior, entre otros, a fin de que cuente con los medios necesarios y suficientes para defender sus derechos e intereses legítimos tampoco fue lesionado, pues como se dijo anteriormente la demanda no fue modificada por las autoridades demandadas al momento de emitir el Auto Supremo cuestionado. En consecuencia, no se lesionó el derecho al debido proceso del nombrado en sus elementos de defensa y motivación; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada. III.4.2. Segunda y tercera Problemática La parte impetrante de tutela denuncia que las autoridades judiciales demandadas lesionaron su derecho a la defensa, porque no consideraron la prueba de descargo producida en el proceso para desvirtuar la pretensión de la demanda y le restaron eficacia probatoria al resultado de la inspección judicial, realizada en la Planta Industrial "Don Felipe", al haber señalado que "...solo sirve para observar y no para determinar el procedimiento de cobro..." (sic); y, que vulneraron su derecho al debido proceso en su componente de aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, al haber realizado una errónea comprensión del objeto del litigio, asumiendo la función de juez, pues crearon una hipótesis sobre la ineficacia del acto voluntario de cesión de los derechos de crédito, sustentando tal argumento en la incorrecta aplicación de los arts. 297, 298 y 384 del CC, y 512 del Ccom, en virtud de los cuales no se consideró que el contrato para la provisión de los granos de soya fue verbal, al ser en el ámbito agroindustrial; asimismo, no tomaron en cuenta que en los contratos comerciales rige la buena fe de las partes, operando lo pactado y la naturaleza del mismo y que según la costumbre opera tanto para la entrega de la materia prima como para su pago; de igual forma no debió invocarse la falta de representación frente a terceros de buena fe, cuando la tercera interesada cedió sus derechos de crédito autorizando a Carlos Antelo Suarez para que la represente en el cobro de la soya vendida, concurriendo el presupuesto para la cesión de crédito y tampoco se consideró que la regulación sobre los títulos valores no se aplican a los documentos utilizados en los contratos comerciales, como ser boletos, fichas, contraseña o notas de recepción, porque sirven para identificar a quien tiene derecho para exigir la prestación correspondiente, pues quien tiene la nota de recepción puede utilizarla en el campo industrial con validez legal para cobrar el valor del producto o materia prima vendida; por lo que, debió aplicarse los arts. 787, 803, 807 y 819 del Ccom. En relación a ambas reclamaciones constitucionales se debe traer a colación el entendimiento jurisprudencia contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual establece que la revisión de la actividad jurisdiccional que realizan otros Tribunales, es posible de examen excepcional en los siguientes casos:

1. 1)Por vulneración del derecho a una Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación;
2. 2)Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y,
3. 3)Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales; y, siempre que la parte activante de tutela cumpla con la necesaria carga argumentativa que demuestre que en esa labor las autoridades demandadas hubiesen incurrido en la lesión de derechos y/o garantías constitucionales. Bajo este contexto, se advierte que la parte peticionante de tutela no cumplió con la carga argumentativa necesaria, que de acuerdo al Fundamento Jurídico expresado precedentemente es una condición para que este Tribunal pueda ingresar en la revisión de la denuncia planteada; por lo que, corresponde en consecuencia denegar la tutela impetrada.

La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de defensa, aplicación objetiva del ordenamiento jurídico; a la propiedad privada; y, al principio de "verdad material"; puesto que, mediante Auto Supremo 1107/2018 de 1 de noviembre, declararon probada la demanda de cumplimiento de obligación y dispusieron que se cancele a Inés Turpo de Mamani la suma de $us 115 920.- (Ciento quince mil novecientos veinte dólares estadounidenses), incurriendo en las siguientes ilegalidades:

1. 1)Lesionaron su derecho al debido proceso, en su componente de derecho a la defensa, al haber omitido considerar la prueba de cargo y descargo presentada; toda vez que, no se tomó en cuenta la inspección judicial realizada en la Planta Industrial "Don Felipe", lo que demuestra que, desconocieron el procedimiento que se emplea en la recepción de la materia prima, objeto de la venta, y para la realización del pago por la misma, sin considerar que dicho procedimiento fue acordado por voluntad de las partes, pues suscribieron un contrato comercial de compra y venta que se rige por los usos y costumbres; asimismo, se demostró que la nombrada realizó la cesión de sus derechos de crédito, de acuerdo a carta de 11 de mayo de 2012 enviada por la referida a la empresa solicitando el cambio de nombre en las notas de recepción a favor de Carlos Antelo Suarez, adjuntando su fotocopia de cédula de identidad y entregando al nombrado las notas de recepción, conociendo que con las mismas se puede exigir el pago por la materia vendida (soya); la denuncia penal que hizo la nombrada contra el referido fue por la presunta comisión de los delitos de abuso de firma en blanco y falsedad material, sin haber denunciado la falsificación de la firma o el robo de las referidas notas de recepción; la confesión que hizo la ahora tercera interesada, a través de su abogado en audiencia complementaria del proceso de cumplimiento de pago, respecto a que coordinó y entregó dichas notas de recepción a Carlos Antelo Suarez y le firmó un documento, dejando trascurrir más de un año sin realizar reclamo alguno, pretendiendo cobrar nuevamente el pago por la soya vendida; y, no se tomó en cuenta el pago que ya se efectuó a Ines Turpo de Mamani por la referida materia prima, pues se presentó como prueba de ello el cheque que data del 2012, desconociendo de esta forma el principio de verdad material, que debieron aplicar en sus funciones y no inventar formalidades para justificar la determinación de casar el Auto de Vista;
2. 2)Realizaron una errónea comprensión del objeto del litigio, asumiendo la función de juez, al haber creado una hipótesis sobre la ineficacia del acto voluntario de cesión de los derechos de crédito -que asumió la vendedora (ahora tercera interesada)-, esgrimiendo argumentos contradictorios e imprecisos que se sustentan en una incorrecta o errónea aplicación de disposiciones legales, previstas en los arts. 297, 298, 384 del CC y 512 del Ccom; cuando lo correcto era la aplicación de los arts. 787, 803, 807 y 819 del citado Código, vulnerando su derecho al debido proceso, en su componente de aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, pues de acuerdo a la primera disposición referida el contrato para la provisión de los granos de soya fue verbal, al tratarse de la provisión de materia prima en el ámbito agroindustrial, en relación a la segunda norma en los contratos comerciales rige la buena fe de las partes, operando lo pactado y la naturaleza del mencionado contrato, según la costumbre o equidad tanto para la entrega de la materia prima y el pago; en cuanto a la tercera disposición, respecto a la prohibición de invocar la falta de representación frente a terceros de buena fe, la ahora tercera interesada asumió actos positivos para hacer concluir que cedió sus derechos de crédito autorizando a Carlos Antelo Suarez para que le represente en el cobro de la soya vendida; sobre la última disposición, concurrió el presupuesto para la cesión de crédito y por otro lado respecto al art. 512 del Ccom, en el presente caso la regulación sobre los títulos valores no se aplican a los documentos utilizados en los contratos comerciales, como ser boletos, fichas, contraseña u otros documentos (notas de recepción), porque no están destinados a circular, puesto que sirven exclusivamente para identificar a quien tiene derecho para exigir la prestación correspondiente; por lo que, quien tiene la nota de recepción que se utiliza en el campo industrial tiene toda la validez legal para cobrar el valor del producto o materia prima vendida;
3. 3)No se pronunciaron de manera expresa, positiva y precisa sobre la errónea valoración de la prueba y la vulneración de los arts. 291, 297, 298, 584 y 636 del CC y 512 del CCom que fueron denunciados en el recurso de casación por la hoy tercera interesada; y,
4. 4)Al disponer que se efectué el pago de una obligación que ya fue cumplida se vulneró el derecho a la propiedad privada en su elemento patrimonio empresarial. Ahora bien, expuestas las problemáticas precedentemente, para la resolución del caso se debió aplicar los siguientes fundamentos jurídicos: II.1.Revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales

De lo referido solo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas:

1. a)Por vulneración del derecho a una Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación;
2. b)Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y,
3. c)Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales.