1355/2022-S3

Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia:

1. a)Se deje sin efecto el Proveído CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UCC/PROV/63/2021, debiendo emitirse otro que responda efectivamente a la petición formulada en la nota de 1 de julio de 2021, reiterada por nota Cite: GGCBSA-AG-043/2021, correspondiendo utilizar los fondos que fueron determinados por el contribuyente, y reponer los otros en su favor;
2. b)Se ordene a la autoridad accionada que realice todas las acciones y tome las medidas necesarias para restituir los hechos a la situación en que se encontraban antes de producirse la lesión de sus derechos constitucionales; debiendo lograrse que DIPREVCON y/o UELICN restituya los dineros que le fueron devueltos, a efecto de que dichos fondos sean utilizados para cancelar los impuestos que se pagaron indebidamente con fondos de YPFB Logística S.A. y YPFB Transporte S.A.; así como también se devuelvan al tercer día los dineros a YPFB Logística S.A. por un importe de Bs178 744.-, y a YPFB Transporte S.A. por un monto de Bs3 749 046.-; y los dineros sean aplicados conforme a las notas señaladas precedentemente; y,
3. c)En protección y resguardo al derecho y garantía del debido proceso se ordene que la autoridad accionada permita que la empresa GATE GOURMET CATERING BOLIVIA S.A., pueda perfeccionar su cambio de domicilio, manteniendo su calidad de deudor.

Rosmery Villacorta Guzmán, Gerente GRACO Cochabamba del SIN, mediante informe escrito cursante de fs. 88 a 91; y, en audiencia a través de sus abogados manifestó que:

