1356/2022-S1

En el caso particular, afirma que su recurso de apelación incidental se denunció puntualmente la calificación de la reparación de los daños correspondiente:

1. a)Daño emergente que se calificó en la suma de Bs139 400.-; y,
2. b)Lucro Cesante en la suma de Bs110 000.- el Tribunal Ad quem, ahora recurrido, con la debida fundamentación revocó en parte el Auto Interlocutorio de Reparación de Daño 02/2021 dejando sin efecto la calificación del daño emergente en la suma de Bs139 400.- sin embargo, en el mismo Auto de Vista 110/2021 en relación a los agravios referentes a la calificación del Lucro Cesante, que en Resolución del Juez inferior se calificó en Bs110 000.- los Vocales ahora demandados confirmaron este aspecto, emitiendo el fallo con absoluta carencia de sustento legal, adolece de contradicciones entre ellos y especialmente la fundamentación y motivación "interna y externa", con evidente oscuridad y sobre todo con una deliberada inobservancia de las normas y principios vigentes en materia procesal penal, constituyéndose dicho Auto de Vista 110/2021 en ilegal y arbitrario, atentatorio a sus derechos y garantías constitucionales.

La accionante por medio de su abogado ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, añadiendo en audiencia:

1. 1)Ocurre que su persona adquirió como producto de un contrato de compra y venta el inmueble ubicado en calle Juan de la Riva de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz de su anterior propietario Juan Jiménez Martínez, que se encuentra presente en sala como tercero interesado, celebrándose al efecto la Minuta correspondiente, misma que de manera posterior fue inscrita en oficina de Derechos Reales (DD.RR.) de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz;
2. 2)A fin de entrar en posesión en el inmueble adquirido, se encontró que en dicha casa habitaba Gonzalo Salazar Suarez, quien le manifestó que en dicho lugar ejercía su fuente de trabajo al haber montado un Salón de Té "La Tradición"; por lo que, no desocuparía el inmueble en mérito a que dicha persona contaba con un contrato de alquiler con el anterior propietario Juan Jiménez Martínez;
3. 3)Ante tal ocupación del inmueble asumió determinadas acciones directas en contra del ocupante supuesto inquilino, como ser el corte de energía eléctrica, dejar los grifos de agua abiertos durante tres días, así como también haber allanado el inmueble con violencia y agresión a los ocupantes del inmueble lo que ocasionó que éste iniciara un proceso penal por perturbación de posesión, trámite penal que culminó con la emisión de las sentencias correspondientes a través de las cuales se la condenó por perpetración del ilícito denunciado;
4. 4)En el proceso penal se determinó que se incurrió en acciones ilegales, de la lectura a la sentencia condenatoria ejecutoriada describe hechos por los cuales se la condena, refiriendo que si bien se trataba de la nueva propietaria a través de una legítima compra y venta de inmueble del anterior propietario Juan Jiménez Martínez; sin embargo, no contaba con el derecho de realizar actos que son considerados reñidos con el ordenamiento jurídico, en concreto establecieron el haber dejado los grifos de agua abiertos por las noches por el lapso de tres días a fin de perjudicar al inquilino Gonzalo Salazar Suárez y el haber allanado el inmueble con violencia y agresiones a los ocupantes de ese salón de té durante un día concreto, entonces se refiere a actos calificados como perturbación de posesión en ocho días concretos, reiterando cuatro días de corte de energía eléctrica, tres días de dejar el grifo de agua abierto por las noches y un día de allanamiento con agresiones a los ocupantes, por lo que suman ocho días como base fáctica para la condena por el delito de perturbación de posesión;
5. 5)Como antecedente menciona que independientemente al proceso penal instaurado en contra de la ahora accionante, esta inició un proceso de desalojo en contra del inquilino pre nombrado, mismo que duró un año y diez meses logrando el desalojo; sin embargo, refiere que a lo que se debe prestar atención es desde el momento que adquirió el inmueble y durante ese tiempo surgió conflicto estos ocho días concretos, donde se la condenó por actos de perturbación de posesión pero el conflicto termina definitivamente cuando el inquilino Gonzalo Salazar Suárez, es expulsado del inmueble en mérito de una Sentencia de desalojo; por lo que desde que la ahora accionante adquirió el inmueble hasta que el inquilino fue desalojado, transcurrieron un año y diez meses, tiempo durante el cual el inquilino también ejerció usó y gozó del inmueble en el que funcionaba su negocio (Salón de Té "La Tradición"), en el que ejerció su actividad laboral de manera normal a excepción de los días de perturbación que estuvieron afectados por el corte de energía eléctrica, por dejar abiertos los grifos y por ejercer allanamiento con agresión a los ocupantes que fue un día; por lo que los demás días el inquilino ejerció normalmente en el Salón de Té, ejerciendo su negocio de manera normal en el inmueble de pertenencia de la ahora impetrante de tutela;
