1324/2022-S1

Valeriano Cornejo Fuentes, Grover Cornejo Soliz, Indalicio Arebalo Fernández, Marcelino Soliz Rojas, Raúl Trujillo Hinojosa, Raúl Alberto Condori López, Reynaldo Rodríguez Cruz, Deymar Condori Quinteros, Vicente Velarde Alarcon, Jhonny Velarde Soliz, Angel Miranda Encinas, Nelson Miranda Hinojosa, Efraín Coca Miranda, Richard Linares Torrico, Santuza Corrales Veizaga, Rodrigo Soliz Linares, Valerio Choque Gutiérrez, Limber Espinoza Mamani, Emilio Soliz Rojas, Kevin Rojas Cornejo, Alejandro Soliz Armas, Diego Miranda Hinojosa y Vicente Quinteros Torrico, a través de informe escrito cursante de fs. 276 a 283 y ampliado en audiencia manifestaron que:

1. a)De la revisión del memorial de 22 de marzo de 2022, no se tiene demostrado la legitimación pasiva, pues únicamente y de manera referencial mencionó a "nuestras personas" entre otros integrantes del Sindicato Agrario Yana Ckacka, sin acreditar responsabilidad en los presuntos actos ilegales; si bien puede existir margen de flexibilización; empero, la SCP 0462/2012 de 4 junio, exigió que los sujetos pasivos deben ser plenamente identificados y respaldados documentalmente;
2. b)Al no identificarse a uno de los terceros interesados como es el "municipio de Sacaba" corresponde la improcedencia de la acción popular, ya que de la revisión del memorial y los antecedentes se evidencia que hace especial referencia al Informe Técnico G.A.M./D.P.L.A. CITE 106/2022, donde se menciona: "Es de conocimiento que se ha estado realizando varias reuniones con autoridades del Municipio de Tiquipaya y del Municipio de Sacaba en el avasallamiento que vienen sufriendo nuestras comunidades..."(sic) en la parte de recomendaciones refiere: "...es preocupante el avasallamiento de otras comunidades de Sacaba que lo hacen a nuestras comunidades..." (sic) de lo que se evidencia un evidente conflicto de límites entre los Municipios de Tiquipaya y Sacaba del departamento de Cochabamba; por lo que, el Municipio de Sacaba al igual que la Gobernación del indicado departamento, tenía calidad de terceros interesados;
3. c)De haberse identificado al GAM de Sacaba del señalado departamento como tercero interesado hubiera asumido defensa presentando demás documentación pertinente, pues nuestras personas vivimos del trabajo de la agricultura de lo que les acusan de causar daño ambiental;
4. d)La acción planteada no cumple con los requisitos de forma ni fondo previstos en el art. 98 de la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, ya que como requisitos de forma se tiene la identificación del acto ilegal y el derecho vulnerado, cuyo requisito de fondo que está relacionado al nexo de causalidad; es decir que, para el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda analizar correctamente el problema planteado el solicitante de tutela debe explicar con precisión y claridad de qué manera se vulneró los derechos colectivos o difusos y no únicamente transcribir algunas normas como en el presente caso; puesto que, al inicio de forma confusa indica "la comunidad San Luis estaría siendo vulnerado en sus derechos y luego dice reserva forestal de la Alcaldía de Tiquipaya" (sic) no siendo claro y preciso en los hechos;
5. e)Incumple también en la obligación de identificar los derechos colectivos o difusos vulnerados, pues en ninguna parte del memorial se tiene los derechos vulnerados identificados y las normas transgredidas, si bien posteriormente menciona en dos puntos derecho a la tierra y territorio y medio ambiente; sin embargo, solo realiza una transcripción de normas, en momento alguno argumenta de qué manera algún derecho estaría siendo vulnerado, no explica como ese presunto acto ilegal vulneró sus derechos y por ende se subsume a las normas transcritas, incumpliéndose por lo tanto, con argumentar el nexo de causalidad; e) La acción popular no cumple requisitos de fondo correspondiendo su denegatoria por cuanto al ser evidente la existencia de conflictos limítrofes territoriales entre los municipios de Sacaba y Tiquipaya, ambos del departamento de Cochabamba, hace improcedente la presente acción popular por riesgo de afectar otros derechos fundamentalísimos;
6. f)Si nos remitimos al memorial, se tiene claramente demostrado que existe conflicto de límites territoriales entre los indicado municipios, pues la Comunidad Campesina " Sindicado Agrario San Luis" perteneciente al Municipio de Tiquipaya se encuentra al Este y al Oeste el Sindicato Agrario Yana Ckacka Valle Grande, y los trabajos de agricultura que "realizamos" y nuestras viviendas son dentro de nuestra comunidad que pertenece al Municipio de Sacaba, pues "estos señores" no contentos en cometer actos vandálicos y graves vulneraciones a los derechos pretenden afectar los derechos al trabajo, alimentación, agua, vivienda y otros; toda vez que, con esta acción pretenden desalojarnos de nuestra comunidad queriendo avasallarnos, argumentando una supuesta afectación al medio ambiente y territorio;
7. g)Por lo que, la doctrina constitucional fue claro en definir, que existiendo conflicto de límites territoriales, donde no se sabe con certeza a cuál de las jurisdicciones pertenece un determinado espacio territorial, no es posible otorgar tutela, caso contrario quedarían sin vivienda, alimentación y sin trabajo; si bien el accionante alega que los trabajos estarían siendo realizados en su jurisdicción; sin embargo, ellos mismos reconocen que existe un proceso de diálogo junto a la gobernación para determinar y solucionar el conflicto limítrofe, pues "nuestras personas" apenas trabajamos para sobrevivir entre todos los integrantes de la comunidad en agricultura y no existe ningún acto ilegal de daño ambiental, pues al parecer el impetrante de tutela olvida diferenciar entre solar campesino que es comprendido como el campesino que vive de lo que produce, con la empresa agrícola para lo cual se requiere autorización de autoridades competentes; por lo que, corresponde no ingresar al fondo de la problemática;
8. h)No existe acto ilegal que vulnere derechos colectivos o difusos por cuanto de la acción planteada, se tiene que el peticionante de tutela falta a la verdad al decir que: "nosotros y otras personas estaríamos vulnerando sus derechos ambientales y de tierra y territorio, al chaquear indiscriminadamente y sin ninguna licencia ambiental, y se atribuyen como suyos nuestros terrenos donde vivimos muchos años" (sic), situación que es totalmente irreal; puesto que, son agricultores desde el nacimiento, vivimos en comunidad realizando trabajos agrícolas o solar campesino tal como llama la ley de Reforma Agraria, producimos maíz, papa, locoto, calabaza y entre otros productos, cuyos frutos son su subsistencia, pues nuestros labrados y casitas, están en nuestra Aurezana y también contribuimos a la seguridad alimentaria de la comunidad y no la de la Comunidad Campesina "Sindicato Agrario San Luis"; ya que, ellos solo se atribuyen argumentando que les pertenecería;
9. i)Como pequeños productores en tierras comunitarias no necesitan ficha ambiental para labrar la tierra, al no ser empresas agrícolas y los trabajos que realizan es en nuestro territorio para el bien de los productos pues trabajamos con palas y picotas, convivimos con la flora y la fauna, hechos demostrados con las propias pruebas de los demandados como los informes unilaterales donde indican que existe casas caídos y sembradíos; por lo que, no existe acto ilegal alguno que vulneró derechos colectivos y difusos, pues el conflicto de limítrofes que ellos alegan está en pleno tratamiento entre el Municipio de Sacaba y Tiquipaya del departamento de Cochabamba; y,
10. j)Los argumentos referidos encuentran sustento, en la certificación del GAM de Sacaba del indicado departamento CITE: RMM. Inf: 860/2020 de 7 de diciembre señala que la organización social "SINDICATO AGRARIO YANA CKACKA VALLE GRANDE" con uso de suelo de AREA RURAL..." lo que demuestra que lo único que hacen es el uso del suelo y dedicarse a la agricultura; por lo que, no existe acto ilegal alguno que vulnere derechos colectivos y difusos, pues el conflicto de limítrofes que ellos alegan está en pleno tratamiento entre los Municipio de Sacaba y Tiquipaya del señalado departamento, por lo informado, solicitó que obren en justicia y determinen declarar la improcedencia de la acción popular por carencia de requisitos de forma y de fondo, o se deniegue la tutela, con costas y costos al solicitante de tutela.

Juan Pahuasi Argote, Alcalde del GAM de Tiquipaya del departamento de Cochabamba a través de informe escrito cursante de fs. 340 a 342 y ampliándolo en audiencia manifestó que:

1. 1)El indicado municipio fue creado como Tercera Sección del Municipio de Quillacollo por Ley de 23 de septiembre de 1957, conocida también como La Ciudad de las Flores, el territorio del señalado municipio abarca tres pisos agro-ecológicos, al norte, cabecera de trópico; la zona Central, puna, al sur, zona de los valles, cuyos suelos son parte de cuencas cuaternarias y terciarias cerca de las serranías, tiene una flora y fauna típica de los valles, la zona está surcado por varios ríos de pequeño cauce que desembocan en el río Rocha;
2. 2)Tiene 6 Distritos municipales, entre ellos organizados Sindicatos agrarios, como el "SINDICATO AGRARIO SAN LUIS" (sic) ubicado en el Distrito 2, área considerada de uso agrícola, cuenta con Titulo Ejecutorial individual colectivo pro indiviso extendido por el Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA) según expediente 0050287A, otorgado por el Presidente Jaime Paz Zamora al señor Andrés Espinoza Caballero y otros con una superficie de 6.738.2900 ha, colindando al Este con el río Yana Ckacka y al Oeste con el río Torreni, tiene Personalidad Jurídica mediante Resolución Prefectural 26/2005 de 18 de julio, Resolución Municipal 55/2005 de 21 de junio, Registro 912/2005 de 1 de septiembre y Resolución Municipal 052/2017 de 4 de mayo;
3. 3)Mediante Ordenanza Municipal 49/2005 de 23 de diciembre, se declaró la Reserva Municipal de Flora y Fauna del Norte de Tiquipaya, ratificada el año 2006 mediante Ordenanza Municipal 86/2006, en función a que es la Reserva de Vida Silvestre, paraíso oculto que alberga varias especies de animales endémicas, raras, amenazadas y en peligro de extinción como el gato y el zorro andino, el oso jucumari, pero también especies vegetales;
4. 4)Lamentablemente, la Comunidad Campesina "Sindicato Agrario San Luis", fue avasallado por comunarios del Municipio de Sacaba del citado departamento que son colindantes, quienes realizaban trabajos de aperturas de caminos, desmontes y talas indiscriminadas de árboles y otros; por lo que, se realizaron reuniones de emergencia, arribándose el 3 de julio de 2021 a paralizar esos trabajos y tener una reunión en la Unidad de Límites de la Gobernación del mencionado departamento, en la cual se concluyó paralizar los trabajos de apertura de camino y la conformación de mesas de trabajo con participación de cinco (5) personas por ambos municipios, lamentablemente esos acuerdos no fueron respetados por los demandados, ya que una Comisión Multidisciplinaria el 8 de marzo de 2022, realizó las siguientes actividades: Relevamiento geoespacial de zona de desmonte y chaqueo Verificación de construcciones, Cuantificación de longitud de camino, Cuantificación de áreas afectadas por chaqueos, Registro fotográfico del daño ambiental;
5. 5)La Dirección de Urbanismo con su técnico designado inició el levantamiento del área afectada y los técnicos de la Dirección Jurídica y Madre Tierra realizaron la evaluación de daño ambiental y especies vegetales destruidas en las que se explican a continuación: Existe contaminación de agua, vertientes y tierra por el derrame de combustible y aceite de las máquinas. Se evidencia el daño ambiental a la biodiversidad y ecosistema del lugar por tala y desmonte indiscriminado de árboles forestales como: laurel, trompillo de altura, nogal, copaigo, yesquero, sujo, mapajo, cedro, palo roman, puca puca, y otras muchas especies, plantas de porte mediano y bajo propios característicos del lugar como elechos gigantes, etc;
6. 6)De acuerdo a la información de comunarios y Directiva de la Comunidad, la apertura de camino no cuenta con ninguna autorización ni es un proyecto legal, asimismo, la apertura de este camino ilegal efectuado por los comunarios del Sindicato Agrario Yana Ckacka ABRETAYUJPAMPA Grande no cuenta con licencia ambiental, ni es de conocimiento de las autoridades competentes, de Áreas Protegidas (APS), tampoco de la ABT; siendo que, el área está declarada como reserva de vida silvestre Norte de Tiquipaya que alberga flora, fauna natural y especies protegidas como el oso Jucumari, etc.; y,
7. 7)En la especie los demandados vienen desarrollando trabajos ilegales, sin contar con autorización alguna, realizando desmontes y talas indiscriminadas de especies de árboles, apertura de caminos, y otros que generan graves daños ambientes que deben ser inmediatamente protegidas y determinadas su inmediata paralización y remisión de antecedentes al Ministerio Público, por lo anterior, corresponde "tutelar" la acción popular.

