1249/2022-S1

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia:

1. a)Se ordene al Director ahora demandado a cumplir con la decisión adoptada por la Sala Constitucional y al efecto se dé respuesta oportuna a sus pretensiones interpuestas;
2. b)Se disponga la entrega de copias y certificaciones requeridas, más aún, en lo concerniente a sus hijos;
3. c)Se declare "reo de violación" de derechos y garantías al ahora demandado antes mencionado; y,
4. d)Se califiquen costas por la suma de Bs15 000.- (quince mil bolivianos); en razón a que, debe acudir a dicho Colegio en busca de una respuesta, exponiendo su salud.

Jose Luis Jimenez Torricos, Director del Colegio Ingles Católico, mediante informe escrito de 16 de octubre de 2020, cursante de fs. 39 a 41 vta., así como en audiencia virtual a través de su abogado, manifestó lo siguiente:

1. 1)Efectivamente el Director ahora demandado y el asesor financiero, se reunieron con los padres de familia del referido establecimiento, a objeto de informar sobre las obligaciones y gastos que el mencionado Colegio debe cubrir mensualmente; y que, no podían aceptar la rebaja de las pensiones en el porcentaje que solicitaban los padres de familia;
2. 2)La ahora accionante solicitó las planillas de gastos de dicho establecimiento, certificados que avalen el conocimiento de los profesores sobre el manejo de las plataformas virtuales y normas que respalden las mismas, se le proporcione una copia de la malla curricular para las "clases virtuales" y se certifique cual era la calidad de educación que el citado Colegio ofrecía a los estudiantes, así mismo, pidieron certificados de sus dos hijos menores;
3. 3)Posteriormente el 1 de julio de 2020 la peticionante de tutela, asistió a una reunión de padres de familia juntamente con el Director antes mencionado y el asesor financiero, a efectos de llegar a un acuerdo sobre el monto de pensiones, reiterando su solicitud el 8 de igual mes y año al amparo del art. 24 de la CPE, pero desconociendo la Ley de la Educación "Avelino Siñani - Elizardo Pérez" -Ley 070 de 20 de diciembre de 2010-;
4. 4)El Colegio Ingles Católico cuenta con una licencia de funcionamiento, otorgada por el Ministerio de Educación; el cual, libera de exhibir o presentar dicha licencia y/o acreditación a cada padre de familia;
5. 5)Siendo la educación científica y tecnológica, no es necesario que el mencionado Colegio, tenga que entregar certificación y/o respaldos en relación a las "clases virtuales", ya que, los docentes fueron capacitados al efecto; y,
6. 6)En relación a la planilla de gastos del referido Colegio, esta no es una sociedad comercial en la que los socios tienen derecho a solicitar o examinar los estados financieros, balances y otros documentos; por lo que, los padres de familia no tienen la calidad de socios; además, carecen de facultades y atribuciones para pedir informes sobre ingresos y egresos; y, mucho menos planillas de salarios.

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 138/2020 de 16 de octubre, cursante de fs. 46 a 50, concedió parcialmente la tutela solicitada por la ahora accionante contra el Director del Colegio Ingles Católico -ahora demandado-; disponiendo que, en el plazo de veinticuatro horas hábiles se debe hacer llegar la respuesta a las peticiones establecidas en las misivas de 10, 11 y 14 de julio todos del 2020, "...que en si hacen a cinco puntos establecidos, sea ello en forma positiva o negativa conforme se ha desarrollado, sea sin costas" (sic), en base a los siguientes fundamentos:

1. i)De los antecedentes referidos en audiencia y las literales que se tienen como elementos de prueba de tres misivas de petición, ante el mencionado Colegio; mismos que, se ciñen bajo principios, normas legales establecidos en su funcionamiento y administración, propiamente en la Ley 070; empero, tienen la obligación de satisfacer cualquier solicitud y no precisamente será una respuesta positiva como pretende la ahora peticionante de tutela;
2. ii)Como se señaló en audiencia, la publicidad del informe si bien no es atribución de un padre familia, debe ser atendida en forma negativa, lo contrario daría lugar a que exista una situación de inobservancia o desconocimiento del derecho a la petición;
3. iii)La obtención de una respuesta ya sea positiva o negativa aun exista equivocación en el planteamiento de su petición, debe describirse en forma escrita y entregarla de manera efectiva por cualquier medio, incluso vía celular; extremo que, evidentemente no fue cumplido;
4. iv)Considera que se desconoció el derecho a la petición en la presente acción constitucional; razón por la que, corresponde acoger la solicitud en parte, respecto a este derecho señalado; y,
5. v)En cuanto a las costas solicitadas, no corresponde dicha imposición.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas:

1. a)Cambio de razonamiento de esta Magistratura respecto a la protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; y,
2. b)Análisis del caso concreto.

A partir de dicha previsión, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, en cuya misión esta la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas1; constituyéndose en el máximo protector del ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Norma Suprema, siempre con una visión progresiva y garantista en la interpretación de los derechos, conforme prevé el art. 13 de la CPE; en ese comprendido, dentro de ese catálogo de derechos fundamentales, se encuentra el derecho a la petición, previsto por el art. 24 de la CPE, que establece: "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario", de ahí que el derecho a la petición, se constituye en una prerrogativa primordial que incumbe realizar todo tipo de solicitudes o reclamos, e inclusive posibilita acceder al ejercicio de otros derechos. Ahora bien, independientemente de que la solicitud esté inmersa o no dentro de un proceso judicial o administrativo, para abordar el derecho a la petición deben considerarse las siguientes temáticas:

1. i)Contenido esencial;
2. ii)Requisitos de procedencia;
3. iii)Legitimación activa;
4. iv)Legitimación pasiva; y,
5. v)Plazo para emitir respuesta.

En referencia al contenido esencial, haciendo referencia a la SC 0218/01-R de 20 de marzo de 20012, una vez interpuesta la solicitud, la respuesta debe ser:

1. i)Emitida de forma pronta y oportuna3, esto es dentro el plazo establecido por la ley o dentro de un plazo razonable;
2. ii)Formal4; es decir que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley;
3. iii)Material5, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y,
4. iv)Argumentada6; vale decir, la respuesta debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.

En relación a los requisitos de procedencia, que debe contener el derecho a la petición, señaló que la SCP 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de su tutela, en ese mérito sólo debe cumplir con tres requisitos:

1. a)La existencia de una petición oral o escrita;
2. b)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud; y,
3. c)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto precisó:

...a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos:

1. a)la formulación de una solicitud expresa en forma escrita;
2. b)que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente;
3. c)que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y
4. d)se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión".

"...a) La existencia de una petición oral o escrita;

1. b)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y,
2. c)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición"; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que: