1305/2022-S1

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y acusador particular por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos (art. 26 de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-), y de conducción peligrosa (art. 210 del Código Penal -CP-), el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Pando emitió la Sentencia 02/2019 de 7 de enero, la cual lo absuelve del primer delito sindicado y lo condena a dos años de reclusión por el segundo; siendo objeto de recurso de apelación restringida, identificando tres agravios:

1. a)La errónea e insuficiente valoración de los incidentes planteados conforme a los arts. 314 y 315 relacionados con el art. 29, todos del Código de Procedimiento Penal (CPP);
2. b)La errónea e insuficiente valoración de la prueba conforme al art. 173 del CPP; y,
3. c)Insuficiente fundamentación de la Sentencia.

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo:

1. 1)Dejar sin efecto el Auto Supremo 238/2020-RA de 4 de marzo, ordenando a las autoridades demandadas dictar uno nuevo, conforme a derecho, respetando el debido proceso en sus vertientes debida fundamentación, verdad material, defensa, garantías procesales de acceso a la justicia respecto a los otros derechos vulnerados ampliamente fundamentados; y a su vez, se disponga la condenación en costas, daños y perjuicios; y,
2. 2)Se aplique medida cautelar, al amparo de los arts. 33.6 y 34 del Código Procesal Constitucional (CPCo), ordenándose al Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Pando, al Ministerio Público y la Policía Departamental y Nacional, la suspensión de la ejecución del mandamiento de condena o se deje sin efecto la misma, hasta que se tenga una resolución en primera instancia e incluso hasta que se tenga una resolución en revisión ante el tribunal constitucional plurinacional quien puede ser que confirme o revoque la decisión que asuman las autoridades demandadas.

Edwin Aguayo Arando y Olvis Egüez Oliva, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe de 1 de octubre de 2020, cursante de fs. 84 a 87, señalaron lo siguiente:

1. i)El Auto Supremo 238/2020-RA no está siendo atacado en sus fundamentos ni en sus acápites considerativos, sino simplemente en la parte resolutiva que en definitiva determinó la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto, en aplicación de la facultad conferida en el art. 418 del CPP, es decir que, la acción de amparo constitucional interpuesta, toma como agravio definitivo el no haberse admitido el recurso de casación;
2. ii)El Auto Supremo emitido, que resuelve los tres recursos de casación interpuestos, por el Ministerio Público, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y el ahora accionante Juan Carlos Mamani Morales, dispuso declarar INADMISIBLES los mismos, argumentando para cada uno de ellos los motivos que dieron lugar a dicha decisión;
3. iii)La acción de amparo constitucional, si bien alega supuestas vulneraciones, no especifica de manera detallada, clara y racional, cual es la verdadera lesión a los derechos del accionante en relación con el Auto Supremo, es decir que no se puntualiza qué partes del mismo son las que lesionan sus derechos, tampoco de manera puntual se alega en que consiste la transgresión de los derechos invocados, sino que se limita a parafrasear, sentencias constitucionales, Autos Supremos y normas, sin vincularlas a los fundamentos considerativos o resolutivos del mencionado Auto Supremo;
4. iv)No existe un hilo conductor que de manera clara vincule alguna vulneración de las alegadas con el Auto Supremo ahora objeto de esta acción constitucional, exigencia sine quanon para su admisibilidad; por ello, la acción tutelar planteada es genérica en cuanto a su pretensión, que no es otra que la de intentar que la justicia constitucional ingrese al ámbito de la justicia ordinaria para dejar sin efecto resoluciones que consolidan y ejecutorían actos jurisdiccionales que son de competencia ordinaria;
5. v)En el caso, si bien se efectúa una amplia explicación doctrinaria del derecho a la fundamentación, motivación, a la defensa, al debido proceso, etc., no se cumple en lo mínimo ese requisito de fundamentar y relacionar los agravios con la acción que se alega como vulneratoria en este caso el Auto Supremo 238/2020-RA;
6. vi)La normativa especial en materia penal que sustenta la decisión tomada en la resolución que se pretende impugnar mediante esta acción de amparo constitucional es el art. 418 del CPP, que otorga como facultad de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, efectuar un test de cumplimiento de requisitos para admitir o no el recurso planteado, en el caso de autos, conforme se detalla de la lectura de la parte considerativa del Auto accionado, ese test se cumplió a cabalidad y al no tener cumplidos los requisitos necesarios, el recurso de casación formulado por el accionante fue declarado inadmisible;
7. vii)Los presupuestos formales en materia recursiva ordinaria devienen del cumplimiento al principio de legalidad, que es integrante justamente del derecho al debido proceso;
8. viii)El principio de legalidad tiene íntima vinculación con el de taxatividad o certeza, que obliga a los juzgadores y a los ciudadanos someterse a la voluntad de la ley, debiendo en esa sumisión cumplir los postulados legales, así como también aplicar correctamente las disposiciones procesales al momento de tramitar los procesos judiciales y ejercer el debido control jurisdiccional; caso contrario, de no ejercer esta labor respetando los parámetros de la legalidad, se genera no solo afectación al referido principio, y por ende al debido proceso, sino también se afecta al principio constitucional de seguridad jurídica, previsto por el art. 180.I de la CPE y los arts. 3, 4, 30 y 6 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ);
9. ix)A tiempo de interponer un recurso, es obligación de la parte accionante cumplir los requisitos formales, que son a la vez un instrumento, un filtro que evita que un instituto procesal, concebido para proveer justicia, se desnaturalice y se convierta en un medio dilatorio del proceso; es también, una obligación de los administradores de justicia, en resguardo de la garantía constitucional y procesal a la segunda opción, que a tiempo de dictar sus resoluciones, provean en sus fallos todos los elementos que objetivicen la aplicación efectiva de la Ley;
10. x)El recurrente en casación, al no cumplir con los presupuestos formales que hacen al recurso de casación, no puede alegar vulneración a sus derechos, entre ellos al debido proceso, ya que el mismo también es un imperativo a las partes para su cumplimiento, que no sólo recae sobre la labor jurisdiccional, sino que las partes, al formar íntegramente uno de los componentes que motivan el debido proceso, deben en ese entendido observar su cumplimiento;
11. xi)El Auto Supremo 238/2020-RA, es claro al exponer los fundamentos y motivos que conllevaron a determinar la inadmisibilidad del recurso, precisamente por el incumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, debiéndose considerar que para que un fallo sea certero no requiere que éste se ampuloso, ya que será suficiente que en su contenido se encuentre razón y lógica en su argumento y que sea fiel reflejo de lo impugnado por la parte; y,
12. xii)El ahora impetrante de tutela, al no haber cumplido los requisitos mínimos a tiempo de plantear su recurso de casación, ha incumplido la normativa legal al respecto, por lo que hoy mediante una acción de amparo constitucional está intentando basarse en su propia omisión, error e incumplimiento, para intentar perforar mediante la justicia constitucional la justicia ordinaria, en la que el propio accionante ha omitido el cumplimiento de los requisitos formales para el planteamiento de su recurso, por lo que debe aplicarse el aforismo latino "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans" nadie puede invocar la lesión de sus derechos basado en su propia falta, descuido, incumplimiento de la ley.

La Sala Constitucional del departamento de Pando, mediante Resolución AAC 044/2020 de 2 de octubre, cursante de fs. 93 a 96 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes argumentos:

1. a)Dentro del marco del debido proceso, la normativa penal establece ciertas condiciones a ser cumplidas por las partes para que el recurso de casación sea revisado por el Tribunal Supremo de Justicia, es así que previamente a la admisión de recurso, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia realizó el análisis de admisibilidad en el marco de los arts. 416 y 417 del CPP, que establecen como requisitos el plazo, el precedente contradictorio y la fundamentación de la contradicción entre el precedente contradictorio y el auto de vista impugnado;
2. b)Si bien el accionante cumplió con el plazo para la interposición del recurso de casación; sin embargo, no invocó precedente contradictorio, menos realizó la fundamentación de la contradicción entre el Auto de Vista cuestionado y otro de la misma u otra sala; de lo que se concluye, que el Auto Supremo ahora debatido cuenta con la fundamentación y motivación correspondiente, puesto que se ve la exposición concisa y clara de las razones y motivos que les llevaron a declarar la admisibilidad, respaldando su decisión en los art. 416, 417 y 418 del CPP; puesto que bajo el principio de legalidad, toda materia procesal está reservada a la ley formal tratándose de procesos judiciales de manera que es la norma jurídica la que establece las condiciones para disciplinar el ejercicio de la función jurisdiccional como la actividad de las partes;
3. c)Al no haber cumplido el impetrante de tutela con el principio de legalidad es decir con la aplicación de la norma, para que su recurso de casación sea atendido, no puede alegar vulneración de derecho al debido proceso; y,
4. d)Por la documental adjunta consistente en el desistimiento de acción penal contra Juan Carlos Mamani Morales y los acuerdos transaccionales el peticionante de tutela pretendió solicitar la prescripción de la acción, dicho acto no es dable por cuanto el delito por el que fue sancionado (conducción peligrosa) es un delito de acción pública que puede ser continuada a instancia del Ministerio Público aun así desistan los denunciantes; por lo que, ello no puede considerarse un defecto absoluto que amerite la flexibilización de los requisitos de admisibilidad en el recurso de casación para que ingrese a analizar el problema el Tribunal Supremo de Justicia; en consecuencia se advierte que las autoridades ahora demandadas actuaron enmarcados en la normativa penal y constitucional.