Pedro Gutiérrez Vidaurre, Alcalde del GAM de Sacaba del departamento de Cochabamba mediante escrito presentado el 26 de abril de 2022 cursante de fs. 375 a 378 vta. y ampliándolo en audiencia manifestó que:

1. i)De acuerdo a los hechos expuestos se puede establecer que Emilio Espinoza Baptista refiere ser dirigente de la Comunidad Campesina "Sindicato Agrario San Luis", el mismo de manera contradictoria refiere que tiene su domicilio en la Av. Reducto s/n del Municipio de Tiquipaya; es decir que, se tienen muchas contradicciones que hacen a la falta de una legitimidad activa;
2. ii)El accionante sustenta su legitimación activa como miembro de la Comunidad Campesina "Sindicato Agrario San Luis" sobre la base del supuesto derecho propietario que tendría otorgado mediante Resolución Suprema 203157, documentales que de manera clara refieren que los beneficiarios de la referida dotación serían Andrés Espinoza Caballero y otros de la propiedad denominada "San Luis" ubicado en el Canton Altamachi de la provincia AYOPAYA, surgiendo nuevamente una contradicción, pues la documentación que establecería la supuesta legitimación activa se refiere a predios ubicados en la provincia Ayopaya y no así en la Provincia de Quillacollo, Municipio de Tiquipaya del departamento de cochabamba;
3. iii)La acción popular puede ser presentada por cualquier persona cuando se alegue lesión a derechos o intereses difusos; sin embargo, debe aclararse que cuando a través de esta acción se pretenda la tutela de derechos o intereses colectivos, en mérito a que la titularidad corresponde a un grupo o colectividad, la acción deberá ser presentada por cualquier persona perteneciente a dicha colectividad o, por otra a su nombre, sin necesidad de mandato, en ese entendido, se tiene que el impetrante de tutela al acreditar su derecho propietario sobre unos terrenos que estarían ubicados en la provincia Ayopaya y no así en la provincia Quillacollo, donde pertenece el Municipio de Tiquipaya, así como al referir que tiene su domicilio en la Av. Reducción y no así en la Comunidad Campesina "Sindicato Agrario San Luis", éste no acredita su legitimación, ya que, no puedes reclamar derechos colectivos sobre una propiedad que se encuentra en la provincia de Ayopava y contradictoriamente decir que tu comunidad campesina se encuentra en el municipio de Tiquipaya de la provincia de Quillacollo;
4. iv)Existe derechos controvertidos respecto de límites municipales y provinciales, e incompetencia de la Sala Constitucional, al respecto el peticionante de tutela refiere que los supuestos hechos hubieren sido realizados en la jurisdicción territorial del Municipio de Tiquipaya, sobre la base de una Ordenanza Municipal 49/2005, que sería la que declara como Reserva Municipal de Flora y Fauna la zona Norte de Tiquipaya, lamentablemente, dicha declaratoria fue realizada sobre la base de un territorio que no le pertenece a Tiquipaya de la provincia Quillacollo, sino, a la provincia Chapare, Municipio de Sacaba, conforme a las copias del Libro "Unidades Territoriales del Departamento de Cochabamba que de manera clara establece que la zona en conflicto pertenece a la provincia Chapare, consecuentemente está acreditado que en el sector donde se declaró la Reserva Municipal, se encuentra en total sobre posición al territorio de la provincia Chapare y el Municipio de Sacaba, situación que debe ser analizada cuidadosamente;
5. v)Si bien el solicitante de tutela refiere que los terrenos donde se asentaría la Comunidad Campesina "Sindicato Agrario San Luis" se encontraría en el Municipio de Tiquipaya de la provincia de Quillacollo del citado departamento; sin embargo, el título de propiedad en que sustentaría su legitimación de manera contradictoria establece que dicha propiedad se encuentra en la provincia de Ayopaya, lo cual demuestra que existen derechos controvertidos sobre límites territoriales entre los Municipios de Tiquipaya y Sacaba (parte de las provincias de Quillacollo y Chapare respectivamente), situación que de cierta manera impide emitir un fallo por no tener la competencia para establecer o definir límites en disputa, pues de hacerlo, sea de manera directa o indirecta que los hechos denunciados ocurrieron en tal o cual municipio, esto generará que cualquiera de los Municipios favorecidos con algún reconocimiento territorial se generen o se crean con cierta certeza y seguridad, lo que posteriormente se podría utilizar vuestra resolución para tratar de sentar precedente sobre los límites de su jurisdicción territorial;
6. vi)La entonces Prefectura de Cochabamba emitió un documento oficial respecto de todas las unidades territoriales a través del Libro "Unidades Territoriales del departamento de Cochabamba", donde se puede verificar de manera gráfica y clara donde se encuentran los límites de cada provincia y municipio; asimismo, el Municipio de Sacaba del mencionado departamento a través del Concejo Municipal emitió la Resolución Municipal 26/2021 de 09 de marzo, con la finalidad de declarar en la zona ahora en conflicto un Área Protegida y hacer respetar la jurisdicción territorial del Municipio de Sacaba en el área colindante a los Sindicato Agrario Yana Ckacka ABRETAYUJPAMPA Grande y Nuevo Paraíso, los mismos que se encuentran en la jurisdicción del Municipio de Sacaba, donde el municipio de Tiquipaya con total falta de lealtad estableció unilateralmente su Reserva Natural;
7. vii)De las Fichas Resumen del Censo de población 2012 emitidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se puede evidenciar que las diferentes comunidades a los que se hace referencia en el Mapa Área de Referéndum Sacaba, Villa Tunari y Colomi, se puede evidenciar que dichas comunidades fueron definidas como parte del Municipio de Sacaba del señalado departamento y teniendo competencia y tuición sobre las mismas, además del hecho de que la Ordenanza Municipal 49/2005 emitida por el Concejo Municipal del GAM Tiquipaya del indicado departamento define la referida área protegida sobre la jurisdicción territorial del Municipio de Sacaba, incluyendo todas las comunidades respectivas, situación que demuestra que la Ordenanza Municipal 49/2005, tuvo simplemente la finalidad de pretender sentar soberanía sobre unos territorios que no le corresponden;
8. viii)Bajo dichos argumentos se podrá apreciar que los hechos objeto de la presente acción popular, se refieren a un tema de límites municipales, pues el accionante y el Municipio de Tiquipaya con los informes evacuados por sus instancias respectivas pretenden de alguna manera se les reconozca ciertos derechos de territorio, que como se tiene acreditado, los mismos no le pertenecen, extralimitándose de sobremanera y deliberadamente el Concejo Municipal de Tiquipaya la jurisdicción territorial, situación que no puede ser resuelta a través de la presente acción popular, además del hecho cierto que el Tribunal Constitucional Plurinacional no tiene la competencia suficiente para definir, establecer o reconocer jurisdicción territorial que no se encuentre definida expresamente por las autoridades llamadas por ley no correspondiendo en ese sentido ingresar al análisis de fondo sobre los límites o jurisdicción territorial y menos reconocer la misma, como se pretende a través de la presente acción; y,
9. ix)Los demandados carecen de legitimación pasiva sobre los hechos denunciados ya que son meras conjeturas y afirmaciones completamente subjetivas realizadas; toda vez que, no existe ningún tipo de documentación objetiva que acredite que las personas demandadas sean parte del Sindicato Agrario Yana Ckacka ABRETAYUJPAMPA Grande y menos existe ninguna documentación, informe o evidencia de que los demandados participaron efectivamente en los hechos denunciados, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela sin ingresar en el fondo de los hechos.

