1276/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1276/2022-S1 Sucre, 24 de octubre de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 37406-2021-75-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 246/2020 de 25 de noviembre, cursante de fs. 202 a 205 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Carlos Salazar Villarroel contra Nelly Lissette Daza Sequeiros, Gerente General del Club de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de octubre de 2020, cursante de fs. 136 a 138 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Después de haber trabajado por más de veintidós años en el "Club de La Paz", el 1 de junio de 2020, la Gerente General mediante Memorándum CLPZ-MEM-GER 003/2020 decidió prescindir de sus servicios por motivos de restructuración de personal, decisión que considera que no constituye una causal de retiro, tal cual establece el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), desconociendo también lo dispuesto en el Comunicado 14/2020 de 8 de abril, emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

En consecuencia acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, a efecto de que se proceda con su reincorporación laboral, así como la cancelación de sus derecho sociales, en consecuencia la parte empleadora fue citada para resolver el despido injustificado; empero, se rehusó a reincorporarlo a su fuente laboral; razón por la cual, la señalada Jefatura emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.L.P./ART. 48-49 C.P.E./D.S. 945/DACS/076/2020 de 21 de julio, misma que a la fecha no fue cumplida, dilatando así su cumplimiento con la interposición de recursos no contemplados en la Ley, dejando precluir la única vía que tenían de impugnación.

Ante la negativa de la parte empleadora, la Inspectora de señalada Jefatura emitió el Informe J.D.T.L.P.-DASC-VR-61/2020 de 13 de agosto, concluyendo que la "empresa" Club de La Paz, no cumplió con la normativa vigente que garantiza una fuente laboral estable.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela denunció la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la vida, citando al efecto los arts. 13, 14, 24, 46.I y II, 48.I y II, 49.III, 50, 109, 115, 128, 129, 178 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), 51, 52, 54 y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), 16 de la LGT, 9 del Reglamento de la Ley General del Trabajo.

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 25 de noviembre de 2020, según consta en acta cursante de fs. 198 a 200 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela por intermedio de su abogado, ratificó en su integridad los extremos señalados en su demanda de acción tutelar.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Nelly Lissette Daza Sequeiros, Gerente General del Club de La paz, mediante informe escrito cursante de fs. 188 a 196 vta., manifestó lo siguiente:

La hoja de ruta devuelta ocasiona un grave perjuicio: Fueron notificados con el Informe MTEPS-JDT LP-IT-MVC.618-INF/20 emitido por el Inspector de la señalada Jefatura, quien devolvió la documentación presentada por la parte demandada el 29 de junio de 2020, entrando en contradicciones, refiriendo que se habría presentado anteriormente a la audiencia de reincorporación, fundamentación que consideran insuficiente y arbitraria, haciendo alusión al art. 46 de la Ley 2341 de 23 de abril de 2002.

Sobre la manipulación del informe evacuado por el Inspector de Trabajo: En audiencia de reincorporación laboral el impetrante de tutela señaló que le corresponde el cobro de beneficios sociales, horas extras trabajadas y no remuneradas, conforme a la RM 868/10, "495/10" y DS 28699 art. 10.

De la imposibilidad de hacer cumplir conminatorias de reincorporación por la lesión al debido proceso: La Conminatoria aludida lesiona el debido proceso, a la defensa y libertad, probatoria la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que ante un despido injustificado o ilegal de los trabajadores, estos deben acudir ante las jefaturas departamentales de trabajo, instancia que previa verificación de los hechos denunciados dispondrá la reincorporación del trabajador; empero, ante un eventual incumplimiento de la conminatoria de reincorporación se podrá acudir ante la justicia constitucional; bajo el entendido de que las 0Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo de 2012 y 0177/2012 de 14 de mayo establecen que se debe otorgar la tutela transitoria.

I.2.3. Resolución

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Decreto Constitucional de 26 de octubre de 2021, cursante a fs. 210, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, dispuso la suspensión del plazo, con la finalidad de obtener documental necesaria para la emisión de la resolución correspondiente; siendo reanudado, a partir de Decreto Constitucional de 28 de septiembre de 2022 (fs. 232); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término legal establecido.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por Memorándum CLP/MEM/GER/37-2019 de 16 de abril, el Club de La Paz, determinó que Juan Carlos Salazar Villarroel -ahora accionante- debe cumplir sus funciones de acuerdo al art. 46 de la LGT que serán remuneradas de acuerdo al art. 55 de la referida Ley, y desde el 8 de abril de igual año será encargado de ordenar y clasificar la documentación de gestiones pasadas, perteneciente al área de contabilidad, siendo su horario de trabajo de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:30, y de lunes a viernes a partir de las 18:31 retornará al salón de billar y retomara sus actividades cotidianas hasta las 20:30 (fs. 6 a 7).