1. 1)Del análisis del memorial de esta acción tutelar se evidenció la carencia de expresión de derechos y garantías constitucionales restringidos o suprimidos por la indicada institución, no siendo suficiente señalar que se vulneraron sus derechos argumentando su inconformidad con las respuestas emitidas a sus solicitudes;
2. 2)La parte impetrante de tutela tenía la obligación de precisar la acción u omisión en el que supuestamente habría incurrido su persona, lo cual no sucedió ya que se limitaron a expresar su desacuerdo con la respuesta manifestando que no se dio cumplimiento a sus instrucciones, demostrando que no se denuncian restricciones, supresiones y amenazas a derechos constitucionales por la emisión del Proveído CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UCC/PROV/63/2021 -de mero trámite-, emitido en etapa de ejecución tributaria y que no determinó aspectos definitivos; dado que simplemente responde a las peticiones de información de la parte peticionante de tutela, intentando utilizar la acción de amparo constitucional como un recurso casacional o una vía para que la jurisdicción constitucional revise la ejecución de su deuda tributaria, buscando un pronunciamiento de fondo al requerir en su petitorio la restitución de hechos, la devolución de dineros en el tercer día de pronunciarse la Resolución constitucional, ordenar la permisión de cambio de domicilio, lo cual no coincide con el citado Proveído, toda vez que el mismo simplemente informó lo requerido por la parte accionante y no dictó orden o disposición alguna;
3. 3)Se denunció que la petición de la parte nombrada de 1 de julio de 2021, reiterada por nota Cite: GGCBSA-AG-043/2021, nunca habría sido respondida; argumento que carece de veracidad dado que mediante Proveído CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UCC/PROV/58/2021 de 29 de julio, se dio respuesta y fue notificado en Secretaría a la parte impetrante de tutela el 4 de agosto de igual año, conforme al art. 90 del CTB, recogido por el precitado el 27 del referido mes y año, de igual manera, mediante Proveído CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UCC/PROV/64/2021 de 4 de octubre, se dio respuesta a la nota Cite GGCBSA-AG-043/2021, notificada a la parte peticionante de tutela el 6 de dicho mes y año, por lo que sí se dio respuesta a sus solicitudes, no siendo evidente la vulneración del derecho a la petición, sustentando su acción tutelar en hechos falsos pretendiendo hacer incurrir en error a la Sala Constitucional, siendo obligación de la parte accionante asistir a la Administración Tributaria todos los miércoles de cada semana para notificarse con las actuaciones que se hubieran producido;
4. 4)En cuanto a la lesión del derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, no se cumplió con la obligación de realizar un análisis sobre dicho derecho, el cual debió ser complementado indicando la relevancia constitucional y establecer de qué manera al concluirse sobre una falta de fundamentación y motivación, y concederse la eventual tutela invocada podría cambiar el resultado final de la resolución, ya que es previsible que no exista ningún cambio en el resultado, por lo que no se tiene una restricción a la fundamentación y motivación en el Proveído CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UCC/PROV/63/2021;
5. 5)El indicado Proveído, fue emitido en respuesta a las notas Cite: GGCBSA-JU-036/2021 de 23 de julio, y Cite: GGCBSA-AG-045/2021 de 3 de septiembre, mediante las cuales el representante legal de la empresa GATE GOURMET CATERING BOLIVIA S.A. solicitó se indique la situación de sus cuentas retenidas y ratificó los requerimientos de la nota de 1 y 23 de julio y 17 de agosto, todas de 2021 y por último pidió el detalle de los documentos mercantiles y/o pagos aplicados y devueltos a sus clientes;
6. 6)Se debe considerar que el mencionado Proveído simplemente es un acto de mero trámite que no puede ser considerado como un acto administrativo definitivo que resuelva, ordene, disponga o ponga fin a algún hecho o acto de manera definitiva o que cause estado, dado que responde a cuestiones informativas requeridas respecto de la situación de las cuentas de la parte impetrante de tutela, el detalle de todos los documentos mercantiles y/o pagos aplicados y devueltos a sus clientes; es decir, que no ordenó el cobro, devolución o retención alguna de montos, respondiendo solamente a todos los puntos solicitados por este, sustentado en las acciones efectuadas por el SIN en etapa de ejecución tributaria de cobro de deudas;
7. 7)La parte peticionante de tutela en todo momento tuvo conocimiento de que la Administración Tributaria ejerciendo las facultades establecidas en el art. 108.I.6 del CTB, procedió a emitir los PIET ante el incumplimiento de pago por parte del nombrado, procediendo a aplicar las medidas coactivas previstas en el art. 110.3 del referido Código, hechos que fueron de conocimiento de la parte accionante y que se habría requerido la retención de pagos que debían realizar terceros privados, por lo que al momento de remitir los montos a la Gerencia GRACO Cochabamba del SIN, los mismos se encontraban en calidad de retención por deuda tributaria por omisión de pago, destinados a cubrir la deuda tributaria que se encuentra en etapa de ejecución, teniendo por ello dicha entidad la facultad para imputar esos montos retenidos a las deudas del sujeto pasivo, sin necesidad de solicitar autorización del deudor o emitir otro acto administrativo previo, más que el PIET, el cual fue notificado a la parte impetrante de tutela por lo que no se puede alegar necesidad de emisión de un acto administrativo previo a la ejecución de los montos retenidos;
