1247/2022-S1

La parte peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó íntegramente el tenor de su demanda y ampliando la misma señalo que:

1. a)Fue imputado por el Ministerio Público el 20 de abril de "2002", por la presunta comisión de los delitos de atentado contra la salud y uso indebido de bienes públicos, por lo que, en audiencia de aplicación de medidas cautelares se dispuso su detención preventiva, a través del Auto Interlocutorio 96/2020 de 20 de abril, por la subsistencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del CPP, ya que, siendo ex funcionario de DICARBI fue encontrado junto a otros dos imputados en posesión de llaves de vehículos, que fueron secuestrados en el operativo realizado por el Ministerio Público y la FELCC; razón por la cual, la autoridad jurisdiccional sostuvo que su persona en libertad podía tener la facilidad de ocultar algún elemento de convicción, -botellas, llaves-, que fueron encontrados en el interior el vehículo y que éste podría influir negativamente en las investigaciones, manteniendo por ello activo dicho riesgo procesal y disponiendo su detención preventiva por el lapso de cuatro meses;
2. b)Habiendo interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 96/2020, fue resuelto mediante Auto de Vista 161/2020 de 30 de abril, en el cual el Tribunal de alzada, tomando en cuenta el principio de proporcionalidad, razonó que, el tiempo de la detención preventiva siempre debe estar en función a los actos investigativos que el Ministerio Público señale que debe realizar, señalando que, le parecía excesivo el plazo de cuatro meses, en relación a las diligencias que se debía realizar, determinando acortar el plazo de la detención preventiva a dos meses; sin embargo, mantuvo subsistente el riesgo procesal del art. 235.1 del CPP, bajo el argumento de que el Ministerio Público debe investigar a quien pertenecen las llaves, el contenido de las botellas que fueron objeto de pericia toxicológica, y que en su condición de ex funcionario de DICARBI, en libertad existía la posibilidad de que su persona oculte algunas o las 63 llaves encontradas en el vehículo secuestrado;
3. c)El 26 de junio de 2020, solicitó cesación de la detención preventiva, misma que fue considerada y resuelta por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, que estuvo en suplencia de su similar Tercero, quien rechazo su cesación emitiendo la Resolución 01/2020 de la referida fecha; la cual fue objeto de apelación, puesto que, la autoridad jurisdiccional, a pesar de haber revisado los elementos presentados en relación al riesgo procesal subsistente -art. 235.1 del CPP-, labor en la que señaló que, al ya haber sido sometidas las botellas encontradas a una pericia toxicológica, dicho acto investigativo había concluido; también reviso un informe que ya había sido presentado en audiencia de medidas cautelares, Informe 042/2020 de 19 de mayo, por el cual el Jefe de la División de la Escena del Crimen, informó que por autorización del Ministerio Público a través de requerimiento fiscal, se había procedido a la devolución del vehículo camioneta con placa 4055-DHT; así como también los objetos secuestrados en la requisa personal de Luis Alejandro Arce Velasco, consistentes en las llaves de los vehículos incautados, al Director Departamental de DICARBI La Paz; por otro lado, también se presentó el acta de devolución de estos objetos de 3 de abril de 2020; por lo que, el fundamento de su pretensión para su cesación de la detención preventiva, fue que ya habían desaparecido esos obstáculos que en su momento fueron acreditados por el Ministerio Público, instancia que en aplicación del art. 186 del CPP procedió a su devolución, prescindiendo de esos elementos encontrados en la intervención de 20 del mismo mes y año; no obstante, la citada Jueza de Instrucción, haciendo referencia que tanto en la Resolución de medidas cautelares, como en el Auto de Vista 161/2020, se hizo mención a un numero de 63 llaves que correspondía al DICARBI y otros objetos más, pero que de la documentación presentada por la parte imputada únicamente se habría hecho referencia a 8 llaves;
4. d)Esta determinación de la Jueza a quo, también fue apelada, reclamando que la misma pese a dar lectura a todas la documentales, concluyó de forma equivocada que no existía constancia de la devolución de las 63 llaves, cuando la misma se dio lectura en el Informe 042/2020, por lo que, cuestionó que la autoridad de primera instancia no realizo una adecuada valoración de dicho elemento; empero, el Tribunal de alzada declara la improcedencia de este primer agravio, basándose en la existencia del Auto de Vista de 27 de mayo de 2020, refiriendo que dicho Auto en sus numerales 4to y 5to, señalo que las llaves debieron ser entregadas al Ministerio Público, argumento con la que rechaza su apelación manteniendo vigente el riesgo procesal del art. 235.1 del CPP agravando el mismo, cuando el indicado Auto de Vista, emitido en apelación de una anterior solicitud de cesación de la detención preventiva, no se pronunció sobre el fondo de los agravios expuestos en esa ocasión, sosteniendo que la parte apelante no había presentado el acta de 30 de abril del citado año, ni el Auto de Vista 161/2020 donde se habría acortado el plazo de la detención preventiva, concluyendo que el imputado debe acreditar elementos de convicción que demuestren la descripción de este elemento procesal y que no podía emitir una valoración objetiva sino existía nuevos elementos de convicción; y,
5. e)En tal sentido, el Vocal demandado, desconociendo el instituto de medidas cautelares no ha dado una respuesta adecuada al agravio planteado , ya que, no se pidió que realice nueva valoración si no que revise si la interpretación efectuada por la Jueza a quo, es correcta o no; empero, el Vocal rechazó su recurso en base al Auto de Vista de 27 de mayo de 2020, sosteniendo que el mismo señalo que las llaves debieron ser entregadas al Ministerio Público; argumento ilógico, puesto que dicha instancia fue la que secuestro los elementos y prescindió de los mismos, vulnerando de esa forma su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación arbitraria, incurriendo además en incongruencia interna y externa, puesto que la Resolución apelada fue la Resolución 01/2020 y no así el Auto de Vista 181 de 27 de mayo de igual año; por lo que, la motivación arbitraria deviene de la valoración irrazonable de la prueba realizada por el Vocal demandado; toda vez que, basó su decisión en una prueba inexistente a un hecho diferente al utilizado como argumento como fue la Resolución 01/2020, concluyendo que el riesgo procesal de obstaculización subiste por el referido Auto de Vista, mismo que habría señalado que las llaves debían haber sido entregados al Ministerio Publico. Por todo ello, solicita se le conceda la tutela, y se anule el Auto de Vista de 3 de julio del citado año, disponiendo que la autoridad demandada emita nueva resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente.

Adán Willy Arias Aguilar, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presente en audiencia de garantías, manifestó que:

1. 1)La Resolución a la que hace referencia el accionante, es el Auto de Vista 261/2020 de 3 de julio, que confirmó la Resolución 01/2020; en su recurso de apelación expreso los mismo agravios que ahora da a conocer a este Tribunal de garantías, señalando que ha presentado prueba para su cesación de la detención preventiva, más la introducción de la Resolución 96/2020 de 20 de abril, referente a la aplicación de medidas cautelares por la cual se encuentra con detención preventiva;
2. 2)El peticionante de tutela efectivamente fue interponiendo cesaciones a la detención preventiva, la primera el 9 de mayo de 2020, que fue rechazada por Resolución 145/2020 al subsistir el peligro de obstaculización sobre los elementos encontrados; una segunda solicitud de 15 de igual mes y año, que también fue rechazada por Resolución 147/2020, en la cual, en su conclusión cuarta, ya se hizo mención a la prueba mencionada en esta acción de defensa, como ser la evidencia 02 sobre las 63 unidades de llaves de diferentes marcas de vehículos, un sello personalizado, un folder amarillo con hojas membretadas de DICARBI, un sello del Ministerio de Gobierno, un aro de 20 piezas de llave, entre otros; por lo que, no es un elemento nuevo, puesto que todos los referidos ya fueron considerados en dicha audiencia, en la que además la Fiscal de Materia al ser consultada por el Órgano Judicial, señalo que ningún miembro de la institución habría ordenado la devolución de otros objetos que no fueron dispuestos en la resolución de secuestro y devolución de objetos de 29 de abril del citado año -en la que se encuentra las 63 llaves-, y que se pediría un informe al Jefe de la División de la Escena del Crimen por tal hecho;
3. 3)En la audiencia de apelación de la Resolución 01/2020 de 26 de junio, emitida por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, que estuvo en suplencia de su similar Tercero, que rechazo su cesación a la detención preventiva, donde el accionante se refirió a la prueba que pretendió hacer valer como eran el acta de resolución de secuestro de vehículo, las 63 llaves que fueron devueltas al DICARBI y la pericia realizada a las botellas con contenido alcohólico, así como el Informe 042 de 19 de mayo de 2020, emitido por el Jefe de División de la Escena del Crimen, considerando que con este último elemento habría desvirtuado el riesgo procesal del art. 235.1 del CPP; empero, cuestionó que dichos elementos, no habían sido apreciados, compulsados ni valorados adecuadamente por la Jueza a quo; señalando que, el Tribunal de alzada debía enmendar dicha omisión y otorgarle una interpretación a dicha valoración de los elementos de prueba;
4. 4)La última Resolución por la que siguió manteniéndose la vigencia del art. 235.1 del CPP, es el Auto de Vista 181/2020 de 27 de mayo, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en cuyo punto cuarto, señaló que no se evidenciaba el Auto de Vista -refiriéndose al Auto de Vista 161/2020-, en el que se redujo el tiempo de la detención preventiva, y que tampoco existía la copia legalizada del acta de devolución de bienes que habría realizado la parte imputada al Ministerio Público, no teniéndose ningún elemento de convicción que acredite lo manifestado por el imputado; por lo que, decidió confirmar la Resolución 147/2020 de 15 de mayo, emitida por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del referido departamento, que rechazó una anterior solicitud de cesación de la detención preventiva, consecuentemente, el accionante debió seguir el lineamiento del referido Auto de Vista para enervar este riesgo procesal, pero lo que hizo fue desconocer el mismo; y,
5. 5)Su autoridad compulso íntegramente todos los antecedentes del proceso, entre ellos el Auto de Vista 181/2020 como última resolución, que además el imputado básicamente admitió su vigencia, razón por la que necesariamente se debe tomar en cuenta para considerar la cesación; extremo que tampoco la Jueza de Instrucción Cuarta de la Capital del referido departamento ha compulsado y por lo mismo se denunció omisión y errona valoración de la prueba; por lo que, se vio obligado a pronunciarse al respecto, sin que ello pueda considerarse que haya incurrido en ultra petita, porque este Tribunal realizó una compulsa objetiva, bajo el principio de verdad material dándose una correcta interpretación y valoración sobre las 63 llaves, no habiendo otra salida que la de confirmar la Resolución 01/2020.

El Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 8/2020 de 4 de julio, cursante de fs. 47 a 51 vta., denegó la tutela solicitada, disponiendo que el accionante debe desvirtuar los fundamentos que motivaron la detención preventiva en la vía ordinaria como medio efectivo y solo cuando dicha vía no resuelva los agravios denunciados, podrá acudir a la justicia constitucional; expresando entre otros los siguientes fundamentos:

1. i)Revisados los antecedentes adjuntados al memorial de acción de libertad de 3 de julio de 2020, se tiene que el peticionante de tutela no ha presentado la resolución de la fecha referida, emitido por la autoridad ahora demandada, y tampoco algún elemento de prueba relacionado con la audiencia de apelación incidental de 3 de julio de igual año, misma que sería el acto que vulnera su derecho fundamental a la libertad; empero, habiendo conocido el informe oral del Vocal demandado se llega a subsanar el óbice que inicialmente se tenía en relación al acto que hubiere vulnerado el derecho a la libertad del accionante;
2. ii)La privación de libertad de Luis Alejandro Arce Velasco, se encuentra dispuesta por Auto Interlocutorio 96/2020 de 20 de abril, emitido por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del referido departamento, ante la concurrencia del riesgo procesal del art. 235.1 del CPP, con el fundamento de que "´si bien la defensa manifiesta que el vehículo ya ha sido secuestrado, y que está en poder del Misterio Público, se puede considerar que el imputado en libertad tiene la facilidad de ocultar algún elemento de convicción y de los elementos que se ha encontrado, no solo de las botellas sino de las llaves que se han encontrado al interior del motorizado y de que imputado va a influir de forma negativa en la investigación de la causa, por lo cual concurre este riesgo procesal´" (sic); y,
3. iii)El impetrante de tutela, en su situación de detenido preventivo, debe necesariamente desvirtuar el numeral 1 del art. 235 del CPP y enervar los fundamentos establecidos por la autoridad jurisdiccional primigenia; en ese entendido, la privación de la libertad del solicitante de tutela es completamente legal y no ilegal como se habría denunciado; por lo que, no existiría vulneración al derecho a la libertad.

Adán Willy Arias Aguilar, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 10 de julio de 2020, cursante de fs. 98 a 101, entre otros fundamentos señalo que:

1. a)El accionante ya interpuso una acción de libertad en su contra, llevada a cabo el 4 de igual mes y año, ahora nuevamente y bajo los mimos argumentos, acude por segunda vez a pretender anular el Auto de Vista 261/2020 de 3 de julio; sin mencionar sobre la existencia de otra acción de libertada que se encuentra pendiente de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional; además que, la SCP 0116/2014 de 10 de enero, establece que no puede interponerse una nueva acción de defensa, sobre el mismo objeto, sujeto y causa, para evitar duplicidad de resoluciones;
2. b)Con relación al argumento de la acción de libertad, el solicitante de tutela no dice la verdad, ya que durante la pandemia y estando en una cuarentena rígida, desde el Gobierno Central se determinó por Decreto Supremo la suspensión de actividades públicas y privadas y el Tribunal Supremo de Justicia, mediante Circular 06/2020, determinó la suspensión de plazos procesales, eso es lo que expreso su persona, y no así lo que manifiesta el impetrante de tutela, en sentido de que la detención preventiva queda suspendida, por lo que, su decisión se encuentra sustentada tanto fáctica como jurídicamente, incluso de acuerdo al art. 130 del CPP cuando en su última parte dispone que se suspende los plazos procesales por situación de fuerza mayor;
3. c)Con relación a la falta de control jurisdiccional, la misma es evidente y es de conocimiento de todos los jueces y magistrados que no se ha realizado dicho control, porque los jueces cautelares han estado de turno y atendiendo solo determinados casos de grupos vulnerables; y, cuando el accionante afirma que en cuarentena rígida el Ministerio Público habría emitido requerimientos a entidades públicas, no es evidente porque el Órgano Ejecutivo determinó la suspensión de actividades públicas y privadas, desconociendo el prenombrado dichas determinaciones tanto del Ejecutivo como del Órgano Judicial;
4. d)El Auto de Vista cuestionado, se encuentra plenamente fundamentado y justificado, puesto que la motivación no siempre puede estar de acuerdo al criterio o los intereses del peticionante de tutela, sino de manera objetiva y bajo el principio de legalidad; por lo que, la referida Resolución encuentra su justificación racional en función al sistema de valoración establecido en el art. 173 del CPP;
5. e)Conoce la normativa constitucional que señala el impetrante de tutela y de ninguna manera ha vulnerado, transgredido dichas disposiciones, ya que la decisión del Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, que determinó su detención preventiva, fue en cumplimiento del art. 23 de la CPE, dentro el marco de un debido proceso, ahora en la cesación de la detención preventiva el accionante debe demostrar ante la autoridad a quo, que el plazo de dicha detención esta vencido; el referido no fundamento adecuadamente el computo del plazo de la detención preventiva dispuesta en audiencia de medidas cautelares,
6. f)La SCP 0628/2018-S2 de 8 de octubre y la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñeguez Vs Ecuador que invoca el impetrante de tutela, no es aplicable al caso de autos, puesto que en ellas de ninguna manera se toma en cuenta alguna situación de pandemia y/o fuerza mayor, donde se establezca que los plazos continúan de manera normal;
7. g)Todos los argumentos expresados en la acción de libertad, referido a la entrega de las llaves en un numero de 63 unidades habrían sido entregados a DIRCABI y con ello hubo desparecido el riesgo procesal del art. 235.1 del CPP y también el tiempo de detención preventiva de dos meses dispuesto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante el Auto de Vista 161/2020, ahora nuevamente sus autoridades deben considerar, siendo que la misma ya se consideró en la acción de liberta de 4 de julio de 2020 ante el Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del referido departamento; y,
8. h)La esencia de la acción de libertad no puede ser utilizada de manera indiscriminada; el accionante en ninguno de sus fundamentos y la carga argumentativa de esta acción de defensa hace mención a que, su persona hubiere vulnerado algún derecho fundamental a la vida y/o locomoción; no se tiene la relación de causalidad entre la decisión emitida en el Auto de Vista 261/2020; es decir, que esta sea arbitraria o alejada de los marcos de la equidad y razonabilidad, y relacionado con algún derecho fundamental vulnerando como es el derecho a la libertad, mismo que fue limitado de manera legal por autoridad judicial competente en el marco de un debido proceso. Por lo que, pidió se deniegue la tutela solicitada.

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 9/2020 de 10 de julio, cursante de fs. 105 a 109, denegó la tutela solicitada; expresando los siguientes fundamentos:

1. 1)Es evidente que existe una acción de libertad resuelto por el Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del referido departamento, constituido en Tribunal de garantías, con identidad de sujeto, objeto y causa; sin embargo, de la revisión de la Resolución 8/2020 de 4 de julio dictada por ese Tribunal, se llega a establecer que la misma se funda y está vinculado con el art. 235.1 del CPP (peligro de obstaculización), sobre el que se denunció que la autoridad demandada no habría realizado una valoración de los nuevos elementos mencionados, no se refiere a nada de lo que ahora se pretende en esta acción de libertad, que se basa o fundamenta en el art. 239.2 del citado Código, y que la Resolución cuestionada carece de fundamentación y motivación; correspondiendo por ello, a ese Tribunal de garantías analizar esta acción tutelar;
2. 2)Si bien es evidente que la detención preventiva del ahora accionante, se dispuso el 20 de abril de 2020, cuando el país se encontraba en plena pandemia por el COVID-19, dispuesta inicialmente por el plazo de cuatro meses y posteriormente la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz redujo dicho plazo a dos meses; ante ello, el solicitante de tutela considera que el mismo ya se cumplió el 20 de junio de 2020; empero, como se dijo, el Gobierno Central ha emitido el Decreto Supremo (DS) 4199 de 21 de marzo del citado año, y en merito a este, tanto el Tribunal Supremo de Justicia, como los Tribunales Departamentales de Justicia fueron emitiendo Circulares e Instructivos conforme al art. 124 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, disponiendo la suspensión de plazos procesales, desde el 22 de marzo de 2020, y si bien la detención preventiva del accionante fue dispuesta un mes después de dichas acciones, ese Tribunal debe ponderar derechos fundamentales como a la vida y libertad entre otros;
3. 3)En ese entendido el peticionante de tutela estaría detenido por más de dos meses, y no es evidente que no haya existido control jurisdiccional y menos que no se hayan realizado actos investigativos; ya que, de las pruebas presentadas por el prenombrado, se llega a establecer que el Ministerio Público en el presente caso ha realizado algunos actos investigativos; asimismo, los jueces han trabajado por turnos atendiendo casos con detenido; sin embargo, al haberse suspendido los plazos en virtud al Decreto Supremo antes referido y por el mediante circulares e instructivos; por lo cual, este Tribunal también llega a la conclusión de que se debe velar el principio de igualdad; vale decir, que al haberse suspendido los plazos procesales se han interrumpido tanto para el Ministerio Público como para los querellantes o acusación particular; consecuentemente, todavía no han transcurrido los dos meses a partir de la detención preventiva del accionante;
4. 4)La Circular 06/2020 de 6 de abril, que es anterior a su detención preventiva, ha dispuesto en lo más pertinente que los jueces y tribunales dentro los límites de sus atribuciones y competencias deben atender y resolver solicitudes de imposición, modificación o cesación de medidas cautelares de carácter personal, así como cuestiones colaterales, en el presente caso, las audiencias de consideración de las solicitudes de cesación efectuadas por el solicitante de tutela fueron atendidas; de igual forma, la referida Circular dispuso la suspensión de plazos procesales hasta el Instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia 15/2020 de 28 de mayo, que estableció la reanudación de los mismos a efectos legales correspondientes; por lo que, a partir de esa fecha se han levantado los plazos en casos con detenido, por lo tanto, en el caso, el plazo de los dos meses se cumpliría hasta el 28 de julio del 2020; consecuentemente, la fundamentación y motivación de la resolución cuestionada es la correcta; y,
5. 5)Con relación a los precedentes invocados por el accionante, los mismos no son vinculantes, ya que tratan de distintos hechos y circunstancias.

II.3. Consta Auto de Vista 181/2020 de 27 de mayo, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitido dentro el recurso de apelación planteada por el impetrante de tutela contra la Resolución 147/2020 de 15 de mayo, emitida por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva; por el cual dicha Sala Penal, declaró la improcedencia de las cuestiones planteadas y confirmó la Resolución del a quo; argumentado entre otros que:

1. i)La parte apelante manifiesta que el riesgo procesal subsistente del art. 235.1 del CPP ya habría sido desvirtuado, lo cual constaría en otro Auto de Vista emitido por este mismo Tribunal de alzada, en el que se habría establecido que dicho riesgo procesal fue destruido con la presentación de un acta de secuestro de los bienes o cosas que estaban en poder del imputado, entre ellos las llaves de los vehículos; señalando además que, presento ante la autoridad inferior un fotocopia legalizada de un acta de devolución donde consignaban las llaves y otros aspectos, de los que refirieron que obstaculizaría; no obstante, ese Tribunal de segunda instancia una vez revisado el legajo de apelación, no evidencia la existencia del referido Auto de Vista, tampoco la fotocopia legalizada del acta de devolución de bienes que hubiere realizado la parte imputada la Ministerio Público, no cursando ningún elemento de convicción que acredite lo manifestado por el imputado; y,
2. ii)La parte imputada debe presentar elementos objetivos para enervar el riesgo procesal del art. 235.1 del CPP; sin embargo, en este caso solo se hace alusión a un Auto de vista, sin referir ni siquiera el número, y tampoco se encuentra el acta de entrega de bienes a la entidad fiscal; por lo que, ese Tribunal no puede emitir una valoración objetiva ante la no existencia de dichos elementos ni otros nuevos como lo exige el art. 239.1 de la norma adjetiva penal (fs. 12 a 14 del expediente 34522-2020-70-AL).

II.4. Cursa acta de audiencia pública de consideración de cesación de la detención preventiva de 26 de junio de 2020, sustanciada ante la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, que estuvo en suplencia de su similar Tercero, solicitada por el impetrante de tutela, en base del art. 239.1 y 2 del CPP, en la cual, expresó los siguientes argumentos:

1. a)En relación al art. 239.1 del CPP.- Su detención preventiva se mantuvo por la subsistencia del riesgo procesal del art. 235.1 del citado Código, estableciendo que existía la posibilidad de que el imputado tenía la facilidad de ocultar algún elemento de convicción y de los elementos que se encontraron, y que podía influir de forma negativa en la investigación; en tal sentido, para desvirtuar ello, presentaron dos elementos fundamentales; el primero, es la pericia toxicológica de 2 del citado mes y año realizada a las botellas encontradas, misma que concluyó que la sustancia analizada corresponde a un alcohol etílico, con lo que la pericia se dio por concluida; el segundo elemento, es el Informe 042 de 19 de mayo del citado año, emitido por el Jefe de la División de la Escena del Crimen, donde se informa al Fiscal de Materia, entre otros, que se procedió a la devolución del vehículo Hilux, marca Toyota con placa de control "4055", al Responsable Distrital de DIRCABI La Paz, nombrándole depositario, así también refiere que se devolvió varios elementos recolectados en la intervención realizada por la FELCC, como ser las 63 unidades de llaves, un sello personalizado a nombre de Luis Arce Velasco, unidades de marbetes, 7 folders y otros, que ya no están en poder de la policía ni la fiscalía, ya que este último ha prescindido de estos elementos luego de su verificación -art. 186 del CPP-, por lo que, la posible destrucción de estos elementos ha desaparecido;
2. 1)En la carpeta judicial existe el Auto de Vista 161/2020 de 30 de abril, que en su parte principal refiriéndose al riesgo procesal subsistente -art. 235.1-, señalo que, como el mismo fue establecido porque el imputado en libertad va a ocultar las llaves encontradas en el vehículo y que únicamente conlleva elementos de convicción, consideró que el plazo de cuatro meses era exorbitante, reduciendo dicho plazo a dos meses de detención preventiva;
3. 2)Consta en el cuaderno de control jurisdiccional el Auto de Vista de 27 de mayo de 2020, mismo que si bien declaró inadmisible la apelación presentada en ese entonces por el imputado, fue porque consideró que no se había presentado para la audiencia elementos de convicción; sin que, dicho Auto de Vista haya establecido algún lineamiento para el cumplimiento de elementos para que el imputado pueda destruir algún elemento de convicción o pueda en el futuro beneficiarse con la cesación de la detención preventiva; y,
4. 3)Son todos estos elementos que deben ser considerados por su autoridad, ya que, actualmente no existe elemento objetivo que pueda permitir sostener que el imputado en libertad o bajo la aplicación de medidas alternativas a la detención preventiva, pueda sustituir, destruir hacer desaparecer estos indicios materiales; y,
5. b)Respecto al supuesto del art. 239.2 del CPP.- Se ha cumplido los dos meses establecidos por la "Sala Penal en fecha 20 de junio del año en curso"(sic); la suspensión de plazos procesales no puede ser aplicado a detenidos preventivos porque detrás conlleva su libertad; bajo ese criterio solicita se apliquen medidas sustitutivas a su privación de libertad, puesto que además, aquellos fundamentos que sirvieron para mantener el riesgo procesal del art. 235.1 del referido Código ya desparecieron, al haberse concluido la pericia toxicológica y devueltos los indicios.

II.4.1. En su intervención en la misma audiencia el Ministerio Público argumento que:

1. i)Sobre el art. 239.1 del CPP, ante la subsistencia del riesgo procesal del art. 235.1 del citado Código, es evidente que se realizó la pericia toxicológica de las botellas encontradas en el vehículo, misma que cursa en el cuaderno de investigaciones; por otro lado, debemos remitirnos a la Resolución 96/2020 que impuso la medida extrema, donde se tiene que el Juez a quo claramente ha referido que el imputado podría influir de manera general en los actos investigativos, sin hacer referencia a algún acto especifico y concreto de una pericia toxicológica;
2. ii)Recordar que se investigan dos ilícitos, delitos contra la salud pública y "uso indebido de influencias"; si bien se ha cumplido con la indicada pericia, a la fecha -se entiende la fecha de la audiencia de cesación- tenemos actos investigativos pendientes, como una inspección técnica ocular seguida de reconstrucción y es de conocimiento de la defensa. Se hizo entrega de requerimientos a efectos de recabar información para ayudar a determinar la comisión del delito de uso indebido de influencias, que están en pleno trámite; es decir, existen actos investigativos pendientes; y,
3. iii)En relación al supuesto del art. 239.2 del CPP, "...que dice habiéndose vencido el plazo de la detención preventiva si el fiscal no solicita ampliación, a la fecha señora juez el Ministerio Público está solicitando la ampliación de esta detención preventiva sea en el plazo de 2 meses considerándose los actos que ya se ha mencionado anteriormente y además tomándose en cuenta que son dos delitos que se investigan y además tomando en cuenta la emergencia sanitaria en la que nos encontramos que lamentablemente también nos impide hacer un avance regular (...), por lo que vamos a solicitar primero se rechace la cesación a la detención preventiva y se amplié este plazo sea por el tiempo de dos meses..." (sic [fs. 15 a 17)].

II.5. Por Resolución 01/2020 de 26 de junio, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, que estuvo en suplencia de su similar Tercero, rechazó la cesación de la detención preventiva solicitada por el ahora peticionante de tutela en base al art. 239.1 y 2 del CPP. En los puntos segundo y tercero del segundo Considerando, dicha autoridad se refirió a la solicitud de la cesación de la detención preventiva efectuada por el imputado -ahora accionante- al amparo del art. 239.1 del CPP, por la subsistencia del riesgo procesal del art. 235.1 de la misma norma penal, señalando que para dicho riesgo se le había presentado documentación, que fue puesta a conocimiento de las partes, para luego efectuar una individualización y descripción de dicha documentación, bajo los siguientes argumentos:

1. a)Se establece en primera instancia "en fecha 2 de junio de 2020 Cite IDIF La Paz 0071/2020 emitido por Doris Sacha Uría psicológico emiten dictamen Pericial IDIF-REF. General número 962-2020 laboratorio clínico toxicológico número 136-2020, respecto una solicitud de pericia para establecer qué tipo de sustancias corresponden para determinar si esa sustancia liquida contiene alcohol" (sic), de cuyo resultado arrojo que corresponde a alcohol etílico; acta de requisa de vehículos y colección de evidencias de 20 de abril de 2020; acta de remisión y evidencias de muestras; con estas primeras documentales se establece que si se ha realizado la pericia toxicológica, pero en relación a las botellas. Se presentó también el Informe 042 de 19 de mayo de igual año, emitido por el Jefe de la División Escena del Crimen, quien -entre otros puntos de su contenido- señala que: En base al requerimiento emitido por su autoridad -se entiende de la autoridad fiscal- su persona procedió a la devolución -de las evidencias- por el encargado del mismo y está en cadena de custodia el 21 de abril del referido año; se dio cumplimento al requerimiento que dispone el des secuestro del vehículo camioneta tipo Hilux, marca Toyota, modelo 2014, siendo el depositario provisional "Alejandro Liebers Cáceres" (sic), Responsable Distrital de DIRCABI La Paz; el cabo "Johnny Poma" (sic) deberá proceder a la devolución de los objetos secuestrados y colectados tanto en la requisa personal del imputado Luis Alejandro Arce Velasco como llaves de vehículos que corresponden a vehículos incautados, que están en la administración de DIRCABI, así como las llaves y documentos colectados en la requisa del motorizado; se remite fotocopia simple del acta de entrega donde menciona detalladamente, lo entregado al Responsable Distrital de DIRCABI. Se tiene también un requerimiento emitido por Richard Juvenal Ticona Paye de 19 de mayo de 2020, solicitando informe porque se ejecutó el requerimiento fiscal de secuestro del motorizado, que objetos se entregaron al referido responsable e informe porque no se limitó a lo ordenado en la resolución de secuestro de vehículo. Acta de resolución de secuestro de vehículo de 30 de abril de 2020, que refiriéndose a la evidencia 02, señala que se encontraron 63 unidades de llaves diferentes marcas de vehículos, tres sellos personalizados, cuatro unidades de marbetes -entre otros- (luego de esa descripción la autoridad jurisdiccional expresó); y, 2) Realizando una labor intelectiva de estas documentales se evidencia el des secuestro y posterior devolución del vehículo con placa de control 4055-DHL, pero se debe tomar en cuenta que en estas mismas documentales que ha presentado la parte imputada, hace referencia a un juego de llaves en un numero de 63 que corresponden a la DIRCABI junto a otros objetos más, igual referencia se tiene, tanto en la Resolución que impuso la detención preventiva, como en el Auto de Vista 161/2020, conforme la suscrita ha dado lectura en el considerando primero; sin embargo, en estas documentales únicamente se hace referencia a la devolución de 8 llaves, entonces que sucede en relación a las otras llaves, tomando en cuenta que el fundamento que realizó el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en el Auto de Vista 161/2020, específica sobre todas las llaves que han sido encontradas en el vehículo en el momento de los hechos; por lo que, persiste el riesgo procesal del art. 235.1 del CPP.

II.7. Por Auto de Vista de 261/2020 de 3 de julio, emitido por Adán Willy Arias Aguilar, Vocal Presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, declaró improcedente las cuestiones planteadas y confirmó la Resolución 01/2020 de 26 de junio; bajo los siguientes argumentos:

1. i)De la revisión de la resolución venida en apelación, en el Considerando dos, en su punto tercero, la Jueza inferior refiriéndose al riesgo procesal del art. 235.1 del CPP, realizó una relación de los hechos, señalando una serie de elementos que fueron colectados en el caso como prueba, efectuando una descripción de los mismos hasta el punto ocho de este Considerando; para luego determinar y señalar, que se debe tomar en cuenta que entre las documentales presentadas por el imputado, sí, se evidenciaba el des secuestro y posterior devolución del vehículo con placa de control 4055-DHL; empero, que también en las mismas se hace referencia a un juego de llaves en un total de 63, junto a otros objetos más encontrados el día de la intervención y que pertenecen a DIRCABI, situación que igualmente se encuentra establecido tanto en la primigenia resolución de aplicación de medidas cautelares, así como en el Auto de Vista 161/2020 emitido de su apelación, pero que de las documentales presentadas por la parte imputada únicamente hace referencia a la devolución de 8 llaves, cuestionándose que paso con el resto de las llaves, concluyendo por ello, que persiste el riesgo procesal previsto en el art. 235.1 de la Ley 1173. Ahora bien, este extremo vertido por la Jueza a quo, indudablemente es cuestionado por el abogado de la defensa, alegando que, en el Informe 042 de 19 de mayo de 2020, suscrito por el Jefe de la División de Escena del Crimen, no solo se hace referencia al vehículo como tal, sino también menciona que se nombra como depositario del mismo, a "Alejandro Lievers Cáceres" (sic), Responsable Distrital de DIRCABI, y que de igual forma en el mismo se menciona, que se le entrega las llaves del vehículo correspondiente y documentación colectada en la requisa del motorizado, como la evidencia 02, 63 unidades de llaves de diferentes marcas de vehículos, sello personalizado de descripción y una serie de elementos que fueron entregados por el Jefe de la División referida, al nombrado encargado de DIRCABI, quien suscribe recibiendo conforme. Bajo ese elemento de prueba y criterio expresado como fundamento de agravio por la defensa, con los cuales considera que estaría enervando el argumento de la autoridad jurisdiccional; mas no es correcto y es erróneo, ya que, si revisamos la última resolución como es el Auto de Vista 181/2020 de 27 de mayo, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que está a fs. 35 y 37 del legajo de apelación, en el punto cuarto de sus conclusiones, extrañó el Auto de Vista invocado por el imputado en esa ocasión, señalando que ni siquiera se indicó que numero de resolución es; asimismo, que no existía una copia legalizada del acta de devolución de bienes que habría realizado la parte imputada al Ministerio Público, sosteniendo que no existían elementos de convicción que acrediten lo manifestado por esta, debiendo demostrar con elementos objetivos para desvirtuar el riesgo procesal del art. 235.1 del CPP; en tal sentido, el suscrito Vocal habiendo preguntado al abogado de la defensa, a quien se había entregado esas 63 llaves y los otros elementos, éste respondió que, se había entregado al DIRCABI; cuando el Auto de Vista 161/2020, establece que debe entregarse al Ministerio Público como titular de la acción penal, ya que DIRCABI es solo parte coadyuvante en la investigación, en su calidad de denunciante querellante; por lo que, si bien existe el Informe 042 y también el acta de des secuestro de vehículo, donde se menciona entre otros, las 63 llaves, estas deben ser entregadas al Ministerio Público y no así al DIRCABI; razones por las cuales se mantiene vigente el riesgo procesal del art. 235.1 del CPP; y,
2. ii)Con referencia al último agravio relativo al tiempo de detención preventiva -art. 239.2 del CPP-, que el imputado señala que ya habría vencido el 20 de junio de 2020, ello conforme a lo dispuesto en el Auto de Vista 161/2020; se tiene que:
3. a)Revisada la resolución de la autoridad jurisdiccional en el punto cuarto del Considerando dos, señala que, sobre la reducción del plazo de la detención preventiva, debe tomarse en cuenta los instructivos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia que estableció la suspensión de plazos procesales en el país, a raíz de la pandemia que se vive desde el 22 de marzo de 2020, por lo que mal podría establecer respecto al plazo vencido; sobre este razonamiento de la Jueza a quo, el suscrito Vocal considera que es parcial; puesto que, si se analiza el Auto de Vista 161/2020, se advierte que el mismo, aplicando el principio de proporcionalidad, consideró que el plazo de cuatro meses inicialmente fijado para la detención preventiva del imputado era exorbitante, en relación al acto investigativo que debía realizarse por el Ministerio Público, tomando en cuenta que el riesgo procesal del art. 235.1 del CPP fue activado en razón a que el imputado oculto las llaves encontradas en el vehículo, lo cual lógicamente conlleva elemento de convicción, pero que dicho acto investigativo no era muy complejo pudiendo realizarse en menos tiempo; determinando el plazo de dos meses para la detención preventiva;
4. b)Para el art. 239.2 del CPP, la parte imputada señala como prueba el Auto de Vista 161/2020, a partir del cual, si hacemos un cómputo del plazo de la detención preventiva, indudablemente estaría vencido el 20 de junio, pero cuando la autoridad jurisdiccional hace referencia a las circulares emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, como emergencia de la pandemia del COVID-19, pues por tal situación, el Gobierno Central determinó paralizar la actividad tanto pública como privada decretando una cuarentena rígida desde el 23 de marzo de 2020, véase que la audiencia de aplicación de medidas cautelares es de 20 de abril de igual año; es decir, en plena cuarentena, cuando estaba suspendida toda actividad hablando de todas las instituciones, llámese Ministerio Publico, DIRCABI e incluso el referido Tribunal Departamental, que no han trabajo, estableciéndose un rol de turnos para atender determinadas condiciones de personas privadas de libertad, que se encuentren dentro los grupos vulnerables; esas eran las condiciones precisamente establecidas por las circulares; y,
5. c)Si actuamos bajo el criterio de la defensa de que el plazo no se computa en materia penal, porque se trata de un caso con detenido, señalando que también se suspendería la detención preventiva durante ese lapso y una vez levantada la misma tendría que reincorporarse nuevamente como detenido preventivo; se debe razonar que, todas las personas que vivimos en sociedad debemos acatar las normas, más allá de que exista un derecho formal frente a un derecho sustancial, la pandemia del COVID-19 no es culpa de los sujetos procesales, es una situación objetiva bajo el principio de verdad material, los plazos como tal están suspendidos durante la cuarentena rígida, por lo cual, el Ministerio Público no ha podido efectuar ningún acto investigativo, las actividades públicas y privadas no estaban funcionando, no había control jurisdiccional, el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz no trabajo durante la cuarentena, como se dijo, solo hubo turnos para atender determinados casos, normados y reglamentados por las circulares, tanto del máximo Tribunal ordinario como de los Tribunales Departamentales de Justicia, una de ellas, la Circular 06/2020 que determinó la paralización de los plazos procesales y siendo que aún nos encontramos en riesgo medio ya moderado, y que las actividades retornaron con determinadas condiciones desde el 1 de junio de 2020, ante esa situación necesariamente requiere ser fundamentado con el art. 130 del CPP, que establece la posibilidad de suspender los plazos por situaciones de fuerza mayor que hagan imposible el desarrollo del proceso; asimismo, se debe observar el principio de igualdad de partes -art. 180.I de la CPE-; bajo ese fundamento, es indudable que aún no se ha demostrado que efectivamente se hayan cumplido esos dos meses, pues los plazos en cuarentena rígida estaban suspendidos (fs. 80 a 83 vta.).

