1324/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar:

1. a)La restitución de su vehículo, marca Toyota, con placa de control 2079-LPD; así como de toda la documentación original, que fue presentada para la devolución de su motorizado; y,
2. b)Sanciones disciplinarias para: Julio César Cossío Camacho, Director Departamental de DIPROVE de Santa Cruz y Hernán Alcón Choque, funcionario policial de dicha División.

El accionante ratificó los términos expuestos en el memorial de interposición de la acción tutelar y ampliándolos señaló que:

1. 1)Desconocía si existía denuncia, motivo, razón o circunstancia del estado jurídico del por qué se encontraría secuestrado, retenido su vehículo y documentación original en poder del "Sgto. Alcón", ni tendría respuesta expresa de él;
2. 2)El funcionario policial precitado -Sgto. Alcón-, negó identificarse totalmente y devolverle la documentación que por derecho le correspondía, incurriendo en el delito de retención indebida de documentos;
3. 3)Las acciones de los demandados bajo ningún argumento normativo legal le restringen el uso, goce y disfrute de su propiedad; inclusive recurriendo al Director de DIPROVE de Santa Cruz no encontró respuesta alguna;
4. 4)No pudo acceder a alguna solución mediante la Fiscalía ya que no existiría control jurisdiccional; tampoco habría instrumento o instancia administrativa o judicial que le garantizara y protegiera de los atropellos sufridos a su derecho a la propiedad;
5. 5)Interpuso la presente acción de amparo constitucional por el secuestro y retención indebida, de su documentación que acreditaría su derecho propietario -se comprendería del automóvil-, sin denuncia, causa ni control jurisdiccional y sobre todo, sin respuesta de los funcionarios públicos policiales a las cuatro peticiones formales para que indicaran los motivos y circunstancias de la retención de su propiedad; lo que le hace "suponer que el petitorio en dádiva de 3.500 dólares americanos por parte del Sargento Hernan Alcon Choque, es el fin inmediato que persigue este servidor público..." (sic);
6. 6)No existiría tercero interesado que acreditara un derecho preferente a su propiedad; siendo que Alejandro Espinoza Maita, es el deudor moroso conforme se establecería del documento público de compraventa;
7. 7)Desde su primera petición de devolución realizada el 25 de mayo de 2021, hasta el 18 de octubre del mismo año, transcurrieron ciento cincuenta y tres días, sin causa abierta ni control jurisdiccional;
8. 8)El art. 113 de la CPE, refiere que la vulneración de derechos concedería a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de los daños y perjuicios en forma oportuna. Que la retención de su motorizado, afectó su economía, además habiendo transcurrido ciento cincuenta y tres días, su bien sufrió las inclemencias del tiempo, produciéndose daños en su estructura, mecánica, suspensión, así como en el sistema eléctrico;
9. 9)También se lesionó su derecho a la "seguridad jurídica", ya que al ser el legítimo dueño, se le privó del goce y disfrute de la cosa, además de no tener en su poder la documentación que demostrara su derecho propietario y haberle secuestrado su propiedad sin causa abierta;
10. 10)El 5 de noviembre del año precitado, después de la notificación con la presente acción de amparo constitucional, el "Sargento Alcón" le comunicó que podía recoger el vehículo de las dependencias de DIPROVE de Santa Cruz, pero sin la presencia de su abogado; y,
11. 11)Estaría demandando los procesos de mejor derecho propietario, así como un ejecutivo.

Julio César Cossío Camacho, Director Departamental de DIPROVE de Santa Cruz y Hernán Alcón Choque, servidor público policial dependiente de la misma División, presentaron informe escrito de 8 de noviembre de 2021, cursante de fs. 107 a 108 vta., en el que manifestaron lo siguiente:

1. i)Lo referido por el accionante está alejado de la verdad; ya que el 24 de mayo de 2021, DIPROVE del citado departamento tomó conocimiento del caso, en razón a que funcionarios policiales de la Estación Policial 3, les comunicaron que intervinieron en una riña y pelea entre Alejandro Espinoza Maita y Grober Terrazas López -ahora impetrante de tutela-, ya que ambos manifestaron ser propietarios del mismo motorizado; en esa circunstancia, ambas partes habían solicitado que el vehículo sea trasladado a DIPROVE de igual departamento y que cada uno demostraría con documentación lo que estaban afirmando; motivo por el cual, el acta de secuestro, llevaría la firma como conductor y testigo de actuación respectivamente;
2. ii)El ahora demandante de tutela, nunca fue a notificarse con la respuesta al memorial presentado en esa instancia; por tanto, el hecho que su petición no fue atendida, no condice con lo acontecido;
3. iii)Alejandro Espinoza Maita, solicitó ante el Fiscal de Materia, la devolución del automóvil precitado y, también presentó documentación que acreditó que con relación al motorizado en cuestión, existen dos procesos, el primero en la Fiscalía de Plan Tres Mil Caso 480/2021 CUD: 701102042101487, denuncia interpuesta por él mismo contra Grober Terrazas López y Ángel Terrazas López, por la presunta comisión del delito de estafa; y, la segunda causa fue interpuesta por él contra el ahora accionante, proceso radicado en el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo Primero -sin especificar la locación-, "Exp. 115/21 NUREJ: 70326437 de fecha 28 de abril de 2021" (sic), en el cual se dio por reconocida la firma de transferencia del mencionado vehículo de 23 de enero de 2018; y,
4. iv)El peticionante de tutela actuó dolosamente, ya que el indicado año cuando suscribió la transferencia del motorizado no era propietario del mismo, sino recién el 16 de abril de 2021, perfeccionó dicho derecho.