1280/2022-S1

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia:

1. a)Se disponga la restitución del derecho suprimido,
2. b)Se ordene el cese de todo acto de hostigamiento en su contra; y,
3. c)Se le permita desarrollar libremente su actividad económica, así como el ingreso a su depósito.

La solicitante de tutela a través de su abogado, ratificó inextenso en los términos de demanda y ampliándolo añadió lo siguiente:

1. 1)Sebastiana Mamani Caballero, realizó un acuerdo verbal de contrato de alquiler en enero de 2010, ejerciendo una actividad lícita de comercio de distintos productos; sin embargo, desde mediados de noviembre de 2020, la hija de la propietaria pretendió realizar actos de hostigamiento para sacarla de la tienda;
2. 2)En una primera instancia descargo material de construcción, para luego poner un vehículo al frente de su comercio, mismo que obstaculiza el ingreso;
3. 3)Posteriormente, alquiló un depósito, al cual no le permiten el ingreso; y,
4. 4)A parte de las medidas de esos actos y medidas de hecho que tomaron, teme se tomen otras medidas, ya que se quemó la tienda y ponen en vilo a su persona.

Elena Melgar de Justiniano, a través de su abogado en audiencia virtual, manifestó lo siguiente:

1. i)La impetrante de tutela no presentó documentación que establezca que se le impide la realización de sus actividades, a la fecha continua vendiendo bebidas alcohólicas con normalidad; así mismo, refiere que le adeuda más de cuatro años de alquiler;
2. ii)Respecto a que se ocupó la acera con ladrillos, la misma peticionante de tutela manifestó que ya fueron retirados, además que no fueron depositados al interior del inmueble;
3. iii)Respecto al tema del vehículo que estaría obstruyendo su ingreso, las vías son de dominio público, mientras no exista la restricción de estacionar vehículos, la solicitante de tutela no es dueña de la acera, los ambientes que ocupa datan de más de cuarenta años y son de madera rústica; y,
4. iv)A la fecha han cesado esos actos reclamados; por cuanto, no pueden ser tutelados por la vía de acción constitucional.

La Sala Constitucional del departamento de Pando, mediante Resolución 076/2020 de 28 de diciembre, cursante de fs. 27 a 29, denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos:

1. a)Es evidente que la accionante mediante un contrato verbal tiene una tienda y un depósito en alquiler y que la demandada es propietaria del inmueble;
2. b)En cuanto a las denuncias de hostigamiento que presuntamente pretenden el desalojo de la impetrante de tutela, corresponde aclarar que las fotografías por si solas no otorgan la certeza de que se hubieran asumido acciones de hecho, más aun considerando que la demandada rechazó las aseveraciones vertidas en su contra, manifestando que los ladrillos que se encontraban frente a la tienda se encontraban de manera temporal y que fueron retirados; por lo que dicho acto ya fue superado;
3. c)En relación a que los miembros de la familia de la demandada la estarían hostigando y amedrentando, no se cuenta con prueba alguna que sustente esa afirmación, así como del vehículo que presuntamente estaría impidiendo el desarrollo normal de su actividad económica;
4. d)Respecto a que le impedirían el ingreso al depósito que alquiló, si bien presenta fotografías de unas puertas cerradas con candado, no demostró que fueran las del depósito aludido o que la demandada fuera quien hubiera colocado los candados; y,
5. e)Consecuentemente la carga probatoria aportada por la peticionante de tutela no fue suficiente a efecto de acreditar de manera objetiva y fehaciente la existencia de medidas de hecho ejercidas sin causa jurídica.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas:

1. 1)Presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional ante denuncia de medidas o vías de hecho; y,
2. 2)Análisis del caso concreto.

1. 1)Debe existir una debida fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho o justicia a mano propia, donde el agraviado o accionante se encuentre ante una situación de desprotección o desventaja frente al demandado, o agresor, sea autoridad, funcionario o particular o grupo de personas, por la desproporcionalidad de los medios o acción; la presentación de la acción de amparo constitucional debe ser de manera oportuna e inmediata, haciendo abstracción de la subsidiariedad. De lo contrario no justificaría la premura ni gravedad y deberá agotar las instancias jurisdiccionales o administrativas pertinentes según sea el caso, y agotadas las mismas, acudir a la jurisdicción constitucional.

1. 2)Necesariamente se debe estar ante un inminente daño irreversible o irreparable, ya sea agravando la lesión ya consumada, o que ello provoque la amenaza de restricción o supresión a otros derechos fundamentales. Situaciones que deben ser fundamentadas y acreditadas.

1. 3)El o los derechos cuya tutela se pide, deben estar acreditados en su titularidad; es decir, no se puede invocar derechos controvertidos o que estén en disputa, atendiendo claro está, a la naturaleza de los mismos.

1. 4)En los casos en que a través de medios objetivos se ponga en evidencia que existió consentimiento de los actos denunciados y acusados como medidas de hecho, no corresponde ingresar al análisis de la problemática, por cuanto esta acción de defensa no puede estar a merced del cambio o volatilidad de los intereses del accionante. Sin embargo, cuando el agraviado o accionante señale que existen actos de aparente aceptación, pero que son producto de la presión o violencia que vició su voluntad, ésta situación debe ser fundamentada y acreditada de manera objetiva, en ese caso, será considerada una prueba de la presión o medida de hecho, inclusive.

1. i)La excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, es decir, que el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias, de forma directa, sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa2.

1. ii)El accionante tiene la carga probatoria para acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos3. La Sentencia Constitucional Plurinacional citada, luego de señalar dicha sub regla, también aclaró que esa carga probatoria no puede concernir hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria4. Finalmente, especificó cuál es la carga probatoria cuando se denuncie la vulneración del derecho de propiedad como consecuencia de avasallamientos5, disponiendo que al efecto se debía demostrar el registro de propiedad, en base al cual es posible oponerlo frente a terceros.

1. iii)Flexibilización de las reglas de la legitimación pasiva6; si bien en principio la parte impetrante de tutela deberá cumplir con identificar a los denunciados de incurrir en vías de hecho; sin embargo, de manera excepcional y siempre y cuando no sea posible la identificación de las personas demandadas, cuando se denuncian vías de hecho, a través de una acción de amparo constitucional, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva; empero, este presupuesto debe cumplir ciertos requisitos y además debe responder a fundamentos que aseguren el derecho al debido proceso, tanto para la parte accionante como para la parte demandada, a través de este mecanismo tutelar de defensa.