6. 6)Una vez condenada con la sentencia penal en su contra, el inquilino inició el proceso de reparación del daño civil en contra su persona, radicada ante el Juzgado Décimo Segundo de Sentencia de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, oportunidad en la que el demandante intentó aprovecharse de la situación y obtener una suma exorbitante por concepto de daños y perjuicios causados por el delito que se acercaba a los cinco millones de bolivianos, cuando únicamente la perturbación comprobada fue de ocho días; sin embargo, el inquilino demandante aduce haber incurrido en gastos de inversiones que hubiera realizado que tenía de devolver porque las inversiones las realizó en el salón de té que era su negocio además de los daños psicológicos que supuestamente le habría causado por lo que la suma ascendía a un total de caso cinco millones de bolivianos;
7. 7)La primera sentencia en ejecución de fallo de pago de daños civiles, estableció que no tenía lugar la mayor parte de las pretensiones del demandante; no obstante, se le concedió una exorbitante suma en su favor de Bs141 000.- (ciento cuarenta y un mil bolivianos) por un lado que se constituía en inversiones que realizó el inquilino dueño del negocio, y que al haber sido perturbado en la posesión de dicho inquilino, se tenía que devolver dicha inversión alrededor de $us20 000.- (veinte mil dólares estadounidenses) además de ello se calificó un lucro cesante "...estableciendo una lógica peculiar, ya que debido a que duró un año y 10 meses entonces se debería calcular el lucro cesante a través de la integridad de todo ese lapso de tiempo; es decir, de un año y diez meses para establecer además un criterio de ingresos económicos que tenía Gonzalo Salazar Suárez y la Juez Décimo Segundo de Sentencia lo hace de una forma muy simpática dice: 'bueno el señor Gonzalo Salazar declara ingresos de 13.000 bolivianos mensuales pero no declara de operaciones, gastos de insumos, los gastos que tiene que realizar para mantener al personal, entonces vamos a calcular un lucro neto de 5.000 bolivianos mensuales y por lo tanto vamos a multiplicar ese lucro de 5000 bolivianos mensuales por un año y 10 meses de lucro cesante lo que da lugar a un lucro cesante de 110.000 bolivianos, entonces la primera resolución en primera instancia que se dicta en contra de la señora Karen Quisbert Pérez indica usted señora Quisbert Pérez tiene que pagar a favor del señor Gonzalo Salazar Suárez la suma de 110.000.- bolivianos por concepto de lucro cesante, más Bs140.000.- por daño por las inversiones que usted tiene que devolverle al inquilino que él ha realizado y que él tiene que recuperar" (sic);
8. 8)Apelada la decisión en la que se expuso los agravios sobre los cuales debía resolver el Auto de Vista, entre ellos, se expuso dos escenarios, el primero relacionado al daño emergente y el segundo respecto al lucro cesante. Daño emergente afirma que cómo es posible que una persona que compra un inmueble y que al margen de que hubiera sido responsabilizada penalmente por perturbar la posesión durante ocho días al inquilino, se la responsabilice de devolver las inversiones de ese inquilino en la suma de $us20 000.- cuando la lógica es que el inquilino sostuvo un contrato de alquiler con el anterior dueño enajenante (Juan Jiménez Martínez), y en el desarrollo de dicho contrato el inquilino Gonzalo Salazar Suárez, decidió realizar inversiones con el conocimiento del que fuera hasta ese entonces su propietario, contando con acuerdos y cartas además de contar con solicitudes de devolución, por lo que quien se encontraba obligado a devolver dichos dineros de inversión era el propietario que alquiló el local en su momento; tal aspecto fue entendido por las autoridades demandadas, en sentido que la demandada no tiene porqué reconocer devolución alguna a favor de Gonzalo Salazar Suárez, ya que el contrato lo suscribió con el anterior propietario Juan Jiménez Martínez. Afirma que en su momento se había producido una carta en la que el vendedor del inmueble aclara y dice al inquilino que no se le debe devolver nada de modificaciones realizadas, toda vez que dichos gastos los asumió para su negocio y que no contaba con ningún derecho a exigir devolución alguna, este aspecto fue entendida razonablemente por la Autoridad actualmente demandada;
9. 9)En relación al lucro cesante, realiza un cálculo general y refiere que ganaba Bs5 000.- (cinco mil bolivianos) mensuales en su negocio de Salón de té, monto económico que calculado por el tiempo que se estuvo en conflicto relativo a un año y diez meses 665 días y si multiplicamos se tiene un producto de Bs110 000.-, que debe pagar Karen Quisbet Pérez, por concepto de lucro cesante; cuando surge la interrogante del porqué se debe obligar a pagar una manutención de un año y diez meses de un inquilino como si esa persona hubiese sido privada de trabajar y no generó ingreso alguno, durante un año y diez meses; toda vez que resulta distinto que el conflicto se hubiera originado en la compra del inmueble y hubiera concluido con la sentencia de desalojo en un lapso de un año, y diez meses, eso es muy distinto siendo que el inquilino no hubiese podido trabajar durante ese año y diez meses; cuando de la lectura a la sentencia condenatoria se advierte que dicha situación es absolutamente alejada de la realidad, ya que el inquilino trabajó y siguió funcionando su salón de té en el inmueble de su propiedad, por lo que se evidencia en la propia sentencia cuales han sido realmente los hechos por los que se le condenó;
10. 10)El grado de reproche en el que se basa para la presente acción tutelar, radica en que el Auto de Vista cuestionado, en cuanto al tema del lucro cesante simplemente se limitó a señalar que la autoridad judicial ha valorado razonablemente el ingreso mensual del inquilino, por lo que resulta razonable esta lógica y dicho cálculo, por lo que se mantiene firme el lucro cesante de Bs110 000.-, siendo dicha percepción la fundamentación de la Vocal ahora demandada, sin que se brinde una respuesta a los agravios exclamados en la apelación, ya que en dicha apelación se reclamó punto por punto del porqué no podía ser considerado como lucro cesante la extensión del año y diez meses en la resolución que se impugnó, ya que solo fueron ocho días de perturbación posesión;
11. 11)El art. 36 del CPP, establece la acción civil para la reparación del daño y establece la relación que tiene que existir este artículo entre el daño calificado por el delito y el resultado que causa el delito, un anexo de causalidad directo y exacto entre lo que se está calificando como daño que tiene que ser directamente ocasionado por el hecho y lo mismo establece los arts. 382 al 388 del citado Código, concretamente el art. 384 parágrafo III de la Ley Adjetiva Penal, establecen en más de una ocasión que se calificará el daño de acuerdo al hecho que ha causado ese daño de forma directa, cual es el daño causado por el hecho de manera exacta ya que no se puede asumir una lógica genérica y manifestar que hubo delito "...pues vamos a justificar el daño de acuerdo a nuestro mejor saber y entender de acuerdo a lo que nosotros opinemos como autoridades judiciales o de acuerdo a lo que parezca razonable bueno si parece razonable que gane el señor 5.000 bolivianos al mes, parece razonable multiplicarlo por 665 días porque es el tiempo que ha durado el conflicto entre las dos partes pero en ningún momento nos estamos poniendo a analizar cuáles eran los agravios denunciados en la apelación de esos agravios..." (sic);
12. 12)La Vocal demandada en ningún momento analizó y respondió el agravio ya que fue condenada por ocho días de perturbación en la posesión, debiendo pagarse por esos ocho días y no así por 665 días, aspecto que no fue respondido por la Vocal demandada, no brindó un análisis ni un solo fundamento para referir que estaban bien o mal los agravios expuestos, en ningún momento se realizó una interpretación cognitiva y explicativa llegando a explicar si se contaba o no con la razón;
13. 13)No se encuentra en discusión la pena impuesta y la responsabilidad civil que se generó; sin embargo, la reparación del daño civil debe encontrarse en proporción exacta al daño causado por el delito, que en el presente caso llegan a ser esos ocho días de perturbación de posición y no un año y diez meses, siendo incoherente dicha posición falto de valoración y justificación; asimismo, refiere que dicha vulneración restringe valores fundamentales concretamente la garantía del debido proceso en sus vertientes de fundamentación y del derecho a la defensa porque no es posible que una apelación se encuentre fundamentada en sus agravios y simplemente recibamos una respuesta de que es razonable lo dispuesto; por lo que dicha respuesta sin valorar los agravios sin compulsar qué valor se le brinda a normas jurídicas, vulnerando la falta de fundamentación ya que lesiona y suprime el debido proceso como garantía fundamental y también suprime el derecho a la defensa como componente del debido proceso porque se coarta a una persona la posibilidad y obtener una respuesta coherente y fundamentada en un recurso de apelación que por esencia es un medio de defensa que debe ser respondido; y,
14. 14)Afirma la vulneración a la garantía de la tutela judicial efectiva, ya que no se brinda una respuesta coherente y completa ante una reclamación de agravios causados por una resolución que no tiene coherencia mucho menos ha determinado un monto razonable en cuanto a un hecho comprobado de acuerdo a una propia sentencia condenatoria; asimismo la vulneración a la seguridad jurídica, que si bien no es directamente tutelables por la acción de amparo, es el parámetro para establecer el grado de afectación que han tenido los bienes y garantías fundamentales a través de una acción ilícita o de una acción excesiva por parte de las autoridades judiciales y en este caso, nos encontramos ante el hecho que no se llegó a analizar nada no se le brinda una respuesta a su apelación con puntos expuestos.

