1315/2022-S4

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo, se anule:

1. a)La RA APS/DP/ 237/2021, pronunciada por el Director Ejecutivo de la APS, para que emita una nueva resolución fundamentada, que dé respuesta a todos los motivos de apelación presentados, sea conforme a los fundamentos de la presente acción de amparo constitucional y restablezcan los derechos constitucionales vulnerados; y,
2. b)El Dictamen 062/2021, emitido por el Tribunal Médico Calificador de Revisión de la APS que es parte de la RA APS/DP/237/2021, para que emitan un nuevo dictamen donde se valoren y califiquen los informes de psiquiatría (Informe Médico de 11 de diciembre de 2020, emitido por las médicos psiquiatras Tatiana Rueda y Ana María Virreira) y traumatología (Informe médico de 16 de diciembre de 2020, por el galeno Edgar Sempértegui Soria), conforme a los criterios técnicos debidamente fundamentados determinados en el MANECGI y a los fundamentos de la presente acción de defensa, restableciéndose los derechos constitucionales vulnerados de modo tal que previa justa, correcta y fundamentada calificación acceda a la Pensión por Invalidez por riesgo común.

El impetrante de tutela, a través de su abogado en audiencia, ratificó íntegramente los extremos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional; añadiendo que:

1. 1)Existe un informe médico del 11 de diciembre de 2020, del área de psiquiatría que confirma el carácter crónico y recurrente del cuadro diagnosticado, además del informe médico del traumatólogo, que en la resolución emitida por la autoridad de pensiones, se los desglosa y están ahí como un anexo, pero sin embargo no los evalúa y solamente los cita; esto quiere decir que, no se tomó en cuenta la acreditación de los diagnósticos de estrés laboral crónico, síndrome de Burnout, depresión moderada, ansiedad grave, trastorno mixto de ansiedad y depresión crónico recidivante, síndrome del túnel carpiano bilateral, lesión del manguito rotador del hombro derecho;
2. 2)La omisión de fundamentación y de valoración de esos elementos de prueba generó la violación de los derechos a la salud y acceso a la seguridad social, pedidos en su solicitud de una prestación de invalidez por riesgo común;
3. 3)Se verificó que cumple con casi todos los requisitos establecidos faltando solo el grado de invalidez calificado igual o mayor al 50% de origen común;
4. 4)La relevancia constitucional de esas omisiones está en que solo tomaron en cuenta en la evaluación de la dolencia calificada, el deterioro en un solo brazo y no así en ambos miembros superiores y si se ordena realizar una nueva resolución donde tengan que considerar el deterioro del brazo izquierdo, el porcentaje de calificación elevaría, mucho más todavía, pudiendo sobrepasarse el valor del 50%, es decir que, de manera arbitraria se le está violando el derecho a la seguridad social, por haber realizado trabajo mecánico y por no haber verificado estas dolencias en la calificación mencionada; y,
5. 5)Es evidente que se omitió la fundamentación y las pruebas, mismas que deben ser claras y objetivas, y cumplir con todos los criterios establecidos en el MANEGCI, porque la única defensa que esgrimió en su informe la parte demandada, es que no se cumplió con las condiciones determinadas en el capítulo doce (12), de que la enfermedad debe ser crónica, inexorable, irrecuperable e irreversible, o que el tratamiento hubiera fracasado y de esto no se tiene ninguna evidencia real y objetiva, pues se calificaron otros aspectos que le corresponden a otras dolencias, que no tiene estas características de incurable, habiéndose procedido a calificar de forma errada.

María Esther Cruz López, Directora Ejecutiva de la APS, a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 8 de noviembre de 2021, cursante de fs. 417 a 425 vta., y en audiencia, explicó que:

1. i)De conformidad a la Solicitud de Pensión por Invalidez presentada por el Asegurado Hubert Alcides Gil Antelo con CUA 31719892, en la Administradora de Fondo de Pensiones Sociedad Anónima (BBVA PREVISIÓN AFP S.A.), el 21 de enero de 2020, la AFP en el marco de lo establecido en los arts. 31, 32 inc. d) y 70 de la Ley 065, procedió con el trámite respectivo remitiendo el expediente a la EEC, para la determinación del origen, causa, grado y fecha de invalidez del Asegurado;
2. ii)El Tribunal Médico de Calificación (TMC) de la EEC en el marco de las funciones establecidas en el art. 3 del Decreto Supremo (DS) 27824 de 3 de noviembre de 2004, el MANECGI y Lista de Enfermedades Profesionales (LEP), procedió con la emisión del Dictamen 56918/2020, estableciendo que el Asegurado Hubert Alcides Gil Antelo, tiene 38% de pérdida de la capacidad laboral de origen común por enfermedad y el Formulario correspondiente al mismo Dictamen, establece como Fecha de Siniestro: el periodo del 17 de enero al 19 de octubre de 2020;
3. iii)A raíz de la revisión solicitada por el hoy accionante, de la verificación de toda la documentación técnico médica que se encuentra en el expediente, se emitió el Dictamen 062/2021, estableciendo un grado de pérdida de la capacidad laboral de origen Común por Enfermedad de 38% y el Formulario correspondiente al mismo Dictamen que establece como Fecha de Siniestro el 17 de enero de 2020;
4. iv)Lo determinado por el Tribunal Médico de Revisión (TMR), en cuanto al grado de pérdida de la capacidad laboral del Asegurado Hubert Alcides Gil Antelo, es coincidente con la calificación realizada por el TMC de la EEC, en su Dictamen 56918/2020, concluyendo que en el presente caso existe criterio médico coincidente en dos Tribunales Calificadores especializados en la aplicación del MANECGI;
5. v)El caso cuenta con documentación que respalda que si existe un deterioro configurado a nivel de miembro superior derecho, este deterioro fue estudiado y documentado en los informes de los doctores Edgar Sempertegui (traumatólogo 03/01/20 y 16/12/20) y Erwin Quintanilla (neurólogo 13/01/20) contando incluso con estudio de Electromiografía (EMG), además de otra documentación; deterioro que fue considerado por el TMR para la calificación del dictamen como radiculopatía C6-C7 derecha con hipostesia y alteración motora por lo que se ratificó que los informes del médico Edgar Sempértegui, sí fueron tomados en cuenta y no omitidos como se menciona en la acción de amparo constitucional;
6. vi)La Ley 065, establece en su art. 70, que la calificación de grado, origen, causa y fecha de invalidez será establecida por profesionales médicos habilitados por el Organismo de Fiscalización, y que la calificación realizada deberá ser integral y de conformidad al Manual Único de Calificación compuesto por el Manual de Normas de Evaluación y Calificación de Grado de Invalidez y la Lista de Enfermedades Profesionales;
7. vii)El Dictamen 062/2021, fue emitido por el TMR de la APS, cuyos médicos se encuentran debidamente habilitados mediante Resolución Administrativa, mismos que establecieron un grado de pérdida de la capacidad laboral de origen Común por Enfermedad de 38%, y el Formulario correspondiente al mismo Dictamen establece como fecha de siniestro el 17 de enero de 2020; por tanto, el incumplimiento al que hace referencia el asegurado no es evidente; toda vez que, se dio cumplimiento al procedimiento realizado por los Médicos Calificadores;
8. viii)Con relación a las enfermedades mentales y al Informe de Psiquiatría, se tiene que el Asegurado no cumple con ninguna de las dos condiciones señaladas en el MANECGI, toda vez que el mismo, se encuentra en tratamiento médico, razón por la cual se rechazó dicha calificación;
9. ix)Con relación a que el TMR no habría valorado los informes de psiquiatría (Informe médico de 11 de diciembre de 2020 emitido por las psiquiatras Tatiana Rueda y Ana María Virreira) y traumatología (Informe médico de 11 de diciembre de 2020, por el médico Edgar Sempértegui Soria), no es evidente, siendo pertinente señalar que el TMR se refiere a dichos informes médicos en el acápite "HALLAZGOS" en el Dictamen 062/2021;
10. x)La fundamentación sobre la aplicación, fórmulas y características técnico médicas que son parte de la Calificación, se encuentran explícitas y detalladas en el Dictamen Médico 062/2021, el cual forma parte indivisible de la RA APS/DP/237/2021, por lo cual, se cumplió plenamente con valorar toda la información técnico médica del expediente del caso en cuestión y la misma se encuentra plenamente fundamentada y clara en su forma de calificación, valoración documentada y fórmulas de calificación dentro del Dictamen Médico otorgando de este modo toda la información necesaria para la calificación, por lo cual no es evidente que se hubieran afectado los derechos o restringido alguna información presentada por el asegurado;
11. xi)Con relación a la falta de fundamentación, la autoevaluación y calificación con un Grado de Invalidez del 52% realizada por el asegurado Hubert Gil Antelo, no tiene respaldo requerido en normativa vigente para emitir criterios válidos como perito idóneo, por tanto, los argumentos expuestos no pueden ser considerados válidos bajo ningún punto de vista técnico módico;
12. xii)La APS cuenta con el Tribunal Médico calificador de Revisión conformado únicamente por profesionales médicos habilitados, quienes a través de un método uniforme valoran los impedimentos fisiológicos, anatómicos y psicológicos de los Asegurados al Sistema Integral de Pensiones, determinando el grado, origen, causa y fecha del siniestro, según establecen los arts. 157 al 159 del DS 0822 de 16 de marzo de 2011, el MANECGI y la LEP;
13. xiii)Las Resoluciones Administrativas emitidas por la APS cuentan con la motivación y fundamentación para la aprobación de la Revisión de Dictamen y Formulario de la Fecha de Siniestro, en el que se considera la información del Dictamen de Calificación inicial emitido por la EEC y toda la documentación técnico-médica que cursa en el expediente, en cuyas consideraciones se encuentra la normativa legal aplicable y el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral, grado, origen, causa y la Fecha de Siniestro, siendo que el dictamen emitido forma parte indivisible de la Resolución Administrativa emitida por la APS;
14. xiv)No existe una lesión al debido proceso en su elemento de debida fundamentación, porque sí se valoraron los estudios o informes médicos de psiquiatría y traumatología, habiéndose pronunciado el TMR en el formulario, conforme la modalidad de evaluación y calificación establecida por el MANECGI, y en ese marco, tampoco existe violación al debido proceso por congruencia, considerando que sí existe correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto; toda vez que, el asegurado solicitó la reconsideración de lo resuelto por el TMC y la evaluación de los informes de psiquiatría y traumatología y conforme se demostró, los citados informes fueron tomados en cuenta para la emisión del Dictamen 062/2021, hecho que puede ser verificado en el Formulario de calificación utilizado por el TMR; y,
15. xv)Las prestaciones en la seguridad social de largo plazo, se enmarcan en aspectos y características determinadas en ley, siendo el fondo colectivo de riegos quien efectúa el financiamiento de la prestaciones por invalidez y muerte, mediante los aportes efectuados por todo el colectivo de asegurados que realizan el pago mensual de las primas por concepto de riesgo común, profesional y laboral, manteniendo los recursos para otorgar dichas prestaciones; bajo ese marco, las administradoras de fondos de pensiones, tienen la función de otorgar correctamente las prestaciones que corresponda, previo cumplimiento de requisitos, velando por la sostenibilidad y uso adecuado de recursos, en el marco de las funciones y atribuciones establecidas por Ley.

Rafael Cervantes, Miembro del Tribunal Médico Calificador de Revisión de la APS, mediante su abogado en audiencia, señaló:

1. a)La calificación en el Tribunal de Revisión es igual que fiscalizar al Tribunal calificador, y su deber es revisar todos y cada uno de los documentos que están contenidos en los expedientes sin obviar ningún documento e información;
2. b)El MANECGI, es un instrumento normativo que habla de una serie de criterios, y especifica que se tiene que argumentar deterioros o secuelas dando el criterio concreto con cada uno, en este caso el manual no permite cambiar el túnel carpiano por el capítulo de Osteo articular porque no cumple;
3. c)En cuanto a la solicitud del dictamen del médico calificador se realiza un informe y luego debe emitirse una resolución;
4. d)La Directora de la APS no es parte del ente calificador y su único trabajo es revisar el informe médico calificador de la EEC, para elaborar la resolución administrativa;
5. e)En cuanto al informe del Dictamen, todos los puntos fueron valorados inclusive del psiquiátrico, psicólogo y del traumatólogo, no existiendo ninguna violación de los derechos mencionados;
6. f)La solicitud de revisión fue inmediatamente remitida ante el Tribunal Médico en Revisión de la APS, por lo que cada uno de los temas fueron debidamente respondidos;
7. g)Recibieron la solicitud de revisión del asegurado Hubert Gil y se la transfirió al Tribunal Médico de Revisión para la evaluación de todos los aspectos médicos; y,
8. h)El segundo dictamen que revisa y valora toda la información técnica médica, fue aprobado mediante resolución administrativa conforme señala el DS 822 en su art. 159.I.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 143/21 de 8 de noviembre de 2021, cursante de fs. 430 a 434 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la RA APS/DP/237/2021, dictada por el Director Ejecutivo de la APS, y el Dictamen 062/2021, emitido por el Tribunal Médico Calificador de la APS, sin imposición de costas, con los siguientes argumentos:

1. 1)De la lectura de la Resolución Administrativa reclamada, se evidencia que no existe una respuesta clara al pedido formalizado por el hoy accionante Hubert Alcides Gil Antelo, siendo evidente que no se hizo un desarrollo de las razones del porqué no se consideraron los informes médicos que se emitieron por parte de las psiquiatras, psicólogas y del traumatólogo, respecto a la problemática de salud de psiquiatría y traumatología del ahora impetrante de tutela, considerando que la Resolución Administrativa dictada por la APS es una resolución que resuelve una situación jurídica, y el derecho a una jubilación o renta por invalidez por causa de salud;
2. 2)El fallo dictado aprobando los dictámenes emitido por la junta médica no establece ni explica nada respecto a la solicitud efectuada formalmente por el hoy impetrante de tutela, que fue un pedido expreso y puntual de tres dolencias establecidas en dos informes médicos;
3. 3)En esa Resolución, debería explicarse por qué no se consideró esas otras dolencias relacionadas con traumatología y psiquiatría;
4. 4)Al no haberse respondido en la RA APS/DP/237/2021, el pedido hecho por el peticionario de tutela y solamente mencionar de que se hizo la solicitud, sin haber desarrollado la razón por la que no se tomaron en cuenta los informes médicos valederos para considerarlos en el porcentaje de grado de invalidez laboral, se entiende que la Resolución Administrativa hoy impugnada es vulneratoria del derecho fundamental al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; y,
5. 5)Se debe considerar que la RA APS/DP/237/2021, por su naturaleza es una resolución que resolvió una situación jurídica del accionante y no es un contrato, en ese sentido se tiene la evidencia clara de que el fallo cuestionado vulnera el derecho fundamental al debido proceso.

II.2. Mediante nota presentada el 18 de diciembre de 2020, ante la APS, el solicitante de tutela requirió revisión del Dictamen supra señalado adjuntando información médica actualizada a dicho efecto, exponiendo en lo esencial los siguientes argumentos:

1. i)El Tribunal Calificador de la EEC, no consideró como variables dependientes, tres dolencias que tienen cada una su fundamento, expresado por los propios especialistas certificadores;
2. ii)Con relación al informe de psiquiatría de la Caja Petrolera de Salud (CPS) de 9 de enero de 2020, que en consideración a sus antecedentes laborales, sociales y familiares, describe una serie de síntomas, atribuyendo como posibles factores causales o de origen, a la sobrecarga de trabajo durante años, ausencia de vacaciones anuales, rutina de lunes a viernes de 10/12 horas día, llevar trabajo a domicilio, tiempo de evolución de la clínica de varios años, hizo en esa oportunidad el diagnóstico de: Trastorno mixto de ansiedad y depresión crónico recidivante, estrés laboral permanente y pronóstico reservado;
3. iii)El 11 de diciembre de 2020, el servicio de psiquiatría del seguro, después de efectuar la evaluación correspondiente emitió informe, en el cual no solo se ratificó en sus diagnósticos, sino que puntualiza en el carácter crónico, recidivante y con respuesta terapéutica parcial al tratamiento, manifestando inclusive que el cuadro psiquiátrico le causa disfunción y discapacidad laboral y social, descartando fingimiento, simulación o trastornos ficticios, (Capitulo 12, Pagina 183, 185, 187, 190 del MANECGI);
4. iv)El 15 de diciembre de 2020, la psicóloga de la CPS, después de aplicar técnicas y pruebas de la especialidad, diagnosticó: "Trastorno mixto ansiedad y depresión crónico", coincidiendo plenamente el diagnóstico con las psiquiatras;
5. v)La segunda y tercera dolencia tiene que ver con los informes emitidos por el traumatólogo de la CPS, que el 3 de enero de 2020, después de realizar estudios de EMG, conocer la carga de trabajo e histórico de los diferentes cargos que ocupó, llegó al diagnóstico de: Síndrome del Túnel Carpiano Bilateral, posible origen ocupacional, con daño axonal más evidente a derecha, Lesión de Manguito Rotador de hombro derecho con limitación de los arcos de movimiento, destacando que el traumatólogo le atiende desde el año 2019 por la dolencia de hombro, inclusive con infiltraciones por la intensidad del dolor; y,
6. vi)Solicitó al médico traumatólogo la emisión de nuevo informe actualizado, por lo que el profesional requirió EMG actualizada procediendo a la anamnesis y examen clínico de las regiones afectadas, efectuando informe de 16 de diciembre de 2020, que hizo diagnóstico de síndrome de túnel carpiano bilateral moderado a predominio derecho y relatando las manifestaciones clínicas, del dolor, parestesias con poca respuesta al tratamiento, concluye: franco túnel carpiano derecho incapacitante por denervación del mediano, pronóstico de malo a regular por los años de evolución (fs. 63 a 64).

II.4. Por RA APS/DP/ 237/2021 de 15 de marzo, Oscar Ferrufino Morro, Director Ejecutivo de la APS -hoy demandado- resolvió aprobar el Dictamen 062/2021 de 1 de marzo, que establece un grado de pérdida de la capacidad laboral de origen Común por Enfermedad 38%, y el Formulario correspondiente al mismo Dictamen que establece como Fecha de Siniestro el 17 de enero de 2020, emitidos por el Tribunal Médico Calificador de Revisión de la APS, correspondientes al asegurado Hubert Alcides Gil Antelo con CUA 31719892, con los siguientes argumentos:

1. a)La revisión de la calificación al Dictamen 56918/2020 de 9 de noviembre, es producto del análisis y estudio especializado, basado necesariamente en los antecedentes técnico médicos presentados, de responsabilidad y atribución exclusiva del Tribunal Médico Calificador de Revisión de la APS, mediante la aplicación del MANECGI y de la Lista de Enfermedades Profesionales; y,
2. b)El Tribunal Médico Calificador de Revisión de la APS, procedió a la revisión de toda la documentación que cursa en el expediente; emitiendo el Dictamen 062/2021, que establece un grado de pérdida de la capacidad laboral de origen Común por Enfermedad de 38%, y el Formulario correspondiente al mismo Dictamen que establece como Fecha de Siniestro el 17 de enero de 2020, correspondientes al asegurado Hubert Alcides Gil Antelo con CUA 31719892 (fs. 67 a 70). Resolución entregada al hoy accionante mediante Nota PREV-PR-RIE 6214/2021 de 24 de marzo en la que se le indica que al tener una calificación de 38% por Riesgo Común, su trámite se encuentra "rechazado" (fs. 65).