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, por Resolución 001/2022 de 26 de abril, cursante de fs. 390 a 398 vta. concedió la tutela solicitada, en consecuencia dispuso que los demandados y otros terceros, cesen la agresión al medio ambiente en el territorio de la Comunidad Campesina "Sindicato Agrario San Luis" que es parte de la Reserva Municipal de Flora y Fauna de Norte de Tiquipaya, el desalojo, pudiendo coadyuvar -en esta tarea- los Municipios de Tiquipaya y Sacaba del citado departamento a quienes se EXHORTA que coordinen en estas tareas en defensa del medio ambiente, sin costas por ser excusable; bajo los siguientes fundamentos:

1. a)De las pruebas adjuntadas se tiene que el 1 de septiembre 2005, se reconoció la "Personalidad Jurídica" del Sindicato Agrario San Luís cuyo representante, el ahora impetrante de tutela, Emilio Espinoza Baptista, entre otros, fue posesionado como Secretario General el 26 de diciembre de 2021, conforme se tiene del Acta dé Elección de la Mesa Directiva para gestión 2022 de dicho sindicato;
2. b)De los antecedentes se tiene que la Secretaria Departamental de la Madre Tierra del GAD de Cochabamba, remitió a Juan Pahuasi Argote, Alcalde del GAM de Tiquipaya del indicado departamento, la denuncia por atentados contra Área Protegida, haciendo énfasis que el área de la denuncia, se encuentra completamente al interior de Área Protegida Municipal Norte Tiquipaya;
3. c)De igual manera, se tiene Informe Técnico GAMT/DMTMA/INF 119/2021 de 8 de diciembre haciendo conocer que el 8 de agosto del señalado año, se presentó una denuncia en el sentido de que existía desmonte indiscriminado en el lugar y apertura de vía sin ninguna autorización, es así que el 23 de noviembre del mismo año, se había realizado una inspección en el Sindicato Agrario de San Luís en coordinación con la Gobernación, observándose que ciertamente existía un desmonte indiscriminado de especies forestales maderables y no maderables con una superficie de 4 ha y una apertura de vía de una longitud de 1.5 km, asimismo se había observado que, a consecuencia de esa apertura de vía, existía obstrucción de cursos de agua, deslizamientos, erosión de suelo; también se había establecido la construcción de algunas casas de madera que fueron volteadas por la acción de la mano del hombre;
4. d)Por Informe Técnico G.A.M.T./D.P.L.A. CITE 106/2022 de 15 de marzo se hace conocer que el referido sindicato, se encuentra ubicado en el Distrito 2 del Municipio de Tiquipaya, área considerada de uso agrícola, contando -ese sindicato- con un Título ejecutorial individual colectivo en pro indiviso extendido por el SNRA, con una superficie de 6738.2900 ha; por otra parte, en ese Informe se hace referencia a la Ordenanza Municipal 49/2005 que declaró "Reserva Municipal de Flora y Fauna del Norte de Tiquipaya" y ratificada por Ordenanza Municipal 86/2006;
5. e)Además hace hincapié de que el 8 de marzo de 2022 se había realizado el relevamiento geoespacial de zona de desmonte y chaqueo, verificación de construcciones, cuantificación de longitud de camino, cuantificación de área afectada por chaqueos y registro fotográfico del daño ambiental, habiéndose establecido que existe contaminación de agua, vertientes y tierra por el derrame de combustible y aceite de las máquinas, daño ambiental a la biodiversidad y ecosistema del lugar por desmonte indiscriminado de árboles forestales como: laurel, trompillo y otras muchas especies, etc.;
6. f)Se estableció la apertura de un camino ilegal, por cuanto no contaría con licencia ambiental, ni era de conocimiento de las autoridades competentes de áreas protegidas, tampoco de la ABT; siendo que, además- el área está declarada como RESERVA de vida silvestre Norte Tiquipaya que alberga flora, Fauna Natural y especies protegidas como el oso Jucumari etc., de igual manera; no obstante, de que anteriormente se había acordado entre las autoridades de Sacaba y Tiquipaya la paralización de la apertura del camino; empero, se había encontrado maquinaria pesada y construcción de viviendas, deduciéndose que los que hicieron desmontes y chaqueos, no respetaron a los acuerdos arribados, estableciéndose -también como resultado la existencia de 2,3 km de camino aperturado y 47,74 ha de área deforestada; se acompaña muestrario de imágenes del sector que habría sufrido el daño ambiental;
7. g)Consta Ordenanza Municipal 49/2005 de 23 de diciembre del Concejo Municipal de Tiquipaya del departamento de Cochabamba que en su parte resolutiva, en uso de sus legítimas atribuciones que le confiere la Ley 2028 de Municipalidades declara RESERVA MUNICIPAL de FLORA y FAUNA la zona Norte Tiquipaya de una extensión superficial de 184.217.6632 ha, la misma -dice- será destinada a la reserva de flora y fauna que servirá para garantizar la continuidad y la evolución de los procesos ecológicos y alentará a la investigación científica formando investigadores científicos de las comunas involucradas;
8. h)Las pruebas presentadas, son suficientes para establecer que la Comunidad Campesina "Sindicato Agrario San Luis" y, en sí, los predios que fueron declarados en RESERVA por el Concejo Municipal de Tiquipaya, vienen soportando deterioro medio-ambiental en Flora y Fauna, habiéndose establecido que existe contaminación de agua, vertientes y tierra por el derrame de combustible y aceite de las maquinas, daño ambiental a la biodiversidad y ecosistema del lugar por desmonte indiscriminado de árboles forestales; de la misma manera, se ha establecido la apertura de un camino ilegal, por cuanto no contaría con licencia ambiental, ni era de conocimiento de las autoridades competentes de áreas protegidas, tampoco de la ABT y también existen cosas o casas construidas ilegalmente; consecuentemente, por estos datos, se acreditó la grave violación a los derechos e intereses colectivos difusos que no solo corresponden al Sindicato denunciante sino a cualquier persona que en su colectividad se verá afectada de modo peligroso, nocivo e inmediato;
9. i)Respecto a la participación de los demandados, si bien es cierto que -esa parte- cuestionó respecto también de la legitimidad pasiva; empero, -al margen de manifestar esa situación que señalan corresponde a la parte peticionante de tutela- en absoluto negaron su participación en aquellos hechos denunciados y, lo que es más, el co-demandado Valeriano Cornejo Fuentes en su declaración que había prestado en la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (FELCC), había afirmado que es él quien ejecuta los caminos; es decir que, es propietario de la maquinaria y que le paga la Alcaldía de Sacaba, una mitad, y la otra mitad, los comunarios y que viene trabajando desde hace un año y que el contrato es llegar hasta el último lote, y que recién están en la mitad;
10. j)Esa situación fue ratificada en la audiencia, en el entendido de que serían los de la parte solicitante de tutela que habían realizado esos actos como el destrozo de la maquinaria y el derrame del combustible, además del destrozo de sus casas; es decir que, de esa manifestación se infiere que sí estaban y están en el lugar; a ese respecto, también es necesario dejar claramente establecido que el art. 36.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que: "Las partes podrán aportar las pruebas que demuestren los hechos que alegan, o en su caso las que desvirtúen los de la otra parte. La Jueza, Juez o Tribunal podrá desestimarlas cuando entienda que son impertinentes, o solicitar las que considere necesarias"; y,
11. k)Esta Sala Constitucional en absoluto está definiendo respecto de la competencia territorial; es decir, a quien pertenece un determinado territorio, esos extremos corresponden ser dilucidados en las instancias correspondientes; sin embargo, lo que se ha podido verificar -en este caso- es que se está afectando zonas declaradas en RESERVA; ya que, la afectación y/o deterioro del medio en Flora y Fauna, lo que estaría generando un severo daño a los ecosistemas de la comunidad, y que fueron reportados por funcionarios públicos que tienen, bajo el principio de buena fe, todo el crédito probatorio, además que ese interés no solo incumbe a las autoridades municipales sino nacionales y al Estado mismo, no podría en absoluto abstraerse de ese daño sobre formalidades o discusiones que no tienen relevancia con relación a ese daño; además conforme a la SCP "1462/2012" de 24 de septiembre, una de las características de la acción popular es la aplicación del principio pro-natura que establece la duda favorece al que defiende la vida, la salud y el ambiente, consecuentemente, la acción intentada, tiene mérito.

