1255/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1255/2022-S1 Sucre, 24 de octubre de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de Amparo Constitucional

Expediente: 36749-2020-74-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 177/2020 de 1 de octubre, cursante de fs. 543 a 549, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Josefina Limachi Vda. de Laura contra Marco Antonio Cossio Viorel, Fiscal Departamental de La Paz; y, Eddy Junior Flores Quispe, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de agosto de 2020, cursante de fs. 464 a 474, y el de subsane de 7 de septiembre del citado año (fs. 478 a 501), la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la acusación particular de Josefina Limachi Vda. de Laura -hoy accionante- contra José Felipe Mamani Alanoca, Henry Poma Chura, Nelson Delgadillo Álvarez, Danny Mildred Loayza Ulo y Rosemayre Alarcón Main por la supuesta comisión de los delitos de asesinato, robo agravado y otro se intentó hacer aparecer el hecho criminal acusado como un accidente de tránsito. Esto con el propósito de apropiarse del patrimonio que tenía su hijo en una Empresa de construcción de la cual era representante legal y socio conjuntamente con los primeros dos sindicados.

Así se emitió la Resolución FDLP/ARVM/S- 429/2019 de 5 de diciembre, pronunciamiento que resuelve las impugnaciones de las Resoluciones de Sobreseimiento 02/2019 de 20 de marzo y 03/2019 de 21 de igual mes, dictados por Eddy Junior Flores Quispe, Fiscal de Materia a cargo de la investigación.

Sobre la base de lo mencionado, la prenombrada autoridad del Ministerio Público y el Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandados- no consideraron las pruebas periciales, documentales y testificales colectadas en la investigación y que fueron enumeradas en las impugnaciones planteadas a las resoluciones de sobreseimiento. Omisión que le impidió conocer las razones y motivos precisos del pronunciamiento que ahora se cuestiona.

