1353/2022-S2

El Auto de 24 de noviembre de 2021, consideró erróneamente que:

1. a)Respecto al art. 53 de la LOJ, el Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no contaba con ninguna Sala Especializada;
2. b)Únicamente el Vocal demandado resultaba competente de forma unipersonal para resolver el recurso de apelación incidental, de acuerdo a las atribuciones del art. 58.1 y 4 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y,
3. c)Su competencia partía de los arts. 251 y 403 del citado Código, omitiendo que la Ley del Órgano Judicial instituye las salas especializadas en sus arts. 56, 57, 58 y 59, interpretando erróneamente el art. 53 de ese precepto legal para forzar una competencia individual, cuando aquella recae en la totalidad de los miembros de la señalada Sala Penal.

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo:

1. 1)Dejar sin efecto el Auto de 24 de noviembre del 2021; y,
2. 2)Que la Sala Penal del Tribunal Departamental del Justicia de Beni, con la mayoría absoluta de sus miembros resuelva el recurso de apelación incidental interpuesto por el Ministerio Público dentro del proceso penal.

El accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos de la acción de amparo constitucional, y ampliándolos señaló que:

1. i)La SCP 0745/2014 de 15 de abril, estableció que el planteamiento del recurso de reposición no fuera óbice para la activación de este mecanismo tutelar, a objeto de restablecer el orden jurídico en la tramitación de los recursos de apelación incidental ante una aplicación errónea, vulnerándose el debido proceso en su componente del tribunal competente;
2. ii)El Vocal demandado, en el Auto cuestionado afirmó la inexistencia de salas especializadas en el Tribunal Departamental de Justicia de Beni, cuando la Ley del Órgano Judicial estatuye el reflejo de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia a las Departamentales, siendo una de ellas la especializada en materia penal y las otras en el área civil, social y constitucional;
3. iii)Todos los recursos de apelación incidental comprendidos en el art. 403 del CPP, son resueltas por la totalidad de los miembros de las salas penales; es decir, los dos Vocales que la componen, conforme se tiene de los Autos de Vista 086/2020 de 23 de noviembre y 59/2020 de 18 de agosto, ambos emitidos por la autoridad demandada y Norka Díaz Morales -miembro de la aludida Sala-; siendo que, únicamente ahora se dictó el fallo por un Vocal bajo la supuesta aplicación del art. 251 del citado Código;
4. iv)La autoridad demandada erróneamente indicó en su informe que la determinación emitida era una providencia, cuando ni siquiera correspondía suspender la audiencia para dictar ese Auto de manera anómala; ya que, debió dilucidarlo en dicho verificativo; empero, dictó la determinación cuestionada; la cual, no era una simple providencia ni un decreto, declarándose competente unipersonalmente para resolver la apelación que planteó, cuando la solicitud que hizo fue a ambos Vocales que conformaban la aludida Sala; y,
5. v)La SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, en cuanto a la tramitación del mencionado recurso previsto por el art. 251 del CPP, estableció que constituye un procedimiento y tramitación especialísimo que no reúne los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales determinados por los arts. 403, 404 y 405 del Código Adjetivo Penal.

Haider Echalar Justiniano, Vocal de Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por informe escrito presentado el 7 de diciembre de 2021, cursante de fs. 35 a 40, manifestó que:

1. a)El art. 123 del CPP, establece que las providencias '"...ordenarán actos de mero trámite que no requiera sustanciación..."' (sic); asimismo, el art. 401 del citado Código, señala que contra las mismas procede el recurso de reposición a objeto que el mismo juez o tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique; es decir, el accionante previo a interponer esta acción de defensa debió plantear dicho recurso, observando el "proveído" de 24 de noviembre del referido año; empero, al no hacerlo convalidó íntegramente el fallo cuestionado, operando la preclusión acorde a lo previsto en el art. 16 de la LOJ; por tal razón, al no haberse superado el principio de subsidiariedad para hacer prevalecer sus derechos, corresponde el rechazo in limine de este mecanismo de defensa;
2. b)El impetrante de tutela confundió dos institutos jurídicos diferentes; el trámite especial de la amnistía con el recurso de apelación incidental establecido en el art. 403 y ss. del CPP, modificado por la Ley 1173 y la Ley de Modificación a la Ley señalada -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019-, no siendo el mismo mecanismo para el señalado beneficio, por tener que resolverse de forma oral, procedimiento que la homologación de la amnistía no requiere al no ser un recurso de apelación, sino un proceso especial de trámite sumarísimo;
3. c)La impugnación que se tramitó ante la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -de la que es integrante y que dio origen a la inusitada acción de defensa constitucional-, era un recurso de apelación incidental formulado contra el fallo que homologó la amnistía de conformidad a los arts. 27.2 y 403.6 del CPP; ya que, dicha determinación extinguía la acción penal y habilita el referido recurso; por lo que, el accionante sobre dilató indebidamente ese trámite, tratando de hacer caer en error a la Sala Constitucional;
4. d)En relación a la aplicabilidad del art. 53 de la LOJ y los arts. 403 al 406 del CPP, la primera norma, en cuanto al número de votos para dictar resolución, estipula que: '"...las resoluciones que adopten las Salas Especializadas serán por mayoría absoluta de votos de sus miembros'..." (sic); sin embargo, ese Tribunal Departamental de Justicia no contaba con ninguna sala especializada conforme a las determinaciones contenidas en la Ley del Órgano Judicial, y en lo relativo a lo previsto por el art. 403 del Código Adjetivo Penal; el cual, especifica la procedencia del recurso de apelación incidental respecto de las resoluciones que enumera, entre ellas las indicadas en sus numerales 6 y 11, concordante con los arts. 27.2 del aludido Código y 104.2 del Código Penal (CP), conexo con los arts. 3 inc. b) y 5.4 del DS 4461, coligiéndose que la amnistía se considera un acto jurídico que instituye el olvido legal de delitos y la consiguiente extinción de responsabilidad de sus autores;
5. e)En lo concerniente al art. 404 del CPP, el citado recurso de apelación incidental fue interpuesto en aplicación de los arts. 27.2 y 403 del mismo Código, llevándole aplicar la parte in fine del art. 406 de dicha normativa, que prevé la resolución del recurso de apelación incidental en audiencia, dentro del plazo de cinco días, que se desarrolla conforme a los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción; y,
6. f)El accionante incurrió en una evidente confusión del "proveído" de 24 de noviembre de 2021, con un auto interlocutorio, aspecto diferenciado previamente y que no era admisible en el caso de referencia, más aún cuando la instancia constitucional no tiene el deber de subsanar de oficio las contradicciones y omisiones de los sujetos procesales, reforzando el principio de subsidiariedad; ya que, el accionante no agotó la vía ordinaria respecto al decreto ya señalado, menos si se hubiese tratado de un auto interlocutorio, correspondiendo plantear los recursos de explicación, complementación y enmienda, además de la corrección, conforme lo instituido en los arts. 125 y 168 del CPP; por lo cual, la falta de congruencia entre lo peticionado y lo expuesto resulta una flagrante falta de fondo, mereciendo el rechazo in limine de la acción de amparo constitucional; y, al no haberse agotado las vía ordinaria, opera el principio de subsidiariedad; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 145/2021 de 7 de diciembre, cursante de fs. 47 a 50 vta., denegó la tutela solicitada, con base en el siguiente fundamento: para que los errores o defectos procedimentales puedan sean denunciados a través de la jurisdicción constitucional, deben concurrir necesariamente los siguientes presupuestos jurídicos:

1. 1)Que el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos;
2. 2)Los errores o defectos procedimentales que ocasionen indefensión material en una de las partes que interviene en la causa judicial, impidiéndole toda posibilidad de hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando;
3. 3)Que esas lesiones tengan relevancia constitucional; es decir, que aquella infracción procedimental dé lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados; y,
4. 4)Los errores o defectos de procedimiento que materialmente no vulneran derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional, y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía de amparo; situación que, aconteció con lo denunciado por el accionante, que claramente adolece de relevancia constitucional y que tampoco cumple con los presupuestos jurídicos establecidos en los fundamentos jurídicos referidos a objeto de ingresar al fondo del asunto denunciado.

Según la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, de manera general una resolución debidamente fundamentada debe contener:

1. 1)La relación circunstanciada de los hechos con la identificación precisa de los sujetos,
2. 2)La identificación de las normas jurídicas aplicables al caso,
3. 3)La descripción y valoración individualizada de todos los elementos probatorios, y
4. 4)La relación engranada de los hechos, las pruebas y las normas aplicables que determinen la consecuencia jurídica; en ese sentido, al tratarse de condiciones generales establecidas por la jurisprudencia constitucional, necesariamente debe exigirse su presencia en las resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier otra naturaleza, a efectos de que no se vulnere el derecho al debido proceso.

Como se manifestó, una de las finalidades de contar con una resolución motivada y fundamentada, es conseguir el convencimiento de las partes de que una determinada resolución es fruto de la razonabilidad y congruencia, y no de la arbitrariedad del emisor; sobre este punto, la SCP 0037/2019-S2 de 25 de marzo, resumiendo los fundamentos de la SC 2221/2012 en relación a la formas en las que se manifiesta la arbitrariedad, refirió que ésta se expresa en una decisión: "1) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;

1. 2)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
2. 3)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
3. 4)Por la falta de coherencia del fallo, se da: 4.i) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, 4.ii) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio , así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada" (las negrillas son nuestras).