II.2. Mediante Memorándum CLPZ-MEM-GER 003-2020 de 1 de junio, la Gerente General del Club de La Paz -ahora demandada-, hace conocer al ahora impetrante de tutela que habiéndose presentado problemas de orden económico, debido a que los principales recursos se generan por el alquiler de sus locales, se ven en la obligación de aplicar medidas extraordinarias como la reestructuración del personal y por disposición del Directorio se determinó prescindir de sus servicios a partir de la fecha (fs. 9).

II.3. Cursa Única Citación de Presentación de 15 de junio de 2020, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, diligenciada a la parte ahora demandada, solicitando se haga presente a la audiencia programada para el 29 del mismo mes y año, a objeto de justificar el despido del trabajador -ahora impetrante de tutela-; recepcionado el 16 de igual mes y año (fs. 3 y 4).

II.4. Consta finiquito de 17 de junio de 2020, por retiro forzoso, firmado solo por la Gerente General del Club de La Paz -ahora demandada- y no así por Juan Carlos Salazar Villarroel -ahora peticionante de tutela-; así mismo, no se encuentra debidamente visado por la Jefatura Departamento de Trabajo de La Paz, que certifique dicho pago (fs. 33 vta.).

II.5. Por Informe MTEPS-JDT LP-IT-MVC-619-INF/20 de 1 de julio, el Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, recomendó se disponga la Conminatoria de Reincorporación del ahora impetrante de tutela al Club de La Paz, al cargo de Encargado, de acuerdo al Memorándum CLP/MEM/GER/37-2019 que ocupaba a momento de su desvinculación, más el pago de salarios devengados hasta la fecha de su efectiva reincorporación y demás derechos sociales y laborales que le correspondan (fs. 37 a 40).

II.6. Mediante Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.L.P./ART. 48-49 C.P.E./D.S. 945/DACS/076/2020 de 21 de julio, la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, resolvió CONMINAR A LA INMEDIATA REINCORPORACIÓN DEL TRABAJADOR JUAN CARLOS SALAZAR VILLARROEL en el mismo cargo que ocupaba al momento de la ruptura de la relación laboral y que el mismo sea cumplido en su fuente laboral en el Club de La Paz, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales (fs. 52 a 66).

II.7. Nelly Lissette Daza Sequeiros, Gerente General del Club de La Paz -ahora demandada-, al haber sido notificada el 24 de julio de 2020 con la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.L.P./ART. 48-49 C.P.E./D.S. 945/DACS/076/2020, el 10 de agosto del mismo año interpuso recurso de revocatoria, en virtud de los principios de equidad y justicia, y en el marco de la SCP 0591/2012 de 20 de julio, señalando que:

?Se dispone la aplicación de las vías recursivas previstas por los arts. 56 a 68 de la LPA, hasta que el órgano Legislativo dicte las normas específicas que requiere la potestad administrativa de resolver conflictos laborales (...) Declarar INCONSTITUCIONAL la palabra ?únicamente` del parágrafo IV del artículo 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, incorporado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010'; buscando una correcta aplicación e interpretación de normas que rigen la materia y lo dispuesto en el Art. 64 y 35 inc. b), c) y d) de la Ley N° 2341, concordante con el art. 121 y 52 del Reglamento a la Ley N° 2341 (Decreto Supremo N° 27113. Solicitamos que revoque en su totalidad la infundada conminatoria de reincorporación J.D.T.L./D.S. No. 0495/No.109/2019 de fecha 28 de julio de 2019" (sic).

II.8. Por Informe J.D.T.L.P.-DASC-VR-61/2020 de 13 de agosto, la Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, concluyó que la "empresa" Club de La Paz, no dió cumplimento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.L.P./ART. 48-49 C.P.E./D.S. 945/DACS/076/2020, consecuentemente recomienda se ponga en conocimiento el presente informe a la parte interesada (fs. 118 y vta.).