En ese orden, las Resoluciones de Sobreseimiento 02/2019 y 03/2019 encuentran sustento en la construcción interpretativa que el "...día jueves 20 de octubre de 2011, debido a un llamada de celular Francisco Carlos Laura Limachi dispuso realizar un viaje a la localidad de Coroico en su vagoneta Toyota Land Cruiser con placa de control 1281- KUL junto a Nelson Delgadillo Álvarez, Rosemayre Alarcón Main, y Danny Mildred Loayza Ulo, llegando en la tarde a la localidad de Coroico para a horas 20:00 recibir una llamada de FONADAL mediante la cual fue señalado que el 21 de octubre debe asistir a una reunión en las instalaciones de aquella institución (reunión que los miembros de FONADAL afirmaron NO realizaron) que Danny Mildred Loayza Ulo Nelson Delgadillo Álvarez, Rosemayre Alarcón Main, Jose Felipe Mamani Alanoca y HENRY POMA CHURA fueron a descansar a la casa de Francisco Carlos Laura Limachi ( quien no bebió y se encontraba sobrio toda la noche) que Danny Mildred Loayza afirmo que Francisco Carlos Laura Limachi se encontraba sobrio y que se encontraba presentes todos los sindicados, en contraposición a la afirmación de Rosemayre Alarcón Main quien menciona que junto a Nelson Delgadillo Álvarez fueron a descansar a la casa de su abuela en Coroico, desconociendo de ese modo el paradero de Francisco Carlos Laura Limachi y Jenny Lourdes Aruquipa y Danny Mildred Loayza Ulo que a madruga del viernes 21 de octubre de 2011 Francisco Carlos Laura Limachi emprendió su retorno a la ciudad La Paz, en su vagoneta junto a Jenny Lourdes Aruquipa Cayo, (ocupando el asiento al lado del conductor), Nelson Delgadillo Alvares (ocupando el asiento posterior al conductor), Rosemayre Alarcón Main (ocupando el asiento del medio de la parte posterior del automóvil) y Danny Mildred Loayza Ulo (ocupando el asiento que se encuentra detrás de la acompañante del conductor), que en la carretera Coroico- La Paz antes de llegar a la CURVA DENOMINADA YOLOSITA aprox. entre las 4:00 a 5:00 la vagoneta se detuvo, Francisco Carlos Laura Limachi salió de su interior y fue asesinado con un golpe certero en la cabeza mientras era distraído por los ocupantes de la vagoneta, para posteriormente encubrir el hecho provocando el EMBARRANCAMIENTO de la vagoneta, CON EL CUERPO DE FRANCISCO CARLOS LAURA LIMACHI y JENNY LOURDES ARUQUIPA CAYO EN SU INTERIOR, LOGRANDO DE ESTE MODO QUE SE EMBARRANQUE A UNA ALTURA DE 120 Y 150 METROS DE PROFUNDIDAD Que Nelson Delgadillo Álvarez (uno de los acompañantes del interior del vehículo) caminó hasta el puesto de control de Yolosita y tomando contacto con dos policías a hrs. 06:30, logró se auxilie a 3 heridos según se tiene del informe de acción directa elaborado por Sgto. Nelson Calle Sánchez y Sgto. Reynaldo parisaca Ch. (versión que es incongruente debido a que luego de haberse embarrancado el vehículo más de 120 horas metros, las 3 personas se encuentran ilesas y una de ellas incluso caminó más de 3 km como si no lo hubiera sucedido nada) que extrañamente el acta de oposición de traslado de cadáver fue firmada por HUGO PASCUAL POMARI MAMANI (PERSONAL DE CONFIANZA DE JOSE FLIPE MAMANI) indicando además ' que no habrá ningún reclamo posterior de parte de los familiares de la víctima y que José Felipe Mamani junto a Henry Poma Chura a fin de que no se desarrollen las correspondientes investigaciones ordenaron que con la retroexcavadora de la empresa, se reitere la vagoneta siniestrada y sea trasladada a un garaje particular con la finalidad de alterar LAS evidencias y que Francisco Carlos Laura Limachi al momento del accidente portaba dos celulares, uno corporativo con el número 76556745 y otros privado con el número 72562578, su laptop y dispositivo USB, su billetera en al que portaba su documento de identidad, licencia de conducir, agenda personal y tarjeta de débito pertenencias que no fueron encontrados en el lugar del accidente, sin embargo, la tarjeta d debito pareció en poder de José Felipe Mamani Alanoca y realizo el retiro de fondos a través de cajeros automáticos, a pesar de que para realizar aquella operación se requiere conocer el número PIN de la tarjeta que además era de conocimiento exclusivo de Francisco Carlos Laura Limachi al ser el gerente general de la sociedad, beneficiándose de ese modo de varios retiros de dinero para ser distribuidos junto a Henry poma chura,CONSTRUCCIÓN HIPOTÉTICA DE SINDICACIÓN Y ANTÍTESIS TAMBIÉN DE LOS ENTENDIMIENTOS CONCLUSIVOS QUE TAMBIÉN SERÁN CONSIDERADOS AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO JERÁRQUICO EN ESTRICTA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL Y DERECHO AL DEBIDO PROCESO..." (sic).

Por otra parte, el Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado- refiere haber realizado un estudio de la relación de hechos puntualizados en los escritos presentados contra los requerimientos conclusivos citados precedentemente. Para luego, "...supuestamente a redactar la RELACIÓN DE HECHOS descritos en el memorial de impugnación la resolución N°429/2019 ,de la siguiente manera "...provocando el EMBARRANCAMIENTO de la vagoneta, CON EL CUERPO DE F. CARLOS LAURA LIMACHI y JENNY LOURDES ARUQUIPA CAYO EN SU INTERIOR, LOGRANDO DE ESTE MODO QUE SE EMBARRANQUE A UNA ALTURA DE 120 Y 150 METROS DE PROFUNDIDAD...", ello demuestra el HECHO CRIMINAL PERPETRADO NADA MENOS PARA HACER APARENTAR Y SUSTENTAR SU CONSTRUCCIÓN HIPOTÉTICA DE QUE EL SR. LAURA FUE EXPULSADO DEL AUTOMÓVIL..." (sic).

