Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1353/2022-S4 Sucre, 3 de octubre de 2022
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 44990-2022-90-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 158/2021 de 16 de diciembre, cursante de fs. 40 a 53 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Carlos Jiménez Monasterios y Jairo Javier Chávez Durán contra Norka Díaz Morales, Vocal de Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 13 de diciembre de 2021, cursante de fs. 1; y, 24 a 31 vta., los accionantes, expusieron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, tenencia y portación de armas, almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel oil y gas licuado de petróleo; el 23 de noviembre de 2021, el Juez Público de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni, dispuso la aplicación de detención preventiva en su contra durante ciento veinte días y la incautación de la avioneta, celulares, camioneta y otros, alegando la concurrencia de la probabilidad de autoría prevista en el art. 233.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, de una valoración armoniosa de los elementos indiciarios, determinó que no concurrían los riesgos procesales descritos en el art. 234.4 y 7 del adjetivo penal, tomando en cuenta que el Ministerio Público no había presentado ninguna documentación que respalde su solicitud, ni había fundamentado la misma; asimismo, no hizo llegar la .
En audiencia de apelación de medidas cautelares, Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -hoy demandada-, mediante Auto de Vista 273/2021 de 2 de diciembre, revocó en parte el Auto Interlocutorio 300/2021 de 23 de noviembre, a efectos de dar concreción y procedencia a los riesgos procesales previstos en el art. 234.4 y 7 del Código Procesal precitado, manteniendo incólume la decisión asumida por el Juez de instancia.
La resolución de alzada, además de carecer de motivación, hizo una inadecuada y errónea interpretación de la norma, con relación al art. 234.4 y 7 del adjetivo penal, incluyendo riesgos procesales que perjudican a sus personas, dentro del proceso investigativo; toda vez que, estableció que el informe emitido por el investigador asignado al caso era determinante en el sentido de señalar que las cinco personas, entre las cuales se encontraban los imputados (hoy accionantes), intentaron darse a la fuga y fue en la persecución que se procedió a su arresto; es decir, el Ministerio Público cumplió con la carga probatoria para poder fundamentar y demostrar la concurrencia del riesgo procesal del art. 234.4 del CPP; incurriendo así en errónea apreciación de la norma adjetiva penal, ya que ese artículo era totalmente claro cuando habla del comportamiento durante el proceso o en otro anterior, que en el caso concreto, aún no existía un proceso, menos una denuncia; y el informe presentado no fue respaldado por otras declaraciones de los mismos funcionarios policiales, al contrario fue la autoridad demandada quien mencionó que existían fotografías de personas, sin señalar si se trataban de los imputados, y amparándose en la sana crítica, con un criterio subjetivo, confundió que las fotografías, informes y actas eran elementos de prueba para sustentar su voluntad de no someterse a proceso; apreciación que la hizo sin ninguna base probatoria ni documental.
La Vocal demandada, en lugar de aplicar el principio de favorabilidad, aplicó la presunción de culpabilidad en su contra; sin considerar que los riesgos procesales debían incluirse objetivamente y no de manera subjetiva como en el caso en análisis; toda vez que, pretendió demostrar con otros argumentos, que no fueron tomados en cuenta en la audiencia de medidas cautelares, de forma extra petita, la necesidad de dar por concurrentes los riesgos procesales; señalando inclusive, de forma nada razonable, que los abogados de la defensa tenían la obligación de saber sobre tecnología y que cualquiera de las partes tenía acceso al internet; intentando suplir la omisión del Ministerio Público, que nunca fundamentó agravios, ni identificó los derechos restringidos, tampoco estableció los hechos; es decir, que no existió petición expresa fundamentada, motivada y documentada para que se incrementen los riesgos procesales de los incs. 4 y 7 del art. 234 del Código Procesal referido.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La parte accionante, señaló como lesionado su derecho al debido proceso, en sus elementos motivación y defensa, al incurrir en errónea interpretación de la legalidad; sin citar norma constitucional alguna.
I.1.3. Petitorio
Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia:
- 1)Dejar sin efecto el Auto de Vista 273/2021, emitido por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y,
- 2)Disponer se emita nueva resolución debidamente fundamentada y motivada.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 16 de diciembre de 2021, según consta en el acta, cursante de fs. 35 a 39 vta., presentes la parte solicitante de tutela asistida de su abogado, el tercero interesado; y, ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
Los impetrantes de tutela, en audiencia a través de su abogado, ratificaron los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolos señalaron que:
- i)La Vocal demandada, en apelación incidental planteada por el Ministerio Público, incrementó riesgos procesales, basándose en el art. 234.4 y 7 del CPP; es decir, el comportamiento del imputado durante el proceso o en otros anterior y el peligro efectivo para la víctima;
- ii)No fundamentó por qué señala una placa fotográfica, en ningún momento estableció a qué fotografía se refería, y si en ella se encontraban los accionantes; lo mismo en cuanto a las actas de prueba de campo, no tienen nada que ver las actuaciones indiciarias con la conducta de los sindicados para que puedan incrementarse dichos riesgos procesales; toda vez que, el informe de 21 de noviembre, ya había sido valorado a cabalidad por el Juez a quo y en él no se hizo una individualización pormenorizada del actuar de cada una de las personas que se encontraban en el supuesto lugar; vale decir, los toma a todos como si se tratara de una conducta unánime, robótica;
- iii)La autoridad demandada, con un criterio subjetivo y amparada en la sana crítica, la lógica y razonabilidad, incrementó los riesgos procesales, señalando que existían placas fotográficas y otras actas; empero, el informe policial era totalmente escueto y nada pormenorizado;
- iv)La verdad material de los hechos, demuestra que evidentemente fueron aprehendidos en el campo; vale decir en una pista; sin embargo, entonces no existía una denuncia previa o concreta, sino que fue una intervención directa; por ello el informe policial no resulta coherente ni creíble para los fines del proceso;
- v)En cuanto al inc.7 del art. 234 del CPP, la Vocal dispuso el incremente de ese riesgo procesal señalando de manera textual que se trataba de un delito grave, donde había que ponderar que estaban inmersos los sectores vulnerables de la sociedad, sin mencionar cuáles; y que en esa clase de delitos intervenían otras personas como eran los comercializadores, revendedores y ello llevaba a una presunción de culpabilidad;
- vi)No se pueden considerar los elementos subjetivos que hace la autoridad demandada, pues ninguno de ellos fue abordado en los puntos apelados por el Ministerio Público, que no fundamentó los agravios; asimismo, la , no podía fundamentar ese inciso, basándose en la relevancia del delito cometido, aún sea éste socialmente reprochable por toda la comunidad, no puede ser parámetro válido para establecer una detención preventiva;
- vii)El delito de tráfico de sustancias controladas que les fue endilgado no está considerado como un delito de lesa humanidad; y al margen de ello, no se individualizó a la víctima o la sociedad en su conjunto; y,
- viii)El Fiscal no especificó cuál era el agravio sufrido con la resolución del Juez de instancia; sin embargo, la Vocal demandada, sin efectuar una ponderación de los agravios, incrementó el riesgo procesal, violando el principio de congruencia, defensa y presunción de inocencia, por lo que piden se conceda la tutela impetrada.
I.2.2. Informe de la autoridad demandada
Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no presentó informe escrito alguno y tampoco asistió a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, pese a su notificación, de acuerdo al informe presentado por Secretaría, cursante a fs. 35.
I.2.3. Intervención de los terceros interesados
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