El impetrante de tutela alega vulneración del derecho al debido proceso en los elementos de fundamentación, motivación y congruencia; así como a la libertad; toda vez que, el Vocal demandado al emitir el Auto de Vista 261/2020 de 3 de julio, declaró improcedente su recurso de apelación planteado contra la Resolución 01/2020 de 26 de junio, que rechazó su cesación de la detención preventiva solicitada en base al art. 239.1 y 2 del CPP, con argumentos ilógicos y arbitrarios, y sin realizar una revisión de la Resolución de la Jueza a quo, determinó la continuidad de su detención preventiva, por la subsistencia del riesgo procesal del art. 235.1 del CPP; puesto que:

1. 1)En relación al art. 239.1 del CPP:
2. i)El Auto de Vista impugnado contiene una fundamentación y motivación arbitraria que deviene de una valoración irrazonable de la prueba respecto al riesgo procesal del art. 235.1 de igual norma penal, basando su decisión en una prueba inexistente a un hecho diferente al utilizado como argumento que fue la Resolución apelada 01/2020, ya que, en una mala apreciación citó el Auto de Vista 181/2020 de 27 de mayo, sosteniendo que el mismo había señalado que las llaves secuestradas debían ser entregadas al Ministerio Público, cuando no fue así; empero, tampoco consideró que fue la misma entidad fiscal la que solicitó a la FELCC proceda al secuestro de dichos objetos y quien también prescindió de los mismos autorizando su devolución; y,
3. ii)Incurrió en incongruencia interna y externa, apartándose del punto apelado y de la propia Resolución de la Jueza a quo, que fue la que se apeló y no así el Auto de Vista 181/2020, emitido en apelación de una anterior solicitud de cesación de la detención preventiva, y el cual no se pronunció en el fondo de los agravios, ya que sostuvo que no podía emitir una valoración objetiva sino existía nuevos elementos de convicción; y,
4. 2)Respecto al art. 239.2 del CPP; la autoridad demandada ratificó y amplió los argumentos de la Jueza inferior, determinando de manera ilegal que el plazo fijado para cumplir su detención preventiva se halla suspendida, debido a la suspensión de plazos procesales dispuesta por el Tribunal Supremo de Justicia a través de circulares, ante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, y sin ningún basamento objetivo afirmó que el Ministerio Público no había podido realizar acto investigativo alguno, sin siquiera revisar el cuaderno de investigaciones; agravando aún más su argumento, al sostener que no había control jurisdiccional, cuando quien tuvo dicho control hasta los primeros días de junio fue el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas:

1. a)Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP;
2. b)El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso;
3. c)La solicitud de cesación de la detención preventiva por el supuesto del art. 239.2 del CPP, a partir, de las modificaciones introducidas por la Ley 1173, modificada por la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019;
4. d)Vigencia plena de los Derechos Humanos en tiempos de pandemia en Bolivia; y,
5. e)Análisis del caso concreto.

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir:

1. 1)El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante;
2. 2)La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

1. 1)La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

1. 2)La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión6. Finalmente, a lo descrito corresponde efectuar una necesaria precisión en torno a la congruencia y su comprensión en el tratamiento y aplicación de las medidas cautelares por Tribunales de apelación según lo dispuesto por el art. 398 del CPP; que de acuerdo a la SCP 0077/2012, citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el mencionado art. 398 del CPP, no debe ser entendido en su literalidad respecto a remitirse solamente a los agravios y lo señalado por las partes como expresión literal de la congruencia exigida; sino que, dicha previsión debe ser interpretada de forma integral y sistémica en el sentido que, los referidos Tribunales de alzada, al momento de resolver impugnaciones relacionadas a la aplicación de medidas cautelares, no sólo se circunscribirán a los puntos impugnados (congruencia externa), sino que tienen el deber de compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos a efectos de fundamentar y motivar debidamente sus resoluciones que dispongan el cese o la privación de libertad de los procesados, justificando objetivamente la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada norma adjetiva penal, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal.