Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1318/2005-R Sucre, 21 de octubre de 2005
Expediente: 2005-11370-23-RAC Distrito: Tarija Magistrado Relator: Dr. José Antonio Rivera Santivañez
En revisión, la Resolución de 8 de abril de 2005, cursante de fs. 185 vta. a 187, pronunciada por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Cesareo Cuellar Castellanos, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores Gran Chaco Ltda. contra Freddy Martínez Ovando, Juan José Ávila Álvarez, Marcos Ramiro Miranda Guerrero y Fernando Antonio Navajas Baldivieso, vocales de la Sala Civil Primera, Sala Social y Administrativa y Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija; denunciando la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, a la propiedad y al debido proceso de la entidad a la que representa, consagrados en los arts. 7 incs. a), i) y 16 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido del recurso
Por memorial presentado el 17 de marzo de 2005, cursante de fs. 138 a 141 de obrados, el recurrente expone los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan el recurso
Dentro de los procesos coactivos civiles seguidos por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores Gran Chaco Ltda. contra Marcos Ramírez, Erwin Castellón Soruco y Miriam Bejarano Pórcel, los recurridos dictaron los Autos de Vista 105/2004, 106/2004 y 108/2004, por medio de los cuales revocaron los Autos dictados por los jueces de primera instancia, y regularon el honorario del profesional abogado de dichos procesos en el 8% del monto recuperado por la entidad, a cancelarse con parte de lo recuperado o de lo resultante del remate, porque supuestamente no estaba prohibido por las normas internas de la Cooperativa; dichos Autos violaron los principios de legalidad y congruencia, ya que en la parte considerativa de las citadas Resoluciones reconocen la existencia de contrato de trabajo permanente entre la entidad y el abogado, suscrito conforme las normas previstas por el art. 71 de la Ley de la Abogacía (LA), por medio del cual se acordó un sueldo mensual, por lo que éste no tenía derecho a beneficiarse con las costas establecidas en los procesos coactivos, pues éstas deben ser percibidas por la entidad demandante como resarcimiento de los gastos realizados, entre los que se incluye el sueldo mensual del abogado, para lo cual también se instituyó en su contrato de trabajo que tenía la obligación de defender los intereses de la Institución.
Expresa que ninguna norma concede privilegio a los honorarios profesionales, y de haber sido así debería haber reclamado por medio de una tercería acorde con lo establecido por el art. 363 del Código de procedimiento civil (CPC).
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Señala como vulnerados los derechos a la seguridad jurídica, a la propiedad y al debido proceso de la entidad a la que representa, consagrados en los arts. 7 incs. a), i) y 16 de la CPE.
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