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 20 de octubre de 2021, cursante de fs. 89 a 90 vta., manifestó que:

1. i)Es importante tomar en cuenta que el Tribunal de alzada se rige por el principio de limitación por competencia previsto en el art. 398 del CPP; es decir, los agravios expuestos por la apelante y la respuesta a la misma, son los que apertura la competencia de este Tribunal de alzada y es sobre los cuales se debe emitir la fundamentación correspondiente, ello con relación al principio de imparcialidad prevista en el art. 178.I de la CPE; por lo que, otros extremos, otras situaciones no vienen al caso considerar en una apelación;
2. ii)El Auto de Vista se basa en el legajo de apelación y los elementos de prueba que presenta la parte apelante, por lo que se encuentra debidamente fundamentada y motivada;
3. iii)En relación al argumento del lucro cesante, afirma que la fundamentación es una garantía del debido proceso que tiene como uno de sus elementos la motivación de las resoluciones, cita el Auto Supremo 114/2016-RRC de 17 de febrero, así como también la SCP 0683/2013²; y afirma que el Auto de Vista 110/2021, cumple con el principio del debido proceso adjetivo y sustantivo, en relación a la determinación con claridad de los hechos atribuidos a las partes procesales; la exposición clara de los aspectos facticos pertinentes; la exposición de manera expresa de los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto; la descripción de forma individualizada de los medios de prueba aportados; la valoración de manera concreta y explicita de todos y cada uno de los medios probatorios, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos, de forma motivada; la determinación del nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado y la precisión de las pautas de interpretación reconocidas por la teoría jurídica, a fin de evitar arbitrariedades;
4. iv)Afirma que el Auto de Vista 110/2021, en relación al lucro cesante de Bs110 000.- cuenta con la fundamentación de hecho y de derecho y jurisprudenciales, debidamente fundamentados, claro y precisos para las partes, de ninguna manera se omite o suprime garantías fundamentales a la accionante, por lo que no existe vulneración alguna al debido proceso, carente de fundamentación, razón por la que la Resolución emitida por dicho Tribunal de alzada, cumple con la estructura de forma y fondo previsto en el art. 124 y 173 del CPP; y,
5. v)En cuanto al lucro cesante, el Tribunal de alzada debe circunscribirse sus Resoluciones a la resolución en grado de apelación, conforme prevé el art. 398 del adjetivo penal.

Gonzalo Salazar Suárez, en audiencia señaló:

1. a)Resulta iluso pretender que su defendido trabaje sin agua y luz que fueron abruptamente cortados por la ahora accionante, es decir, que asumió coacciones antes de antes pretendiendo hacer justicia por mano propia desde octubre de 2013, cuando el inquilino se encontraba en pacífica posesión; asimismo, no se trató de simples maquillajes realizados en el inmueble, sino que se realizaron construcciones de dos plantas, base sótano;
2. b)Se habla de un proceso de desalojo, acción judicial que se inició cuando el inquilino se encontraba en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, osando poner como domicilio para dicho proceso la propia casa de Karen Quisbert Pérez;
3. c)Refieren la pretensión de aprovecharse cobrar un daño emergente y lucro cesante "...por qué al inicio señores magistrados, porque al inicio del proceso de perturbación de posesión no dijeron esto de la construcción no entra esto, de la construcción no corre, no vale, prueba impertinente, prueba que nada que ver, tanto en la acción resarcitoria lo propio, pedir exclusión probatoria, pero ahora cuando las cosas no salen a su gusto están incurriendo a una acción de amparo en franco abuso de este medio de impugnación, señores magistrados ya resulta sintomático advertir la popularidad de las acciones de amparo que cada día tanto las Salas Constitucionales, Salas Civiles Penales en realidad todo el Tribunal Departamental de Justicia resuelve cada día a quienes el 99% de los casos son incolados por malos litigantes..." (sic);
4. d)El Lucro cesante no es como equívocamente refiere la parte accionante, toda vez que se le destrozó la vida, su proyecto de vida fue al tacho por todos los atropellos sufridos, ya que se tratan de delitos de consecuencia permanente, delitos permanentes porque los dos años se suscitan incluso hasta el día de hoy no solamente un año y diez meses, hasta el día de hoy que Gonzalo Salazar no puede hacer uso y goce de aquello, en lo que invirtió, por lo que se debe resarcir por las acciones que ha causado ahora se hizo de nuestra parte un cálculo matemático, propio de la matemática financiera con bases se pudo llegar a los Bs5 000 000.- (cinco millones de bolivianos) cuya dimensión es equiparable al salón de té del Club La Paz, en la que se reunían intelectuales, profesionales, incluso el propio Tribunal de Justicia;
5. e)Contaba con ingresos superiores a los Bs5 000.- pudiendo obtener mayores ingresos, empero se presentaban formularios del IVA, ingresos, por lo que se buscó adecuar dichos ingresos en la medida de lo posible; asimismo, refiere que los gastos de mejoras fueron acreditados con documentación a través de la cual se demuestra el avalúo actualizado de la construcción, aspecto que no mencionó nada la parte contraria;
6. f)El art. 984 del Código Civil (CC), establece quien con un hecho doloso o culposo cause a otro un daño, está obligado a resarcirlo, también el art. 894 prescribe "lo propio la pérdida sufrida por la víctima está constituida por el daño emergente y el lucro cesante así como también el daño moral", conforme a las jurisprudencia que refiere sobre este aspecto;
7. g)El anterior dueño Juan Jiménez Martínez, obró de mala fe pretendiendo enriquecerse ilícitamente del esfuerzo de Gonzalo Salazar Suárez, ya que la construcción le dio mayor valor a la construcción de adobe, ya que se puso ladrillo, gambote iluminación de última, estructura desde las zapatas etc., para que luego el vendedor Juan Jiménez Martínez pretenda afirmar que en ningún momento se convino este aspecto, cuando conforme se tiene del art. 961 del CC., se refiere al enriquecimiento ilícito; en el presente caso, existe un nexo de causalidad, toda vez que de manera dolosa el anterior vendedor transfirió a título de compra y venta el inmueble a Karen Quisbert, quien sabía lo que estaba adquiriendo por lo que asume las consecuencias previstas en el art. 711 del CC., en el presente caso el vendedor no puede negarse que recibió dineros por alquileres hasta noviembre de 2013, operando la tácita reconducción ya que el inquilino tenía el derecho de seguir usufructuando y sacando dinero de su negocio hasta fines del año 2014 y aún todavía más por los convenios internos con el señor Jiménez; y,
8. h)El inquilino no puede recuperar un centavo de su inversión, por lo que no puede a través de la presente acción de amparo se falte a la lealtad procesal, la ética, pretendiendo lavarse las manos y eludir toda responsabilidad; razón por la que solicita se deniegue la presente acción tutelar y sea con costas.

