Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1348/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 58592-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 117/23 de 7 de septiembre de 2023, cursante de fs. 120 a 123 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Tomás Luciano Velasco Zeballos contra Ángel Alfonso Saavedra Rodríguez, David Walter Tarqui Chuquimia, Enrique Nogales Medina, María Elizabeth Gómez Reyna, Benjamín Mendoza Pardo y Ricardo Jaldín Humerez miembros del Directorio de la Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 14 de agosto de 2023, cursante de fs. 95 a 105, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 2 de agosto de 2022, solicitó a MUSERPOL el pago del Beneficio del Complemento Económico correspondiente al primer semestre de 2022; en consecuencia, mediante Resolución Administrativa (RA) 058/2022 de 5 de septiembre, el Director General Ejecutivo de la indicada Mutual, rechazó su solicitud, determinando su exclusión definitiva de ese beneficio -al efecto alegó que, a través de la RA 01027/10 de 6 de septiembre de 2010, emitida por el Comando General de la Policía Boliviana, su persona fue retirado definitivamente de la Institución Policial sin derecho a reincorporación-; ante ello, el 19 de septiembre de 2022, interpuso recurso de revocatoria, etapa en la que a través de la RA 065/2022 de 17 de octubre; se confirmó íntegramente la decisión; por lo que, el 1 de noviembre de 2022, formuló recurso jerárquico, resuelto mediante Resolución de Directorio 9/2023 de 8 de febrero, emitida por Ángel Alfonso Saavedra Rodríguez, David Walter Tarqui Chuquimia, Enrique Nogales Medina, María Elizabeth Gómez Reyna, Benjamín Mendoza Pardo y Ricardo Jaldín Humerez, miembros del Directorio de la MUSERPOL -ahora demandados-; por la cual, se confirmó la señalada Resolución administrativa.
Al respecto, la citada Resolución de Directorio sostuvo que, el Beneficio del Complemento Económico no constituye un derecho constitucional a la seguridad social, ni forma parte del salario, del beneficio social o de la prestación derivada del Sistema Integral de Pensiones (SIP) o del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), al tratarse de un beneficio específico sujeto a requisitos legales y con financiamiento propio; criterio con el que no estaba de acuerdo, por considerar que desconoce su verdadera naturaleza jurídica.
Conforme a la Ley Orgánica de la Policía Nacional -Ley 734 de 8 de abril de 1985-el Decreto Supremo (DS) 1446 -de 19 de diciembre de 2012- y la jurisprudencia constitucional contenida en la , el Beneficio del Complemento Económico -a su criterio- está directamente vinculado a la renta de vejez del sector pasivo de la Policía Boliviana; por tanto, integra el contenido del derecho a la seguridad social y a una vejez digna, con la finalidad de complementar la renta de jubilación para que esta no resulte inferior al haber básico que percibe el personal policial en servicio activo del mismo grado.
En ese contexto, en la Resolución de Directorio 9/2023, se realizó una interpretación restrictiva del art. 17.III del DS 1446, otorgándole prevalencia a que el Beneficio del Complemento Económico no constituye salario, beneficio social ni prestación del sistema de pensiones, sin considerar que se encontraba vinculado con la protección de la contingencia de vejez y con el sistema de seguridad social del personal policial, naturaleza jurídica que fue reconocida expresamente en la ; razón por la cual, la señalada Resolución de Directorio es contraria al principio de supremacía constitucional y al carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional.
MUSERPOL le negó el acceso al beneficio, únicamente por haber sido retirado definitivamente de la Policía Boliviana, desconociendo -a su criterio- que dicha circunstancia no extinguía los derechos derivados del régimen de seguridad social ni los beneficios vinculados a la renta de vejez; al tratarse de derechos adquiridos se encuentran protegidos por la Constitución Política del Estado y por los principios de universalidad, progresividad y no regresividad.
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