1293/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar:

1. a)Al Ministerio Público cumpla su deber de diligencia en la investigación, tome la declaración informativa de los denunciados en el plazo de veinticuatro horas, y reúna las pruebas en un máximo de ocho días;
2. b)Se emita órdenes para la valoración del médico y psiquiatra forense, y peritaje social de la víctima e imputados;
3. c)Conforme procedimientos internos se designen dos codirectores funcionales de la causa con acceso al Portafolio Digital JL1 para la conclusión de las investigaciones, toma de declaración informativa y registro del lugar; y,
4. d)Tutela provisional contra la persona particular accionada, a fin que se abstenga acercarse y comunicarse con sus personas y las víctimas, debiendo otorgar garantías ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Caranavi.

Lilian Jurado Rodríguez, Fiscal de Materia, a través del representante del Ministerio Público de la localidad de Riberalta, argumentó que:

1. 1)Se otorgaron las medidas de protección tal cual se podía evidenciar en el cuaderno procesal, mismas que fueron puestas en conocimiento de manera oportuna ante el Juez de la causa;
2. 2)"...el 14 de mayo la Sra. ELBA LAURA BORDA DE AZURDUY, solicitó al Ministerio Público requiera la detención preventiva contra la accionada ELVA ROCA Vda. De AZURDUY y al desconocer las circunstancias que motivan 4esa solicitud por tratarse de un hecho que cursa en otro proceso y siendo que la perspectiva de género no se aplica por el simple hecho de que la víctima sea una mujer y más aún cuando la denunciada también es mujer, persona de 77 años de edad, que se encuentra en silla de ruedas, no se dio curso a la solicitud. Sin embargo, se ha solicitado la respectiva cooperación al Fiscal de Caranavi para la realización de las diligencias de investigación" (sic); y,
3. 3)La parte impetrante de tutela no demostró en ningún momento que su vida estuviera en riesgo; si bien se emitieron informes psicológicos, los mismos hicieron referencia a las condiciones físicas propias de la accionante en consideración a su edad.

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del departamento de Beni, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 01/2021 de 18 de mayo, cursante de fs. 142 a 148 vta., denegó la tutela conforme a los siguientes fundamentos:

1. i)"El art. 115.I de la CPE consagra la garantía del debido proceso al señalar que: El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones" (sic). En ese orden, constituye también el derecho fundamental que tiene toda persona a un pronto y oportuno proceso judicial o administrativo, en el que deben ser respetados y protegidos los derechos, principios y garantías previstas en la Norma Suprema y leyes específicas;
2. ii)De manera precisa, los pactos internacionales detallan los elementos que conforman el debido proceso; así, conforme lo expresado por la "Convención Americana sobre Derechos Humanos "...los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción..." (sic);
3. iii)"...el estándar de la debida diligencia contempla varios principios generales que deben ser respetados en Bolivia y cualquier sistema jurídico y orientar el desarrollo de las investigaciones, para asegurar un efectivo acceso a la justicia. Tratándose de la violencia de género, la debida diligencia, con sus 14 principios, se encuentra ratificada en la Constitución Política del Estado, en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia N° 348 y en sus respectivos Decretos Supremos y reforzada por la Ley 1173, constituyéndose en un principio del debido proceso" (sic);
4. iv)Respecto a la legitimación pasiva, no correspondía demandar en la vía constitucional a Elva Roca Vda. de Azurduy; sino se debió acudir a la jurisdicción ordinaria a efectos de determinar si su conducta se enmarcó en las previsiones de los hechos punibles denunciados; y,
5. v)Los argumentos expuestos en el memorial de acción de libertad refieren sobre presuntas irregularidades en el debido proceso que no se encuentran vinculadas con la libertad física o el derecho a la vida; en razón que, se trató de demostrar un supuesto incumplimiento del deber de diligencia de la representante del Ministerio Público; a partir de ello, y en atención a lo previsto en los arts. 54.1 y 279 del CPP, la impetrante de tutela debió acudir ante la autoridad que ejercía el control jurisdiccional de la investigación sobre las actuaciones del Fiscal y de la Policía Boliviana.

La accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la integridad física y al debido proceso; por tal motivo, alega que dentro del proceso penal iniciado contra Oscar José Julio Roca Gonzales y otros, por la supuesta comisión del delito de violencia familiar y económica:

1. a)Las medidas de protección ordenadas el 10 de febrero de 2021 nunca fueron puestas en conocimiento del Juez de la causa, contralor de garantías constitucionales del proceso penal para el respectivo control de legalidad;
2. b)Los denunciados no presentaron su declaración informativa ni cumplieron las medidas de protección;
3. c)No se remitió la cooperación directa al representante del Ministerio Público de Caranavi a fin de la notificación de la denunciada a los sindicados;
4. d)Se ordenó una "...improcedimental acumulación y remisión de caso NUREJ 201238694 al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal de Guayaramerín..." (sic); y,
5. e)No se subieron al Portafolio Digital JL1 del Ministerio Público los actuados de las medidas protectivas ni las diligencias efectuadas por cooperación directa, accionar que además de ser contrario al deber de diligencia puso en riesgo su vida.