II.9. La Resolución Administrativa 221/20 de 9 de septiembre 2020, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, resolvió en su artículo Único, CONFIRMAR la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.L.P./ART. 48-49 C.P.E./D.S. 945/DACS/076/2020 y consiguientemente RECHAZAR el recurso de revocatoria interpuesto por el Club de La Paz (fs. 119 a 132).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la vida; puesto que, mediante Memorándum CLPZ-MEM-GER 003-2020 de 1 de junio, fue despedido de manera intempestiva e injustificada; por lo que, acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, solicitando su reincorporación laboral, instancia que emitió a su favor la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.L.P./ART. 48-49 C.P.E./D.S. 945/DACS/076/2020 de 21 de julio, la cual dispuso su reincorporación laboral al mismo puesto en que desarrollaba sus funciones, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que le correspondan, actuado que fue notificado a la parte demandada el 24 del mismo mes y año; sin embargo, esta no dio cumplimiento tal cual se dispuso, más al contrario interpuso recurso de revocatoria.

III.1. Sobre la unificación respecto a las conminatorias de reincorporación laboral: Estándar jurisprudencial más alto, en relación al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, su cumplimiento integral, y el acceso directo a la justicia constitucional

Al respecto, inicialmente se debe precisar que con relación a esta temática la suscrita Magistrada relatora asumió los entendimientos más progresivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a la protección laboral ante despidos injustificados e incumplimiento integral de las conminatorias de reincorporación, en mérito a las atribuciones que tiene este Tribunal, las cuales están enmarcadas estrictamente a verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, con la finalidad de otorgar una pronta e idónea protección del derecho al trabajo; en ese entendido, a partir de la emisión de la Resolución de Doctrina Constitucional (RDC) 0001/2021 de 16 de junio, que efectuó el análisis de los precedentes jurisprudenciales asumidos en este Tribunal con relación a la temática mencionada, concluyó en identificar el estándar más alto respecto a la tutela de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, siendo el mismo coincidente con la línea asumida con anterioridad por la suscrita Magistrada.

Ahora bien, teniendo clara la vinculatoriedad de la RDC 0001/2021, conforme al art. 203 de la CPE, se tiene que la misma recogió los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional, emitidos por cada una de sus Salas respecto al tema laboral de cumplimiento de las Conminatorias de Reincorporación, identificando los precedentes jurisprudenciales contradictorios ante supuestos análogos facticos, a fin de unificar los criterios al respecto, mismos que en su diversidad generan inseguridad jurídica en la administración de justicia constitucional y ordinaria, cuyos jueces y tribunales tienen a su cargo la resolución de una situación jurídica.

Así entonces, este Tribunal en cumplimiento del art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), que le reconoce la competencia de unificar sus líneas jurisprudenciales ya sea por avocación o mediante resolución de doctrina constitucional como herramienta hermenéutica realizó la sistematización de las líneas jurisprudenciales o precedentes contradictorios, para determinar la aplicación y vigencia de un determinado entendimiento o precedente jurisprudencial en vigor, de carácter vinculante y aplicado de manera prospectiva, a fin de evitar la afectación del derecho de los justiciables a ser tratados con igualdad y por supuesto la seguridad jurídica.

El precedente constitucional pronunciado como doctrina constitucional que es objeto de revisión, tiene un alto grado de vinculatoriedad, en su dimensión vertical y horizontal; lo cual conlleva que en mérito a este último debe ser respetado y aplicado por el mismo Tribunal, pudiendo apartarse solo de manera fundamentada y motivada, mediante una carga argumentativa reforzada para justificar su modulación, cambio o reconducción de la línea jurisprudencial, que desde ese momento tendrá un carácter vinculante, y por otra, vertical, puesto que debe ser respetado y aplicado por los demás Órganos del Estado, jueces y tribunales que se encuentran constreñidos a respetar y aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del art. 203 de la CPE.

En ese marco, la referida RDC 0001/2021 de 16 de junio, desarrolló las siguientes reflexiones constitucionales:

III.1.1. Fundamentos normativos de la conminatoria de reincorporación laboral

Al respecto la mencionada RDC 0001/2021, tomó como fundamento inicial, la Observación General 18 aprobada el 24 de enero de 2005, del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, referida al derecho al trabajo, en la que se enfatiza entre otras, la obligación de los Estados Partes de velar por la realización progresiva del ejercicio del derecho al trabajo, adoptando de manera rápida medidas para lograr el empleo pleno por una parte y por otra, en principio no deben adoptarse medidas regresivas y si deben adoptarse, corresponde a los Estados Partes en cuestión, demostrar que lo hicieron tras considerar todas las alternativas y justificarlas plenamente. El incumplimiento de esa obligación se produce cuando los Estados Partes se abstienen de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger a la personas contra vulneraciones del derecho al trabajo en su jurisdicción; no reglamentar actividades de particulares, grupos o sociedades para impedirles que vulneren el derecho al trabajo; o no protegen a los trabajadores frente al despido improcedente.

