1327/2022-S1

La peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos expuestos en su memorial de acción de libertad, solicitando se le conceda la tutela impetrada, paralizando el trámite de extradición hasta que se le realicen los exámenes medico forenses complementarios, además ampliándolo añadió lo siguiente:

1. a)Se realizó diversas solicitudes a efecto de que el médico forense de turno del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), examine a la solicitante de tutela para establecer si se encuentra en condiciones para ser extraditada o no, tomando en cuenta que aún prevalece la pandemia del COVID-19; empero, la Jueza ahora demandada negó el pedido argumentando ya no tener competencia, sin considerar que mediante exhorto suplicatorio el Tribunal Supremo de Justicia le encomendó regir todos los procedimientos para hacer efectiva su extradición;
2. b)Con anterioridad la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, omitió ordenar la realización de los exámenes médicos forenses vulnerando los derechos y garantías constitucionales a la vida de la accionante, poniéndose en riesgo su vida por no encontrarse en condiciones para realizar el viaje a la República país de Brasil;
3. c)Cursa en antecedentes un informe forense por el cual se estableció que la ahora impetrante de tutela no se encuentra en condiciones óptimas para viajar y que incluso el Médico Forense hubiera solicitado realizar los exámenes complementarios; por lo que, cuidando su salud, tuvo que interponer la presente acción de libertad, precautelando su vida; y,
4. d)Conforme establece la SCP 2150/2013 de 21 de noviembre, ha establecido que la acción de libertad instructiva tiene como finalidad garantizar y tutelar el derecho a la vida, cuando este se vea amenazado o limitado.

Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe de 30 de septiembre de 2021, cursante a fs. 11 y vta., manifestó que:

1. 1)La suscrita dio cumplimiento al oficio de Sala Plena 180/2021 de 16 de marzo, respecto a la detención preventiva con fines de extradición solicitado por la República Federativa del Brasil dentro el proceso seguido en contra de Lidia Cayola Mosquera por el presunto delito de Tráfico Transaccional de Drogas y Asociación para el Tráfico, signado con nurej: 70167628. Que en fecha 13 de agosto de 2018 conoció el Auto Supremo 136/2017⁵, emitiendo el 14 de agosto el proveído por cual dispuso dar cumplimiento a la instrucción del señalado Auto Supremo;
2. 2)Ante la emisión del mandamiento de detención preventiva con fines de extradición, remitió el mandamiento ante el Director Departamental de la INTERPOL para que trasladen a la peticionante de tutela al Centro Penitenciario de Palmasola Santa Cruz, el cual fue debidamente ejecutado;
3. 3)Dando cumplimiento a la instrucción del Auto Supremo 74/2021 de 13 de julio, se procedió a la emisión del Mandamiento de Excarcelación;
4. 4)Mediante memorial se solicitó oficiar al Gobernador del mencionado Centro Penitenciario, emita informe socioeconómico y autorización de salida, en razón de que hubiera adquirido ficha de atención médica; por lo que, mediante providencia se le contestó señalando que "En atención al memorial que antecede, diríjase a la autoridad competente a los fines consiguientes de ley" (sic);
5. 5)El 21 de septiembre de 2021, la ahora solicitante de tutela solicitó que: "MEDIANTE CONDUCTO REGULAR REMITA LA PRESENTE SOLICITUD DE SALIDA ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO QUIEN TIENE CONTROL SOBRE EL PRESENTE TRAMITE, A FINES DE QUE SE LE REALICE LOS ESTUDIOS PERTINENTES" (sic); y,
6. 6)La suscrita autoridad no contaba con competencia para dar respuesta a los memoriales; toda vez que, solo dio cumplimiento a lo instruido mediante el Auto Supremo 74/2021⁵ en relación a la solicitud de detención preventiva con fines de extradición de la ahora accionante.

Franz Wilson Escobar Rojas, Director Departamental de la INTERPOL Santa Cruz, mediante informe escrito de 30 de septiembre de 2021, cursante de fs. 23 a 24, manifestó que:

1. i)El 6 de septiembre de 2021, la INTERPOL Santa Cruz fue notificado con el mandamiento de excarcelación con fines de extradición, emanado por el Juzgado de Instrucción Penal de la Capital del departamento del citado departamento, disposición basada en el Auto Supremo 74/2021⁵;
2. ii)A fin de dar cumplimiento con la instrucción de extradición de la ahora impetrante de tutela, con la Jueza que ejerce control jurisdiccional, generó las notificaciones al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), para certificar su identidad, IDIF para que se le practique examen médico legal y MIGRACIONES para verificar si contaba con arraigo;
3. iii)El 29 de septiembre de 2021, después de concluir con los procedimientos administrativos para efectuar la extradición, se generó el oficio 2005/2021 dirigido a la INTERPOL-Bolivia, para comunicar al Estado de Brasil proponer itinerario para el traslado internacional y hacer efectiva la entrega en frontera; y,
4. iv)No existe causal de procedencia de la presente acción en virtud de lo que establece el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) -Ley 254 de 5 de julio de 2012-, ya que la INTERPOL informó respecto de todas las actuaciones a la autoridad que ejerce control jurisdiccional sobre la causa.

La Jueza de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, a través de la Resolución de 22/21 de 30 de septiembre de 2021, cursante de fs. 36 vta., a 39, denegó la tutela solicitada; fundamentando que:

1. a)Si bien el Juzgado de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, procedió a cumplir con la aprehensión y la disposición de detención preventiva de la procesada, esta instrucción deviene del trámite de extradición dentro el proceso que se lleva por ante el Tribunal Supremo de Justicia;
2. b)Los jueces de instrucción son simplemente ejecutores de las ordenes dispuestas por los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y son quienes en su caso debieron dar respuesta a las solicitudes señaladas; por lo que, en el presente caso, los demandados carecen de legitimación pasiva; y,
3. c)Que en un caso similar que fue atendido por el mismo "Tribunal de garantías" fue confirmando por el Tribunal Constitucional Plurinacional, denegando la tutela y con los mismos argumentos respecto de la legitimación pasiva.

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la vida; toda vez, que al estar detenida dentro del proceso instaurado ante el Tribunal Supremo de Justicia y haberse dispuesto su extradición a la República Federativa del Brasil, previamente fue sometida a valoración forense; por el cual, el Médico dependiente de la IDIF, estableció en la misma que se encontraba clínicamente mal, recomendando estudios complementarios; sin embargo:

1. 1)El 14 de septiembre de 2021, habiendo solicitado a la jueza demandada autorización de salida para realización de laboratorio entre otros, la misma fue denegada, bajo el argumento de que dicha autoridad judicial no contaba con competencia para tramitar su causa; y,
2. 2)El Director Departamental de la INTERPOL -codemandado-, a sabiendas de su estado de salud, pretendió ejecutar de inmediato la orden de extradición, poniendo en riesgo su vida al no encontrarse en condiciones para ser extraditada.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas:

1. 1)Normas sobre las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia respecto a los trámites de extradición;
2. ii)El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad; y,
3. iii)Análisis del caso concreto.

(Facultades del tribunal competente). La Corte Suprema de Justicia al resolver los pedidos de extradición, tendrá la facultad de:

1. 1)Ordenar la detención preventiva del extraditable por un plazo máximo de seis (6) meses siempre que se acredite la existencia de una sentencia condenatoria o resolución judicial de detención;
2. 2)Ordenar la detención provisional del extraditable por un plazo máximo de noventa (90) días cuando no se hayan presentado todos los documentos exigidos para la procedencia de la extradición; y,
3. 3)Disponer la entrega al Estado requirente, de todo o parte de los bienes muebles instrumentos del delito, incautados o secuestrados al extraditable.

Por su parte, el art. 154 del CPP, en cuanto a las facultades del tribunal competente, hoy Tribunal Supremo de Justicia, determina que: "...al resolver los pedidos de extradición, tendrá la facultad de:

1. 1)Ordenar la detención preventiva del extraditable por un plazo máximo de seis meses siempre que se acredite la existencia de una sentencia condenatoria o resolución judicial de detención;

1. 2)Ordenar la detención provisional del extraditable por un plazo máximo de noventa días cuando no se hayan presentado todos los documentos exigidos para la procedencia de la extradición; y,