II.12.Por Informe Técnico G.A.M.T./D.P.L.A. CITE 106/2022 de 15 de marzo, dirigido al Alcalde del GAM de Tiquipaya en su parte más sobresaliente señala que:

1. 1)"Es de conocimiento que se ha estado realizando varias reuniones con autoridades del Municipio de Tiquipaya y del Municipio de Sacaba en el avasallamiento que vienen sufriendo nuestras comunidades, por lo que se sostuvo una reunión en el mismo lugar en fecha 03 de julio del 2021 en la que se quedó tener una reunión en la Unidad de Límites de la Gobernación. A consecuencia de ello se realizó una reunión en la Gobernación Con presencia de técnicos de ambos municipios la Comunidad de San Luis y La comunidad Arbetayuc Pampa y la participación del gobernador en la que se concluyó paralizar los trabajos de la apertura de camino y la conformación de mesas de trabajo con participación de 5 personas por ambos municipios y comunidades" (sic);
2. 2)El 8 de marzo de 2022 se verificó contaminación de agua, vertiente, y tierra por el derrame de combustible y aceite de las máquinas, daño ambiental a la biodiversidad y ecosistema del lugar por tala y desmonte indiscriminado de árboles forestales como laurel, nogal, mapajo, puca puca y otras especies de planta de porte mediano y bajo propios del lugar en una superficie de 47,74 ha en una longitud de 2,3 km;
3. 3)Asimismo, refiere que se verificó la apertura de un camino que según información de los comunarios seria sin autorización ni es proyecto legal, que no tiene licencia ambiental, ni es de conocimiento de las autoridades competentes como de la ABT, y que el área declarada como Reserva de vida silvestre alberga al oso jucumari; y,
4. 4)Por lo que, recomienda iniciar un proceso legal al municipio de Sacaba y comunidades aledañas por el daño ambiental, remitir notas a la ABT, SERNAP, retomar mesas de diálogo con el Municipio de Sacaba y la unidad de límites de la Gobernación para una solución pronta al avasallamiento de la Comunidad Campesina "Sindicato Agrario San Luis" (fs. 21 a 28).

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se analizaran los siguientes temas:

1. a)La acción popular como vía idónea para la tutela de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos;
2. b)Sobre la legitimación activa amplia y legitimación pasiva flexible en la acción popular;
3. c)Respecto a la subsidiariedad y plazo de caducidad en la acción popular;
4. d)Sobre el derecho al medio ambiente y su interdependencia con los derechos a la vida, salud y salubridad;
5. e)El rol del juez constitucional cuando se denuncia la vulneración de los derechos al medio ambiente y a la salubridad pública; y, el principio in dubio pro natura cuando existe controversia científica; y,
6. f)Análisis del caso concreto.

1. a)Los intereses o derechos colectivos son intereses comunes a un grupo o colectividad, cuyos miembros tienen una vinculación común; colectividad que; por ello, se encuentra claramente determinada; y cuando se pretenda la tutela, la acción deberá ser presentada por cualquier persona perteneciente a dicha colectividad o por otra persona a su nombre, sin necesidad de mandato; como por ejemplo entre otros los derechos como a la libre determinación y territorialidad, previsto en el art. 30.II de la CPE, cuya titularidad de dicho derecho colectivo es una nación y pueblo indígena originario campesino.

1. b)Los intereses o derechos difusos cuya titularidad no descansa en un grupo o colectividad determinada, sino que se encuentran difundidos o diseminados entre todos los integrantes de una comunidad; por lo que, la acción popular puede ser presentada por cualquier persona; es decir, existe una legitimación amplia.

1. c)Los intereses de grupo (o intereses individuales homogéneos) si bien existe una pluralidad de personas; empero, el interés que persigue cada una de ellas es individual, no colectivo ni difuso; es decir, se trata de derechos o intereses individuales que tienen un origen común, por ello han sido denominados como intereses accidentalmente colectivos. En los intereses de grupo, las personas demandan la satisfacción de sus intereses individuales para que se les reconozca el perjuicio ocasionado y se les pague la indemnización que corresponda; es más, puede alegarse lesión a derechos colectivos o difusos, empero, debe existir una afectación directa a sus intereses individuales.

Asimismo, señalando la SCP 2057/2012 de 8 de noviembre, sintetizó señalando que es posible interponer la acción popular sin el consentimiento de todas las personas afectadas, en el que no se requiere poder notariado, mandato expreso, ni su presentación está condicionada por ningún requisito procesal de legitimación del accionante adicional a la de su condición de parte de la comunidad. En ese sentido, señalando la SC 1977/2011-R de 7 de diciembre, vio pertinente recordar que a partir de la disgregación entre derechos e intereses colectivos respecto de los derechos e intereses difusos, distinguió en quien recae la legitimación activa para interponer la acción popular, concluyendo que:

1. i)Cuando se busca la tutela de los primeros (derechos e intereses difusos) la acción popular puede ser presentada por cualquier persona; es decir, existe una legitimación amplia; y,
2. ii)Sin embargo, cuando se pretenda la tutela de derechos o intereses colectivos, en mérito a que la titularidad de los mismos corresponde a un grupo o colectividad, la acción deberá ser presentada por cualquier persona perteneciente a dicha colectividad o por otra a su nombre, sin necesidad de mandato.