8. 8)En cuanto a la lesión del derecho a la propiedad privada, el art. 54.II del CTB si bien establece la posibilidad de imputar pagos a la deuda elegida por el deudor, dicho aspecto se da cuando el deudor o sujeto pasivo de manera voluntaria dispone el pago a la deuda que el elija; sin embargo, en el presente caso los montos remitidos por los terceros se encontraban destinados a cubrir la deuda tributaria consolidada en calidad de montos retenidos, por lo que el contribuyente no contaba con la libre disposición de los mismos procediéndose por ello a su ejecución, efectuando la imputación de los montos a las deudas de la parte peticionante de tutela, y pese a ello, considerando que mediante nota de 1 de julio de 2021 se pidió la cancelación de tributos adeudados por concepto de retenciones de impuestos no pagados por un total de Bs2 451 067.-, el SIN en aplicación del indicado artículo, el 26 de igual mes y año, procedió a la ejecución de dicho monto, hecho que se puso a conocimiento de la parte accionante mediante Proveído CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UCC/PROV/58/2021; y,
9. 9)Respecto al cambio de domicilio, la parte impetrante de tutela busca que la Sala Constitucional ordene a la Administración Tributaria la permisión de cambio de domicilio sin que ese argumento haya sido expresamente pedido a la Gerencia GRACO Cochabamba del SIN, o sea parte de alguna determinación no susceptible de impugnación o el cumplimiento del principio de subsidiariedad, además de que ese aspecto no guarda relación con el hecho objeto de esta acción tutelar, demostrando la improcedencia del mismo.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 0150/2021 de 23 de diciembre, cursante de fs. 98 a 102 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad accionada en el plazo de diez días responda de manera motivada y fundamentada a la petición formulada en la nota de 1 de julio de 2021, reiterada por nota Cite: GGCBSA-AG-043/2021, a través de un acto administrativo expreso a efecto de que la parte impetrante de tutela pueda de manera oportuna impugnar la respuesta que vaya a ser emitida por dicha autoridad; asimismo, ordenó que la autoridad accionada realice todas las acciones y tome las medidas necesarias para restituir los hechos que ya habrían sido realizados con relación a aquellos cobros que fueron efectuados sin antes haber respondido a las indicadas notas, en función a la potestad que le asigna al contribuyente el art. 54 del CTB, a la situación a la que se encontraba antes de haberse producido la lesión a los derechos constitucionales que están siendo tutelados; y, con relación a la protección y resguardo de los derechos y garantías del debido proceso en el sentido de que la Gerencia GRACO Cochabamba del SIN, permita a la parte peticionante de tutela pueda perfeccionar su cambio de domicilio; al no ser motivo o no haber sido inserto mínimamente en el memorial de acción de amparo constitucional, no amerita pronunciamiento alguno sobre ese punto; todo ello, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)Del tenor del Proveído CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UCC/PROV/58/2021, se puede advertir que el mismo no constituye una respuesta sobre la forma de pago o de cobro que debería de realizar la Administración Tributaria solicitada mediante nota de "7" de agosto de 2021, relacionada a la imputación de pagos de la nota de 1 de julio de ese año, en la que se indicó que de las retenciones de fondos realizadas a los montos depositados por UELICN sean imputados a los montos adeudados por retenciones, sanciones y el saldo si hubiese sea ejecutado al plan de pagos;
2. ii)La autoridad accionada emitió el Proveído CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UCC/PROV/63/2021, por el cual simplemente se informó a la parte accionante la forma en la que se efectuó los cobros respecto a los montos retenidos y no constituye una respuesta fundamentada y motivada con relación al punto señalado en la nota de 1 de julio de 2021, en cuanto a direccionar la forma de pago a la deuda tributaria;
3. iii)Dicho Proveído además de no haber sido emitido dentro de un tiempo oportuno, igualmente no cumple con brindar una respuesta material que resuelva el fondo de la pretensión o asunto objeto de la petición; y,
4. iv)La autoridad accionada procedió a disponer de los montos retenidos sin responder previamente a la petición "...que la Resolución Administrativa de facilidades de pago N° 2021000365 fue de 13 de julio de 2021..." (sic), evidenciando que la autoridad accionada ya tenía conocimiento con relación a esa determinación sobre el plan de pagos relativa a la deuda tributaria del monto mayor; en ese sentido conforme a la jurisprudencia constitucional, se considera haberse vulnerado el derecho a la petición, así como no se ha dado respuesta de manera fundamentada y motivada vulnerándose el derecho a la propiedad respecto a los montos que fueron dispuestos sin considerarse la solicitud efectuada por la parte impetrante de tutela.

En vía de aclaración, complementación y enmienda, la autoridad accionada por memorial cursante de fs. 104 a 108, solicitó a la Sala Constitucional se aclare lo siguiente:

1. a)El motivo por el cual no se cumplieron con las disposiciones legales de la Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018, puesto que no se encontraba el otro Vocal en Sala al momento del desarrollo de la audiencia y en la emisión de la Resolución constitucional;
2. b)Se valoró solamente la prueba aportada por la parte peticionante de tutela y no así la presentada por la Gerencia GRACO Cochabamba del SIN, correspondiendo a sus autoridades aclarar cómo se vulneró el derecho a la propiedad privada, cuando la parte accionante no se encontraba con el poder jurídico de uso, goce o disposición de los dineros, conforme las condiciones que dispone el art. 105 del Código Civil (CC) con relación a la propiedad;
3. c)Se aclare que las actuaciones administrativas adoptadas en ejecución tributaria, los títulos de ejecución tributaria y los Autos que se dicten como respuesta a la oposición a la ejecución tributaria no pueden impugnarse conforme indica el art. 109 del CTB;
4. d)Se explique con base a qué disposición normativa se dispuso la retención de los montos cobrados a través de retenciones efectuadas en ejecución tributaria conforme a norma legal, tomando en cuenta que al respecto la Resolución emitida en la acción de amparo constitucional es de imposible cumplimiento dado que ordenar la restitución de los cobros de las retenciones legalmente realizadas en previsión de los arts. 66, 105, 108 y 110 del indicado Código, sin fundamento legal alguno que establezca que el SIN pueda efectuar dicha restitución a la parte impetrante de tutela, así como no se consideró que las retenciones imputadas a cubrir las deudas tributarias del nombrado no se encuentran en poder de esa institución al formar parte del Tesoro General de la Nación (TGN), por lo que no se puede disponer la restitución de los mismos, además que conforme al art. 121 del CTB, sólo se reconocen dos aspectos para la devolución es decir cuando existen pagos indebidos o pagos en exceso, lo que no ocurre en el caso, toda vez que la parte peticionante de tutela no hizo pago voluntario alguno de su deuda tributaria, sino que se procedió a la recuperación de las deudas auto determinadas por el contribuyente mediante Declaraciones Juradas constituidas en títulos de ejecución tributaria;
5. e)También se resolvió que la Gerencia GRACO Cochabamba del SIN, efectué todas las medidas para restituir los cobros; empero, no se pronunció respecto a la devolución que se hizo a YPFB Transportes S.A. el 27 de agosto de 2021, por el importe de Bs1 358 056.- y la devolución de Bs1 865 189.-, realizado al Ministerio de Gobierno, montos que no fueron imputados a las deudas de la parte accionante, y que se devolvieron a dichas entidades, por lo que se debe aclarar esa situación complementando la Resolución 0150/2021 en el entendido que dichos montos fueron devueltos en atención a la emisión de la RA de Aceptación de Facilidades de Pago 202139000365, acto que suspendió la ejecución tributaria a partir de su pronunciamiento; y,
6. f)En cuanto a que la Administración Tributaria debe dictar un acto administrativo fundamentado y motivado que sea susceptible de impugnación, no se consideró que dicha disposición es contraria al art. 109.II del CTB, la cual establece que en ejecución fiscal solo serán admisibles las oposiciones por extinción de la deuda tributaria, por cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda y por dación en pago, siendo que la solicitud de imputación de pago no es susceptible de impugnación como erróneamente se resolvió, por lo que la emisión de cualquier acto administrativo o de mero trámite en etapa de ejecución tributaria no es susceptible de impugnación, en ese sentido esa disposición haría incurrir en error a la Administración Tributaria, por lo que pidieron se aclare con base a qué fundamento legal se dispuso la emisión de un acto administrativo susceptible de impugnación en etapa de ejecución tributaria.

Por su parte, la parte impetrante de tutela, a través del memorial cursante a fs. 112 y vta., solicitó que se aclare y complemente la Resolución 0150/2021 especificando que:

1. 1)La restitución ordenada de sus derechos sea perfeccionada logrando que la situación jurídica y material sea retornada al 1 de julio de 2021, momento en que nació el derecho a recibir una respuesta oportuna y de fondo sobre lo peticionado, conforme fue pedido en la acción de amparo constitucional;
2. 2)Se complemente dicha decisión indicando que los dineros incorrectamente apropiados y que corresponden a pagos realizados por YPFB Transportes S.A. y YPFB Logística S.A., no sean directamente entregados, debiendo ser restituidos a las empresas que remitieron esos fondos; y,
3. 3)Se complemente la indicada Resolución otorgando un plazo para la restitución de los fondos y su reemplazo con los que fueron incorrectamente devueltos, término que no podrá ser superior a cinco días.