1310/2022-S3

En el procesamiento de denuncia denominado Caso SITPRECO 63/2020, la Dirección de Transparencia Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) emitió el Informe Final YPFB-DTC-UPPD-089/2020 de 14 de mayo, recomendando considerar el inicio de proceso administrativo interno contra su persona en su calidad de Gerente Legal Corporativa de esa entidad, por el presunto incumplimiento de normas jurídicas administrativas señaladas en el contenido de dicho documento. Posteriormente, a través de la Nota YPFB/DTC/155/2020 de 14 de mayo, el referido Informe fue remitido al Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB, quien a su vez mediante Hoja de Ruta YPFB-LPZ-PRS-DTC-14792/2020 de 19 de ese mes remitió dicho Informe a la Autoridad Sumariante de la citada empresa, la cual emitió Auto de igual fecha declinando el conocimiento de la causa al Ministerio de Hidrocarburos y Energía del Estado Plurinacional de Bolivia, argumentando que esa instancia era la competente en virtud a lo dispuesto por el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobado por Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992, modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001; de esa manera, la remisión de antecedentes fue realizada mediante Nota YPFB-ALC-060/2020 de 20 de mayo refiriendo presuntas irregularidades administrativas cometidas por su persona y otro. Por consiguiente, la Autoridad Sumariante del señalado Ministerio emitió la Resolución Sumarial MH/SUM/14-2020/01 -Auto Inicial de Sumario Administrativo- de 22 de septiembre de 2020, en su contra, basándose en los antecedentes remitidos por YPFB como ser el Informe Final YPFB-DTC-UPPD-089/2020, entre otros, concluyendo en la existencia de indicios de responsabilidad administrativa; en virtud a que, presuntamente omitió brindar asesoramiento legal de acuerdo a la normativa vigente al momento de conocer:

1. a)El Proceso de Contratación de Seguros de YPFB, gestión 2020-2021, código DCO-ENPE-GAFC-46-20, que aplicó el Procedimiento de Contrataciones por Emergencia - Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena Total por el Brote del Coronavirus (COVID-19) aprobado por Resolución Administrativa (RA) PRS 78/2020 de 31 de marzo; y,
2. b)El Informe YPFB-ULAR-117/2020 de 17 de abril. Vulnerando de esa manera los arts. 3.I, 7 literales c y e, y 65.I literal d del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; la misión del puesto, los puntos 3, 4 y 6 del Manual de Funciones RG-02-GPG-1-GTH/UDO-2 respecto al Gerente Legal Corporativo; el objetivo y funciones de los puntos d), f), e
3. i)del Manual de Organización y Funciones de YPFB RG-01-B-PG-1-GTHC/UDO-1 respecto a la Dirección Legal General de YPFB; el punto a) de la Cláusula Novena del Contrato de Trabajo por Tiempo Indefinido GTHC-UCO-006364/2019 de 18 de diciembre; art. 136 inc. e) del Reglamento Interno de YPFB aprobado por Resolución Ministerial (RM) 323-56 de 15 de octubre de 1956; y, el Código de Conducta de YPFB Corporación aprobado mediante RA PRS 193 de 4 de octubre de 2011, en cuanto al "'compromiso personal por hacer lo correcto'", concordante con el art. 235.1 y 2 de la Constitución Política del Estado (CPE).

El 23 de septiembre de 2020, fue notificada con la Resolución Sumarial MH/SUM/14-2020-01 -Auto Inicial del Sumario Administrativo-; por lo que a la conclusión del periodo probatorio otorgado presentó respuesta el 4 de enero de 2021, mediante la cual, como primer punto, solicitó:

1. 1)Previo y expreso pronunciamiento respecto al irregular inicio del proceso sumario administrativo contra su persona; y,
2. 2)Se anule dicha Resolución Sumarial y los obrados, ante la vulneración evidente de derechos y garantías por parte de la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB, al incumplir con la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción -Ley 974 de 4 de septiembre de 2017-, el Reglamento de Transparencia Corporativa de YPFB y la Constitución Política del Estado. Además, como segundo punto de su memorial -a través del cual presentó argumentos y ofreció prueba de descargo- pidió que se declare la inexistencia de responsabilidad administrativa y se disponga el archivo de obrados.

El 17 de febrero de 2021, interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Sumarial MHE/SUM/14-2020/06 -de Recurso de Revocatoria- denunciando nuevamente los agravios que no fueron resueltos en etapa de revocatoria respecto a:

1. i)La vulneración de derechos y garantías por parte de la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB por la irregular emisión del Informe Final YPFB-DTC-UPPD-089/2020 que dio lugar a la remisión de antecedentes por parte de aquella empresa al Ministerio de Hidrocarburos y Energía del Estado Plurinacional de Bolivia, y posterior apertura del proceso sumario administrativo; y,
2. ii)En cuanto a los hechos de fondo sobre las presuntas responsabilidades administrativas, denunció:
3. a)Ausencia de consideración y valoración de la prueba de descargo al emitirse la Resolución Sumarial MH/SUM/14-2020/04 -Auto Final de Sumario Administrativo-;
4. b)Vulneración al principio de congruencia como garantía del debido proceso;
5. c)Transgresión en la aplicación del bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad con relación al art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y,
6. d)Vulneración del derecho al debido proceso administrativo y presunción de inocencia respecto a la ausencia de razonamiento en los fundamentos. Asimismo, denunció:
7. 1)Vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, al derecho a la tutela judicial efectiva, a los principios de legalidad y seguridad jurídica;
8. 2)La ausencia de fundamentación, motivación y congruencia en cuanto a los derechos al debido proceso y a la defensa, en la Resolución Sumarial MH/SUM/14-2020/04 -Auto Final de Sumario Administrativo-;
9. 3)Falta de valoración de la prueba de descargo, que devino en la vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva, y principios de seguridad jurídica y de legalidad;
10. 4)Imprecisa y errónea subsunción de la falta atribuida a su persona respecto a los hechos que originaron el proceso sumario, los preceptos normativos supuestamente vulnerados y la sanción aplicada; y,
11. 5)Ausencia de tipicidad y de fundamentación de la sanción al emitirse la citada Resolución Sumarial.

De esa manera, el primer agravio cometido con la emisión de la RM 046-2021, recae en que la autoridad ahora accionada -Franklin Molina Ortiz, Ministro de Hidrocarburos y Energía- no explicó el valor otorgado a la prueba de descargo al transcribir las consideraciones genéricas expuestas en las Resoluciones Sumariales MH/SUM/14-2020/04 -Auto Final de Sumario Administrativo- y MHE/SUM/14-2020/06 -de Recurso de Revocatoria-, vulnerando su derecho a la valoración razonable y debida de la prueba; puesto que, respecto a la ausencia de consideración y valoración de la prueba de descargo denunciada en el memorial de recurso jerárquico, dicha RM 046-2021 estableció que de la revisión de antecedentes y de la Resolución Sumarial MHE/SUM/14-2020/06 -de Recurso de Revocatoria-, la Autoridad Sumariante y Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía efectuó una correcta compulsa de las pruebas de cargo y descargo; considerando que la referida Resolución Sumarial señaló que se valoró la prueba para la resolución del caso; razones por las que dicha autoridad concluyó en la supuesta existencia de pronunciamiento expreso con relación al Informe Final YPFB-DTC-UPPD-089/2020 emitido por la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB, y que se valoraron las pruebas concernientes a la resolución del caso. Asimismo, refirió que su persona no expresó específicamente qué pruebas fueron valoradas; considerando que, las pertinentes a la causa sí merecieron valoración. Respuesta al agravio que denota que la autoridad hoy accionada se apartó de los cánones de equidad y razonabilidad al no apreciar los antecedentes relativos:

1. i)Al memorial de 4 de enero de 2021, presentado a la conclusión del periodo probatorio, por el cual su persona dio respuesta a la Resolución Sumarial MH/SUM/14-2020/01 -Auto Inicial del Sumario Administrativo-, en el que se identificó la prueba de manera separada e individualizada, efectuando una específica descripción de los hechos; documentación que debió ser valorada por la Autoridad Sumariante; y,
2. ii)Al recurso de revocatoria de 20 de igual mes y año interpuesto contra la Resolución Sumarial MH/SUM/14-2020/04 -Auto Final de Sumario Administrativo- en el que se volvieron a identificar las pruebas presentadas en el memorial de 4 de enero de 2021, como son:
3. a)Memorial de 5 de octubre de 2020 con cargo de recepción 6 de ese mes y año, dirigido a la Autoridad Sumariante del Ministerio de Hidrocarburos y Energía ofreciendo más prueba de descargo;
4. b)Nota MH-04467-DGAJ-0055/2020 de 7 del referido mes emitida por la mencionada Autoridad Sumariante para el Presidente Ejecutivo de YPFB; y,
5. c)Nota YPFB-PRS-GLC-2491 DLGPC-900/2020 de 7 de diciembre presentada el 17 de ese mes y año en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hidrocarburos por la que se dio respuesta a la Nota MH-04467 DGAJ-0055/2020. Asimismo, la siguiente prueba que acreditó los extremos denunciados:
6. 1)Escrito de 25 de octubre de 2020 dirigido a la Autoridad Sumariante del Ministerio de Hidrocarburos, presentado el 26 del indicado mes y año, por el cual se ofreció más prueba de descargo;
7. 2)Nota MH-05118-DGAJ-0067/2020 de 30 del mismo mes, a través de la cual la citada Autoridad Sumariante solicitó información y documentación al Presidente Ejecutivo de YPFB; Oficio que fue presentado en Ventanilla Única de YPFB el 3 de noviembre del señalado año; y,
8. 3)Nota YPFB-DTC-465/2020 de 10 de noviembre recibida el 11 del referido mes y año en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hidrocarburos.

En cuanto al tercer agravio, del contenido de la RM 046-2021 se advirtió que no se dieron respuesta a cuatro agravios formulados ante la interposición del recurso jerárquico:

1. i)Vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, derecho a la tutela judicial efectiva, a los principios de legalidad y seguridad jurídica;
2. ii)Ausencia de fundamentación, motivación y congruencia en la Resolución Sumarial MH/SUM/14-2020/04 -Auto Final de Sumario Administrativo-, que vulneró sus derechos al debido proceso y a la defensa;
3. iii)Falta de consideración y valoración de la prueba de descargo al emitirse la citada Resolución Sumarial, lo que vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; además, de los derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva; y, los principios de seguridad jurídica y legalidad; y,
4. iv)La errónea subsunción de la falta imputada con relación a los hechos que dieron origen al proceso sumario administrativo, las normas transgredidas y la sanción impuesta. En ese orden, fueron vulnerados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia; y, a la defensa por falta de valoración de la prueba, al emitirse la RM 046-2021 sin analizar y responder los agravios expuestos en su recurso jerárquico.

La accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que:

1. a)La RM 046-2021 inobservó lo establecido en la "...SC 141/2018-S3 de 02 de mayo..." (sic); puesto que, con relación a la vulneración del principio de legalidad, la autoridad hoy accionada se limitó a señalar que la descripción de la conducta pasible a sanción fue especificada por la Autoridad Sumariante y Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Sin embargo, al establecerse su responsabilidad administrativa con base a hechos que no son claros en las normas especiales dentro de YPFB, se vulneró el principio de legalidad administrativa y el debido proceso; inventando tipos de conductas disciplinarias pretendiendo forzar una presunta omisión cometida por su persona, señalando que su conducta fue ineficiente, debido a que en conocimiento del proceso de contratación de seguros para YPFB gestión 2020-2021, no advirtió que el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios para Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (RE-SABS-EPNE) de la señalada empresa, no reglamentó la modalidad de contratación por emergencia, siendo que el concepto de eficiencia resulta completamente genérico y no existe un parámetro normativo en YPFB que indique lo que se entiende por eficiencia o ineficiencia. Asimismo, la RM 046-2021 que resolvió el recurso jerárquico señaló que la referida Autoridad Sumariante evidenció que su persona tenía la misión de establecer lineamientos y directrices en el ámbito jurídico con el propósito de que las actuaciones de la empresa se enmarquen en la normativa vigente con la finalidad de dar viabilidad a las operaciones de YPFB; no obstante, se debe aclarar que no existe norma superior o de igual jerarquía ni criterio legal-técnico-jurídico que inhabilite la aplicación del procedimiento para la contratación por emergencia aprobado por RA PRS 78/2020; empero, se le exigió emitir y determinar lineamientos y directrices respecto al ámbito jurídico en el que se circunscribe YPFB, e incluso se observó que su persona debió evitar la ejecución del proceso de contratación; sin embargo, no se inició ningún proceso administrativo a los ex Gerentes Legales de esa entidad, exigiendo la actualización continua de la normativa administrativa de esa empresa; por otra parte, se exigió a su persona la actualización de la normativa, endilgándole responsabilidad administrativa;
2. b)La Autoridad Sumariante y Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, indicó que su persona inobservó normas de conducta relativas a la función administrativa o responsabilidad pública; aquello, sin especificar ni subsumir su conducta en la presunta omisión incurrida, señalando simplemente que no actuó con eficacia y no evitó que el "Reglamento" sea puesto en vigencia, cuando en cualquier entidad pública los procesos de contratación inician en el ámbito administrativo, como en el caso de YPFB en su Gerencia Administrativa; por lo que, no podría referir al Gerente General Administrativo de dicha empresa, que "...no aplique este reglamento porque es inconstitucional o es ilegal..." (sic); en ese sentido, lo que hizo fue expedir el correspondiente informe y dar cumplimiento a la normativa emitida por la MAE de YPFB. Por consiguiente, la RM 046-2021 incumplió los parámetros determinados en esa interpretación con relación a la fundamentación y motivación, vulnerando los derechos al debido proceso, a la defensa y el principio de legalidad;
3. c)Respecto al procedimiento que debió cumplir la Dirección de Transparencia y Corporativa de YPFB antes de la remisión de antecedentes al Ministerio de Hidrocarburos y Energía del Estado Plurinacional de Bolivia; se tiene que su persona solicitó previo y especial pronunciamiento respecto a los antecedentes remitidos por la citada Dirección que recomendó el inicio de proceso sumario administrativo en su contra; puesto que, antes de la emisión del Informe Final YPFB-DTC-UPPD-089/2020 debieron notificarla para que presente prueba de descargo; empero, no se cumplió el procedimiento. Ese hecho fue denunciado en el memorial de descargo, ya que la "...Autoridad Sumariante ejerce una función de Juez administrativo y en materia internacional bajo el control convencionalidad que lo debe aplicar nuestro estado..." (sic), forzándose en el presente caso un proceso sumario administrativo contra su persona en el cual la Autoridad Sumariante y Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, manifestó no ser competente para efectuar ese control; en virtud a que sería otra autoridad la que emitió el Informe Final YPFB-DTC-UPPD-089/2020; los hechos que se ventilaron fueron otros; y, no se usó como prueba o antecedente el referido Informe Final de manera exclusiva. Empero, el Auto de Inicio del Proceso Administrativo -Resolución Sumarial MH/SUM/14-2020/01- se remite al señalado Informe Final, y menciona los antecedentes adjuntos al mismo, utilizando a la par los fundamentos contenidos en este documento; por tal motivo, solicitó un pronunciamiento ante la vulneración a derechos y garantías al no cumplir el trámite pertinente por parte de la Dirección de Transparencia y Corporativa de YPFB; y,
4. d)El principio de legalidad como garantía y derecho constitucional fue vulnerado; siendo así que la Autoridad Sumariante y Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía realizó una interpretación de aspectos completamente genéricos respecto a las conductas atribuidas a su persona, existiendo motivación arbitraria conforme a la "SC 473/2019⁴".

Franklin Molina Ortiz, Ministro de Hidrocarburos y Energía del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 25 de octubre de 2021, cursante de fs. 2939 a 2945, así como en audiencia manifestó que:

1. 1)Se incumplió el principio de inmediatez al ser planteada la acción tutelar el 30 de septiembre de 2021, cuando la RM 046-2021 fue notificada a la accionante el 29 de marzo de igual año;
2. 2)Respecto al primer y segundo agravio, los Considerandos II, III y V de la Resolución Sumarial MH/SUM/14-2020/04 -Auto Final de Sumario Administrativo- detallan la presentación de la prueba y los fundamentos de la defensa; asimismo, la valoración de la prueba, y la fundamentación de la referida Resolución Sumarial, analizando cada uno de los argumentos expuestos respecto a la prueba pertinente de cargo y descargo. Además, la supuesta ausencia de valoración de la prueba alegada por la accionante no fue explícita; es decir, no estableció con claridad qué prueba fue presentada y cuál no fue valorada por su autoridad, cuando debió exponer con claridad de qué manera se produjo la ausencia de valoración de la prueba para luego vincularla con el derecho que pretende se le restituya, lo cual no aconteció en la presente causa;
3. 3)La accionante indicó que no se resolvió su solicitud de un previo y expreso pronunciamiento sobre el irregular inicio del proceso sumario administrativo seguido en su contra; señalando además la existencia de documentos vinculados con ese argumento, los cuales no fueron valorados; no obstante, la Autoridad Sumariante y Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, a través de la Resolución Sumarial MH/SUM/14-2020/04 -Auto Final de Sumario Administrativo-, sí emitió un dictamen al respecto, al momento de desarrollar en su Considerando V, la razón por la que no se relaciona el argumento de la accionante con el trámite del proceso sumario administrativo, declarando en el Artículo Primero de la referida Resolución Sumarial, no ha lugar a la anulación pretendida;
4. 4)La accionante, mediante memorial de 4 de enero de 2021, mencionó que la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB emitió el irregular Informe Final YPFB-DTC-UPPD-089/2020; considerando que no se cumplió con el principio de legalidad y el debido proceso; en ese sentido, la citada Autoridad Sumariante refirió con detalle cuál fue el procedimiento instaurado en sede administrativa para la tramitación de las denuncias que recibe o cuando se anoticia de la vulneración de normativa administrativa o disciplinaria, coligiendo que ambos procedimientos no se relacionan, siendo que uno es sustanciado ante la Dirección de Transparencia Corporativa y el otro ante dicha autoridad, concluyendo que la falta de cumplimiento del proceso interno de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para emitir el informe final no guarda relación con el proceso sumario administrativo iniciado contra la accionante; puesto que, no es un acto que forme parte del proceso, por cuanto la denuncia referida en el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública no exige el cumplimiento de procedimiento o formalidades previas más que las previstas por el referido Reglamento; razón por la que, la Autoridad Sumariante anoticiada de los hechos del caso puede o no iniciar el sumario administrativo contra la servidora pública que presuntamente incurrió en contravención administrativa; además, señaló que existen mecanismos legales establecidos en la Ley de Administración y Control Gubernamentales, su Reglamento y la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en caso que algún funcionario de esas Unidades vulnere los procedimientos que dan origen a un informe final, no siendo esa la vía para que la accionante formule su reclamo, tomando en cuenta que el informe final emitido por las referidas Unidades no se constituyen en un acto que forme parte del proceso para determinar responsabilidad administrativa regulada por el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; ya que, si bien en un proceso sumario existen hechos calificados por una presunta contravención normativa administrativa, estos están sujetos a un término probatorio para que el sumariado presente pruebas de descargo. En consecuencia, se advirtió la existencia de pronunciamiento expreso sobre lo alegado por la accionante; asimismo, debe referirse que la intención de anulación fue planteada nuevamente a través del recurso de revocatoria a pesar de existir una respuesta expresa y detallada sobre lo solicitado;
5. 5)En las Resoluciones de revocatoria y jerárquica se indicó claramente que el proceso sumario administrativo se sustanció por la supuesta vulneración del ordenamiento jurídico administrativo; empero, la accionante alegó que debía existir un pronunciamiento expreso en cuanto a la sustanciación de la denuncia realizada por la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB, pidiendo que se anule el Auto Inicial del Sumario Administrativo, respondiendo que la falta de cumplimiento del procedimiento interno de dicha Dirección para emitir el informe final no guarda relación con el proceso sumario administrativo iniciado contra la nombrada, ya que ni el procedimiento en la mencionada Dirección tampoco el informe final son actos que formen parte del proceso sumario administrativo; en virtud a que el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública no lo exige;
6. 6)El art. 33.4 y 5 del Código Procesal Constitucional (CPCo) dispone que los accionantes establezcan con claridad la relación causal entre los hechos y los derechos vulnerados, por lo cual, en caso de incumplirse este requisito, la acción de amparo constitucional resulta improcedente. En la presente causa, la accionante refirió que no se valoraron las pruebas presentadas; no obstante, omitió indicar que sí se dio respuesta a su petición de anulación -respecto a la Resolución Sumarial MH/SUM/14-2020-01- de manera directa, concreta y específica, lo que fue ratificado en el Auto Final de Sumario Administrativo -Resolución Sumarial MH/SUM/14-2020/04- y las Resoluciones de revocatoria y jerárquica, aclarando nuevamente que: "...la improcedencia de la anulación solicitada no se debe a aspectos probatorios de hecho, sino a un aspecto enteramente legal que no requiere de presentación de prueba" (sic). En razón a lo expuesto, la accionante no especificó con claridad las pruebas cuya valoración considera que fue omitida por la Autoridad Sumariante y Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, menos realizó la relación causal entre los hechos supuestamente denunciados respecto al derecho vulnerado; puesto que, en su memorial de amparo constitucional hizo referencia a normas y jurisprudencia inaplicable al caso concreto sin la relación de conexidad exigida por la norma constitucional y la jurisprudencia vinculante; por lo cual, corresponde declarar la improcedencia de la acción tutelar en cuanto a la presunta ausencia de valoración de la prueba, más aun si se demostró que los dos primeros agravios relacionados a la ausencia de valoración de la prueba, fueron atendidos en sede administrativa;
7. 7)Con relación al tercer agravio, la accionante señaló que la referida Autoridad Sumariante declaró no ha lugar la anulación de la Resolución Sumarial MH/SUM/14-2020-01 -Auto Inicial del Sumario Administrativo-, sin pronunciarse en cuanto a los hechos denunciados que originaron el proceso sumario administrativo en contra de la accionante; empero, efectuó un análisis normativo y expuso con precisión que no podía anular obrados dentro del proceso sumario administrativo seguido por la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB; considerando que los señalados procedimientos no tienen relación con aquellos en los cuales la Autoridad Sumariante es competente, declarándose por esa razón no ha lugar a la solicitud de la accionante "...ya que la Autoridad Sumariante no tiene la competencia para anular actuaciones dentro de un procedimiento que se sustancia con otra normativa y ante otra autoridad sobre la cual no tiene control jurídico la mencionada Autoridad Sumariante" (sic); y,
8. 8)La accionante alegó que la RM 046-2021 no dio respuesta a todos los agravios expuestos en el recurso jerárquico; sin embargo, en el Considerando II de dicha Resolución se detallaron los argumentos y agravios señalados en instancia jerárquica; asimismo, en el Considerando IV de esa Resolución se indicó cada argumento planteado por la accionante sin que ninguno fuera omitido en cuanto a su pronunciamiento, en resguardo del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación. Por lo anteriormente expuesto, solicitaron se declare improcedente la presente acción tutelar, caso contrario, si se ingresara al fondo de la problemática planteada, sea denegada la tutela.

En audiencia, la autoridad hoy accionada a través de sus representantes legales señaló que:

1. i)Los abogados de la accionante hicieron referencia a la vulneración de la interpretación y la ausencia de motivación, sin establecer los derechos y garantías que fueron vulnerados ni una exposición del resultado o daño vinculado a la relevancia constitucional; por lo que, la jurisdicción constitucional no es idónea para modificar o ingresar al fondo de los resultados del proceso sumario administrativo;
2. ii)La accionante refirió la invención de normas administrativas para sancionarla; empero, conforme a la sana crítica y a la revisión de los actuados administrativos, debe advertirse la inexistencia de prueba presentada por la nombrada con relación a que la Autoridad Sumariante inventó tipos administrativos sujetos a sanción y que esa actuación fuera refrendada por su autoridad;
3. iii)La accionante no señaló cuál es el artículo específico que fue omitido de manera ilegal o indebida; así, el proceso sumario administrativo fue instaurado conforme a la Ley de Administración y Control Gubernamentales que estipula diferentes tipos de responsabilidades. Bajo ese contexto, ante la existencia de una denuncia o conocimiento por parte de la Autoridad Sumariante, ésta instaura dicho proceso para la averiguación de la verdad, y en caso de existir una contravención a la norma administrativa impone una sanción, siendo que el proceso se encuentra establecido por el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, norma con base a la cual se sustanció el proceso sumario administrativo seguido contra la accionante, y que además determina cuáles son las etapas y las acciones que pueden interponer los sumariados en su defensa; en el presente caso se aperturó una etapa probatoria para que la accionante presente sus descargos; asimismo, se indicó los recursos que prevé la norma, concluyendo con la emisión de la RM 046-2021 que resolvió el recurso jerárquico confirmando la decisión asumida por la Autoridad Sumariante; empero, la nombrada no refirió de manera específica qué norma de dicho Decreto Supremo se vulneró. Asimismo, "...la accionante no ha podido demostrar cuál es el artículo que habría omitido o vulnerado de manera directa para que se pueda realizar la supuesta falta de valoración de la prueba, motivación o congruencia..." (sic);
4. iv)Una denuncia no concluye necesariamente de la manera en la que se inició, pudiendo ser modificada; por lo que, les sorprendió que el abogado de la accionante refiera que se aperturó el proceso sumario administrativo por supuestos hechos, y en la resolución final se aplicaron artículos no mencionados en el Auto Inicial de Proceso Sumario; puesto que, esa es la labor de la Autoridad Sumariante al verificar si realmente se vulneró cierta "norma jurídica"; es así que, bajo la previsión del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, el citado Auto Inicial no puede ser anulado, en virtud a que simplemente apertura un proceso sumario administrativo; por consiguiente, el acto administrativo que puede ser sujeto a los recursos de revocatoria y jerárquico, es el "Auto Final";
5. v)El procedimiento para la emisión de Informe Final no puede ser valorado por la Autoridad Sumariante, al no ser competente para ello; aspecto que fue aclarado por la mencionada autoridad explicando cuál es el procedimiento y desde qué etapa puede asumir competencia y realizar actividades posteriores dentro del proceso sumario administrativo; lo cual, también se encuentra plasmado en el Auto Final del Sumario Administrativo -Resolución Sumarial MH/SUM/14-2020/04- que estableció que en caso de existir denuncias temerarias se pueden iniciar acciones legales contra las autoridades que las efectuaron de conformidad al Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; y,
6. vi)La Autoridad Sumariante resolvió el caso cuando la accionante ya no ejercía su cargo y se encontraba siendo procesada junto a otras personas incluso en el ámbito penal; es decir, que no se vulneró el derecho al trabajo de la misma.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 230/2021 de 18 de noviembre, cursante de fs. 2955 a 2960, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)La accionante no cumplió los requisitos determinados por la vasta línea jurisprudencial para que la jurisdicción constitucional ingrese a la revisión de la legalidad ordinaria, lo cual no permite ingresar a dicha observación;
2. b)Respecto a la RM 046-2021, en su Considerando IV efectuó un análisis de los argumentos del recurso jerárquico y de las pruebas adjuntas de "fs. 159 a 171", concluyendo que la Autoridad Sumariante y Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, efectuó una correcta compulsa de las pruebas de cargo y descargo, y aclarando que la accionante no señaló de manera específica qué pruebas no fueron valoradas; puesto que, las pertinentes al caso sí lo fueron;
3. c)En cuanto al principio de congruencia como elemento del debido proceso, se tiene que dicha Autoridad Sumariante efectuó una correcta compulsa de las pruebas de cargo y descargo, como se expresa en el Considerando IV de la Resolución Sumarial MHE/SUM/14-2020/06; en ese sentido, "...no solo se pasó a valorar prueba, sino que la misma cumple con el principio de congruencia" (sic); y,
4. d)Con relación a los agravios, la RM 046-2021 en su Considerando II detalló los argumentos y derechos señalados por la accionante en instancia jerárquica; además, en su Considerando IV se expresó sobre cada uno de los argumentos expuestos por la autoridad hoy accionada, no existiendo alegato alguno que fuera omitido en su pronunciamiento, en resguardo del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; por lo que, esa Sala Constitucional consideró que los argumentos de la "parte accionada" no se adecuaron a la exposición de motivos efectuada por la autoridad ahora accionada.

II.6. Por Nota CITE: YPFB-DTC-UPPD-129/2020 de 3 de abril emitida por el Director de Transparencia Corporativa dirigida a la accionante como, Gerente Legal Corporativa a.i., ambos de YPFB, en la que indicó: "Cumple expresar que esta Dirección de Transparencia Corporativa, recepcionó denuncia anónima SITPRECO Caso 62/2020 sobre: 'presuntos hechos de corrupción que se producen con la aprobación del Procedimiento de Contrataciones por Emergencia que efectúa la Empresa Durante la emergencia sanitaria', misma que merecerá el trámite previsto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción" (sic), solicitando que se remita:

1. 1)La RA PRS 78/2020 y el Procedimiento de Contrataciones por Emergencia - Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena Total por el brote del COVID-19, más los informes técnicos, legales que la sustentan;
2. 2)El instrumento que modificó dicha Resolución conforme al correo institucional remitido al personal de YPFB el 2 de abril de 2020, o aclarar la base legal de su modificación;
3. 3)Se aclare si el Procedimiento de Contrataciones por Emergencia, Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena Total del Brote del COVID-19 condice las previsiones del "...Artículo 33 de la Ley N° 602 de 14 de noviembre de 2014 de Gestión de Riesgos y el Artículo 64 del Decreto Supremo N° 2342 de 29 de abril de 2015, Reglamento de la anotada Ley" (sic);
4. 4)Si el procedimiento se sujetó al Comunicado MEFP/VPCF/07/2020 de 31 de marzo expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;
5. 5)El sustento legal que habilitó la aplicación del señalado Procedimiento a los procesos de contratación por emergencia determinados en el RE-SABS-EPNE, tomando en cuenta que el "RE-SABS" que fue compatibilizado por el citado Ministerio y aprobado antes de la vigencia de la Ley de Gestión de Riesgos -Ley 602, de 14 de noviembre de 2014- no contempla los alcances de la contratación por emergencias; y,
6. 6)Existe una inconsistencia en las remisiones de la RA PRS 78/2020 realizadas el 1 y 2 de abril de 2020, vía correo institucional (fs. 2736 y 2737).

II.11. Por Nota YPFB-PRS-GLC-2491 DLGPC-900/2020 de 7 de diciembre emitida por el Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB, dirigida a Eber Chambi Chambi, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, presentada el 17 de ese mes y año, se respondió la Nota MH-04467 DGAJ-0055/2020, señalando remitir la siguiente documental:

1. i)Nota YPFB-DTC-UPPD-418/2020 de 23 de octubre;
2. ii)Nota GAFC-1483 DAC-925 USEG-317/2020 de 16 de noviembre;
3. iii)Nota YPFB-GCC-C-496/2020 de 26 de octubre;
4. iv)Nota PRS-GTHC 1636/2020 de 4 de noviembre; y,
5. v)Nota YPFB-GLC-ARCH-39/2020 de 27 de octubre (fs. 2733).

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia; y, a la defensa por falta de valoración de la prueba; y asimismo, en audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional señaló como vulnerado el principio de legalidad administrativa; puesto que, la autoridad ahora accionada al emitir la RM 046-2021 de 22 de marzo que resolvió el recurso jerárquico interpuesto:

1. a)No explicó el valor otorgado a la prueba de descargo, ya que "copió" las consideraciones genéricas expuestas en las Resoluciones Sumariales MH/SUM/14-2020/04 -Auto Final de Sumario Administrativo- y MHE/SUM/14-2020/06 -de Recurso de Revocatoria- ;
2. b)Reiteró el contenido del Considerando IV de la Resolución Sumarial MHE/SUM/14-2020/06, concluyendo en la existencia de un pronunciamiento expreso y fundamentado al indicar que el Informe Final YPFB-DTC-UPPD-089/2020 no guardó relación con el sumario administrativo; por lo que, no era susceptible de valoración;
3. c)No dio respuesta a cuatro agravios planteados en el recurso jerárquico formulado; y,
4. d)Se vulneró el principio de legalidad administrativa y el debido proceso al efectuar una interpretación de aspectos completamente genéricos respecto a las conductas atribuidas a su persona, por lo que incurrió en una motivación arbitraria conforme a la "SC 473/2019⁴".

La SCP 0814/2020-S3 de 27 de noviembre, en cuanto a la interpretación de la legalidad ordinaria señaló que: "El entendimiento asumido por este Tribunal Constitucional Plurinacional respecto de la interpretación de la legalidad ordinaria tiene como antecedente la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, que precisó lo siguiente: 'Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso...'. Criterio reiterado por las SSCC 1917/2004-R de 13 de diciembre y 0085/2006-R de 25 de enero, en las cuales se establece que dicha actividad es facultad de los jueces y tribunales ordinarios y sólo cuando dicha interpretación hubiere quebrantado los principios, valores, derechos y garantías constitucionales es posible que se realice el control tutelar de constitucionalidad. Estableciéndose en la última Sentencia Constitucional mencionada, dos requisitos que debía cumplir el accionante para que el Tribunal Constitucional ingrese a analizar la interpretación de la legalidad ordinaria, siendo estos:

1. a)Que el accionante explique el por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y,
2. b)Que precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, agregándose un tercer requisito en la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, referido a establecer el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que fueron lesionados con dicha interpretación.

Posteriormente, a través de la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, citando a su vez, a las SSCC 1358/2003-R de 18 de septiembre, 1237/2004-R de 3 de agosto y 1917/2004-R de 13 de diciembre, se suprimieron los requisitos de la carga argumentativa de la SC 1846/2004-R (en el mismo sentido, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0231/2018-S2, 0074/2019-S2 y 0800/2019-S2, entre otras). Sin embargo, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, exigió al accionante que demuestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades accionadas, vulnera derechos y garantías en tres dimensiones diferentes: 'a) Por vulneración del derecho a una Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación;

1. b)Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y,
2. c)Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales'. La jurisprudencia antes mencionada fue, a su vez confirmada por la SCP 0371/2014 de 21 de febrero.

La SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero refiriendo a la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, indicó que: en cuanto a los supuestos de motivación arbitraria señaló que: "...se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. a)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. b)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. c)Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación;
4. d)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y,
5. e)La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²6-.

La SCP 2199/2013 de 16 de diciembre estableció lo siguiente: "Partiendo de que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o el derecho a una resolución motivada, se encuentra cimentado en la propia finalidad de la decisión que, siendo sometida a control permitirá verificar el respeto al orden jurídico y su eficacia en la resolución de conflicto, la SCP 0100/2013 de 17 de enero², estableció ciertos parámetros contrastables que determinan la existencia o no de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas; así, deberá observarse si en el fallo proferido existe: "1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad;

1. 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia;
2. 3)Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y,
3. 4)Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:

1. 1)El sometimiento manifiesto a la Constitución (conformada por: a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad art. 410.II) y a la ley, de la autoridad -Juez, autoridad administrativa, etc.- o persona privada; es decir, de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sobre conflictos o pretensiones traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad.

1. 2)Lograr el convencimiento, de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia.

1. a)Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o 'Estado bajo el régimen de derecho' con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de 'Estado Constitucional de Derecho', cuya base ideológica es 'un gobierno de leyes y no de hombres', existe expresa proscripción que las facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado 'Estado bajo el régimen de la fuerza'.

1. b)En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en:
2. b.1)una 'decisión sin motivación', o extiendo esta es
3. b.2)una 'motivación arbitraria'; o en su caso,
4. b.3)una 'insuficiente'.