De lo que resulta que la máxima autoridad fiscal departamental efectuó una relación tergiversada sobre los hechos, omitiendo el presupuesto de motivación. Así también, se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad en cuanto a la valoración integral de las pruebas; no obstante, que los elementos probatorios aportados por siete dictámenes periciales demostraron científicamente que el vehículo embarrancado carecía de ocupante alguno en su interior al momento del evento de tránsito que desembocó en el fallecimiento de su hijo Francisco Carlos Laura Limachi y su acompañante Jenny Lourdes Aruquipa Cayo.

Asimismo, que no se comprobó la existencia de sangre humana en el interior del vehículo conforme la pericia de quimioluminiscencia que "...no presentan material biológico en cantidad y calidad suficiente para la caracterización de sangre humana, por tanto Francisco Carlos Laura Limachi, no falleció en el interior del motorizado, porque no se encontraron sangre en el interior del vehículo y ratifica que el vehículo estaba vacío a momento del embarrancamiento..." (sic); empero, hay manchas de sangre en un extintor de color rojo y una prenda de vestir de acuerdo a lo señalado en la pericia de caracterización y tipificación de restos biológicos in situ emitida por Vanesa Serrudo Gonzales, perito del IITCUP que concluyó respecto a las muestras E1 (BO-EC-959) consistente en un estuche de color café con contenido de juego de llaves de mecánica, E2 (BO-EC-960) extintor de color rojo marca POWER de un kilogramo y E2 (BO-EC-963) chamarra de color naranja y plomo con resultado positivo de material biológico sanguíneo de especie humana.

Lo señalado, demuestra que su hijo Francisco Carlos Laura Limachi, no falleció en el interior del motorizado porque no se encontró sangre en el interior del vehículo ratificándose que el vehículo se encontraba vacío a momento del embarrancamiento.

De otro lado, el Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado- respecto al dictamen pericial de necropsia de 5 de febrero de 2019, de parte elaborado por la Médico Forense Patricia Álvarez Maceda señala que, carece de fuerza probatoria porque dicha profesional no hubiera manipulado el cadáver. Inferencia que no toma en cuenta que según la transcripción de la audiencia celebrada para dicho fin estuvo presente junto a los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) Luis Fernando Vaca Ramos, Carolina Vargas y Rita Fernández quienes en coordinación con el Ministerio Público realizaron la necropsia que por cuestión operativa no era posible que todos los especialistas participen en su ejecución directa.

Bajo esos argumentos, la señalada pericia observa que el Médico Forense que emitió el Certificado de Defunción hizo referencia a un diagnóstico de hecho de tránsito y traumatismo cráneo encefálico. Lo cual, demostraría que no se cumplió con los principios básicos de una valoración médica legal como es la autopsia, donde de forma obligatoria se debió abrir "las tres cavidades" (sic), imprevisión que se reveló por el estudio de exhumación que descartó la realización de un examen interno o autopsia médico legal del cadáver. Principalmente, si también el médico del Hospital de Coroico del departamento de La Paz luego de comprobar en el cadáver la lesión craneal puso como calificación traumatismo cráneo encefálico severo y descartó la existencia de un hecho de tránsito.

Conclusiones que hallan coherencia con los dictámenes periciales de fotografía y dibujo forense de 3 y 13 de octubre de 2017, evacuados por el especialista Juan Gabriel Arce Coronado a efecto de fijación fotográfica de procesamiento en la prueba de quimioluminiscencia y accidentología vial realizadas en el lugar del hecho; informe técnico circunstancial de 15 de marzo de 2019, elaborado por el investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) Rodrigo Coaquira Meneses que no menciona la existencia de elementos no biológicos -tierra y vidrio-; dictamen pericial radiología de 8 de febrero del citado año, emitido por el perito de parte Aldo Espinoza que concluye -previa valoración radiográfica realizada en los diferentes segmentos del cadáver- sobre la existencia de una lesión clara localizada en el cráneo. Fractura multi fragmentaria con aspecto de estrella relacionada con una fuerza de impacto contundente con un objeto romo dotado de peso que excluye la posibilidad de un suceso tránsito, infiriéndose que dicha fractura fue causada por una segunda o tercera persona.