Así entonces la Resolución de Doctrina ahora comentada, citando normas constitucionales (arts. 46 y 48 de la CPE), disposiciones reglamentarias (DS 29894 de 7 de febrero de 2009, DS 28699 de 1 de mayo de 2006, DS 0495 de 1 de mayo de 2010 y la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el procedimiento para la reincorporación laboral caracterizado por su carácter sumario y expedito), concluyó que la Norma Fundamental por una parte:

...va más allá de los parámetros de protección establecidos por los organismos internacionales de tutela de derechos de los trabajadores, pues no solamente individualiza al despido injustificado como una conducta de desvalor de la relación jurídico-laboral, sino que además, lo prohíbe estableciendo la estabilidad laboral como regla, derecho y principio de interpretación.

Y por otra, el espíritu del art. 10 del DS 28699, da la opción al trabajador de aceptar la ruptura de la relación laboral y cobrar sus beneficios sociales o impugnar la decisión del empleador denunciando el retiro intempestivo, con el fin de alcanzar seguridad jurídica en caso de que el trabajador acepte la primera opción y concluya la relación laboral, y a ese efecto también señaló que:

III.1.2. La conminatoria de reincorporación laboral en la jurisprudencia

Sobre la base de lo anterior, la misma Resolución Doctrinal refirió que, antes de las modificaciones del DS 0495 a las disposiciones reglamentarias del DS 28699, si el trabajador optaba por la reincorporación laboral -impugnando la decisión del empleador por retiro intempestivo-, constatada la negativa del empleador al cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, únicamente podía acudir a la judicatura laboral para demandarla y la jurisdicción constitucional no tenía la obligación de ingresar directamente en el análisis de las problemáticas vinculadas a la inobservancia de las conminatorias de reincorporación laboral, posición que también fue asumida por el Tribunal Constitucional, al rechazar in limine la acción tutelar interpuesta, según AC 0287/2010-RCA de 21 de septiembre. Entonces, desde dichas modificaciones, el procedimiento cambió e introdujo cambios substanciales para la jurisdicción constitucional en cuanto a las denuncias de incumplimiento de conminatorias de reincorporación, al otorgar al trabajador la facultad para interponer las acciones constitucionales que correspondan para la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral, tomando en cuenta la inmediatez, en ese entendido, también precisó que:

...en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente de trabajo ante un despido sin causa legal justificada, por la inmediatez que merece la tutela que pretende, sólo exige acudir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo. En ese caso, ante la existencia de una conminatoria de reincorporación laboral, aun existiendo la posibilidad de impugnarla por la vía administrativa o judicial, el nuevo paradigma de protección de los derechos de los trabajadores, no exige agotar las mismas para demandar su cumplimiento en la jurisdicción constitucional, siendo clara tanto la normativa laboral y desde entonces la jurisprudencia constitucional emitida sobre el particular, en sentido que, ante su inobservancia, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; siendo la instancia administrativo laboral la que, a través de los procedimientos establecidos para el efecto, determine en definitiva si el despido fue o no justificado, correspondiendo a la jurisdicción constitucional únicamente viabilizar la tutela ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo.

III.1.3. Análisis de los precedentes jurisprudenciales constitucionales

En ese marco, ingresó a verificar las líneas jurisprudenciales de esta instancia constitucional, abordando como un primer acápite las "Líneas jurisprudenciales constitucionales en torno al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral" entre las cuales fue citando las 0Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de mayo, las cuales establecen que es posible presentar directamente la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, así como la concesión de su tutela inmediata, teniendo el empleador la vía judicial y administrativa expeditas en caso de no estar de acuerdo con la conminatoria1.

Aludió también que dicho razonamiento fue modulado en la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, que señaló que para que la jurisdicción constitucional ordene el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, esta debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada2.

Más adelante, de igual forma identificó la SCP 0900/2013 de 20 de junio, que representa un cambio de línea al respecto estableciendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede simplemente ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, sino que debe hacer una valoración integral de los hechos, datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados3. No obstante, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, moduló el razonamiento de la SCP 0900/2013², reconduciendo la línea a lo previsto en la SCP 2355/2012, determinando que, la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato; por lo que, su inobservancia habilita la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, a menos que en su tramitación se evidencien violaciones del derecho al debido proceso4.

