1264/2022-S4

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto la Resolución FDLP/MACV/R-384/2020, debiendo ordenarse a la autoridad demandada:

1. a)Que emita una nueva resolución respetando sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, además de la normativa legal vigente aplicable al caso y no se invente el valor de documento a un simple proyecto de Minuta de Acuerdo de 8 de abril de 2016;
2. b)Se evite la usurpación de funciones y se instruya a la Fiscal de Materia de primera instancia pronunciar la correspondiente imputación formal contra los denunciados Juan Antonio José y Antonia María del Carmen, ambos Ayoroa Yanguas, Saúl Boris Quiroga y Walter Schmid Lauffer, por el delito de estelionato con solicitud de detención preventiva; y,
3. c)Dentro del caso ZSR 2000 161, no permita que la Fiscal de Materia asignada al caso, le asigne valor de documento privado ni público a lo que "obviamente no tiene" (sic).

William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, por informe escrito presentado el 30 de abril de 2021, cursante de fs. 1501 a 1510, manifestó lo siguiente:

1. 1)No se detalló en qué sentido modo o extremo de orden interpretativo descrito en el texto de la Resolución FDLP/MACV/R-384/2020, generaron lesión o transgresión al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, resultando en consecuencia que los extremos de orden fáctico y jurídico expuestos carecen de una adecuada explicación de la relación de causalidad entre los hechos demandados y los derechos o garantías constitucionales que se afirman fueron transgredidos, extremo que permite identificar que el petitorio expuesto para la concesión de tutela de dejar sin efecto la mencionada Resolución carece de una adecuada carga argumentativa para ser considerado, válido, coherente y por consiguiente tutelable mediante la presente acción de amparo constitucional, sin haberse explicado previamente en qué sentido el señalado fallo carece de una adecuada fundamentación o falta a los criterios de congruencia interna o externa que las resoluciones judiciales o administrativas deben cumplir; pues:
2. i)En cuanto a la lesión al debido proceso en su componente de motivación, fundamentación y congruencia como garantía de no arbitrariedad, así como respecto al derecho a la petición y acceso a la justicia; el Fiscal Departamental de La Paz al momento de resolver la objeción a la Resolución de Rechazo, consideró todos los puntos expuestos en el memorial de objeción, sintetizando en el apartado denominado "II.2. Objeción a la Resolución de Rechazo" los puntos de objeción para luego ser compulsados, tal como se infiere en el punto "II.3. Análisis del Caso Concreto", realizando un análisis doctrinario, lógico y jurídico, en mérito a ello resulta contradictorio que la accionante alegue que la autoridad jerárquica se haya pronunciado sin tomar en cuenta los elementos de convicción y los argumentos expuestos en el memorial de objeción, siendo que por el contrario realizó una compulsa de todos los elementos de convicción;
3. ii)La determinación asumida por el Fiscal Departamental de La Paz, en el presente caso es coherente con los elementos de convicción colectados en el transcurso de la etapa investigativa y atiende los antecedentes del proceso, resultando forzados los argumentos vertidos por la accionante para establecer la carencia de fundamentación y motivación; asimismo, se debe tomar en cuenta que en la última parte de la Resolución Jerárquica, se estableció que la determinación asumida se pronunció en base a la revisión íntegra del cuaderno de investigación, lo cual demuestra que la autoridad jerárquica consideró y valoró todos los elementos de convicción cursantes en obrados, desvirtuándose con ello lo manifestado por la ahora impetrante de tutela respecto a que no se habría valorado las declaraciones testificales y que solo se hubiera considerado los puntos del memorial de impugnación a la Resolución de Rechazo 167/2020 de 27 de agosto, como también la sindicación de que la Resolución FDLP/MACV/R-384/2020, carece de un adecuado fundamento en la compulsa de los elementos documentales cursantes en el cuaderno de investigación y consideración de las argumentaciones fácticas expuestas por la accionante;
4. iii)En cuanto a la identificación del nexo causal con los hechos denunciados en el memorial de la presente acción de amparo constitucional, detallan que la precitada Resolución de Rechazo carece de fundamentación sobre la decisión asumida; es decir, que en ningún apartado la solicitante de tutela identificó el sentido modo o forma en el cual la Resolución Jerárquica y los entendidos interpretativos de su contenido, faltan al deber de motivación requerido a las autoridades judiciales o administrativas al momento de emitir una resolución que resuelva el fondo de la pretensión o causa penal; resultando en consecuencia, que los extremos de orden factico expuesto para la identificación de una lesión al derecho al debido proceso y por consiguiente concesión de tutela constitucional, carecen de relevancia procesal constitucional al no cumplir con los requisitos mínimos requeridos por la jurisprudencia constitucional referente al contenido de las acciones de amparo constitucional y de ese modo considerar los hechos que se exponen como la expresión de un acto u omisión de relevancia constitucional. Por lo que, la accionante no explicó de manera adecuada el nexo de causalidad entre los hechos y derechos constitucionales identificados como vulnerados, el sentido, modo y forma en el cual el contenido de la Resolución FDLP/MACV/R-384/2020, posee incidencia directa a aquella transgresión, resultando en consecuencia que lo que en realidad pretende la impetrante de tutela, es confundir a las autoridades logrando se deje sin efecto la Resolución Jerárquica, con la única finalidad de forzar la prosecución de una investigación penal que como consecuencia del análisis de su fondo no advierte la concurrencia de materia penal justiciable mediante la sustanciación de una investigación penal de acción penal pública;
5. iv)Se denotó la existencia de una controversia familiar concerniente a la partición y división de bienes gananciales, trámite que debe ser sustanciado por la autoridad judicial en materia familiar, quien puede determinar si dicho inmueble objeto de Litis constituye un bien ganancial como afirma la impetrante de tutela; por lo tanto, la misma, tienen la vía legal para reclamar sus derechos lesionados; y,
6. v)La accionante refirió que la autoridad fiscal no se hubiera pronunciado respecto al delito de falsedad ideológica y que dicho actuar fue asumido también por el Fiscal Departamental; sin embargo, ese extremo fue respondido en la Resolución FDLP/MACV/R-384/2020, siendo ampliamente desarrollados en los entendimientos analíticos de la Resolución Jerárquica; y,
7. 2)Respecto al entendido de que la mencionada Resolución Jerárquica, transgrediría el principio de impartir justicia y seguridad jurídica; se tiene que, la acción de ampro constitucional no tutela principios procesales; además, la accionante omitió dar cumplimiento a las sub reglas para que la jurisdicción constitucional se halle habilitada para la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria. Por lo expuesto solicitó la denegatoria de la tutela solicitada.