Juan Jiménez Martínez, a través de su defensa técnica en audiencia tutelar, señaló:

1. 1)Como vendedor del inmueble y ex arrendador se ha presentado el contrato de alquiler de 1 de enero de 2011, que se encuentra suscrito por Gonzalo Salazar Suárez, por el cual se determinó una duración del contrato por el lapso de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2012, contrato el cual en su cláusula cuarta se acordó que cualquier mejora a realizarse por el inquilino quedará a favor del inmueble sin que el propietario erogue gasto alguno por este concepto, prueba documental que no fue debidamente valorada en el Auto de Vista 110/2021; y,
2. 2)Existe una nota de 15 de noviembre de 2012 a través de la cual se le hizo conocer al inquilino el cumplimiento del contrato de alquiler que se vence el 31 de diciembre de 2012, lo que pone en evidencia que la posesión del inquilino a partir del fenecimiento del contrato, se tornó en ilegal conforme prevé el art. 706 del CC; por lo que, ninguna mejora puede ser reconocido cuando existió una posesión ilegal, es más el Auto de Vista cuestionado, refiere que el tiempo de perturbación para ser computado empezó desde enero de 2014 hasta el 6 de noviembre de 2005, en la que el señor Jiménez ya no se encontraba dentro de dicho pleito ya que el bien inmueble ya había sido vendido, pero aún se puede pretender afirmar que el vendedor hubiere actuado de mala fe, recibiendo alguna suma de dinero, ya que la venta que se hizo en el inmueble ha sido solamente en valor de terreno, "...lo que sí se pretende señor Presidente es apropiarse indebidamente y de manera abusiva de aspectos que en su oportunidad han sido debidamente considerados por autoridades incluso señor presidente se le ha solicitado al señor Gonzalo Salazar Gonzales, en varias oportunidades y con carta notariada, que no pretenda seguir poseyendo el inmueble porque ya existe un contrato donde se ha determinado el plazo vencido, el Auto de Vista ahora recurrido en la acción de amparo es evidentemente señor Presidente es vulneratorio al debido proceso en sus elementos de fundamentación ya que de manera errónea determina una reparación del daño civil, del daño emergente, y del lucro cesante en base a documentos que no han sido debidamente considerados en su oportunidad y es más, no solamente se ha vulnerado el debido proceso en su elemento de debida fundamentación o motivación, sino también señor Presidente aquí existe una vulneración al debido proceso en la errónea valoración de la prueba..." (sic), ya que se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad, por lo que se debe verificar si el Auto de Vista 110/2021 asumió una valoración correcta de la prueba, ya que inclusive existió una errónea interpretación de la norma porque el art. 520 y art. 689 del CC, señala que ante la existencia de un contrato, las partes se encuentran obligadas a cumplir de manera correcta de la mejor manera y de buena fe el contrato pactado; razón por la cual, las resoluciones de ambas instancias judiciales adolecen de una debida fundamentación, motivación y errónea evaluación de la prueba y equívoca aplicación de la ley; por lo que, solicita se conceda la presente acción tutelar.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 250/2021 de 3 de diciembre cursante de fs. 136 a 140 vta., concedió la tutela, en base a los siguientes fundamentos:

1. i)Se establece que la Resolución impugnada no contiene una relación adecuada al fallo apelado por la parte demandante, que si bien responde a los agravios denunciados de lesivos a sus intereses, teniendo como resultado a la demanda de reparación de daños, reconociendo como lucro cesante la suma de Bs110 000.- dispuesto en ejecución de sentencia del proceso penal en el que se declaró autora del delito de perturbación de posesión, en la que el mencionado Auto de Vista 110/2021 "...al revocar en parte la Resolución No. 02/2021 quedó subsistente el Lucro Cesante en dicha suma de Bs. 110.000.- que no correspondería según manifiesta la parte accionante, aspectos que considera esta sala, que no fueron debidamente considerados, respondidos y respaldadas en particular en lo que refiere al lucro cesante, la misma que debe estar basada con una fundamentación y motivación que permita a las partes tener la plena certeza de lo resuelto y que se halle conforme a los datos del proceso en relación a los derechos supuestamente vulnerados..." (sic); a su vez, hace referencia a la SC 577/2004-R de 15 de abril;
2. ii)Respecto a la tutela judicial efectiva, dicha labor también fue omitida por la Autoridad demandada, ya que la evaluación y calificación del daño civil emergente de una sentencia condenatoria; asimismo, refiere acerca de la seguridad jurídica; y,
3. iii)En cuanto al derecho que alega "el Sr. Salazar" (sic), este debe ser debatido en la instancia correspondiente toda vez que la ahora accionante Karen Quisbert Pérez, se constituye en propietaria del inmueble con posterioridad, si consideramos la fecha en que habrá adquirido dicho inmueble octubre de 2013, "...este aspecto no sería debidamente fundamentado por la parte accionada a efectos del monto que refiere el lucro cesante, razones por lo que considera dar curso a la tutela" (sic).

1. 6.-Ahora bien por el principio de congruencia debemos establecer cual el hecho por el cual ha sido sentenciado la demandada Karen Quisbert Pérez y conforme la Sentencia Condenatoria que ha sido confirmada en las dos instancias, se extrae el fundamento principal de la sentencia se tiene que el hecho sancionado, son los siguientes puntos probados: PRIMERO.- El hecho por el cual ha sido juzgada Karen Quisbert Pérez por el delito de perturbación de posesión se ha producido toda vez que esta a título de actual propietaria del bien inmueble ubicado en calle Juan de la Riva No. 1458, desde el mes de noviembre de 2013 mediante actos de violencia psicológica ha perturbado la quieta y pacífica posesión en la que se encontraba el querellante Gonzalo Salazar en su calidad de inquilino de los ambiente del bien inmueble ya detallado en el que funcionó el salón de té "La tradición" hasta que el pasado año en el mes de enero (2014) la querellada juntamente otras personas allanaron las instalaciones del local agrediéndole físicamente, hechos con los cuales a parte de afectar a su persona en su humanidad afecta el derecho al trabajo del querellante como estante y habitante del estado toda vez que mediante actos contrarios a la le como el de privar del líquido elemento del agua el servicio de energía eléctrica perturba la quieta y pacífica posesión del querellante y de todos los operadores que trabajan en el local los mismos que han sido amenazados de desalojarles por la fuerza (el resaltado y subrayado nos corresponde [fs. 22 a 26]).

La ahora solicitante de tutela, denuncia la vulneración a su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación arbitraria, motivación insuficiente, congruencia, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica; toda vez que, dentro del trámite de reparación de daño civil causado por el delito de perturbación de posesión que se encuentra firme por sentencia con calidad de cosa juzgada, una vez iniciado el trámite de reparación en su contra, mediante Auto Interlocutorio de Reparación de Daño 02/2021, se resolvió la misma obligándosele a pagar como daño emergente en la suma de Bs141 400.- y Lucro Cesante de Bs110 000.-, decisión que una vez apelada en la vía incidental mediante Auto de Vista 110/2021 resolvió por mantener incólume el lucro cesante sin la debida fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que:

1. a)Los actos calificados como perturbación de posesión fueron en ocho días concretos como dispone la sentencia penal y no en un año y diez meses, que duró el proceso de desalojo que siguió su persona en contra del inquilino; por lo que, el cálculo de indemnización debe realizarse por el tiempo efectivo de perturbación probada en la demanda penal; aspecto que no fue analizado en el Auto de Vista cuestionado; y,
2. b)Su inmueble de propiedad aún se encontraba ocupado por el demandante de pago de daños y perjuicios, quien aduce que debido a la perturbación sufrida se le privó de ganancias diarias en su Salón de Té que funcionaba en el mismo lugar, mismas que sin fundamento se estableció un promedio por mes de ganancia en el Salón de Té en Bs5 000.- monto que multiplicado por los meses de perturbación, originó un producto por demás grosero que no responde a los días efectivos comprobados de perturbación; por lo que, existe una falta o errónea fundamentación y motivación en el acto cuestionado.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas:

1. 1)El debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia;
2. 2)La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional;
3. 3)Sobre la interpretación de la legalidad ordinaria; y,
4. 4)Análisis del caso concreto.

Respecto al contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y/o motivada, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre1, desarrolló las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y/o motivada, ya sea judicial, administrativa o cualesquier otra, que resuelva un conflicto o una pretensión:

1. i)El sometimiento manifiesto a la Constitución Política del Estado, conformada por: ii.a) La Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, ii.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia de los principios de constitucionalidad y de legalidad;
2. iii)Lograr el convencimiento de las partes, que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa el valor justicia y los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. iv)Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación;
4. v)Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad; posteriormente, a través de la SCP 0100/2013 de 17 de enero²2, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; cual es:
5. vi)La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la obligación que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:

1. 1)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
2. 2)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
3. 3)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
4. 4)Por la falta de coherencia del fallo, se da: 4.i) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, 4.ii) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio3, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio4, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre5, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo6 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre11, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades:

1. a)No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
2. b)No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,
3. c)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.