Por otro lado, citó la SCP 0709/20017-S2 de 31 de julio, que establece que ante la denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe verificar únicamente su emisión e incumplimiento, sin ingresar en cuestiones de fondo, ni verificar posibles lesiones al debido proceso en relación con el empleador; siendo que, la tutela brindada en esta jurisdicción es provisional5.

Después, hizo referencia a la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, la cual, identificando el estándar jurisprudencial más alto de protección del derecho fundamental al trabajo en materia de cumplimiento de conminatoria de reincorporación laboral ante despido injustificado, vinculándolo a los principios de estabilidad laboral y continuidad de la relación laboral, y el vivir bien, realizó una reconducción a la SCP 0177/2012, indicando que, se debe dar cumplimiento a la conminatoria de reincorporación laboral en todos sus términos, teniendo este Tribunal atribuciones limitadas para verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales6.

Así también, refirió que la SCP 0133/2018-S2 de 16 de abril, realizó una sistematización de los precedentes jurisprudenciales emitidos concluyendo que para ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, la jurisdicción constitucional debe verificar en cada caso su pertinencia, limitando su análisis a constatar que aquella haya sido emitida a favor del trabajador o la trabajadora y que se encuentra dentro del rango de protección de la Ley General del Trabajo y su normativa complementaria7.

Luego, señaló la SCP 0359/2018-S1 de 26 de julio, de forma implícita recondujo el entendimiento de la SCP 0900/2013², señalando que en los casos en que se denuncie incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, deben analizarse los aspectos inherentes al caso, que permitan concluir en una decisión razonable, sin que ello implique ingresar al fondo de la problemática8. Por último, hizo referencia a la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, la cual definió que la jurisdicción constitucional debe procurar el cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación laboral9.

La RDC 0001/2021, bajo el epígrafe "Análisis sobre la vigencia de las líneas jurisprudenciales en materia de conminatorias de reincorporación laboral por parte de las actuales Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional", efectuó la identificación de los problemas jurídicos inherentes a la resolución de casos en los que se denuncia incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, a partir de la individualización de los precedentes jurisprudenciales más relevantes en cuanto a la protección de los derechos de los (as) trabajadores (as) a partir de la inobservancia de las conminatorias de reincorporación laboral; entonces definió que:

Seguidamente, la referida RDC 0001/2021 bajo el título "UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CONMINATORIAS DE REINCORPORACIÓN LABORAL" procedió a efectuar la Unificación de la jurisprudencia constitucional advertida precedentemente, argumentando que existen precedentes jurisprudenciales constitucionales que, bajo los principios pro operario, de primacía de la relación laboral y de continuidad y estabilidad laboral, han logrado estándares significativos en el respeto, protección y realización de los derechos sociales de las trabajadoras y los trabajadores, lo cual sin duda constituye un avance en la materialización de los postulados de la Constitución Política del Estado y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado boliviano.

Así, la Resolución de DDC 0001/2021 identificó el estándar más alto de la jurisprudencia constitucional que, de manera progresiva haya tutelado de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales, con referencia a los precedentes jurisprudenciales constitucionales que de manera óptima tutelaron los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, aplicando los principios y valores constitucionales, estableciendo lo siguiente:

1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación;

1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador;

1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;

1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa;

1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y,

1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas. 2) Y con relación al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación del trabajador con inamovilidad laboral por fuero sindical, de acuerdo con los lineamientos de la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre; es decir, disponiendo el cumplimiento inmediato de la conminatoria en su integridad, incluyendo el pago de los salarios devengados, considerando que el fuero sindical constituye un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores producto de las actividades desarrolladas en defensa de los intereses de su gremio, situación que amerita la imposibilidad de ser despedidos de sus fuentes laborales hasta un año después de concluida su gestión, salvo la existencia de un proceso de desafuero (las negrillas nos corresponde).

Entendimiento asumido también por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0285/2021-S1 de 21 de julio, 0331/2021 de 10 de agosto y 0346/2021-S1 de 18 de agosto, entre otras.

III.2. El derecho a la estabilidad laboral como un derecho autónomo protegido por el Estado en el nuevo orden constitucional y la acción de amparo constitucional

En el nuevo orden constitucional, se reconoce el derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, como un derecho autónomo previsto en el art. 46.I.2 de la CPE. En sintonía con este reconocimiento, el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 22 de junio de 1982, establece implícitamente el derecho a la estabilidad laboral, al referirse en su art. 4, a la prohibición de la terminación de la relación laboral en los siguientes términos:

No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio (el resaltado es añadido).