Saúl Boris Quiroga Vargas, por memorial presentado el 29 de abril de 2021, cursante de fs. 1525 a 1526 vta., refirió que:

1. a)El delito de estelionato es una especificidad de la estafa, siendo la primera acción la de vender o gravar un bien;
2. b)El sindicado Juan Antonio José Ayoroa Yanguas, el 29 de julio de 2019, suscribió un contrato privado de promesa de venta de bienes inmuebles, a través del cual en su condición de representante legal de la empresa SUNDANCE Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), empresa de la cual la ahora accionante no tiene participación laguna, declarando ser legítimo propietario del inmueble, transfirió el mismo a favor de Walter Schmid Lauffer por el precio de "$us. 1.250.000,00" venta que fue efectivizada por el Sindicato de Juan Antonio José Ayoroa Yanguas mediante la suscripción de contrato de compra venta y préstamo con garantía hipotecaria, documento que dio origen al Testimonio 2585/2019 de 29 de julio, comprador que registró su derecho propietario bajo la Matrícula Computarizada con Folio Real 2.01.0.99.0034863; demostrándose con ello que se vendió algo de propiedad de SUNDANSE S.R.L., y no de la hoy impetrante de tutela; por lo que, no se tipificó el delito de estelionato;
3. c)El Fiscal Departamental de La Paz, ratificó la Resolución de Rechazo, pues la precitada actuación de Juan Antonio José Ayoroa Yanguas, fue desplegada en virtud al Documento Transaccional Definitivo sobre la División de Partición de Bienes Gananciales de 8 de abril de 2016, suscrito por el sindicado y la ahora accionante, por el cual las partes suscribientes se dividieron los bienes inmuebles que hubieran obtenido cuando estaban casados, quedando a favor del nombrado un edificio de ocho pisos registrado con el mencionado número de matrícula, documento que a decir de la accionante sería una simple minuta, sin valor legal; al respecto se debe tomar en cuenta lo previsto por el art. 519 del CC (eficacia del contrato), que de acuerdo al mismo dicho documento tendría fuerza de ley entre partes que la suscribieron; en virtud a ello, es que el denunciado dispuso del bien inmueble de referencia; por lo que, mal podría afirmarse que dicho documento no tendría valor legal; más aún cuando en su análisis se mencionó expresamente que el mismo tendría valor y eficacia establecido en el citado artículo;
4. d)El proceso familiar se encuentra vigente en el Juzgado Familiar Quinto; por ello, se vulneraría el principio de subsidiariedad, ya que no existe a la fecha sentencia ni resolución que demuestre los hechos denunciados; y,
5. e)Encontrándose a la fecha pendiente de un proceso de nulidad de venta de acciones en el cual se presentó el Acuerdo Transaccional de División de Bienes, pidiendo al "juez" la homologación del mismo conforme actuados y sin existir sentencia ejecutoriada que demuestre los ilícitos denunciados, solicitó la declaratoria de improcedencia de la presente acción de amparo constitucional.