II.2. Por Auto de Vista de 16 de agosto de 2019, que resolvió las apelaciones planteadas tanto por el Fiscal de Materia como por el ahora accionante, la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, confirmó la Sentencia apelada (fs. 28 a 29 vta.). Recurrida de casación mediante escrito presentado el 13 de enero de 2020, por el ahora impetrante de tutela, denuncia dos agravios consistentes en:

1. 1)Violación de los arts. 359 y 360.2 y 3 del CPP, toda vez que la Sentencia 02/2019 no expuso los motivos de hecho y de derecho que la fundan, por lo que correspondía ser anulada; toda vez que, el Auto de Vista refiere que interpuso tres incidentes; empero, realiza su fundamentación en cuanto al incidente o excepción de falta de acción y no así respecto al incidente sobreviniente de prescripción de la acción con relación al delito de conducción peligrosa; refiriendo como precedente contradictorio la errónea e insuficiente valoración de los incidentes planteados conforme a los arts. 314 y 315 del CPP, citando al efecto la SCP 0874/2014 de 8 de mayo; argumentando que el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Pando rechazó la pretensión de plantear el incidente sobreviniente con argumentos sesgados y que limita el derecho a la defensa, dentro del debido proceso, y una falta de fundamentación; solicitando que el Auto Supremo ordene al Tribunal de Alzada realice otro Auto de Vista que esté debidamente fundamentado con relación a este hecho descrito como agravio sufrido y relacionado al incidente sobreviniente de prescripción de la acción penal, ya que de los antecedentes reclamados y el precedente contradictorio claramente se puede ver que no se tiene una fundamentación clara precisa con relación a este agravio sufrido; y,
2. 2)Errónea e insuficiente valoración de la prueba conforme al art. 173 del CPP; puesto que el Tribunal de Sentencia Segundo del departamento de Pando, no ha cumplido con el mandato de la ley conforme a la valoración de la prueba referente a las reglas de la sana crítica; ya que no han realizado la contrastación de toda la prueba de cargo producida en el Juicio Oral, al margen que no existe el valor otorgado a cada prueba; mucho menos se explica dentro de qué regla de la sana crítica se valoró cada prueba (fs. 30 a 34).

1. 1)El recurrente señala que el Auto de Vista impugnado en su numeral dos refiere que interpuso tres incidentes; empero, realiza su fundamentación con relación a la excepción de falta de acción, indicando que el Tribunal de origen al haber rechazado la solicitud de falta de acción ha obrado conforme a derecho; además, de no resolver el agravio expresado en apelación restringida referente a que el Tribunal de origen no dejo fundamentar la excepción de prescripción de la acción penal; finalmente, en relación a la excepción de prescripción de la acción penal no se ha manifestado dicho Tribunal de alzada.

1. 2)Denuncia la parte recurrente que el Tribunal de alzada no realizó la respectiva fundamentación de acuerdo al art. 398 del CPP en relación al incidente de prescripción de la acción penal; al contrario, la escasa fundamentación respecto a una excepción de falta de acción, en otras palabras, el Auto de Vista impugnado realizó una fundamentación respecto a otro incidente que no fue invocado como agravio.

1. 3)Finalmente, el recurrente acusa que el Tribunal de alzada no realiza una debida fundamentación a su agravio, señalando que el Tribunal de origen valoró todos los elementos probatorios tanto de cargo y descargo e introducidos a juicio por su lectura por lo que no es evidente la errónea valoración de la prueba. (...)

En lo relativo a los motivos primero, segundo y tercero, la parte recurrente señala que el Auto de Vista impugnado:

1. i)realiza su fundamentación con relación a la excepción de falta de acción, indicando que el Tribunal de origen al haber rechazado la solicitud de falta de acción obró conforme a derecho; además, de no resolver el agravio expresado en apelación restringida referente a que el Tribunal de origen no dejó fundamentar la excepción de prescripción de la acción penal; finalmente, en relación a la excepción de prescripción de la acción penal no se manifiesta;
2. ii)realizó una fundamentación respecto a otro incidente que no fue invocado como agravio; y,
3. iii)carece de una debida fundamentación a su agravio, señalando que el Tribunal de origen valoró todos los elementos probatorios tanto de cargo y descargo e introducidos a juicio por su lectura por lo que no es evidente la errónea valoración de la prueba.

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se considerarán las siguientes temáticas:

1. i)Del recurso de casación y sus requisitos de admisibilidad;
2. ii)El derecho a la defensa como elemento configurador del debido proceso; y,
3. iii)Análisis del caso concreto.

En la SC 1401/2003-R de 26 de septiembre1, este Tribunal, realizó una interpretación de las normas previstas por el citado art. 416 del CPP, extrayendo dos subreglas:

1. a)El precedente contradictorio, como requisito para acceder al recurso de casación a que se refiere la ley, no puede ser otro que un Auto de Vista (o Auto Supremo) preexistente, al que la Sentencia impugnada contradice, en cuyo caso será exigible la invocación del precedente contradictorio al tiempo de plantear la apelación restringida; y,
2. b)Cuando la Sentencia no contradiga ningún precedente anterior, sino es el Auto de Vista dictado en apelación el que contradice el precedente, la invocación deberá efectuarse a tiempo de presentar el recurso de casación no al plantear la apelación restringida".