Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 1264/01-R Sucre, 27 de noviembre de 2001
Expediente: 2001-03085-07-RAC Partes: Blanca Elizabeth Dora Saavedra Cárdenas contra Orlando Tapia Sandi, Dionisio Quispe Mollo, Walter Arízaga Cervantes y Jaime Robles Miranda, funcionarios y Rector de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca Materia: Recurso de Amparo Constitucional Distrito: Chuquisaca Magistrado Relator: Dr. Rolando Roca Aguilera
Vistos: En revisión, la Resolución N° 230/01 de 13 de agosto de 2001 saliente de fs. 52 a 55, pronunciada por los Vocales de la Sala Social, Minera y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del Amparo Constitucional interpuesto por Blanca Elizabeth Dora Saavedra Cárdenas contra Orlando Tapia Sandi, Dionisio Quispe Mollo, Walter Arízaga Cervantes y Jaime Robles Miranda, funcionarios y Rector de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca respectivamente, los antecedentes; y,
Considerando: Que por memorial presentado en 9 de agosto de 2001, saliente de fs. 22 a 24 de obrados, la recurrente manifiesta que por Resolución H.C.U. N° 088/2000 suscrita por Orlando Tapia Sandi y Dionisio Quispe Mollo, Rector y Secretario General a.i. de la Universidad de San Francisco Xavier, resolvieron suspenderla de sus funciones de Directora a.i. de la Carrera de Turismo desde el 14 de noviembre de 2000, con carácter retroactivo; cargo que estuvo desempeñando por Memorando Rectoral 1302/98 de 7 de septiembre de 1998. Que dicha decisión se tomó en forma previa a la iniciación de un proceso interno, el cual hasta el presente no se ha iniciado ya que el Auto Admisorio de Apertura fue anulado por el Tribunal Constitucional por no contar con la instrucción rectoral conforme al art. 6 del Reglamento de Procesos Universitarios, tal como se acredita del tercer considerando de la . Que extremó todos los recursos para revertir su situación pidiendo reiteradamente la revocatoria de la Resolución citada, así como su reincorporación, solicitudes que hasta la fecha no han sido atendidas.
Que la cuestionada Resolución le sancionó sin cumplir con el debido proceso previo y violando su derecho a defensa, transgrediendo los arts. 16-IV de la Constitución y 94 del Estatuto Orgánico de la Universidad.
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