Antonia María del Carmen Ayoroa Yanguas y Saúl Boris Quiroga Vargas, a través de sus abogados, en audiencia de la presente acción de defensa, señalaron que:

1. 1)Se habla de una transferencia de un inmueble, el cual a criterio de la accionante por la misma se cometió el delito de estelionato que fue sujeto a investigación el cual fue rechazado al no existir el delito, pues el inmueble no era de propiedad de la impetrante de tutela ni de Juan Antonio José Ayoroa Yanguas, sino de una sociedad anónima; lo que pretende la solicitante de tutela, es no tomar en cuenta el Acuerdo Transaccional aseverando que el inmueble es un bien ganancial, cuando no lo es, pues el bien ganancial son las acciones de la empresa de la sociedad anónima;
2. 2)La Resolución de Rechazo se encuentra debidamente fundamentada; pero la accionante, lo que pretende es que se interprete la legalidad ordinaria del art. 492 del CC, ya que alegó que el Fiscal lo interpretó mal;
3. 3)Por la posición del Ministerio Público, se deduce que existe un proceso de división de las acciones de la empresa del que se vendió el inmueble que derivaron en materia familiar; por lo tanto, "...se están dividiendo la división de acciones y no la disposición patrimonial todos estos elementos hacen un contexto completo que da lugar a una conclusión que este caso debe ser rechazado..." (sic);
4. 4)La propia accionante mencionó el art. 549 del adjetivo civil, alegando que el contrato era nulo porque faltaría un requisito de validez del contrato cual es la protocolización, el mismo pone en óbice para que la presente acción tutelar no sea atendido, por cuento el Código Civil en su art. 546, indica que la verificación judicial de la nulidad y anulabilidad de un contrato deben ser pronunciadas judicialmente; por ello, es que un documento en base al mismo argumento de la accionante es plenamente válido mientras no sea declarado nulo judicialmente; por lo que, se le otorga mayor valor con los propios argumentos al documento y al criterio definido por el Ministerio Público; y con ello, no se cumplen con los requisitos establecido por la jurisprudencia constitucional para que el Tribunal realice la interpretación de la legalidad ordinaria del art. 492 del precitado código, pues no se explicó porque la interpretación que hace el Ministerio Público es arbitraria;
5. 5)Se debe tomar en cuenta la legalidad del petitorio, pues la impetrante de tutela pide se realice un criterio dentro de un proceso penal de prueba tazada propia del Código Civil, pretendiendo que se interprete el contrato;
6. 6)Indicó que en el fallo cuestionado se actuó de forma ultra petita al mencionar que la impetrante de tutela, también dispuso de bienes que se encuentran dentro del indicado Acuerdo dándole valor al mismo; asimismo, la accionante cuestionó que nadie pidió que se evalúe su actuación, sino lo que hizo el denunciado Juan Antonio José Ayoroa Yanguas; pero el Ministerio Público usando la sana crítica como el citado documento, indicó que cómo es posible que el documento pueda valer para la denunciante y no para el denunciado; y,
7. 7)En cuanto al argumento de la hoy impetrante de tutela de que no existiría pronunciamiento por parte del Fiscal de Materia respecto a la ampliación de la denuncia por otros delitos como la falsedad y otros elementos; al respecto, no se cumplió con el principio de subsidiariedad, pues correspondía que acuda al Juez con control jurisdiccional. Otro elemento importante, es que, de los documentos adjuntos a la acción de defensa, se tiene que inició otro proceso penal por los delitos ampliados que también fue desestimado. Por lo expuesto, solicitó la denegatoria de la tutela impetrada.