Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1331/2022-S4 Sucre, 3 de octubre de 2022
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 45798-2022-92-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución de 156/2021 de 19 de octubre, cursante de fs. 917 a 921 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Adrián Castedo Valdés en representación legal de Ronald Rivero Antelo contra Meller Fausto Gael, Hilario Cuellar Mamani, Josefa Peña Gutiérrez, Joel Ocampo Fernández, Noé Ocampo Cazón, Pablo Cuellar Gantier, José Simón Vaca Chore, María Cirila Pedraza Méndez, Melvia Mamani Poma y "otros".
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 1 de octubre de 2021, cursante de fs. 350 a 359, el accionante manifestó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En cumplimiento de la Resolución Administrativa (RA) de 8 de diciembre de 2010, emitida por el Director Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Santa Cruz, notificada el 8 de junio de 2017, dirigida a personas que pertenecerían a una comunidad indígena campesina agropecuaria denominada "Juan Bailaba", se impuso medidas cautelares entre las que dispuso la prohibición de asentamientos; no obstante, los notificados hicieron caso omiso; por lo que, fue recién el 9 de octubre de 2020, que la Policía Boliviana, se hizo presente en el predio denominado Monte Verde, y procedió a desalojarlos de manera pacífica en presencia de Notario de Fe Pública y otros testigos.
Sin embargo, el 13 de octubre de 2020, cuando los efectivos de la Policía Boliviana se retiraron, Joel Ocampo Fernández y otros nuevamente invadieron el referido predio; por lo que, formalizó denuncia ante el Ministerio Público que los imputó formalmente por los delitos de organización criminal, avasallamiento, amenazas y otros; sin embargo, pese al desalojo efectuado y el proceso penal instaurado, los antes referidos, conforme se evidencia del acta de verificación notarial de 14 de septiembre de 2021, invadieron mediante vías de hecho su predio denominado Monte Verde, sin que los mismos cuenten con algún título de propiedad, tenencia o posesión y menos exista orden de alguna autoridad judicial que haya determinado su ingreso en el referido predio; por el contrario, desobedecieron ordenes de autoridades jurisdiccionales.
La acción ejecutada por los ahora demandados, traducida en una invasión, constituye avasallamiento a su derecho a la propiedad privada; puesto que, él es propietario del predio denominado Monte Verde, ubicado en la provincia San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz y cuenta con una extensión territorial de ha3 756,9851, derecho que obtuvo mediante transferencia de Benjamín Justiniano Pessoa y Hamilton Monteros Mancilla, debidamente registrado en DD.RR. bajo la Matricula Computarizada 7.05.0.00.0000861; inmueble sobre el que aun soporta la invasión grosera, abusiva e injustificada por parte de los demandados mediante vías de hecho.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El impetrante de tutela consideró lesionado su derecho a la propiedad privada; citando al efecto el art. 56 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga el desalojo o desapoderamiento de los demandados de su predio denominado Monte Verde, con auxilio de la fuerza pública e introducción de custodia temporal para evitar una nueva invasión posterior.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia virtual el 19 de octubre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 912 a 917, presentes el solicitante de tutela, los demandados y el Director Departamental del INRA Santa Cruz como tercero interesado, todos asistidos por sus abogados; se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado ratificó los fundamentos contenidos en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando los mismos, señaló que, proporcionaron un video de escasos dos minutos la Secretaria de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el que se puede apreciar que la invasión la produjeron grupos irregulares, armados con machetes y otros objetos, invadiendo por mano propia y de forma injustificada los predios de su propiedad, obstruyendo además la vía pública, avasallando una zona que incluso se encuentra bajo medida cautelar dispuesta por el INRA por Resolución de 8 de diciembre de 2010, ratificada por el fallo 205/2021, también emitida por la referida entidad, cuya autoridad fue rebasada por los demandados avasalladores.