Además del Informe AB.CLIN.TOX.694/11 emitido por María Teresa Uría Butrón, perito en toxicología que concluye que la fallecida Jenny Lourdes Aruquipa Cayo al momento de su fallecimiento no se encontraba en estado de ebriedad, hecho ratificado por Informe Técnico de 24 de enero de 2012, emitido por Freddy Navia Mayta, investigador asignado quién señaló que luego del rescate del cuerpo en el lugar del hecho no se percibió que la misma habría consumió bebidas alcohólicas, así como no se encontró bebidas ni envases al interior del motorizado lo cual descarta que los pasajeros del vehículo siniestrado hayan estado en estado de embriaguez.

No obstante, que la mayoría de las pericias detalladas precedentemente respondían a lo sucedido el 21 de octubre de 2011, la parte demandada sólo otorgó valor al ilegal dictamen de necropsia propiciado por el IDIF que con una serie de incongruencias insertó datos falsos mediante médicos forenses -ninguno especializado en tanatología- para concluir que el fallecimiento de su hijo fue por accidente de tránsito cuando siete pericias técnico científicas señalan lo contrario. Llegados a este punto, la máxima autoridad fiscal departamental -hoy demandada- a fin de omitir la valoración correspondiente señaló que el contenido del estudio pericial de necropsia y exhumación de 23 de enero de 2019, estaría incompleto. Asimismo, que el Disco Compacto (CD) del audio que supuestamente posee la grabación de su desarrollo se encontraría vacío.

Esto a pesar que por escrito de impugnación se le advirtió la existencia de ambos medios de prueba precisándose que jamás se encontraron restos de vidrio y tierra en la humanidad del occiso durante la necropsia; razón por la cual, sólo se colectó las uñas y un fragmento de fémur conforme consta en el acta emitida por el investigador especial de laboratorio de FELCC. Información corroborada por los dictámenes de necropsia, radiología de parte, accidentología vial complementaria, fotografía y filmación forense.

Bajo ese entendido que, de forma posterior al hecho punible, los socios de la empresa "Treslínea" José Felipe Mamani Alanoca y Henry Poma Chura conforme a lo planeado desfalcan la Empresa donde su hijo fungía como Gerente General y Representante Legal. De esta manera, se apropian de todos los bienes activos y pasivos correspondientes a la víctima ocultando el patrimonio de la sociedad mediante la falsificación de su firma en documentos de contabilidad. Asimismo, se auto otorgaron ilegalmente un mandato de representación signado como 1254/2012 en favor del imputado José Felipe Mamani Alanoca para cobrar grandes montos de dinero adeudados, producto de las obras de construcción realizadas y vender ilegalmente los vehículos automotores de la sociedad mediante la comisión de distintos ilícitos como falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, falsedad material entre otros.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus vertientes fundamentación, congruencia e interpretación de legalidad ordinaria; citando al efecto, el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución FDLP/ARVM/S- 429/2019.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 1 de octubre de 2020, conforme consta en el acta cursante de fs. 536 a 542 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción tutelar.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Eddy Junior Flores Quispe, Fiscal de Materia no presentó informe escrito ni se presentó a la audiencia tutelar al no haber sido notificado con la presente acción tutelar; sin embargo, Martha López Gonzáles, Fiscal de Materia actualmente asignada al caso en audiencia manifestó que la ahora impetrante de tutela pretende forzar la existencia de un hecho delictivo que no aconteció conforme se evidencia de una investigación minuciosa que generó la Resolución de Sobreseimiento.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

José Felipe Mamani Alanoca, a través de su defensa técnica señaló que toda la prueba producida fue valorada comprendiéndose que las pericias emitidas en su mayoría fueron a través de especialistas contratados por la demandante de tutela debiendo considerarse que la necropsia efectuada por el IDIF determinó que el hecho acusado fue un accidente de tránsito; máxime si su persona nunca estuvo en el lugar de los hechos.

