1325/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar:

1. a)Se deje sin efecto el Auto de Vista 02 de 12 de marzo de 2021; y,
2. b)Ordenar al Juez del Juzgado de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, la continuidad del proceso contencioso tributario interpuesto por la empresa AGROBOLIVIA LTDA., impugnando la Resolución Determinativa 171979000090 de 1 de marzo de 2019, conforme a procedimiento especial que rige la materia.

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; ampliando manifestó que:

1. 1)El procedimiento contencioso tributario es un procedimiento especifico que permite al contribuyente impugnar un acto de una administración tributaria, no es un procedimiento común ni tampoco se rige por las normas del derecho procesal común debido a que las partes son la administración tributaria y el contribuyente;
2. 2)La demanda planteada contra la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, fue interpuesta dentro los quince días que prevé la Ley 1340, la cual establece el procedimiento del proceso contencioso tributario, y una vez notificada la Administración Tributaria a momento de contestar la demanda interpuso petición de extinción del proceso por presunta inactividad procesal del demandante pretendiendo la aplicación del art. 247 y ss., del CPC, dentro de un proceso especifico como es el contencioso tributario que se rige por la Ley 1340, haciendo notar que esa figura jurídica establecida en el procedimiento civil extingue la acción pero no el derecho del contribuyente sobre presunta facultad de cobranza de la administración tributaria, que no está dentro un proceso ordinario civil; y,
3. 3)El Juez de la causa donde radicó el proceso contencioso tributario, correctamente rechazó la solicitud de extinción de la acción interpuesta por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, precisamente porque esa figura no se encuentra prevista en la Ley 1340, emitiendo el Auto Interlocutorio 119; en tal circunstancia, la Administración Tributaria planteó recurso de apelación y fue en virtud a ello que los Vocales ahora demandados emitieron el Auto de Vista 02, que lesionó derechos fundamentales al revocar el citado Auto Interlocutorio que declaró la extinción del proceso por inacción en aplicación por supletoriedad el art. 247 del CPC, y la figura de la extinción del proceso fue derogado de la Ley 1340, porque no reflejaba la naturaleza jurídica de un proceso contencioso tributario que tiene una estructura completamente diferente a la de un proceso ordinario civil.

Edil Robles Lijerón y Mirael Salguero Palma, Vocales de la Sala Social Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, remitieron informe de 26 de octubre de 2021, cursante de fs. 188 a 190, mediante el que solicitaron se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. i)El Juez a quo emitió Auto Interlocutorio 119, declarando NO HA LUGAR a la extinción por inactividad, debiendo tramitarse la causa conforme procedimiento especial que rige la materia;
2. ii)La parte recurrente acuso que el Juez de instancia incurrió en vulneración al debido proceso al no haber aplicado objetivamente la ley (art. 247 del CPC de manera supletoria) en cuanto a determinar la extinción del proceso por inactividad del demandante de tutela; al respecto, precisaron en el Auto de Vista 02, que la empresa AGROBOLIVIA LTDA., planteó el proceso contencioso tributario contra la administración tributaria impugnando la Resolución Determinativa 171979000090, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, citándose a la Administración Tributaria el 27 de mayo de igual año, sesenta y un días después de admitida la demanda;
3. iii)De acuerdo al Auto Supremo 100 de 19 de marzo de 2018, corresponde reconocer la aplicación supletoria del art. 247 del CPC, que es ajustable en cuanto a los procesos contenciosos tributarios, conforme a lo dispuesto por el art. 214 del CTB de 1992 concordante con el art. 74.2 del CTB vigente; por lo que, correspondía reconocer que el Juez de primera instancia desacertadamente declaró NO HA LUGAR la extinción por inactividad procesal, cuando se pudo evidenciar que la misma se produjo por la falta de citación con la demanda a la Administración Tributaria, actuación que era de absoluta responsabilidad de la parte accionante, quien no realizó las gestiones de coordinación con el Oficial de Diligencias del Juzgado, dentro del plazo establecido, por lo que la demandante de tutela no puede pretender la prosecución del proceso, argumentando que la autoridad jurisdiccional no habría emitido su resolución en el tiempo oportuno, ni que el funcionario Oficial de Diligencias de ese Juzgado, no programó la citación correspondiente en tiempo oportuno; siendo la citación responsabilidad de la parte solicitante de tutela, quien no cumplió con su deber de coadyuvar en la citación con la demanda y el Auto de admisión a la institución demandada, en tal sentido opera el principio de preclusión para todas las partes, marcando el límite de la actuación de los jueces, vocales y Magistrados; y,
4. iv)Conforme los fundamentos del Auto de Vista 02, se advierte que no vulneraron derecho alguno, la parte accionante no señaló las razones del porqué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, sino más bien en todo el memorial de acción de amparo constitucional simplemente realizó una relación de hechos y cronología de los antecedentes, para finalmente solicitar que se conceda la tutela, sin tomar en cuenta que la labor interpretativa y decisión en cuanto a tender una apelación incidental es atribución privativa de los jueces ordinarios, y ante la falta de presupuestos no corresponde ingresar al fondo de lo peticionado.

Eduardo Mauricio Garcés Cáceres, Gerente GRACO Santa Cruz del SIN, mediante informe escrito de 26 de octubre de 2021, cursante de fs. 181 a 187 vta., solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. a)Como resultado de las facultades de verificación y determinación de la Administración Tributaria de acuerdo a lo establecido por los arts. 66 y 100 del CTB, el 1 de marzo de 2019, se emitió la Resolución Determinativa 171979000090 contra la empresa accionante que le fue notificada mediante cédula el 11 de igual mes y año; en el marco de lo dispuesto por el art. 174 y ss. de la Ley 1349 -antiguo Código Tributario- el sujeto pasivo impugnó en demanda contencioso tributario el acto definitivo antes citado, admitida el 27 del referido mes y año, citándose formalmente a la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN el 27 de mayo de 2019;
2. b)Considerando que el Auto de admisión de demanda fue pronunciado por la autoridad jurisdiccional el 27 de marzo de similar año, y después de sesenta y un días recién fue citada la Administración Tributaria, por lo que procedió a interponer el correspondiente incidente de "Conclusión extraordinaria del proceso por extinción por inactividad procesal" (sic) presentado el 11 de junio de igual año, el citado incidente fue resuelto en primera instancia por el Juez de Partido Administrativo Tributario y Coactivo Fiscal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través del Auto Interlocutorio 119, que declaró NO HA LUGAR la extinción por inactividad, debiendo tramitarse la causa conforme el procedimiento especial que rige la materia; ante ello, la Administración Tributaria interpuso recurso de apelación el cual de manera correcta fue resuelto en segunda instancia por las autoridades judiciales hoy demandadas mediante Auto de Vista 02, declarando la extinción del proceso por inactividad procesal atribuible a la parte demandante de tutela;
3. c)La accionante de manera voluntaria y concreta decidió consentir de manera expresa la correcta declaración de la inactividad procesal resuelta por las autoridades demandadas; toda vez que, el 17 de septiembre de 2021, presento nuevamente su demanda contenciosa tributaria contra la misma Resolución Determinativa 171979000090, habiéndose citado con esa demanda a la Administración Tributaria el 25 de octubre de similar año, la cual se remitió para su verificación, por lo que se puede concluir de manera inequívoca que el contribuyente "CONSINTIENDO DE MANERA EXPRESA la declaración de extinción del proceso por inactividad atribuible al demandante (ha) decidido presentar una nueva demanda" (sic);
4. d)Llama la atención la deslealtad procesal de la parte peticionante de tutela al recargar a la justicia constitucional con la presente acción de defensa contra actos consentidos, sobre todo sin hacer conocer a sus autoridades todos los antecedentes completos del caso que procuro se resuelva, pretendiendo ocultar el consentimiento realizado al acto que supuestamente lesionó sus derechos constitucionales, pues la nueva demanda fue presentada el 17 de septiembre de 2021, y luego la presente acción de amparo constitucional el 7 de octubre de igual año; es decir, la nueva demanda contenciosa tributaria fue planteada antes de la presente acción, pretendiendo confundir al "Tribunal de garantías" y evitar que tomen conocimiento del consentimiento expreso a lo resuelto por las autoridades demandadas y favorecerse de manera desleal; y,
5. e)La impetrante de tutela pretende que se determine que NO corresponde la aplicación del art. 247 del CPC en los procesos contenciosos tributarios, situación que no es permitida para la justicia constitucional; toda vez que, esta acción de defensa no puede ser utilizada por las partes como una vía para exigir que la justicia constitucional revise si la decisión adoptada por la autoridad judicial es correcta o si la prueba fue debidamente valorada, ya que esta acción tutelar no se constituye en un mecanismo de impugnación de la labor que efectúan los jueces y tribunales ordinarios.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 140 de 26 de octubre de 2021, cursante de fs. 193 vta. a 195 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, tercero interesado demostró que existe una nueva demanda contenciosa tributaria interpuesta el 17 de septiembre de 2021, por parte de la empresa accionante en su contra por la misma causa, lo que constituye por el principio de subsidiariedad que determina el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo) en relación al art. 129.I de la CPE que establece que: "La acción de amparo constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo";
2. 2)En el presente caso, existe una nueva demanda por la cual la parte accionante puede hacer prevalecer sus derechos fundamentales por las autoridades jurisdiccionales como obliga el control difuso de constitucionalidad en la cual estamos todos obligados, tanto autoridades jurisdiccionales como tutelares; y,
3. 3)Conforme lo desarrollado el "Tribunal de garantías" se encuentra impedido de ingresar al fondo de la problemática planteada; toda vez que, corresponde ser verificado en la nueva demanda interpuesta por la impetrante de tutela contra la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN y la misma fue planteada con anterioridad a la interposición de la presente garantía constitucional, consecuentemente no se cumplió con el principio de subsidiariedad.