1301/2022-S1

Manifiesta que las medidas sustitutivas dispuestas y no reconsideradas por la Vocal que conoció la apelación son:

1. a)Detención domiciliaria con escolta policial, la cual no fue cumplida porque el gobernador del panóptico refirió que no existe personal disponible para este efecto, factor que no está a su alcance, al margen que se torna en una medida similar a la que cumple al estar detenido en el centro penitenciario;
2. b)Dos garantes personales o fiadores con patrimonio individual, al respecto, al ser ciudadano residente de la ciudad de Yacuiba, y dadas las circunstancias de estar detenido en Potosí, no cuenta con ningún conocido ni persona que le pueda afianzar o garantizar; no obstante, se debe fundamentar cual la finalidad de la medida sustitutiva, ya que en el caso no hay daño alguno por reparar a nadie, menos al Estado, por cuanto no hay víctima particular a quien se deba asegurar la reparación del daño, deduciéndose de esta manera que la medida sustitutiva es excesiva, no siendo proporcional al delito que se le inculpa; y,
3. c)Arraigo a nivel nacional, medida cumplida y diligenciada ante la oficina de Migración.

El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó los extremos planteados en su acción tutelar, y ampliando la misma señaló que:

1. 1)En base al informe presentado por la autoridad demandada que manifiesta de que no se hubiese acreditado domicilio alguno, se debe al hecho de que su domicilio se encuentra en Tarija básicamente en la provincia Gran Chaco Yacuiba;
2. 2)Antes de la consideración y admisión de la cesación a la detención preventiva, el Juez natural hizo una compulsa y valoración minuciosa de lo que constituye el arraigo natural, vale decir la existencia de una familia trabajo y domicilio, es en consecuencia a esta vertiente o pilar fundamental de solicitud de la cesación a la detención preventiva, que el Juez ha conferido la misma;
3. 3)En el recurso planteado se puntualiza qué tipo de transgresiones existieron, por ejemplo la determinación de la Juez, de no modificar las medidas sustitutivas instauradas en el sentido de que dispuso una detención domiciliaria con escoltas policiales, que se traduce en una situación similar a la detención preventiva y más gravosa aun; toda vez que, no puede costear alimentación, traslado y vivienda de quienes se van a constituir como escolta;
4. 4)Se debe dar cumplimiento concreto, no solamente por el Juez natural, sino por la Vocal demandada a lo previsto por el art. 250 del CPP, referido a la posibilidad de que las disposiciones que establecen las medidas puedan aun ser modificadas de oficio, bajo la permisión del factor de instrumentalidad, temporalidad, variabilidad de las medidas impuestas las mismas que no pueden convertirse conforme refería en una condena anticipada;
5. 5)Se debe determinar lo más favorable cuando ya se ha cumplido el mínimo legal de la pena, es decir el cumplimiento e interpretación favorable a lo que establece la Ley 1173 en su art. 239.3; y,
6. 6)Ha cumplido con la medida del arraigo, el cual enraíza a quien se encuentra en el territorio nacional, teniendo una familia domicilio y trabajo.

María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante informe presentado el 15 de septiembre de 2020, cursante de fs. 21 a 22 vta., señalo que:

1. i)La resolución objeto de apelación fue emitida por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, dentro de una audiencia de modificación de medidas sustitutivas;
2. ii)En cumplimiento estricto del art. 398 del CPP, realizó una revisión del cuaderno procesal y de la resolución objeto de apelación, donde se ha podido evidenciar que lo manifestado por la parte apelante no era evidente, en lo que se refiere al domicilio, puesto que fue señalado mediante un registro domiciliario, sin requerimiento fiscal, lo cual evidencia que el croquis es genérico y el contrato de alquiler y las facturas de servidos básicos no guarda relación, es más, en el contrato de alquiler se establece contradicciones señaladas en el Auto de Vista que resolvió no ha lugar a esta modificación, porque para establecer una detención domiciliaria sin escoltas se hace necesario primero contar con un domicilio conforme señala el art. 234.1 del CPP, más aun cuando ese domicilio es el en el que se le notificará en el futuro a efectos de proseguir el proceso y precisamente cumplir el art. 221 del CPP;
3. iii)De la lectura de la resolución objeto de apelación, es precisamente ese el aspecto observado y no como se manifiesta que sin ningún fundamento hubiera observado el domicilio, es decir, que se falta a la verdad cuando el ahora accionante señala que en la audiencia de cesación ya se habría fijado un domicilio el cual ya estaría aceptado por la autoridad judicial; toda vez que, la cesación de la detención preventiva se dio por el transcurso del tiempo y no por haber mejorado su situación procesal, ya que no demostró tener un domicilio, es más se pretendió sorprenderla, al momento de solicitar complementación, señalando que ya habría señalado un domicilio en la ciudad de Tarija, lo cual no era evidente;
4. iv)No se puede pretender con argumentos falsos obtener un beneficio dentro de una acción de libertad, pues señalar una y otra vez que se observó un domicilio que ya estaba acreditado o que no revisó la documentación existente en el legajo de apelación, es falso, porque si bien argumenta este aspecto, no señala a que fojas se encuentra el hecho de haber demostrado un domicilio, o en su caso en que actuado judicial;
5. v)Señalar que no se fundamentó ni valoró los documentos, no es cierto, más aun cuando el ahora accionante debe señalar cuál es la falta de fundamentación, es decir en que consiste esta y que documentación no ha sido debidamente valorada;
6. vi)Se tomó en cuenta el hecho de que está más de dos años detenido preventivamente y fue precisamente ese aspecto que hizo que cese su detención preventiva pero cumpliendo requisitos mínimos como contar con un domicilio, lo que cualquier ciudadano en este país debe tener, y la situación de los escoltas era modificable, empero, primero tiene que existir un domicilio real;
7. vii)Sobre los garantes que no puede conseguir por no ser oriundo de la ciudad, puede ser verdadero, pero esta afirmación debe ser ratificada con algún elemento idóneo para su valoración, señalar que por ser la víctima la sociedad y no existir persona particular alguna, no sería factible fijar garantes personales, no es legal, puesto que los arts. 241 y 243 del CPP son claros al señalar que la fianza tiene como única finalidad que el imputado se presente en el proceso y en su caso los fiadores cancelar los gastos de captura, pero no así una futura reparación al posible daño que se ocasionaría, lo que si violaría la presunción de inocencia;
8. viii)De la lectura de la acción de libertad interpuesta se establece que se pretende con argumentaciones falsas sin consistencia jurídica menos material, obtener una libertad, más aun tomando en cuenta que en su petitorio solicita se anule obrados hasta el vicio más antiguo, sin señalar cuál es ese vicio, y segundo que se ordene el cese de la detención preventiva, cuando la misma ya está cesada y lo único que tiene que hacer el ahora accionante como ciudadano boliviano sometido a la ley boliviana es cumplir las medidas sustitutivas impuestas y mínimamente demostrar un domicilio y no pretender sorprender con documentos que no guardan legalidad más aun cuando es contradictorio con los demás documentos, peor señalar que ya se demostró tener un domicilio cuando no es evidente este aspecto;
9. ix)En todo lo argumentado por el accionante y su petitorio, solicita que se aplique medidas sustitutivas a la detención preventiva, cuando los jueces de garantías no tienen facultad para ello; y,
10. x)Si bien la norma constitucional establece que no se debe señalar formalismos en esta clase de acciones, empero, no es menos evidente que mínimamente debe contener una relación de hechos coherentes entre sí, pero sobre todo fidedignos y no imaginarios y faltos de verdad, para que se pueda decidir conforme a procedimiento y con sustento jurídico; por lo que, solicita, rechazar la acción tutelar por no tener sustento de hecho y peor de derecho, tomando en cuenta que la acción ha sido interpuesta con asesoramiento técnico, faltando a la verdad en todo su contenido.

El Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 07/2020 de 15 de septiembre, cursante de fs. 25 vta. a 36, denegó la tutela solicitada, con los siguientes argumentos:

1. a)Con relación a la vulneración del debido proceso, queda claro que al haberse solicitado esta acción de libertad como consecuencia de una resolución de cesación reiterada por muchas veces, no se encuentra ligada ni vinculada directamente a la libertad del sindicado, toda vez que se trata de una resolución de apelación respecto a una resolución de cesación a la detención preventiva reiterada; en consecuencia, esta acción no puede considerarse dentro de la acción de libertad, sino debe interponerse vía amparo constitucional;
2. b)El art. 239.3 del CPP, es claro al manifestar que para solicitar una cesación de la detención preventiva se debe demostrar la duración mínima de la pena del hecho que se acusa, mismo que fue demostrado, por cuanto a raíz de la misma ha sido beneficiado con las medidas sustitutivas a la detención preventiva, aspecto valorado y analizado por la Vocal demandada, a efectos de dar una respuesta a los puntos apelados en la audiencia de apelación incidental de 7 de julio de 2020, objeto de la presente acción de tutelar; entonces, no se ha podido advertir vulneración o derecho conculcado del ahora accionante, por cuanto la misma prueba que ha solicitado se examine, como ser el acta de apelación incidental, establece claramente que el peticionante de tutela no cumplió con la carga de la prueba que sea cierta y fidedigna, a fin de demostrar donde va a cumplir su detención domiciliaria, para lo cual se debió presentar un registro domiciliario en el cual conste efectivamente el lugar cierto en el que va permanecer el impetrante de tutela; consiguientemente, la Jueza demandada no ha violado ni vulnerado el derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y valoración de la prueba;
3. c)De igual manera queda claramente establecido que no es suficiente manifestar que se tiene prueba, y que se encuentra en el cuaderno de control jurisdiccional, sino que las mismas deben ser presentadas para convencer al juzgador a efectos de dar viabilidad a su solicitud, que en el caso de autos conforme ya se ha manifestado se tiene un registro domiciliario general que no es específico, tal cual se tiene demostrado en el acta de apelación incidental, como también respecto a los garantes las mismas son genéricas, sin especificar de qué manera se estarían vulnerando sus derechos, que conforme a estos fundamentos esgrimidos por el Vocal, en base a lo que el mismo Juez a quo ha valorado en su resolución objeto de apelación, toda vez que la Vocal demandada se limitó a revisar la actuación el Juez inferior;
4. d)Asimismo se debe tomar en cuenta, que ante la cesación de la detención preventiva, los juzgadores tiene esa potestad de poder aplicar las medidas dispuestas en el art. 231 Bis del CPP, conforme establece el art. 239 en su parte pertinente, bajo ese entendimiento se puede deducir que efectivamente ante la cesación a la detención preventiva, la norma le da esa facultad al Juez de imponer medidas sustitutivas, aspecto que ha sido cumplido, solo que en los hechos, el ahora accionante no ha cumplido con la carga de la prueba respecto al domicilio, y sobre los garantes a ser sustituidos, en la cual no establece que otras medidas se podrían imponer a causa de la falta de garantes;
5. e)Del petitorio, no se establece que actuado procesal debe anularse y hasta que parte del cuaderno de resoluciones siendo esto totalmente contradictorio; y,
6. f)Se solicita que cese su detención preventiva y se disponga su libertad, cuando en los hechos el mismo ya goza de las medidas sustitutivas, sin embargo, las mismas no han sido cumplidas por el ahora accionante a efectos de que se efectivice su libertad conforme sea dispuesto en audiencia de cesación a la detención preventiva.

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público de oficio contra Juan Carlos Delfín Balderrama -ahora accionante- y otros, por la supuesta comisión del delito de acción pública de tenencia y porte o portación ilícita tipificado y sancionado por el art. 141 quinter del Código Penal (CP), se llevó adelante la audiencia pública de modificación de medidas cautelares, emitiéndose la Resolución de 6 de marzo de 2020, por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, por la que se rechaza la solicitud presentada por el ahora impetrante de tutela, en cuanto a la modificación de las medidas sustitutivas dispuestas por Resolución de 29 de enero de 2020; toda vez que, no acreditó domicilio preciso ni señaló por qué no puede cumplir con los garantes (fs. 4 a 5). II.2. A través de Auto de Vista de 7 de julio de 2020, María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandada- admitió la apelación impetrada y confirmó la Resolución supra mencionada, señalando que para modificar las medidas sustitutivas primero se debe cumplir con la presentación de un domicilio real y con relación a los dos garantes fundamentar y establecer objetivamente el impedimento del cumplimiento de los mismos; es así que en el primer Considerando, señalo los agravios del recurso de apelación, mencionando que el ahora accionante cuestiono:

1. 1)La vulneración de los arts. 221 y 222 del CPP, el primero que establece la finalidad y alcance de las medidas cautelares y el segundo señala que las medidas cautelares se aplicaran con criterio restrictivo, de modo que perjudique lo menos posible a la persona y reputación de los afectados, solicitando se pondere y valore esos elementos;
2. 2)Indica que ya cumplió con el numero legal de la pena del tipo penal cual es la de tenencia que es de dos años y también el de porte que es de uno a cinco años, pues se encuentra detenido ya por dos años;
3. 3)Entre las medidas sustitutivas dispuestas por el Juez, está la de arraigo, misma que se encuentra cumplida; la detención domiciliaria con escolta policial no pudo ser cumplida, por razones no atribuibles al imputado sino a la policía, tomando en cuenta que además que el país atraviesa la pandemia, debiendo precautelar su salud como derecho fundamental, solicitando se pueda definir esa situación; y,
4. 4)Se ha sostenido como fundamento que los otros coimputados no se encuentran en Potosí, no pudiendo aplicarse dicha situación como agravante para el mismo, por lo que solicita se reconsidere las medidas impuestas y modificar las mismas por otras que sean proporcionales y de posible cumplimiento.

En el segundo Considerando, la Vocal referida, pasó a resolver el recurso de apelación bajo los siguientes argumentos:

1. i)El Juez de Sentencia Penal Segundo rechazo la solicitud de modificación de medidas sustitutivas impuestas al imputado por Resolución de 29 de enero de 2020, señalando que el imputado a efectos del domicilio, presento un documento privado de alquiler de habitación, con el que se hubiera obtenido el certificado domiciliario de 5 de marzo de 2020 y una factura del propietario del inmueble; en tal sentido, si bien existe la necesidad de modificación, siempre en resguardo del art. 221 del CPP en relación a la finalidad de las medidas cautelares, es necesario establecer de manera fehaciente las medidas impuestas, así, en cuanto al domicilio, de la revisión de la parte adversa del croquis de ubicación no especifica el lugar exacto del inmueble, debiendo la parte acusada presentar un documento que acredite la ubicación exacta del domicilio, ello inclusive a efectos de determinar la modificación de la medida de los dos custodios;
2. ii)En relación a la presentación de los dos garantes, en esta audiencia simplemente se ha manifestado que no pueden ser constituidos, sin acreditar de manera objetiva la razón de dicho impedimento; entre otras medidas sustitutivas ya impuestas al imputado, está la obligación de presentarse ante el Ministerio Público todos los lunes de cada semana, la cual debe ser cumplida una vez obtenida su libertad; prohibición de comunicarse con los testigos como son los otros coimputados; la presentación de dos garantes abonables y fiables en derecho a nivel nacional, esto ya fue cumplido; detención domiciliaria con dos escoltas policiales, sobre esta última medida se evidencia que existe un informe presentado por el Comandante Departamental de la Policía de Potosí, de 26 de febrero de 2020, en el que establece la imposibilidad de otorgar dicho resguardo policial; asimismo, para el certificado de arraigo se puede otorgar el plazo de cinco días que pueden ser prorrogados;
3. iii)Del contraste entre los agravios de la apelación, la Resolución del inferior y la valoración probatoria realizada por este, se tiene que, la autoridad jurisdiccional señaló que para la modificación de las medidas sustitutivas se presentó un documento privado de alquiler de una habitación, de 28 de febrero de 2020, suscrito supuestamente con Cristina Quispe Menacho, con una firma de abogado ilegible; sin embargo, existe contradicción entre la primera cláusula, que refiere a Juan Carlos Delfín Balderrama como propietario del bien inmueble ubicado en la calle Olmos sin número zona Túpac Katari y en la última cláusula declaran su conformidad Cristina Quispe Menacho como propietaria y Juan Carlos Delfín Balderrama como inquilino; de igual forma, se adjuntó una factura a nombre de la prenombrada consignando como dirección la calle Túpac Katari sin número, misma que no coincide con la verificación domiciliaria presentada, que señala la calle Olmos y al reverso de la misma se halla un croquis que identifica una edificación de una planta en la zona Túpac Katari, calle Olmos entre calle sin nombre; y, en el documento privado refiere calle Olmos sin número zona Túpac Katari; dichas contradicciones fueron observadas por el Juez de primera instancia, quien a raíz de las inconsistencias entre los documentos referidos y bajo el principio de sana critica la lógica, la psicología y la experiencia, determino si se va aplicar o no los custodios en la modificación de las medidas;
4. iv)Es así que, la autoridad jurisdiccional, estableció que con carácter previo se fije un domicilio real del imputado cumpliendo los parámetros y donde pueda ser ubicado, es más, bajo el principio de verdad material que rige el art. 180 de la CPE, dicha autoridad otorgo valor al certificado domiciliario haciendo constar las irregularidades que contiene; empero, se debe hacer constar que el mismo no fue obtenido con requerimiento fiscal, sino a solicitud del abogado defensor, lo cual debió observarse a efectos de que dicho documento adquiera mayor fuerza probatoria; en tal sentido, el imputado pide se haga una ponderación bajo el principio de proporcionalidad estableciendo la relación entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena; sin embargo, en la audiencia de modificación de medidas cautelares ni siquiera se ingresó a fondo, sino que se le está exigiendo que cumpla con un domicilio establecido a efectos de establecer el cambio de los custodios, siendo que al existir una nota del Comando Departamental de la Policía, el cual señala que la asignación de custodios es de imposible cumplimiento por estar todo el personal policial ocupado por la pandemia; pero para que se cumpla con la detención domiciliaria con o sin custodio se debe demostrar un domicilio fijo;
5. v)Con respecto a los garantes, la defensa limitó su fundamento a sostener que no se podrá afianzar al imputado con garantes porque éste ni siquiera es de la ciudad, argumento que también fue observado por el Juez cautelar, quien indico que, si bien existen otras medidas, no obstante dichos extremos deben acreditarse de manera objetiva y el procesado no adjunto ningún documento para que pueda ser valorado, pues, si bien es evidente que el señor no vive en esta ciudad, ya que fue detenido cuando se encontraba en tránsito a la ciudad de Tarija conforme los antecedentes establecidos en base al art. 233.1 del CPP; por lo que, en ese sentido debe fundamentar el imputado ante la autoridad; es decir, demostrar que tiene domicilio en Tarija conforme señala sus datos generales, para hacer ver que por ello no puede conseguir garantes, a efectos de que estos extremos acreditados de manera objetiva puedan ser valorados y fundamentados por la autoridad jurisdiccional para aplicar el art. 173 del CPP; en consecuencia, no puede acogerse como agravio la aplicación del art. 221 del CPP en cuanto a la finalidad y alcance de las medidas cautelares de carácter personal, por cuanto su imposición no lesiona derechos, puesto que lo que se persigue con su aplicación es la averiguación de la verdad cuando el proceso se halla en pleno desarrollo, y por otro lado la aplicación de la ley; y,
6. vi)Sobre el art. 222 del CPP que establece que las medidas cautelares se aplicaran con criterio restrictivo de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados; en el presente caso el imputado ya no se encuentra con detención preventiva, toda vez que el Tribunal de Sentencia Penal Primero ha dispuesto la medidas sustitutivas para el cumplimiento del mínimo legal de la pena supuestamente a futuro, por lo que solo se dio cumplimiento a esta norma, sin señalar una pena anticipada, lo que ocurre es que el imputado y su defensa no están pudiendo cumplir con las medidas sustitutivas impuestas. Por lo tanto, no existe agravio alguno (fs. 6 a 8).

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y valoración de la prueba; toda vez que, la Vocal demandada, mediante Auto de Vista de 7 de julio de 2020, confirmó el rechazo de la modificación de las medidas cautelares personales, cometiendo las siguientes irregularidades:

1. a)Con una carencia de fundamentación y motivación, no analizó ni valoró el hecho de que se encuentra detenido un año y once meses; pese a que dicho aspecto fue argumentado en audiencia de medida cautelar apelada, contraviniendo el art. 250 del CPP respecto a la modificación de medidas cautelares de oficio; y,
2. b)Sin la facultad de revisar cuestiones ya "tasadas" en la instancia correspondiente, señaló que no se presentó ninguna prueba que acredite su domicilio; extremo que, en audiencia de cesación a la detención preventiva ya fue valorado.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán las siguientes temáticas:

1. 1)Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal;
2. 2)El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y,
3. 3)Análisis del caso concreto.

"En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir:

1. i)El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante;
2. ii)La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.