Henry Poma Chura, mediante su abogado, manifestó que el dictamen pericial de necropsia de 23 de enero de 2019, fue realizado por tres miembros del IDIF donde se hace una descripción de todo lo extrañado en la acción constitucional presentada; es decir, se efectuó una revisión minuciosa de todo el aparato óseo del fallecido encontrándose tierra y vidrios en su cabeza producto del accidente de tránsito para luego de cobrar el seguro de vida plantearse que fue un asesinato, hipótesis que fue ampliamente investigada por el Ministerio Público concluyéndose en una correcta Resolución de Sobreseimiento.

Nelson Delgadillo Álvarez, pese a estar presente en audiencia de consideración de ésta acción tutelar, no intervino en la misma.

Rosemayre Alarcón Main, no presentó informe alguno; así como, tampoco se hizo presente en audiencia de consideración pública de esta acción tutelar, pese a su legal notificación, cursante a fs. 508.

I.2.4. Resolución

En la vía aclaratoria, la accionante señaló que en la impugnación presentada se reclamó respecto a las pericias quimioluminiscencia, biología de caracterización de restos así como el ampliatorio de accidentología; al respecto, la misma Sala Constitucional mediante la resolución correspondiente señaló que "...esta cita ha sido plasmada por la parte accionante con un carácter genérico, efectuando una cita de documentación en N° 44 que no hubiese sido valorada por la autoridad demandada..." (sic) evidenciándose que recién en la presente acción tutelar se efectúa un desarrollo amplio, extenso y comprensible de los referidos agravios que en definitiva no fueron de conocimiento de la parte demandada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 14 de septiembre de 2021 (fs. 561), se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 15 de febrero de 2022; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Consta Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal presentado el 5 de agosto de 2015, ante el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Josefina Limachi Vda. de Laura -ahora accionante-, contra Henry Poma Chura, José Felipe Mamani Alanoca y otros, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica, material, uso de instrumento falsificado, falsedad material, estelionato y otros (fs. 437 a 459 vta.).

II.2. El 1 de marzo de 2018, el Ministerio Público imputó a Danny Mildred Loayza Ulo, Nelson Delgadillo Álvarez y Rosemayre Alarcón Main, por la supuesta comisión del delito de homicidio (fs. 141 a 145).

II.3. El 4 de mayo de 2018, se imputó formalmente a José Felipe Mamani Alanoca, Henry Poma Chura, Rosemayre Alarcón Main, Nelson Delgadillo Alvarez y Danny Mildred Loayza Ulo, por la supuesta comisión del delito de asesinato (fs. 146 a 156 vta.).

II.4. Consta Resolución de Sobreseimiento 02/2019 de 20 de marzo, a través del cual, Eddy Junior Flores Quispe, Fiscal de Materia dispuso el sobreseimiento de los imputados José Felipe Mamani Alanoca, Henry Poma Chura, Rosemayre Alarcón Main, Nelson Delgadillo Álvarez y Danny Mildred Loayza Ulo por el delito de asesinato y en contra de Henry Poma Chura, Rosemayre Alarcón Main, Nelson Delgadillo Álvarez y Danny Mildred Loayza Ulo por la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de complicidad (fs. 581 a 594).

II.5. Cursa Resolución de Sobreseimiento 03/2019 de 21 de marzo, pronunciada por el Fiscal de Materia Eddy Junior Flores Quispe en favor de los imputados José Felipe Mamani Alanoca por la presunta comisión del delito de hurto agravado y respecto a Rosemayre Alarcón Main, Nelson Delgadillo Álvarez y Danny Mildred Loayza Ulo por homicidio (fs. 595 a 607 vta.).

II.6. Por escritos de 26 y 30 de abril de 2019, la ahora solicitante de tutela impugnó las Resoluciones de Sobreseimiento 02/2019 y 03/2019 (fs. 16 a 34 vta.; y, 35 a 46).