I.2.2. Informe de los demandados
Hilario Cuellar Mamani, Josefa Peña Gutiérrez, Joel Ocampo Fernández, Noé Ocampo Cazón, José Simón Vaca Chore, Pablo Cuellar Gantier, María Cirila Pedraza Méndez y Melvia Mamani Poma, por intermedio de su abogado en la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, señalaron que:
- a)La parte accionante confesó que, conforme prevé el art. 17 de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria -Ley 3545 de 26 de noviembre de 2006- que claramente establece que para la resolución de conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria, la autoridad competente es el INRA, en tal marco al tener un derecho de posesión o de actividad agraria, conforme reconoce la Constitución Política del Estado tienen derecho a ser oídos por una autoridad judicial competente, independiente e imparcial; razón por la que, no pueden ser juzgados por otras autoridades no establecidas por ley, en este entendido, se debe tener en cuenta que el accionante no tiene derecho propietario sobre los predios en cuestión, puesto que existe un expediente en el INRA que determina que los mismo se encuentra en proceso de saneamiento; motivo por el que, el conflicto debe ser resuelto por la vía agroambiental, careciendo la presente acción de defensa de legalidad; y,
- b)La jurisdicción constitucional no es competente para dirimir el presente problema de derechos propietarios, no pudiendo atribuirse la competencia de los Tribunales agrarios, razón por la que se debe denegar la tutela para evitar futuras nulidades y lesión a derechos fundamentales.
Meller Fausto Gael, no presentó informe escrito, ni asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional a pesar de su legal notificación cursante a fs. 800.
I.2.3. Informe del tercero interesado
Adalberto Rojas Arteaga, Director Departamental del INRA Santa Cruz, en la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, por intermedio de su abogado señaló que:
- i)En la presente acción de amparo constitucional no se demostró que el impetrante de tutela se sometió al procedimiento administrativo para que en él se pueda demostrar la función social y dar titularidad al derecho propietario;
- ii)En cuanto a que existió una intimación y un desalojo en el predio Monte Verde, se debe señalar que no se tiene individualizado donde se encuentra ubicado el referido predio; se tiene que por la RA RES. ADM. RA SAN-SIN 062/2021 de 28 de septiembre, notificó a los propietarios que se presenten a saneamiento presentando sus planos de ubicación y los antecedentes agrarios, situación que no fue cumplida por el solicitante de tutela, quien debe tener en cuenta que el INRA es el único ente competente para otorgar derecho propietario; y,
- iii)El mandamiento de desapoderamiento al que se hace referencia en la acción de defensa, no se encuentra en ninguna carpeta del INRA; puesto que, los terrenos en cuestión son tierras fiscales mientras no culmine el proceso de saneamiento, razón por la que los mismos están bajo resguardo de la referida entidad, no estando el derecho propietario definido por el saneamiento al que se llamó, empero, el impetrante de tutela tampoco pretende que el INRA defina su derecho propietario en el lugar.
Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, no presento memorial alguno ni asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional a pesar de su notificación cursante a fs. 396.
I.2.3. Resolución
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de la Resolución de 156/2021 de 19 de octubre, cursante a fs. 917 a 921 vta., denegó la tutela impetrada, basando su decisión en los siguientes fundamentos:
- a)Existen derechos controvertidos que deben ser resueltos por la autoridad administrativa que en este caso resulta ser el INRA, quien también tiene entre sus obligaciones, preservar la paz social y evitar enfrentamientos entre ciudadanos;
- b)El derecho propietario rural, tiene una diferente característica, puesto que este debe cumplir la función social y a partir de ello nace la protección que se pueda brindar en este tipo a de acciones tutelares; razón por la que, en el presente caso, se debe tener en cuenta que se trata de un conflicto social en el que el accionante solo refirió ejercer la función social y que tiene derecho propietario debidamente registrado en DD.RR.; empero, la participación del INRA en la presente acción de defensa demostró la existencia de posibles derechos emergentes de los demandados; razón por la que, se considera que, dada la función que cumple el INRA, dicha instancia se convierte en el mecanismo procesal idóneo para el restablecimiento de la paz social; y,
- c)Si bien el INRA debe resolver el conflicto identificado, tanto el accionante como los demandados deben permitir el ingreso de dicha entidad, de modo que la misma cumpla con sus funciones y haga cumplir sus Resoluciones de 8 de diciembre de 2010 y 24 de mayo de 2017, que al presente tampoco fueron dejadas sin efecto, esto, con la finalidad de evitar un conflicto social.
II. CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente:
II.1. Mediante Auto de Vista de 7 de julio de 1980, El Consejo Nacional de Reforma Agraria, dentro el proceso de dotación de tierras fiscales instaurada por Benjamín Justiniano Pessoa y Hamilton Montero Mancilla pretendiendo la dotación de las tierras denominas Monte Verde, establece que el Juez Agrario de la provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, que conoció dicho proceso, emitió Sentencia que declaró probada su demanda disponiendo en consecuencia la dotación de la propiedad denominada Monte Verde en favor de los antes mencionados, Sentencia que el Consejo Nacional de Reforma Agraria aprobó mediante el Auto de Vista antes mencionado (fs. 213 a 214); emitiéndose en consecuencia, la Resolución Suprema 194907 de 6 de mayo de 1981, que en sus antecedentes identificó a Benjamín Justiniano Pessoa y Hamilton Montero Mancilla y resolvió que en cumplimiento del Auto de Vista de 7 de julio de 1980, se expidan los títulos ejecutoríales en favor de los antes mencionados disponiendo se les ministre posesión definitiva (fs. 215) .
II.2. Por Folio Real con Matricula Computarizada 7.05.0.00.0000861, que evidencia la inscripción de derecho propietario del fundo rustico Canto San José, denominado Monte Verde con una superficie de ha3 756,9851, cuyo derecho propietario se encuentra registrado a nombre de Ronald Rivero Antelo, que se le hubiese transferido mediante escritura privada de 2 de junio de 1993 (fs. 336), asimismo, corre en antecedentes certificado de tradición del referido fundo rustico, también emitió por DD. RR. en el que se evidencia que los primeros propietarios de dicho fundo Benjamín Justinaiano Pessoa y Hamilton Montero Mancilla vendieron la referida propiedad al ahora impetrante de tutela (fs. 337 y vta.).
II.3. Cursa Informe Técnico Jurídico DDSC-CO I. INF 178/2017 de 4 de mayo; por el que, se informó al Director Departamental del INRA Santa cruz, que por la inspección ocular correspondiente al área denominada Monte Verde, solicitado por el ahora accionante, al desarrollarse el recorrido al interior del referido predio se identificó el asentamiento de varias personas, precisando de manera exacta la ubicación del referido predio y señalando que tomando en cuenta que solo el INRA tiene la atribución de ejecutar políticas de asentamiento humano, así como de determinar y aprobar las áreas de distribución, al existir asentamientos dentro el área de inspección que cuenta con mediada precautorias dispuestas mediante la Resolución de inicio de procedimiento DDSC.RA 00192/2010 de 8 de diciembre, que dispuso la prohibición de asentamientos, paralización de trabajos y prohibición de innovar entre otros, marco en el que, se estableció que la comunidad identificada tiene asentamientos posteriores a la determinación de medidas cautelares, razón por la que, se sugirió que a fin de garantizar el cumplimiento efectivo del procedimiento administrativo, se proceda con el desalojo de los asentamientos ilegales (fs. 10 a 23).
II.4. A través de la Nota de Intimación de 24 de mayo de 2017 dirigida a la Comunidad Indígena campesina Agropecuaria Juan Bailaba, el Director Departamental a.i. del INRA Santa Cruz, les hizo conocer que en cumplimento de la Resolución Administrativa DDSC.RA 00192/2010 de 8 de diciembre en el que se dictó medidas cautelares entre las que dispuso la prohibición de asentamientos, razón por la que conforme el art. 10 del Decreto Supremo (DS) 29215 y el Informe Técnico legal DDSC-CO-I INF 178/2017, por el incumplimiento de las medidas cautelares dispuestas, se intimó el desalojo de toda persona que se encuentre dentro del predio Monte Verde, caso contrario se procederá al desalojo con auxilio de la fuerza pública (fs. 4).
II.5. Por Certificación de 28 de agosto de 2017, la Responsable de Secretaria General del INRA Santa Cruz a solicitud formulada por el ahora solicitante de tutela en calidad de beneficiario del predio denominado Monte Verde, estableció que en la Unidad de Archivos del INRA Santa Cruz, cursa el tramite agrario con expediente signado como 44197 de la propiedad denominada Monte Verde registrada a nombre de Benjamín Justiniano Pessoa y Hamilton Montero Mancilla, en el que cursa la Sentencia de 2 de mayo de 1980, por la que, el Juez Agrario de la provincia San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, dotó la extensión superficial de ha3 756,981 a los antes referidos, fallo aprobado por el Consejo Nacional de Reforma Agraria mediante el Auto de Vista de 7 de julio de 1980, que su vez fue aprobado por la Resolución Suprema 19497 de 6 de mayo de 1981 (fs. 209 a 210).
II.6. Cursa Informe UDAG-77/2020 de 12 de octubre, sobre el desalojo efectuado en el predio Monte Verde, por el que se hizo conocer al Director Departamental del INRA Santa Cruz, que el 9 de octubre de 2020, se presentaron en el referido predio con la policía y el ahora accionante, señalando que se cumplió con el desalojo de los asentamiento ilegales, habiéndose agotado con dicho acto el procedimiento administrativo de desalojo (fs. 217 a 220).
II.7. Corre en antecedentes, formulario de denuncia penal de 16 de octubre de 2020; por el que, el representante del ahora accionante, aperturó denuncia contra los ahora demandados por los delitos de organización criminal, portación de arma, amenazas, avasallamiento (fs. 49); Asimismo según el formulario de registro de 17 de octubre de 2020, elaborado por investigadores de la FELCC, al predio en cuestión, informaron que en el lugar se observan asentamiento de personas hombres y mujeres, así como cacetas de madera y calamina, asimismo, se evidencia chaqueos de monte; informe acompañado de muestrario fotográfico, que evidencia los referidos asentamientos (fs. 51 a 60)
II.8. Cursa informe de 22 de octubre de 2020, elevado al Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) Santa Cruz, realizado en cumplimiento a requerimiento fiscal de 15 d e igual mes y año, señalando que el 17 del referido mes y año, se constituyeron en el predio Monte Verde, a objeto de elaborar acta de registro del hecho, empero, al ver la presencia policial, las personas que ahí se encontraban comenzaron a reventar petardos como alarma y se dirigieron a ellos, es así que esperaron que todos se reúnan, son personas plenamente organizadas y agresivas a tal manera de agruparse de inmediato y amedrentar a cualquier persona que se acerque al lugar (fs. 112 a 113).
II.9. Consta en obrados, Acta Notarial de Verificación 047/2021 de 15 de septiembre de 2021, la Notaria de Fe Pública Primera de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, a solicitud del ahora impetrante de tutela, señaló que al constituirse su persona al predio denominado Monte Verde, no se pudo hablar con nadie, se verificó que existen construcciones nuevas de calamina, carpas precarias, asimismo, que se estaba chaqueando el monte, adjuntando muestrario fotográfico (fs. 322 y 331).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
El accionante consideró lesionado su derecho a la propiedad privada; toda vez que, los demandados, después de ser desalojados de su predio denominado Monte Verde, en cumplimiento de Resoluciones y ordenes emitidas por el INRA; el 13 de octubre de 2020, cuando los efectivos de la Policía Boliviana se retiraron, nuevamente invadieron el referido predio mediante vías de hecho; razón por la que, formalizó denuncia ante el Ministerio Público que los imputó formalmente por los delitos de organización criminal, avasallamiento, amenazas y otros; no obstante, los mismos y su comunidad indígena agropecuaria denominada "Juan Bailaba", continúan asentados de manera ilegal en el predio, conforme se evidencia el Acta Notarial de Verificación de 14 de septiembre de 2021, sin contar con título de propiedad, tenencia o posesión y menos orden de alguna autoridad judicial que los ampare; por el contrario, desobedecieron órdenes de autoridades jurisdiccionales, por lo que aun soporta la invasión grosera, abusiva e injustificada efectuada por los demandados.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
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