II.7. Mediante Resolución FDLP/ARVM/S- 429/2019 de 5 de diciembre, se dispone ratificar en parte las Resoluciones de Sobreseimientos 02/2019 y 03/2019, a favor de Nelson Delgadillo Álvarez, Rosemayre Alarcón Main y Danny Mildred Loayza Ulo por los delitos de homicidio, asesinato y robo agravado; Henry Poma Chura por los delitos asesinato y robo agravado en grado de complicidad; y, José Felipe Mamani Alanoca por el delito de asesinato; y, revocar en parte las Resoluciones de Sobreseimientos 02/2019 y 03/2019 citados, respecto a José Felipe Mamani Alanoca por los delitos de hurto y robo agravado, ordenando la presentación de acusación con relación al delito de asesinato (fs. 47 a 65).

II.8. Consta Resolución de acusación O.A.M.C. 12/2020 de 27 de febrero, presentado por el Fiscal de Materia Omar Alcides Mejillones Copana ante el Juez de control jurisdiccional contra José Felipe Mamani Alanoca por la supuesta comisión de los delitos de hurto y robo agravado (fs. 66 a 70).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero1 y 0873/2004-R de 8 de junio2, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre3. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo4, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento.

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

...se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, el garantizar un real acceso a la justicia constitucional.

III.2. La exigencia de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones del Ministerio Público en la valoración de la prueba

En el modelo acusatorio, el Ministerio Público monopoliza el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública, conduciendo la investigación desde su inicio para obtener los elementos de convicción que acrediten los hechos punibles y las responsabilidades de sus autores o partícipes. Una vez que llega la noticia criminal, la denuncia o la querella de un ilícito, el fiscal tendrá que decidir el inicio de la investigación si el hecho reviste carácter delictuoso, disponiendo, por lo general, que la Policía Boliviana realice diligencias preliminares o pesquisas urgentes e inaplazables, siempre bajo su dirección funcional.

Ahora bien, tratándose del ejercicio de la acción penal, el fiscal tiene varias alternativas a la conclusión de la etapa preliminar, así, puede imputar formalmente el delito atribuido, si se encuentran reunidos los requisitos legales; ordenar la complementación de las diligencias policiales fijando plazo al efecto; disponer el rechazo de la denuncia, querella o las actuaciones policiales, en consecuencia su archivo; y, solicitar al Juez de Instrucción Penal la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación de un procedimiento abreviado o la conciliación.

Al realizar el análisis de las actuaciones policiales, el fiscal debe tener en cuenta que al Ministerio Público le interesa el esclarecimiento material de los hechos, lo que no implica una persecución a cualquier costo. Sobre esta base, juega un papel fundamental el principio de objetividad de la labor fiscal contenido en los arts. 225.II de la CPE; 5.3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-; y, 72 del CPP que hace responsable al fiscal de indagar los hechos que determinen o acrediten tanto la responsabilidad o no del imputado; le exige que investigue -bajo los principios de oficiosidad y exhaustividad, establecidos en los arts. 7.I y 55.I de la LOMP- las circunstancias que permitan comprobar la atribución de un hecho criminal y también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado; lo mismo puede decirse de la alternativa que tiene el fiscal, una vez concluida la investigación preparatoria, de requerir el sobreseimiento del caso o acusar, dependiendo de la mayor o menor envergadura de los elementos de convicción que haya reunido en el curso de la investigación.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre6, entre otras, se pronunció sobre la exigencia de la debida fundamentación y motivación en las resoluciones emitidas por los fiscales de materia en sus requerimientos conclusivos, como en los dictados por los fiscales departamentales en la ratificación o revocatoria respecto a las determinaciones de los inferiores.

Este estándar debe ser necesariamente observado en cualquiera de las formas de decisión de fondo que asuma el Ministerio Público, pues la motivación que se realice debe satisfacer tanto al querellante como al querellado, y por lo mismo, tiene que ser exigido por el Fiscal Departamental cuando revisa una objeción o impugnación a las resoluciones de los fiscales de materia.

Los Fundamentos Jurídicos precedentes, fueron desarrollados en la SCP 0030/2018-S2 de 6 de marzo.

III.3. Análisis del caso concreto

La problemática traída en revisión, básicamente radica en la falta de fundamentación, congruencia, valoración probatoria e interpretación de la legalidad ordinaria de las Resoluciones que a su turno fueron emitidas por el representante del Ministerio Público a cargo de la dirección de la investigación penal y el Fiscal Departamental de La Paz; en consecuencia, se hace necesario que el análisis se pueda centrar en esta última Resolución.

Ahora bien, los reclamos presentados por la impetrante de tutela se centran en el valor probatorio otorgado al dictamen de necropsia y exhumación de 23 de enero de 2019, realizado por el IDIF y no así a los siete dictámenes periciales de parte que establecieron científicamente que el vehículo embarrancado carecía de ocupante alguno en su interior al momento del hecho de tránsito, infiriéndose que el fallecimiento de su hijo Francisco Carlos Laura Limachi y su acompañante Jenny Lourdes Aruquipa Cayo se debió a la comisión del delito de asesinato.

Asimismo, se omitió contrastar la información brindada en la intervención policial preventiva con la otorgada por los demás testigos y elementos probatorios colectados en la etapa investigativa sobre lo sucedido en el registro del lugar del hecho como el hecho del robo de la tarjeta de débito del fallecido Francisco Carlos Laura Limachi y el posterior retiro de dinero de dicha cuenta a través del cajero automático por parte de José Felipe Mamani Alanoca, labor omitida y que cumplida hubiera cambiado el resultado del pronunciamiento jerárquico ahora observado en la presente acción tutelar, tampoco se examinó los extractos de llamadas remitidos por las Empresas de Telecomunicaciones que demuestran un vínculo y flujo de llamadas entre los imputados y las víctimas a los fines de la comisión de los hechos delictivos; menos se mencionó el móvil o el nexo causal de orden económico para la comisión de los delitos imputados, labor que en definitiva hubiera cambiado el resultado del pronunciamiento jerárquico ahora denunciado; máxime si los prenombrados conforme a lo planeado desfalcaron la Empresa donde su hijo fungía como gerente general y representante legal, apropiándose de todos sus bienes activos y pasivos de la referida víctima mediante la comisión de distintos ilícitos como falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, falsedad material entre otros.

Previamente al análisis de la problemática planteada, cabe señalar que la accionante en la presente demanda tutelar así como en sus memoriales de impugnación de 26 y 30 de abril de 2019, formulados contra las Resoluciones de Sobreseimiento 02/2019 y 03/2019 (Conclusión II.3) de forma similar e indistinta realizó una extensa y detallada relación de las circunstancias en tiempo, modo o lugar del supuesto hecho punible. Asimismo, identificó los instrumentos utilizados y los medios probatorios -especialmente las pericias de parte- que en su criterio soportan las conductas reprochables denunciadas así como la responsabilidad penal de la parte imputada -hoy terceros interesados- que dieron como resultado la muerte de su hijo Francisco Carlos Laura Limachi.

En tal sentido, los agravios denunciados tanto en sus escritos de impugnación contra los pronunciamientos de sobreseimiento ya citados así como los formulados en la presente acción tutelar contra la Resolución FDLP/ARVM/S- 429/2019 esencialmente son los mismos, teniéndose en ese contexto que el presente fallo constitucional abarcará dichas problemáticas a partir de lo resuelto en el mencionado pronunciamiento jerárquico, máxime si la causa; es decir, el acto reclamado como lesivo a los derechos de la parte accionante, constituye en la especie la referida determinación emitida por el Fiscal Departamental de La Paz.

Así resulta necesario conocer cuáles fueron los fundamentos esenciales de las Resoluciones de Sobreseimiento mencionadas.

Ahora bien, resulta también necesario conocer cuáles fueron los fundamentos por los que el Fiscal Departamental demandado determinó confirmar las Resoluciones de Sobreseimiento mencionadas.